De Interés Público

“Los pueblos a quienes no se hace justicia

se la toman por sí mismos más tarde o más pronto”.

Voltaire

La propuesta del presidente de la México de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos por voto popular ha levantado ámpula.

Como se recordará, luego que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la primera parte de su llamado Plan “B” electoral por violaciones en el proceso legislativo, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el Poder Judicial “está podrido” y anunció que, en septiembre de 2024, una vez electo un nuevo Congreso, propondrá una reforma para que los ministros sean electos por voto popular directo.

En consonancia, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, anunció que para este propósito se realizará una consulta popular para que sea el pueblo de México quien decida si los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben ser electos por el voto directo. El legislador morenista explicó que la ruta sería para que la consulta popular se lleve a cabo en agosto de 2024, pasado el proceso electoral. Incluso, propuso realizar un parlamento abierto con la participación de expertos en la materia, juristas, ex ministros de la Corte y académicos que han expresado su rechazo a someter a consulta popular la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante voto.

Más allá del enojo presidencial y de la guerra y el hostigamiento en que se ha enfrascado en contra de la ministra Norma Piña, la nueva presidenta de la SCJN, y desde luego sin detenernos en la polarización del debate público sobre el sometimiento del Poder Legislativo, el avasallamiento de organismos autónomos y el freno que la actuación de la Corte ha significado a los afanes autoritarios presidenciales, lo cierto es que nadie puede negar que el Poder Judicial requiere una profunda reforma.

Es ofensivo, ni duda cabe, en un país de desempleados, de trabajadores informales o de asalariados que apenas ganan el mínimo o un poco más, el monto de los sueldos de los ministros de la Corte, de aproximadamente 300 mil pesos al mes, sin contar con el aguinaldo por 586 mil pesos, primas vacacionales de 95 mil pesos, viáticos por más de 723 mil pesos y otros beneficios como pensiones vitalicias al retiro.

De acuerdo al diagnóstico que hacen legisladores del partido en el poder, y con el que coincide mucha gente, es que existen muchos privilegios en el Poder Judicial, no solo en términos salariales, sino en el nepotismo, el amiguismo, el compadrazgo, la imposición de intereses económicos en los juzgados especializados, y más en los que tiene que ver con competencia económica o con cuestiones de carácter administrativo, que son la constante en la justicia a la mexicana.

Ello sin olvidar la colusión de jueces con intereses mafiosos o la abierta protección y liberación de presuntos delincuentes o culpables de delitos varios que han estado presentes desde siempre en el proceso de impartición de justicia.

Son las lacras de un sistema judicial que garantiza que las cárceles estén llenas de pobres, que se politice la justicia para perseguir opositores, inventar delitos o utilizar la prisión preventiva oficiosa alegremente para mantener cautivos a muchos inocentes, como es notorio en los años recientes.

La cosa es que, véase por donde se le vea, efectivamente es necesaria una limpia en el Poder Judicial.

Lo que se ha planteado hasta ahora en cuanto a la necesaria reforma de este poder va en tres sentidos: a) avanzar hacia la separación de las funciones administrativas y jurisdiccionales del Poder Judicial, y dejar en el pasado el hecho de que el presidente en turno de la Corte es en automático quien encabeza el Consejo de la Judicatura, además de dar mayores facultades de investigación y sanción a este Consejo para poder actuar incluso en contra de los ministros; b) eliminar el hecho de que la SCJN y sus ministros son el único poder público de la República que no rinde cuentas a nadie y que no puede ser investigado por nadie más que por ellos mismos, sin olvidar, desde luego, eliminar los privilegios salariales y de prestaciones exorbitantes que tienen actualmente los ministros; y c) llevar a las urnas la elección de los ministros.

De estas líneas que se rescatan de lo planteado por el oficialismo la que más polémica reviste es la elección de los ministros de la Corte por voto popular, pues se argumenta y no sin razón que este proceso electivo contaminaría y vincularía a los ministros a los intereses político partidistas que se ponen en juego en cada elección, puesto que es evidente que para lograr un asiento en la SCJN habría que hacer campaña, mover mucho dinero para convencer al electorado, ser un elocuente orador, tener dotes de político, más allá de las capacidades profesionales y técnicas en materia jurídica para aspirar a este cargo.  Y lo más grave: exponer a los aspirantes a ministros a los riesgos de la infiltración del narcotráfico en sus tareas proselitistas, como lamentablemente acontece en las campañas políticas en cada elección en México. Se contaminaría, pues, de principio a fin el proceso electivo.

