Rúbrica

*Artículo 19 urge a SEGOB y SSP a proteger a Azucena

*Si el presidente arremete diario VS comunicadores, ¿qué?

*Ahora peor…Tribunal Electoral quedó acéfalo

*Cancino sí recomienda segunda dosis…no es falso

*Manuel Huerta… se pagarán pensiones este año; no en 2022

*Súper-delegado sale al paso para desmentir rumor

*Rectoría UV… Aún no hay una terna… solo especulaciones

*** ¡Impunidad al máximo! En relación con las amenazas de muerte contra la periodista de Milenio, Azucena Uresti, organización “Artículo 19” está urgiendo ya a las Secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública a asegurar y garantizar la seguridad de la comunicadora que ha sido amenazada de manera directa por miembros del grupo criminal del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)… La organización internacional de defensa de los derechos humanos y de la libertad de expresión que incluye a periodistas y medios de comunicación, afirmó categórico que “esas amenazas desde el crimen organizado ocurren ante la ausencia de un Estado que combata la impunidad y garantice el ejercicio periodístico libre de violencia” …

*** ¡Así no se pinches puede! Lo que habría que mencionarles a los colegas de “Artículo 19”, es que el propio presidente López Obrador, quien está obligado a garantizar la libertad de expresión y la seguridad de los comunicadores, utiliza la tribuna pública para denostar diariamente a medios de comunicación y comunicadores desde hace tres años… ¿ué se hace con eso?…

*** ¡Ahora peor! Ante tantas barbaridades con el Tribunal Electoral, resulta que ahora salió peor, ya que los dos presidentes (el cesado de manera irregular y el impuesto), decidieron renunciar y esperar a que se elija a quien deba presidir dicho tribunal… El caso es que ahora está acéfala esa presidencia…

*** ¡Aclarando ando! Pues el laboratorio de creó y desarrolló la vacuna contra el COVID 19, denominada Cancino, ahora recomienda que quienes se la hubiesen aplicado, se apliquen otra dosis para reforzar la inmunidad… Así que es una “imprecisión” la del gobernador Cuitláhuac García Jiménez cuando dice que “es falso que se tenga que aplicar una segunda dosis de Cancino”… Y es que realmente resulta que es al contrario… y el gobernante debería de estar ya buscando la manera de programar esas nuevas vacunas que aplicaron a maestros y personal de educación… Y tendría que prepararse también, ya que es muy posible que tengan que aplicar una tercera dosis de la vacuna de Pfizer…

*** ¿Más lo que se acumule? Y no hay que olvidar que Veracruz es una entidad que ha padecido mucho más que otras los efectos del COVID 19, en un entorno en el que ahora, en el país se reportan cifras oficiales de casi 3 millones de contagios, que ocasionan saturación de camas de hospitales y registra cifras (oficiales también) de casi 250 mil muertes, cifra en la que Veracruz aporta alrededor de 11 mil defunciones…

*** ¡No inventen! El súper delegado federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, desmintió que las pensiones para los adultos mayores de 65 años o más, y de los de 68 o más que no se habían inscrito y lo hagan durante la primera etapa del 4 al 19 de agosto, llegarán hasta el 2022, pues informó que estos dos grupos de veracruzanos que estén registrados ya en esta primera etapa, recibirán su primer pago bimestral, que consta de 3 mil 100 pesos entre el 19 de septiembre al 04 de octubre, mismo …

*** ¿Ternas de a mentis? En efecto, la Universidad Veracruzana está ya a tres semanas de ungir a quien asumirá las riendas de la Rectoría y determinar el nombre de quien sustituirá a la hoy rectora Sara Ladrón de Guevara…. Y aunque de los 13 aspirantes inscritos en el proceso de selección ya hay quienes hasta mencionan supuestas “ternas” finalistas; la verdad es que, en este caso, en el que serán los 9 miembros de la Junta de Gobierno quienes tomen las decisiones finales acerca de la supuesta terna y de quien resulte seleccionado para tan relevante cargo… Pero lo que se diga hasta ahora en torno a una supuesta terna, son solo especulaciones… De hecho, nosotros tendríamos ya calculada una presunta terna, pero se derivaría únicamente de suposiciones y conjeturas…

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La consulta que no es para “enjuiciar a los ex presidentes de México” -como intentan hacer creer los propagandistas del régimen de la mal llamada “cuarta transformación”- es una farsa que no solo no lleva a ningún lado, sino que alienta el linchamiento público y, peor aún, lo coloca por encima de la aplicación e impartición de la justicia.

El gobierno lopezobradorista y Morena, el nuevo partido oficial, engañan a la población al promover que en la consulta se preguntará si se está o no de acuerdo con llevar a juicio a los ex presidentes mexicanos desde Carlos Salinas de Gortari a Enrique Peña Nieto. Lo saben perfectamente y aun así obligaron a las instituciones del Estado Mexicano a organizar una pantomima grotesca.

