Con legítima indignación, familia, amigos, asociaciones médicas y estudiantes de medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas han realizado manifestaciones para exigir justicia por el asesinato de la doctora Mariana Sánchez Dávalos, cuyo cadáver fue encontrado en la clínica de la colonia Palestina, en el municipio de Ocosingo, Chiapas, donde vivía y realizaba su servicio social.
La irritación es mayor porque la de Mariana parece ser una muerte anunciada, pues previamente había interpuesto una denuncia por hostigamiento y abuso sexual por parte de un compañero de trabajo, también había solicitado un cambio de lugar para realizar el servicio social, lo cual fue ignorado tanto por la UNACh como por la Secretaría de Salud. La información que han proporcionado los medios hasta ahora, no indican si Mariana acudió a las autoridades judiciales.
En todo caso, su queja debió ser atendida de manera inmediata por las autoridades académicas y sanitarias, que son las que determinan los lugares en los que deben cubrir el requisito del servicio social los estudiantes de Medicina, con base en acuerdos previos.
El anuncio del paro por parte de los estudiantes de Medicina de la UNACh y el señalamiento de la responsabilidad directa hacia esta institución educativa y de la Secretaría de Salud, así como las manifestaciones en tres ciudades de Chiapas pusieron el caso en los temas de la “mañanera” de Palacio Nacional que conduce temporalmente la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y, por supuesto, la resonancia correspondiente en la mayoría de los medios nacionales.
La situación de los estudiantes o recién egresados de Medicina es similar a la de los maestros. Se trata de dos profesiones que atienden necesidades y derechos básicos de la población como la salud y la educación. Enviarlos a zonas alejadas de sus ciudades de origen o donde realizaron sus estudios tiene sentido, pues sus servicios se requieren con más urgencia justamente en áreas donde vive la población más marginada, pero hacerlo sin tomar en cuenta las condiciones del lugar es no sólo irresponsable sino negligente. Muchos docentes han sido víctimas del crimen organizado, o bien, para poder llegar a sus lugares de trabajo deben recorrer caminos difíciles o peligrosos. Ellos, igual que los estudiantes de Medicina, lo toman o lo dejan.
En un entorno donde la violencia feminicida ha estado a la orden del día, hacer caso omiso de la denuncia de Mariana fue casi condenarla a muerte. La Secretaría de Salud emitió un comunicado cargado de palabrería burocrática. Manifiesta su indignación y plantea una postura de cero tolerancia a la violencia de género en el caso de Mariana Sánchez, pero nunca señala si habrá una investigación, por qué no se atendió su solicitud, a quién le correspondía resolver, etc. La oficina de prensa del Dr. Jorge Alcocer hizo un comunicado estándar frente a un caso que llevó a cientos de personas a protestar en varias ciudades de Chiapas y que se suma al hartazgo que existe por la violencia contra las mujeres.
Por su parte, el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos Natarén Nandayapa, exige a la Fiscalía General del Estado esclarecer el asesinato de Mariana y expresó sus condolencias a la familia de la joven, pero omitió explicar por qué fue ignorada la petición de traslado de la doctora. También ha guardado silencio sobre el comentario impertinente, grosero y misógino del ginecólogo Héctor Álvarez Chang, docente de la escuela donde estudió Mariana, en el que claramente, según se percibe en el video de una clase en línea, se refiere al asesinato de la joven doctora: “Y las mujeres le cerraban el ojito al maestro, le sonreían y ya sabes, ¡y luego dicen por qué las matan!”
Esta afirmación, prácticamente una burla, del director de la materia de Obstetricia de la Facultad de Medicina ha exacerbado la irritación por el asesinato de Mariana Sánchez. La cuenta de Twitter del rector permaneció en silencio pese a las protestas por esta revictimización.
Quizá las autoridades universitarias, de salud y judiciales apuesten a que pasen los días para “que se enfríe” el tema, desaparezca de los medios, que la pandemia sea el paraguas mediático que haga a un lado la exigencia de justicia, y, probablemente, se sume a la impunidad que se padece en otros casos de feminicidio.
Mientras las noticias sobre el asesinato de Mariana aparecían en los medios, un diario local de Xalapa reportó el hallazgo del cadáver de una mujer en una colonia periférica de la capital de Veracruz. Esta mujer no ha sido siquiera identificada. Su muerte se suma, al menos según el reporte de los medios, a otros seis asesinatos de mujeres en Veracruz en lo poco que va de este 2021. Ninguna de ellas ha tenido el perfil como para que sus muertes trasciendan a los medios, no merecieron más que una nota interior en un periódico local, pero la gravedad de estos asesinatos es tan fuerte como el de Mariana Sánchez Dávalos y las diez mujeres que se calcula fallecieron por día durante 2020 a causa de la violencia.
Ya es moneda corriente culpar a la víctima. Es posible que el ginecólogo no haya sido el primero en decir ¡y luego dicen ¿por qué las matan?