De ello advierten muchos expertos que subrayan la politización de la justicia que ello supone y señalan, como lo ha hecho Diego Valadés Ríos, ex procurador general de Justicia e investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que esto lejos de ser democrático, es demagógico.

Creo que la mayoría está de acuerdo en que los ministros dejen de ser intocables –como la ministra plagiaria por todos conocida-, que dejen de vivir en la opulencia, a años luz de las preocupaciones de la gente de a pie, y que se remueva y castigue a jueces venales o a los que sirven a intereses oscuros, facciosos o a consignas político-partidistas. Pero de ahí a que los ministros de la Corte se elijan por el voto popular hay un gran trecho. Con mucho cuidado debe analizarse esta idea, una de las nuevas cruzadas del gobierno de la Cuarta Transformación.

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La primera parte del Plan B en materia electoral que aprobaron alegremente los legisladores de Morena seguros de que su mayoría estaba por encima de cualquier disposición legal y constitucional se cayó. O más bien, la desechó la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los votos de nueve de los once ministros que integran su pleno, quienes se sumaron al proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán que proponía declarar la inconstitucionalidad de este primer paquete de reformas al haber faltado al procedimiento legislativo, no respetar la Constitución, la ley del Congreso y los reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado de la República.

“La gravedad de tales infracciones en conjunto permite concluir con la invalidez del Decreto cuestionado, por violación directa a los artículos 71 y 72 de la Constitución federal, esto porque la iniciativa no se conoció a tiempo, ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el Reglamento de cada Cámara, desconociéndose con ello el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a la representación popular”, cita la sentencia aprobada.

La mayoría legislativa en el ámbito federal como en el de los estados debe tener claro que cualquier reforma que se apruebe debe cumplir íntegramente con las normas legales, reglamentarias y constitucionales, tal y como lo resolvieron ayer los ministros.

La Suprema Corte dejó un mensaje rotundo respecto a la defensa del orden constitucional, lo que es su función primordial.

Este resultado cayó como balde de agua helada al presidente López Obrador y sus seguidores que, en la víspera, a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia, habían advertido a la Corte que si declaraban inconstitucionales las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las primeras sacadas a rajatabla en el Poder Legislativo y que forman parte del Plan B impulsado por el presidente, estarían vulnerando la división de poderes y sustituyendo al Congreso de la Unión, además de que la SCJN  es un poder derivado “sin legitimación popular”.

Tras la decisión de la SCJN, políticos de Morena y afines lamentaron el actuar de los ministros y se mantuvieron en la línea discursiva de que a los ministros no los elije el voto ciudadano y que obedecen a consignas como un poder corrompido que son. Fueron infinidad de exabruptos los que pudimos leer en las redes sociales, de anatemas y mensajes cargados de furia y desahogo hacia los togados. Pero sobresalió lo que es la línea presidencial ante esta circunstancia: desprestigiar al Poder Judicial y poner por delante ahora al llamado Plan C, que es ganar la mayoría absoluta en el próximo Congreso federal.

Del otro lado, entre las opiniones de juristas y expertos de derecho constitucional la interpretación de lo sucedido era una constante: la Corte es el árbitro que debe resolver disputas y diferencias entre los actores políticos y, fundamentalmente, para revisar la constitucionalidad de procesos legislativos, así sin más. Y se destacaba lo dicho respecto a que cumplir con su responsabilidad constitucional no es en absoluto invadir a otro poder.

Mientras que para expertos lo sucedido es una muestra de autonomía frente a presiones del poder y un signo de madurez de la vida institucional mexicana que rescató la razón constitucional frente a los impulsos desmedidos de una política que hoy abusa de su mayoría, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en su conferencia mañanera que el Poder Judicial “está podrido” y que es necesaria una reforma constitucional para que sea la gente la que decida quienes serán ministros, magistrados y jueces.

El presidente anunció de plano que antes de que termine su mandato enviará una iniciativa para que los ministros sean electos por voto ciudadano, esto con el fin de acabar con la corrupción y complicidad que, aseguró, existe en el Poder Judicial.

Ese es quizá el fondo y el objetivo final de su campaña de descrédito hacia los integrantes de ese Poder y del hostigamiento de las huestes del oficialismo hacia ellos: generar el consenso para destituir a los actuales ministros y buscar que en adelante sean electos por el voto popular.