La pregunta que aparecerá en la boleta de la consulta del 1 de agosto es: “¿Estás de acuerdo o no, en que lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. Es importante recalcarlo para evidenciar las falacias difundidas -a un enorme costo para el erario y para la justicia- por el morenato gobernante.

La pregunta quedó así redactada porque la Corte determinó -con razón- que el cuestionamiento original era inconstitucional, por la razón que se ha planteado hasta el cansancio, pero que la demagogia populista del régimen decidió ignorar: no se puede someter la aplicación de las leyes, y menos de las penales, a que alguien que no sea una autoridad competente opine en sentido afirmativo o negativo. Las leyes no se ponen a consideración de lo que una turba manipulada decida que debe hacerse. Si hay elementos para proceder, se acciona en ese sentido. El mandato de hacer valer la ley ya lo tienen.

Quedando claro que no se pregunta a la ciudadanía sobre si se lleva a juicio a los ex presidentes -de cuya propaganda fue excluido el “tótem” político de las prácticas e ideas del lopezobradorismo, Luis Echeverría Álvarez, él sí responsable de las masacres de Tlatelolco en 1968 y del “Halconazo” en 1971-, lo que queda es un ejercicio al que quienes decidan acudir lo harán a ciegas, porque sus efectos no son claros. Si es que pudiese hablarse de que tenga efectos.

Como ya se ha señalado en este mismo espacio, la Ley Federal de Consulta Popular establece que debe registrarse una participación de 40 por ciento del padrón electoral para que sus efectos sean legalmente vinculatorios. La elección del pasado 6 de julio -en la que se eligieron diputados federales y locales, ayuntamientos y gobernadores- apenas y superó la mitad del padrón. No es factible que una consulta sin pies ni cabeza logre generar un interés que muchas elecciones reales de autoridades y representantes populares, no logran.

Pero concediendo que el régimen llevara a cabo un acarreo gigantesco que le permitiera cubrir el porcentaje mínimo, lo que se pregunta es tan ambiguo que han tenido que inventarle alcances ficticios a la consulta, como el que se sacó de la manga el presidente de la Corte Arturo Zaldívar, en el sentido de que servirá para crear “comisiones de la verdad” sobre hechos del pasado. Lo cual el gobierno también podría hacer sin necesidad de preguntarle nada a nadie.

La consulta solo sirve en realidad para mantener en la agenda pública el clima de tensión y polarización política a través de la imposición de la narrativa de los “villanos” y “enemigos del pueblo”. Alguien sobre quién descargar la ira social a partir de delitos que en la mayoría de los casos o ya prescribieron, o no son responsabilidad directa de los personajes inculpados y sentenciados a priori, o son imposibles de probar.

Porque si verdaderamente quisieran hacer justicia y castigar delitos como el fraude electoral de 1988 –“delito” que se le achaca a Salinas en la propaganda oficial, a la que se prestan muchos que alguna vez fueron respetados críticos y hoy son vulgares matraqueros del poder-, pues podrían empezar por llevar ante un juez a quien lo ejecutó: Manuel Bartlett Díaz, ¿no?

Y lo más grave no es el despilfarro de 500 millones de pesos o más; ni siquiera que se le mienta a la ciudadanía de manera vulgar y cínica. Lo peor es que se vulnera la obligación de las autoridades de impartir realmente justicia, propiciando impunidad.

Aunque eso es exactamente lo que ha hecho la “4t” desde que asumió el poder.

Pausa

Para atender pendientes personales de su autor, la Rúbrica se volverá a publicar el próximo lunes 26 de julio. A sus lectores y editores, gracias por su comprensión.

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Es verdaderamente patológica la obsesión del presidente Andrés Manuel López Obrador por exponer la salud y la vida de los mexicanos con tal de demostrar que aquí se hace su voluntad.

Es inentendible que, en medio de lo que se ha dado en calificar como la “tercera ola” de contagios de covid-19 en México, se empecine -en arrebatos de necedad cuasi senil- a que se retorne a las clases presenciales al inicio del próximo ciclo escolar, que arranca en la segunda quincena de agosto.

En las últimas 48 horas, la Secretaría de Salud ha reportado prácticamente 25 mil nuevos contagios del coronavirus SARS-CoV-2 a nivel nacional. Y si bien la letalidad ha disminuido considerablemente respecto de los dramáticos niveles que alcanzó en 2020, eso no quiere decir que no haya riesgo de muerte para quienes contraen el virus. En este mismo lapso, se registraron 463 defunciones en el país por la misma causa. Sin perder de vista que son números oficiales, que reflejan -con suerte- la mitad del volumen real de fallecimientos.

Así es que siguen pereciendo personas por la pandemia y no solamente de edad avanzada o con problemas de salud previos: la muerte también ha alcanzado a niños y jóvenes, a los que la insensatez presidencial pondría en mayor riesgo con un regreso a las aulas masivo, sin estrategia. A lo tonto -por decirlo amablemente-, como se acostumbran hacer las cosas en este gobierno.

Hasta el corte del 11 de julio, el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes reportó que desde el inicio de la pandemia se han contagiado 55 mil 157 menores y que habían fallecido 584. Datos que reflejan, valga precisarlo, solo los efectos de las primeras variantes del virus.

En estos momentos, con la tercera oleada de contagios en crecida, las autoridades sanitarias a nivel internacional alertan sobre la peligrosidad de nuevas versiones y mutaciones del coronavirus, más contagiosas y sobre las que no se sabe aún cuál es el efecto real que tienen las vacunas. Llamados que parece que no se escuchan en palacio nacional o que cuyo habitante minimiza, calificando el aumento acelerado de contagios de “pequeños brotes”.

Los caprichos presidenciales ya chocaron con pared hace no mucho, cuando en pleno periodo de campañas prácticamente obligaron a que se regresara a clases en estados como Campeche y algunas zonas de Veracruz. El resultado es conocido: más tardaron en abrir las escuelas que en volverlas a cerrar porque los niños se empezaron a enfermar. Un fracaso que pudo tener consecuencias todavía más graves.

Pero como en tiempos de la “4t” no falta entre su círculo de corifeos y aduladores quien se esfuerce con denuedo por demostrar que es el más servil de todos, en Veracruz ya salió el gobernador a decir que los “verdaderos docentes” ya quieren regresar a clases, mientras las principales ciudades del estado están en semáforo rojo y ya se superaron los 70 mil contagios.

Uno necio hasta el hartazgo y el otro “agachón”. Criminalmente irresponsables ambos.

Esto sí es una elegía

Ninguna condición vale para justificar que cualquier régimen, de la orientación ideológica que se trate, violente los derechos humanos y reprima la libertad de expresión y manifestación de sus ciudadanos para mantenerse en el poder.  Ya sea en Estados Unidos, en Rusia, en Nicaragua, en China, en Colombia, en México y, por supuesto, en Cuba.

No hay autocracias buenas. Menos, dictaduras.

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La integración de lo que será la LXVI Legislatura del Estado de Veracruz mantiene en tensión a varios de los actores políticos que, debido a los resultados electorales tanto buenos como malos de sus respectivos partidos, así como a los criterios de paridad de género, están en riesgo de quedar fuera del Congreso local.

El caso que más ha llamado la atención es el del actual coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura, Juan Javier Gómez Cazarín, quien en la pasada elección se dedicó a operar políticamente para su partido, con los resultados que ya conocemos: el triunfo de la coalición Morena-PVEM-PT en 26 de los 30 distritos de la entidad.

Pero es precisamente en función de esos resultados y de la manera en la cual Morena integró su lista de candidatos a diputados de representación proporcional –los plurinominales que quiere desaparecer el presidente de la República-, que Gómez Cazarín tendría que quedar fuera de la siguiente Legislatura, por criterio de paridad de género.

Los resultados de la elección de diputados locales por el principio de mayoría relativa arrojan que llegarán al Congreso del Estado de Veracruz 18 hombres y 12 mujeres, quienes fueron elegidos por el voto popular directo. Empero, los nuevos criterios constitucionales de paridad obligan a que, para que haya una representación de 50 por ciento para cada sexo, ésta tiene que compensarse en la asignación de las diputaciones plurinominales.

Así que en el caso específico del Congreso veracruzano, deben asignarse siete diputaciones plurinominales a hombres y 13 a mujeres, con lo cual la integración de la próxima Legislatura sería de 25 y 25. Hasta ahí, no habría ninguna duda de qué le corresponde a cada quién. Pero hay un “pequeño” problema.

En la lista de candidatos de representación proporcional de Morena, el primer lugar fue asignado a Gonzalo Durán Chincoya, quien es representante de la comunidad LGBT+, pero fue registrado en su identidad de género como hombre. Tanto así, que su suplente, de nombre José Roberto Rojas González, también lo es.

En el segundo lugar de la lista de Morena fue registrado Juan Javier Gómez Cazarín, quien también es hombre y es a él a quien le correspondería ceder su lugar a una mujer para mantener la paridad de género. Sobre eso ha versado la discusión sobre este tema en las últimas semanas.

Pero resulta que el pasado lunes, uno de los consejeros del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, Juan Manuel Vázquez Barajas, publicó en su cuenta de Twitter una gráfica en la que adelanta la “posible” integración del Congreso estatal por “tipo de sexo”, y en la cual a las que perjudica es a las mujeres, pues les resta una diputación plurinominal para concedérsela a la categoría “no binaria”, esto es, a la persona de la comunidad gay. Cuando los criterios legales indican que debía restársale a los hombres y, además, directamente a los de su mismo partido.

La fracción segunda del artículo 6 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que “el Instituto (Nacional Electoral), los Organismos Públicos Locales, los partidos políticos, personas precandidatas y candidatas, deberán garantizar el principio de paridad de género en el ejercicio de los derechos políticos y electorales, así como el respeto a los derechos humanos de las mujeres”.

Lo anterior, a partir de las reformas constitucionales sobre paridad que lo que buscan es cambiar una diferencia estructural histórica de discriminación hacia las mujeres en el acceso efectivo a cargos de elección popular y de toma de decisiones públicas.