Sobre este particular y para ilustrar mejor este episodio de la vida nacional, vale la pena reproducir un fragmento del artículo que publicó en Milenio (9/05/23) el ministro Arturo Zaldívar, quien votó por la inconstitucionalidad de las reformas y, hay que recordarlo, fuera presidente de la SCJN y durante su periodo (2019-2022), muy afín a las posturas del presidente López Obrador:

“Hay quienes piensan, por razones políticas o partidistas, que son dueños de la Constitución: que su visión de los derechos y la democracia es la única legítima. Que son poseedores de su sentido ‘verdadero’ y que cualquier lectura que se aparte de la suya no solo es equivocada, sino reprobable. En tal sentido, pretenden que los jueces constitucionales nos alineemos a su postura y nos conformemos con su criterio. Si votamos en un sentido diferente, entonces nuestra postura es condenable, nuestra integridad como juzgadores resulta cuestionable, y nuestra autonomía dudosa o simplemente inexistente”.

Lo resuelto por la SCJN el día de ayer anticipa lo que ocurrirá con lo que resta del Plan B y con lo aprobado por el Senado, en la noche del 28 y la madrugada del 29 de abril, cuando la coalición de Morena, Verde y PT aprobó sin trámite, con la ausencia de la oposición, sin haber leído las iniciativas, falsificando el quórum, y sin reparar en normas parlamentarias, más de 20 leyes aprobadas por la vía rápida en las cámaras de Diputados y de Senadores en la recta final del periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión que concluyó en abril pasado, y que con toda seguridad serán impugnadas ante la Corte.

El “mayoriteo” lleno de irregularidades e ilegalidades tiene un freno y un límite y así debería entenderse.

La Suprema Corte hizo lo que le tocaba hacer y desde luego que es necesario revisar su actuar y someter a los juzgadores a una limpia, pero no en los términos ni con los excesos del actual debate público, donde de casta de privilegiados no los bajan los seguidores del mandatario. Calificativos redituables para ganar simpatías populares pero que no abonan para una discusión seria de la necesaria reforma del Poder Judicial, tema del que nos ocuparemos en una próxima entrega.

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Se conoce como odio a la antipatía, aversión o sentimiento intenso de repulsa hacia alguna cosa o persona cuyo mal se desea. El que odia es hostil, resentido, rencoroso y concentra un sentimiento de profunda enemistad y rechazo que lo lleva a desear el mal hacia una persona. La intensa sensación de desagrado que es el odio consume a quien la experimenta.

El odio, en esa línea, genera aversión, sentimientos de destrucción, destrucción del equilibrio armónico y puede conducir a la autodestrucción. El odio, dicho en palabras de la sabiduría popular, envenena el alma y arruina mental, emocional y físicamente, en muchos casos, a quien lo experimenta.

Si en la convivencia social odiar no es justificable desde el punto de vista racional porque atenta contra la posibilidad de diálogo y la generación de acuerdos que hacen posible la convivencia civilizada, en política, donde entran en juego consideraciones ideológicas, fanatismos y la cerrazón doctrinaria fundada las más de las veces en obtusas visiones adosadas de ignorancia del militante, la aversión al rival, al adversario –que es visto como enemigo a aniquilar- y el querer derogar todo lo que se le relacione puede llevar a situaciones de violencia, a enfrentamientos o magnicidios. La historia está llena de episodios que lo ilustran desde la más remota antigüedad.

Toda esta reflexión, no por sabida menos importante, la hago a propósito de lo que todos vimos y atestiguamos en el cúmulo de información generada en los días recientes en que el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo fuera de escena tras una complicación de salud –recaída en el Covid 19 junto con problemas de presión que lo llevaron a un desmayo en un evento en Mérida, el pasado domingo.

Circunstancia que, aunada al silencio oficial sobre lo que pasó o los falsos desmentidos que hiciera el vocero presidencial Jesús Ramírez al inicio de la crisis, desató una verdadera ola de especulaciones y dichos sin sustento entre columnistas y periodistas, pero sobre todo en redes sociales -el campo de batalla de los bandos en pugna- sobre el diagnóstico real del quebranto de salud del presidente: que si había sufrido un infarto, un derrame cerebral, que estaba grave en terapia intensiva, entre muchas especulaciones donde destacaban los augurios funestos, las burlas, chistes, memes y una violencia verbal expresada con una virulencia que no habíamos visto en fechas recientes, ni siquiera en las dos ocasiones anteriores en que el mandatario tuvo Covid y debió resguardarse por indicaciones médicas.

Es claro que en nuestro país hemos llegado a una situación extrema de polarización y confrontaciones inéditas que tiene su clara expresión en los mensajes en las redes y en los chats en teléfonos celulares donde la pobreza del debate público se hace presente y se desnuda la catadura moral de mucha gente.

Porque festinar la posible muerte del presidente es evidenciar pobreza de miras y para muchos, morenistas o no, es señal clara de la derrota moral de sus adversarios políticos, así como la falta de figuras, proyectos y alternativas para competir políticamente, de las que adolece la oposición política partidista.

Si su mayor alegría reside en ver el mal o la desgracia ajenos, aliviados estamos.

Es tal la falta de visión de los “conjurados” que no miden que, si López Obrador muere, la oposición tan desvalida y extraviada como está no tiene nada qué hacer en las próximas contiendas electorales frente a Morena. La gente siempre está con las víctimas. Recuérdese el crimen de Colosio que hizo que el PRI ganara en 1994 y alargara un sexenio más su presencia en la presidencia de México.

“Los veo muy solos, muy vacíos, con mucho odio”, dijo el presidente López Obrador al referirse a quienes lo daban por muerto y reaparecer en un video donde habló de su estado de salud. Y no le falta razón: a sus adversarios el odio les obnubila y lejos de construir discursos y propuestas de interés general se han dedicado durante 5 años a fomentar una opinión prejuiciosa, estigmatizante y destructiva de su odiado rival político, quien, dicho sea de paso, ha dedicado también su tiempo en el poder presidencial a alimentar esa confrontación con los que socarronamente llama los conservadores, neoliberales o corruptos del pasado.

Unos quieren que se muera y el otro se mofa de su incompetencia.

Es el retrato del México de hoy. Un México donde campea la violencia verbal y el odio está instalado en la vida pública.

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Llevamos varios años inmersos en el debate sobre la militarización del país, que es el sello de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha sido un tema que ha marcado las discusiones públicas y los desencuentros, pues contrario a lo que fue su oferta como opositor de que regresaría a los soldados y marinos a los cuarteles apenas asumiera la titularidad del gobierno de la república, el mandatario hizo exactamente lo contrario: amplió la presencia y ámbito de acción de los militares, les encomendó nuevas tareas como constructores de obras y operadores de tareas gubernamentales, entre otras el control de los puertos y las aduanas, y, desde luego, transfirió enormes cantidades del presupuesto a las fuerzas armadas.  

En el campo del combate a la inseguridad y en la cruzada contra el narcotráfico la participación militar ha sido ostensible, vistosa, polémica y con percepciones variadas sobre su efectividad. 

Para observadores y asociaciones defensoras de los derechos humanos su actuación se juzga como “un fracaso y un riesgo para la democracia”, tal y como lo señalaron en una audiencia celebrada en octubre del 2022 en el marco del 185 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde 26 organizaciones de la sociedad civil expresaron sus preocupaciones ante lo que ocurre en el país con la entrega de funciones de seguridad pública a las Fuerzas Armadas de México, que operan bajo el mando de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA).  

En ese foro se advirtió que las fuerzas armadas y la Guardia Nacional han acumulado miles de quejas de violaciones a los derechos humanos y que ha sido notable la resistencia de las fuerzas castrenses a la rendición de cuentas. 

El año pasado, en el mes de abril, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas presentó su informe sobre la situación en México en ese sensible tema y sus conclusiones fueron demoledoras: la impunidad y la violación a los derechos humanos es la norma en nuestro país, donde existe colusión de servidores públicos con el crimen organizado y que “dejar la estrategia de seguridad pública en manos de los militares solo ha agravado el problema”. 

El enojo presidencial no se hizo esperar y acusó que este Comité no actuó con apego a la verdad, ya que –dijo AMLO- en México el Ejército ya no se usa para reprimir, desaparecer a personas o para matar heridos, y que los integrantes del Comité, “no vieron nada de los abusos y crímenes de Estado” que se cometían en el periodo neoliberal. 

Esa ha sido invariablemente la postura presidencial, la defensa a ultranza de la actuación de las fuerzas armadas. La fe del mandatario en los militares rebasa con mucho la confianza que tiene a cualquier otra institución gubernamental o agrupación de la sociedad civil. Su mandato será recordado justamente por la creciente militarización del país. 