Pero la sospechosa “estimación” del consejero Barajas –cuando el proceso electoral no ha concluido, pues aún se encuentra en su fase de impugnaciones- lo que hace es reiterar ese patrón de discriminación y una desigualdad estructural, pues afecta la representación de las mujeres para dejar intacta la de los hombres, violentando el aspecto material del principio de paridad en el ejercicio del derecho de ser votado en su vertiente de ocupar un cargo.

Y de paso, le abre la puerta a Gómez Cazarín para quedarse en el Congreso, luego de que el propio gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, afirmó que sí integrará la próxima Legislatura. Cuando eso le tocará determinarlo al OPLE.

Ni se notan los dados cargados. Pero paridad es pares, no impares.

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Si no fuera un signo crudo de una de las muchas emergencias que se viven en México, el episodio movería a la risa desternillante. Aunque sí es una prueba del nivel de desconexión de la realidad en el que vive quien tiene en sus manos las riendas del país.

En su edición de este lunes, el periódico Reforma publicó como su nota principal un informe de un organismo no gubernamental, Frontline Defenders, en el que se da cuenta de que en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador han sido asesinados 56 activistas en México.

Por esa razón, la ONG clasificó al país como unos de los más letales para la defensa de los derechos humanos, de acuerdo con lo expresado por Sandra Patargo, representante en México de Frontline Defenders.

El tema obligadamente se presentó en el transcurso de la conferencia matutina de este mismo lunes del presidente López Obrador, quien para no variar arremetió en denuestos contra el rotativo, al que acusó de que muchas de sus notas son “inventadas” y lo tachó de ser un “boletín del conservadurismo”.

Acto seguido, el mandatario pidió al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, que este mismo día presentara un informe sobre la situación y así dar “respuesta” a los cuestionamientos.

Por la tarde de este mismo lunes, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación entregó el informe que solicitó el Presidente de la República. Y vaya datos que arrojó.

Desde diciembre de 2018, cuando entró en funciones la administración de Andrés Manuel López Obrador, a la fecha, han sido asesinados en México no 56, sino 68 personas defensoras de derechos humanos. Frontline Defenders se quedó corto en sus cifras de agresiones.

Pero los números rojos fueron más allá. En el mismo periodo, fueron asesinados 43 periodistas en México, lo que es una prueba irrefutable de que las condiciones para ejercer el periodismo en el país no mejoraron un ápice con el nuevo régimen. Por el contrario, el asedio verbal que cotidianamente se manifiesta desde la misma investidura presidencial es un permiso tácito –y muchas veces totalmente explícito también- para agredir reporteros, analistas, columnistas y a cualquiera que se atreva a ejercer su libertad de criterio y a expresarla con libertad en los medios de comunicación y las redes sociales.

No es gratuito que hasta periodistas simpatizantes de la mal llamada “cuarta transformación” como Carmen Aristegui, hayan criticado ejercicios perniciosos como el tribunal mediático llamado “quién es quién de las mentiras de la semana”, en el que López Obrador se dedica no a replicar o refutar noticias falsas, sino a “ponerle el dedo” a medios, comunicadores, intelectuales e incluso a tuiteros que lo critican, arrogándose además la “facultad” de decidir lo que es falso y lo que es verdadero. Algo propio de regímenes autocráticos y antidemocráticos.

El informe aporta un dato adicional, aunque no menos significativo: del total de las 111 personas asesinadas reportadas por este órgano, nueve eran beneficiarias de las medidas de “protección” del propio Mecanismo: siete reporteros y dos defensores de derechos humanos.

Pero desde la burbuja de la adulación y la demagogia lo único que se ve son las incontables lenguas lamiendo desaforadamente las presidenciales suelas.

¡Ponchado!

La Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana hizo lo que le correspondía, mantuvo en la contienda por la rectoría a quienes por lo menos sí forman parte de la comunidad académica y se deshizo del advenedizo, quien en su berrinche todavía “exige” explicaciones. Que lea la legislación universitaria.

Aquí la duda es, ¿qué harán quienes empeñaron su prestigio profesional y académico para apoyar un proyecto político impresentable y quedaron más “quemados” que el mar del Golfo de México en tiempos de la “4t”?

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Muy pronto quedó expuesta la verdadera razón de la absurda decisión de desaparecer 29 juzgados del Poder Judicial estatal anunciada la semana pasada: el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (TSJEV) se encuentra en quiebra.

La propia presidenta de este Poder, Isabel Inés Romero Cruz, admitió que enfrentan un déficit de 500 millones de pesos y que ésa es la principal razón por la que se les ocurrió la “fantástica solución” de desaparecer juzgados y con ello dejar de gastar en su mantenimiento y en los sueldos del personal. Total, ahí nomás se imparte justicia. ¿Qué podría pasar?

Pero ante la dimensión del boquete financiero, han tenido que pedir a los magistrados del TSJEV que “voluntariamente” acepten reducirse el salario hasta en un 30 por ciento de aquí a que concluya el año porque, literalmente, no tienen ni para pagar la nómina de los trabajadores.