Ese es el sustento de la creación de la Guardia Nacional en 2019 que entra en reemplazo de la Policía Federal como el principal cuerpo policial de seguridad pública a nivel nacional. Desde su inicio el estado de fuerza de la Guardia Nacional estuvo compuesto por miembros de la Policía Federal, así como por elementos de la SEDENA y de la Secretaría de Marina. Pese a que la gran mayoría de sus más de cien mil miembros son militares, se insistió en que era un ente civil, aunque era sabido, y ello se corroboró con el intento de adscribirla a la Secretaría de la Defensa Nacional, a contrapelo de lo que dispone la Constitución, que sus mandos, cuerpos de tarea y toda su estructura estaban en manos del Ejército Mexicano. 

Ahora, a los planes presidenciales se le atravesó el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el voto de ocho de los once ministros declaró la invalidez de un paquete de artículos de la Ley de la Guardia Nacional que establecen la adscripción de ésta a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que constituía un “fraude a la Constitución”, por lo que debe respetarse el mandato que obliga a que la Guardia Nacional se adscriba a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Un fallo celebrado porque reivindica la existencia de contrapesos entre los poderes públicos. 

Ante este fallo de la Corte, el presidente de México sufre una fuerte derrota. Y con este tropezón o derrota legal –que será por ahora, dice el mandatario, porque anunció que, en septiembre del 2024, a un mes de entregar el poder, -tozudo como es- volverá a enviar una iniciativa de reforma constitucional en el mismo sentido de que la Guardia Nacional pertenezca a la Sedena- se actualiza la pregunta que nos hacemos muchos mexicanos: ¿Ha servido la militarización para reducir la inseguridad y combatir al crimen? 

Porque el fondo del debate y lo que se cuestionan muchos es si vale la pena el riesgo de seguirle dando poder al Ejército. Porque está demostrado que cuando las tareas de seguridad dependen de militares, al no contar con esquemas de revisión y no llevar juicios civiles por su fuero militar, son más proclives a abusar de los derechos humanos. 

El modelo del presidente López Obrador de otorgar cada vez más funciones civiles, presupuesto y poder a las instituciones militares, sobre todo a la SEDENA, puede resultar contraproducente. Nadie pone en duda que la disciplina y lealtad de los elementos de las fuerzas armadas a los gobiernos constitucionales ha quedado demostrado históricamente, al menos en el último siglo, o que el carácter popular de la institución armada le granjea grandes simpatías entre la gente, pero no hay nada escrito en piedra respecto a las tentaciones que da el poder sin control. 

Debemos recordar que “en el arca abierta, el justo peca”, y tanto poder y tanto dinero, sin rendición de cuentas a los altos mandos militares no augura nada bueno. 

Véase si no lo revelado respecto a los viajes al extranjero, a verdadero cuerpo de rey, de la familia y amigos del general secretario de la defensa, Luis Cresencio Sandoval, en vacaciones a todo lujo, con ayudantes y escoltas incluidos, que nada le piden a las que se procuraban los hijos o familiares de políticos del pasado inmediato, todo con cargo al presupuesto público. Vida de jeques de tiempos del odiado neoliberalismo que ahora se documentan en la época de la 4T, teniendo como protagonista, nada menos que al titular de la SEDENA.  

Como he apuntado en anteriores colaboraciones, la pregunta que queda en el aire es qué gobierno futuro o qué mandatario se atreverá a retirar todas las prebendas que han recibido los militares del gobierno federal en los últimos años. Ese es sin duda el legado envenenado de López Obrador a quien le suceda al frente del gobierno. Sacaron al tigre de la jaula, lo alimentaron sobradamente y dejaron a sus anchas, ahora el problema es quién será el valiente que lo vuelva a meter. 

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En una sentencia histórica la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado mexicano responsable por la violación de diversos derechos de dos hombres a quienes las autoridades judiciales enviaron a prisión preventiva oficiosa durante 17 años y que además sufrieron torturas en el periodo que permanecieron detenidos. 

En la sentencia hecha pública este miércoles 12 de abril se ordenó al Estado mexicano dejar “sin efecto” la figura del arraigo y adecuar nuestra normatividad, constitución incluida, para que la prisión preventiva oficiosa se ajuste a los parámetros de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Costa Rica, encontró a México responsable por violaciones a los derechos a la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, la igualdad ante la ley, la protección judicial, a ser oído, a la presunción de inocencia y al principio de plazo razonable. 

El caso se refiere a las violaciones al debido proceso y a la libertad personal en contra de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortíz, quienes fueron acusados de haber asesinado en 2001 a la regidora de Atizapán de Zaragoza, María de los Ángeles Tamés. 

García y Alpízar permanecieron en prisión preventiva durante 17 años, el tiempo más largo que alguien en México ha estado en la cárcel sin sentencia, hasta 2019, cuando quedaron bajo arresto domiciliario con el uso de brazaletes electrónicos. En 2022 fueron condenados a 35 años de cárcel, sentencia que está en apelación. 

El tribunal internacional concluyó que Daniel García Rodríguez “fue sometido a malos tratos y torturas psicológicas por parte de las autoridades del Ministerio Público del Estado de México”, situación que fue denunciada por el sospechoso, sin que los hechos fueran investigados, pese a que se obtuvo su confesión y la firma de documentos implicando a otras personas”, indicó la Corte Interamericana. 

El fallo emplaza a México a concluir procesos penales, investigar casos de tortura e indemnizar a las víctimas, excluir del proceso los antecedentes incriminatorios obtenidos bajo coacción o tortura, además de investigar y sancionar a los responsables de estos actos. 

Lo más relevante es que derivado de esta sentencia México deberá adecuar a estándares internacionales su ordenamiento jurídico interno sobre la prisión preventiva oficiosa y el arraigo. 

Como se recordará, el artículo 19 constitucional prevé la existencia de la prisión preventiva como medida cautelar para evitar que una persona señalada de cometer un delito se sustraiga de la justicia. Existen dos modalidades: la justificada y la oficiosa. La primera la dicta un juez para garantizar que el señalado como responsable esté presente durante el desarrollo del juicio, cuando otras medidas cautelares sean insuficientes para ello. La oficiosa parte de un catálogo de delitos contenido en el párrafo segundo del mencionado artículo. 

Antes de 2019 existían 40 conductas delictivas a las que se les aplicaba la prisión preventiva de manera automática. Con la reforma de dicho año, aprobada por la mayoría de Morena en el Congreso, se aumentó este número a 130. 

Sin embargo, algunas organizaciones de la sociedad civil y expertos en el tema señalan que ha quedado demostrado que la prisión preventiva oficiosa no reduce la incidencia delictiva ni la impunidad y esta medida se opone a los principios que rigen al sistema penal acusatorio y al paradigma de derechos humanos vigente en el país. 

El debate sobre el tema tuvo un momento relevante recientemente cuando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el 24 de noviembre de 2022 la Acción de Inconstitucionalidad 130/2019 y su acumulada 136/2019 en la que se determinó mantener la prisión preventiva oficiosa, pero eliminar la medida para ciertos delitos fiscales. 

En ese entonces y estando el debate público en todo lo alto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que declarar la invalidez de la prisión preventiva oficiosa en esencia “busca impunidad y corrupción”, en tanto que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) se pronunció por la eliminación de la prisión preventiva oficia, pues acotarla no es suficiente y alertó que muchas personas, especialmente las más desfavorecidas social y económicamente, se encuentran injustamente privadas de la libertad, incluso por más de una década. 

Ahora el hecho cierto y que debe atenderse es que la CIDH ordenó al Estado mexicano dejar “sin efecto” la figura del arraigo, investigar casos de tortura, pagar indemnizaciones a las víctimas por concepto de daños materiales e inmateriales y, lo más fuerte, que lo hizo responsable por violaciones a los derechos humanos al violar las garantías judiciales, la igualdad ante la ley, la protección judicial y la presunción de inocencia. 

A partir de hoy, México cuenta con un plazo de un año para rendir un informe sobre las medidas que se adopten para cumplir con la sentencia.  

Habrá que ver ahora qué dice el gobierno de la 4T, y estaremos atentos a los pasos que habrán de darse. 

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El drama de los migrantes siempre es sobrecogedor y expresa en muchos sentidos el fracaso del modelo económico y de las políticas públicas de los gobiernos de sus países para ofrecerles alternativas dignas de vida. Sufren no solo la separación de sus familias y sus comunidades para correr el riesgo de cruzar la frontera del vecino país del norte y sortear la persecución de las autoridades migratorias estadounidenses, sino que en años recientes deben enfrentarse a peligros mayores: los secuestros, desapariciones, torturas, la leva del crimen organizado para sumarlos a sus filas ante la tolerancia de autoridades corruptas de los tres niveles de gobierno de nuestro país, ruta obligada en su búsqueda de mejores condiciones para ellos y sus familias en sus países de origen.