Sin embargo, el problema no es tan sencillo de resolver como simplemente decidir afectar la administración de justicia y reducir las percepciones de la dorada burocracia judicial. Hay claramente un mal uso de los recursos que bien puede calificar como un desfalco. Y del cual deben existir responsables.

El presupuesto aprobado para el Poder Judicial de Veracruz en el ejercicio fiscal 2021 asciende a mil 614 millones 280 mil 299 pesos. De esa enorme cantidad, al Consejo de la Judicatura le corresponden mil 76 millones 534 mil 196 pesos y al Tribunal Superior de Justicia 425 millones 814 mil 946. El resto se reparte entre el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y el Centro Estatal de Justicia Alternativa.

En el Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz 2021 se establece que el importe asignado al Consejo de la Judicatura “considera la disponibilidad para cubrir el monto mensual de las obligaciones derivadas por la celebración de contratos de asociación público-privada para llevar a cabo la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de las Ciudades Judiciales”. Y ahí podemos encontrar la punta de la madeja de un hilo de corrupción en el que varios están enredados y que ya les da la vuelta al cuello.

Es precisamente el tema de las Ciudades Judiciales el que provocó la ruptura entre la anterior presidenta del TSJEV, Sofía Martínez Huerta, y el círculo de poder de la “4t” veracruzana encabezado por el propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos.

Como se mencionó en la Rúbrica del pasado 9 de marzo, en febrero de 2020 Sofía Martínez suspendió los pagos a las empresas encargadas de la construcción de las Ciudades Judiciales, mismos que ascienden a 17 millones de pesos mensuales por un lapso de 25 años, luego de detectar las irregularidades que provocaron, entre otras cosas, que el costo original proyectado en cinco mil millones de pesos se elevara a 15 mil millones. Un robo en despoblado.

Como la propia Sofía Martínez denunció –y lo cual le costó su destitución como presidenta del TSJEV y su inhabilitación como magistrada-, Cuitláhuac García estaba enterado de esta situación y desde que llegó le pidió no lanzar una “cacería de brujas” contra el anterior presidente, el yunista Edel Álvarez Peña, quien seguramente ya se había “puesto a mano” con la “cuarta transformación”.

Apenas llegó al cargo Isabel Inés Romero Cruz en sustitución de Sofía Martínez, le pagó a la Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz S.A. de C.V. -consorcio encargado de las obras de las Ciudades Judiciales en el que participa, entre otros, el empresario Carlos Nachón García, hermano del actual secretario de Desarrollo Económico estatal Enrique Nachón García- los 187 millones de pesos que se les dejaron de entregar durante los 11 meses que duró la suspensión decretada por su antecesora. Y les ha continuado pagando.

Pero ahora que ya se acabó el dinero en el Poder Judicial, pretenden que sean los ciudadanos quienes paguen los platos rotos de un desfalco gigantesco. De esos que “ya se acabaron” desde que llegó la “cuatroté”.

El “quién es quién de las aportaciones”

Y en la mentira no de la semana, sino del siglo: la “honestidad” del lopezobradorismo.

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Realmente no hacía falta que lo dijera, pero al menos las palabras del subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López Gatell -el tenebroso “doctor muerte”-, no dejan espacio para la duda: México entró a la “tercera ola” de contagios por covid-19.

¿Qué significa eso de la “tercera ola”? Pues que se registra en el país un tercer pico de infecciones por el coronavirus SARS-CoV-2. Los dos primeros fueron en 2020, en el momento más duro de la pandemia y tuvieron como consecuencia la muerte del grueso de las víctimas que ha dejado la emergencia sanitaria desde que fue decretada en marzo del año pasado.

De acuerdo con las cifras aportadas por el funcionario –que ya sabemos que hay que tomar con reserva, por aquello de su tendencia a manipularlas-, se registró a nivel nacional un repunte de contagios de 22 por ciento durante la primera mitad del mes de junio, con lo cual no queda duda de la llegada de la temible “tercera ola”… salvo por el hecho de que desde hace varias semanas era evidente la crecida de la “marea” de enfermos.

Y ahora como entonces, el gobierno de la pretendida “cuarta transformación” no sale ni de cerca bien librado. El manejo político de la pandemia y en especial el de la semaforización es una de las principales causas de este repunte que, si bien puede que sea menos letal que los anteriores por el hecho de que ya se ha vacunado a algunos sectores de la población, no quiere decir que vaya a reportar un saldo blanco.

Solamente este martes, a nivel nacional se informó sobre siete mil 989 nuevos contagios de covid-19, así como 269 fallecimientos. En Veracruz, se registraron 331 nuevos casos y 26 muertos. La suma total –en cifras oficiales, que ya sabemos que representan si acaso la mitad de los números reales- es de dos millones 549 mil 862 casos confirmados y 233 mil 958 fallecimientos.

Además, cada vez se sabe de más casos de personas que aún con el esquema de vacunación completo se han contagiado y algunas incluso han terminado sucumbiendo a los estragos de la enfermedad, que por si no fuera suficiente presenta nuevas variantes y cepas de cuyos efectos no se tiene aún ningún tipo de certezas.

De lo que sí se tiene total certidumbre es que entre las campañas electorales, los semáforos verdes artificiales y una irresponsable –y fracasada- intentona de regreso a clases, es la clase política gobernante la que lleva sobre sus hombros la carga de la culpa de este nuevo estado de alerta máxima. Aunque quienes lo terminaremos pagando somos, para variar, los ciudadanos de a pie.

Presurosos, en ciudades como la capital de Veracruz -que esta semana entró a semáforo rojo- la autoridad municipal se puso nuevamente a hostigar dueños de comercios, bares y restaurantes, cuando ni siquiera han sido capaces de establecer fehacientemente medidas como la del uso de cubrebocas en espacios públicos.

Ni qué decir de la necedad patológica del presidente Andrés Manuel López Obrador de no usar el cubrebocas a causa de quién sabe qué prejuicios o complejos, lo que representa el peor de los ejemplos para una población que en un buen porcentaje sigue viéndolo como un modelo a seguir.

Como durante toda la pandemia –ésa que el presidente aseguró que se había “domado” desde el 27 de abril de 2020-, el gobierno tendría que asumir su propia responsabilidad en lo que a todas luces ha sido un desastre de proporciones históricas. Más de 600 mil muertos por la pandemia –en una verdadera aproximación a la realidad- no son en absoluto prueba de una buena gestión.

Y sobre las vacunas… pues además de que está claro que no son la panacea ni representan inmunidad al virus, baste recordar que se han aplicado apenas a 37 por ciento de la población adulta del país.

Pero vamos “requetebién”, dicen los que quieren arrogarse el monopolio de la verdad, mintiendo.

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Si la seguridad pública y la procuración de justicia en Veracruz están verdaderamente por los suelos, el trabajo del Poder Judicial no dista demasiado en cuanto a sus bajos estándares, corrupción y distorsión de la labor de impartición de justicia.

Convertido en un circo de varias pistas desde que tomó el poder el régimen de la pretendida “cuarta transformación”, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (TSJEV) es fiel reflejo del desbarajuste y el desapego hacia la legalidad que caracteriza a la neoclase política que, de buenas a primeras, se vio con las riendas del país y del estado en las manos y, como ha quedado más que claro en estos casi tres años, sin saber qué hacer con las mismas.

El grotesco episodio que dio por resultado la destitución y posterior inhabilitación de la magistrada Sofía Martínez Huerta como presidenta del TSJEV es solo una de las peripecias absurdas de quienes tienen, en el papel, la obligación de defender la ley hasta sus últimas consecuencias, pero que la quebrantan a la primera oportunidad si así conviene a sus aviesos intereses.

El caso de Sofía Martínez demostró que el Poder Judicial en Veracruz no actúa con verdadera autonomía. Pero el reciente lance de su sucesora, Isabel Inés Romero Cruz, representa un verdadero atentado contra la ciudadanía veracruzana y su derecho al acceso a la justicia.

El pasado 30 de junio, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado un acuerdo por el cual se ordena el cierre de 29 juzgados en la entidad, entre los que se encuentran juzgados especializados en materia familiar y microrregionales, bajo el consabido pretexto de la “austeridad” con el que están desbaratando el entramado institucional del país.

A través de un comunicado, Isabel Inés Romero Cruz planteó que “lo que se pretende es lograr ahorros e implementarlos en las áreas que más se necesiten”, y que la decisión de suprimir juzgados “obedece a estudios previos, tanto técnicos como financieros desarrollados a la par del proyecto de Reforma Laboral en el Estado” pues, según esto, “la tarea a cumplir es brindar una extraordinaria impartición de justicia, sin que el costo para el pago de los servicios represente una carga económica excesiva”.

Tales criterios de verdadera pichicatería legaloide no se sostienen. Está más que probado que la impartición de justicia, particularmente en Veracruz, es un infierno. Lenta, corrupta, nada empática con los justiciables –sobre todo con los de menores recursos-, puede llegar a convertirse en un inacabable tormento, entre otras cosas, por la gran saturación de trabajo en los juzgados que provoca un tremendo rezago en el desahogo de los casos, lo que a su vez lleva a que quienes buscan justicia terminen tirando la toalla y abandonando los procesos. Sobran ejemplos de lo anterior.

Así que en realidad lo que haría falta son más juzgados para que la justicia pueda impartirse de manera expedita, como se supone tendría que ser. Desaparecerlos en una involución. Pero no es eso lo más grave.

En un pronunciamiento emitido el pasado viernes 2 de julio, la Barra Mexicana de Abogados y su capítulo Veracruz, que encabeza Lorena Oyola Hernández, afirmaron que la desaparición de juzgados “basándose en cuestiones estadísticas y no de pleno acceso a la justicia, atenta contra el derecho humano a la justicia”.