Los medios de comunicación han dejado constancia de cómo un elevado número de connacionales de países centroamericanos y caribeños, lo mismo de Venezuela, Haití, Nicaragua, Honduras o Guatemala, han encontrado la muerte en el camino a Estados Unidos por la violencia criminal de las bandas delincuenciales que asolan al país, las complicidades entre autoridades y polleros, pero ahora, el triste final lo encontraron estando bajo la custodia del gobierno mexicano.

El incendio en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la secretaría de Gobernación, en Ciudad Juárez, que hasta el momento ha dejado un saldo de 39 personas migrantes muertas y decenas de heridos, reflejó la ausencia de protocolos en materia de seguridad y protección civil al interior de dichas instalaciones, y es, a no dudarlo, la más reciente muestra del fracaso de la política migratoria de nuestro país, una política sujeta a las necesidades del gobierno norteamericano de contener en México a los millones de solicitantes de asilo o de permisos para ingresar a su territorio. No en albergues ni en espacios que ofrezcan condiciones dignas en su estancia, sino en verdaderas cárceles con celadores criminales como se ha demostrado.

Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el flujo migratorio se ha incrementado a niveles históricos: sólo en la frontera entre México y Estados Unidos en 2022 fueron detenidos 2,76 millones de personas indocumentadas. Y a México le toca jugar el triste papel de policía migratorio en el patio trasero del imperio del norte.

Esta tragedia que pudo y debió evitarse se dimensiona mejor al ver el video que capta el momento en que el personal del albergue del INM en Ciudad Juárez encierra a los migrantes cuando ya se les acerca el fuego y el humo se intensifica hasta cubrirlo todo. Un acto criminal que es la mayor tragedia migratoria desde diciembre de 2021, cuando 56 migrantes murieron en la caja de un tráiler, en Chiapas.

Este terrible hecho es el corolario de las restrictivas y crueles políticas de migración que comparten los gobiernos de México y Estados Unidos y ante ello debemos preguntarnos quién asume la responsabilidad tras lo sucedido. Por las terribles condiciones de hacinamiento en esos centros de detención, por las violaciones a los derechos humanos que ahí se cometieron, por la inacción de las autoridades inmediatas. Lo acontecido desnuda la deplorable política migratoria de nuestro país orientada a contener el éxodo desde Centroamérica.

Sin embargo, tras el pasmo inicial gubernamental y el intento de minimizar las cosas, de esta noticia que dio la vuelta al mundo y que generó condenas de la ONU y de Amnistía Internacional, entre muchas organizaciones, que consideró “insensible y ofensivo” que tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador, como el INM en un inicio le hayan restado gravedad al incendio y hayan culpado a los migrantes de estos hechos, obligó al gobierno federal, dos días después de la tragedia, a que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, encabezara una conferencia de prensa para ofrecer detalles alusivos a los primeros avances en la investigación. En el encuentro con los medios la funcionaria señaló la “mala actuación de servidores públicos” como causa del trágico acontecimiento y adelantó que han sido identificadas ocho personas como presuntas responsables. De ellas, dos son agentes federales, una es agente estatal de migración y los cinco restantes son elementos de una empresa de seguridad privada. ¿Y en la cadena de mando hacia arriba, no hay responsabilidades? Es la pregunta que muchos nos hacemos.

Un abogado presentó una denuncia en la fiscalía federal en la que aseguró que el titular de la agencia migratoria en Chihuahua dio la orden de no abrir la celda del centro de detención de Ciudad Juárez. Según la denuncia, citada por la agencia de noticias AP, el titular del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, el contraalmirante en retiro Salvador González Guerrero, “dio la orden por llamada telefónica para que las personas migrantes que se encontraban alojadas dentro del lugar en donde inició el fuego no se les abriera la puerta por ningún motivo”. De ese tamaño sería la responsabilidad. Y qué me dice del Comisionado Francisco Garduño, amigo cercano de López Obrador, quien antes de llegar al INM se encargaba de la red de cárceles y de los programas de reinserción en el país, de quien muchos, desde luego, piden ya su renuncia; cosa que apostamos no ocurrirá.

Además, no olvidemos que la Guardia Nacional, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, es la encargada de la contención y persecución de migrantes sin papeles. Por lo que es fácil concluir que la militarización de la política migratoria, en contra de lo que dice el presidente de México, de humanista tiene ya muy poco.

El INM tiene una larga historia de abusos hacia los migrantes en México y la rendición de cuentas por esos abusos ha sido exigua y desde luego que podría haber evitado esta tragedia.