Se asevera también que el cierre de juzgados especializados en materia familiar en distritos judiciales donde solo hay un tribunal dedicado a este tema “priva a los justiciables el acceso a una justicia de calidad, al alcance de las posibilidades económicas, sociales y culturales de las personas”, al tiempo que se expone a las personas a continuar sus procesos en “tribunales ordinarios carentes de los espacios y capacitación del personal para atender de forma confiable y satisfactoria” sus requerimientos.

Asimismo, la Barra Mexicana de Abogados asegura que con la desaparición de juzgados microrregionales “se discrimina a grupos indígenas al privarlos de centros de impartición de justicia que se adapten a sus necesidades, soslayando con esto el deber constitucional de prestar servicios justos, transparentes, eficaces, no discriminatorios y responsables que les garantice el acceso a la justicia”.

Pero al parecer, la presidenta del TSJEV no está enterada de la utilidad de estos juzgados. Incluso, se aventó la puntada de declarar que los tribunales microrregiones fueron “un gasto innecesario” pues “nunca cumplieron con su meta” de “acercar la justicia a los lugares más apartados”. Y qué mejor solución que la de dejar a la deriva, sin acceso en absoluto a la justicia, a esas regiones marginadas y lejanas. ¡Unos genios!

El pronunciamiento de la Barra Mexicana de Abogados concluye de manera contundente que “el argumento de austeridad no puede vulnerar el acceso a la justicia plena en Veracruz” ni ir en contra de un derecho contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Pero para qué gastar en la justicia, ¡si se puede gastar en estadios de beisbol!

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El teatro del terror en el que se ha convertido el estado de Veracruz ante la brutalidad sin control alguno con que actúan las fuerzas de seguridad, recuerda bastante la época en la que Javier Duarte y Arturo Bermúdez tenían en sus manos la responsabilidad de la seguridad pública.

Como entonces, este fin de semana se llegó nuevamente a un estado de tragedia, que en cualquier país medianamente civilizado ya le habrían costado por lo menos el cargo a los funcionarios involucrados. Pero como sabemos, en México y Veracruz lo que campea es la impunidad, que con la autoproclamada “cuarta transformación” luce con más fuerza.

El viernes 2 de julio, policías estatales y elementos de la Fuerza Civil de Veracruz irrumpieron en la comunidad de Guadalupe La Patrona, del municipio de Amatlán de los Reyes, persiguiendo -según la versión oficial- a unos sujetos armados que los habrían agredido. Lo que siempre se dice en estos casos.

Sin embargo, quienes terminaron pagando con sus vidas la incursión policiaca fueron dos menores de edad, prácticamente niños, que se encontraban lavando una camioneta para apoyar el ingreso familiar.

Los habitantes de Guadalupe La Patrona acusaron que la Fuerza Civil rompió las puertas y candados de una vivienda, irrumpió sin orden judicial y disparó contra los menores, Eduardo Jiménez de 15 años de edad y Jonathan Herrera de 13, quienes murieron al instante.

La imagen de sus cuerpos tendidos en el patio de una vivienda es sobrecogedora. La representación más cruel de lo que está sucediendo en Veracruz desde que sus autoridades decidieron optar por la violencia como manera de gobernar y que, como era inevitable, provocó ya una ejecución extrajudicial de la que, por si no bastase, pretenden evadir su responsabilidad directa.

Y es que la versión difundida inicialmente en los medios fue que los menores habían sido alcanzados por las balas de un fuego cruzado entre policías y delincuentes. Pero lo que dicen los habitantes de La Patrona es completamente diferente.

En una carta pública dirigida a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, al gobernador Cuitláhuac García, al secretario de Seguridad Pública Hugo Gutiérrez Maldonado y al presidente municipal de Amatlán Eduardo Rojas, los pobladores de la comunidad de Guadalupe La Patrona, aseguraron que los dos menores de edad fueron asesinados directamente por elementos de la Fuerza Civil de Veracruz.

Incluso, en la misiva señalan que “varios testigos afirman que no hubo tal persecución ni enfrentamiento con ningún grupo delictivo” y que “lo que constatamos fue la entrada de la Fuerza Civil a la comunidad, sin ninguna orden judicial, disparando, ocultando información y negando el reconocimiento de los cuerpos de los adolescentes a sus familiares”.

Por esa razón “también nos manifestamos ante la omisión y ausencia de todos los niveles de gobierno”, en función de lo cual al otro día de los hechos sangrientos, el sábado, cerraron la carretera federal y se desplazaron hasta la autopista Córdoba-Veracruz, solicitando la presencia de las autoridades.

La respuesta del gobierno de Cuitláhuac García fue enviar a la policía antimotines, que se dedicó a agredir automovilistas, camiones de pasaje y manifestantes “con golpes, gases lacrimógenos y disparos, tanto en la autopista como en la entrada a Amatlán de Los Reyes”, refieren en su carta los afectados. Lo cual también pudo apreciarse en varios videos que las personas agredidas por los policías subieron a las redes sociales desde el mismo sábado.

“Exigimos una respuesta seria y congruente de parte de las autoridades y principalmente justicia para Jonathan y Eduardo. No queremos más inseguridad, queremos que nos regresen la paz a nuestras comunidades y una investigación pronta y expedita”, demandaron los habitantes de Guadalupe La Patrona.

Sobre el asesinato a mansalva de los jóvenes ni el gobernador ni el secretario de Seguridad Pública han dicho una palabra, ni existe un pronunciamiento oficial del gobierno. Seguro andaban muy ocupados “celebrando” que ganaron una elección hace tres años.

Que se preocupen por lo que pasará dentro de algunos otros pocos años, cuando se les llame a cuentas por restaurar en el estado un “gorilato” sangriento.

También contra la prensa

Casi al mismo tiempo que en el centro del estado reprimían a las familias de los menores asesinados por ellos mismos, en el sur del estado los policías atacaban reporteros que cubrían otro operativo para desalojar otra protesta, ésta en la autopista Coatzacoalcos-Villahermosa.

A ver cuándo los vemos enfrentando de a de veras a la delincuencia organizada. ¿O a ésa sí la “respetan”?

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Un ya lejano 25 de enero de 2019, el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez lanzó lo que parecía entonces un verdadero compromiso para combatir y atender la violencia contra las mujeres, que en los periodos gubernamentales anteriores había alcanzado ya niveles intolerables de virulencia y de simulación oficial en su erradicación.

En ese momento, el programa “Cero Tolerancia a  la Violencia contra las Mujeres”, junto con la “Declaratoria de Programa Emergente por Crisis de Violaciones Graves de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas en Veracruz” lanzada en los primeros minutos del nuevo sexenio, parecían representar un viraje total en la política gubernamental estatal en materia de derechos humanos, así como un compromiso con estos grupos vulnerables.

Dos años y medio después, todo aquello quedó en el olvido. Los derechos humanos le importan menos que un cacahuate al gobierno que encabeza formalmente Cuitláhuac García, y particularmente los derechos, la seguridad y la vida de las mujeres.

La Fiscalía General del Estado es cualquier cosa, menos una entidad que atienda profesionalmente los casos de violencia contra las mujeres, que cuando acuden a una instancia ministerial para denunciar a un abusador/violentador, con lo que se encuentran es con su criminalización y revictimización en automático por parte de las propias autoridades, lo que termina llevándolas a abandonar los casos y a que sus victimarios permanezcan impunes y al acecho. Al cabo que ya saben que no les va a pasar nada.

Aunado a ello, entre los feminicidios –de los que ya no se tiene certeza sobre sus cifras reales, pues apenas tomó posesión como fiscal (espuria) Verónica Hernández Giadáns se modificó el criterio para contabilizarlos artificialmente a la baja- y la violencia doméstica, que han aumentado exponencialmente en los últimos tres años, este periodo ha sido verdaderamente de terror para las mujeres veracruzanas.

Una muestra de cómo se las gasta la Fiscalía es el caso de una mujer que el pasado 22 de mayo sufrió un aborto espontáneo en un centro comercial del municipio de Oluta, en el sur de Veracruz, producto de la violencia física que sufría por parte de su cónyuge, quien dos días antes la había golpeado ante la decisión de la joven de separarse de él, precisamente por eso mismo.

La joven de nombre Diana Patricia sufrió un aborto en el baño de la tienda departamental en la que se encontraba y, en estado de shock y en medio de una hemorragia, se fue del lugar y abandonó al feto, producto de un embarazo de aproximadamente seis meses.

Diana Patricia fue localizada y detenida por las autoridades ministeriales, que la internaron en un penal del municipio de Acayucan, donde permanecerá por lo menos hasta el mes de diciembre, imputada por homicidio doloso, ya que la Fiscalía la acusa de haber dado muerte a su hijo, porque según el organismo lo parió vivo.

Pero fueron más allá. La Fiscalía se encargó de boletinar esta versión aun cuando la investigación no ha concluido, con lo cual se violentó el debido proceso y la presunción de inocencia de Diana Patricia, quien fue exhibida –y tratada- como asesina de su cuarto hijo, cuyo embarazo –como consta en los testimonios recogidos en Oluta por la periodista Sayda Chiñas- había sido deseado y del cual llevaba un control médico estricto, pues era de alto riesgo.

Mientras en otras entidades que se podrían suponer más tradicionalistas y verdaderamente conservadoras, como Oaxaca e Hidalgo, se ha ido adelante en la despenalización de la interrupción del embarazo, en Veracruz no solo se le bloquea desde el régimen de dizque izquierda, sino que el gobierno persigue a las mujeres que abortan incluso sin que fuese su deseo o intención. En Veracruz se les encarcela por abortar.

Porque el caso de Diana Patricia no es el único. De acuerdo con representantes de sociedad civil en el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, desde 2017 otras diez mujeres han sido encarceladas y procesadas en Veracruz por cargos como homicidio doloso agravado por parentesco: la misma estrategia legal aplicada en el caso de la joven de Oluta.

Como todos aquellos compromisos iniciales del gobierno de Cuitláhuac García, el de promover “cero tolerancia a la violencia contra las mujeres” es letra muerta. Como su credibilidad.

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