Son muchas las historias que vinculan al INM, a agentes migratorios, con el secuestro de centroamericanos y connacionales para entregarlos a bandas de narcotraficantes; imputaciones que se han hecho en diligencias ministeriales y donde ha quedado acreditada la complicidad de agentes en el hecho y en mandos del Instituto Nacional de Migración. De acuerdo a diversas investigaciones periodísticas las complicidades van desde la tramitación de documentos apócrifos del INM, hasta la simulación de operativos oficiales en los que autoridades de ese instituto aseguran a migrantes y los entregan a las bandas delictivas, cobrando cuotas de miles de pesos por cada uno.

Recordemos que cuando ocurrió la tragedia de San Fernando, Tamaulipas, con la desaparición, asesinato e inhumación en fosas clandestinas de decenas de migrantes hace más de diez años, la prensa consignó que existían pagos a funcionarios del INM que apoyan a bandas del crimen organizado en Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Tamaulipas. Los ceses entonces de los delegados de migración en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Estado de México, San Luis Potosí y Quintana Roo, evidenció la magnitud del problema. Ello en tiempos de Calderón y por lo visto, en plena regeneración de la vida pública, como se argumenta, la cosa poco, muy poco, ha cambiado.

Desde hace años se ofreció sanear esa instancia gubernamental y con la llegada del gobierno de la Cuarta Transformación la promesa no se hizo esperar. Pero todo quedó, como muchas ofertas transformadoras, solo en el discurso.

Además, el ofrecimiento hecho por el presidente de México recién tomó posesión del cargo de que en nuestro país se darían permisos de trabajo para todos los migrantes que lo solicitaran, disparó obviamente las olas migratorias. Pero a estas buenas intenciones se le atravesaron las exigencias del gobierno de Trump de frenarlas y el calvario de los migrantes no hizo sino aumentar. Las múltiples vejaciones que sufren al ingresar a territorio mexicano y que quedan impunes están a la vista de todos.

La situación de violencia y maltrato hacia los indocumentados es la constante.

Por todo ello, no podemos voltear la vista hacia otro lado ante el terrible fin de 39 migrantes calcinados en un centro de detención en Ciudad Juárez.

No podemos inscribir lo que sucedió en el guion de la polarización, de que es cosa de los adversarios que quieren lucrar con la tragedia, o del amarillismo de los medios que ahora sí se preocupan por los derechos humanos.

No es tolerable que se politice este drama para ver a quién beneficia o perjudica de los aspirantes de Morena a la presidencia o que la insensibilidad campee entre funcionarios de gobierno o seguidores acríticos del primer mandatario.

Que no se instale de manera definitiva la banalización del mal entre nosotros en aras de sacar ventajas políticas o partidistas.

Hacer como que no pasa nada o seguir nadando de a muertito nos condena. Porque los muertos, las víctimas de las autoridades, de las bandas criminales que controlan amplias zonas y territorios del país, y sobre todo de una fallida y penosa política migratoria, son verdaderos y se siguen acumulando

Todos somos migrantes.

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El periodismo existe porque alguien tiene que relatar los sucesos que marcan el día a día de cualquier sociedad. Y ello ha ocurrido desde tiempos inmemoriales. El relato de lo cotidiano, la crónica de los hechos que hacen la historia inmediata y, desde luego, el socializar el conocimiento de los que pasa en una comunidad, de sus problemas y demandas, y sobre todo de lo que hacen quienes la dirigen o tienen la representación popular; todo ello es lo que ha moldeado el ejercicio de esta actividad necesaria y fundamental para el escrutinio de las acciones de los personajes públicos y de los gobiernos. 

Y ello, dado el acelerado proceso de modernización de las sociedades que se definen como democráticas, es uno de los temas nodales en la agenda pública. Sin el periodismo libre, crítico y que toma distancia del poder no se hace efectiva la función social de esta actividad, que es el mostrar los resultados y andanzas de quienes ejercen el poder, función que se supondría entienden, impulsan y auspician quienes tienen una visión y vocación progresista. 

No obstante, como todos sabemos, en los años recientes el debate público en México está enrarecido y altamente polarizado donde en la visión maniquea del grupo gobernante no se admiten matices y se supone que su visión y narrativa es la única válida para entender el pasado inmediato, lo que acontece hoy y la visión de futuro que domina sus afanes. Solo que en esta forma de entender el ejercicio del poder se deroga a quien no comparte el discurso oficial y no forma parte del coro de los aduladores que cantan las glorias de los nuevos tiempos, se lanzan anatemas en contra de los periodistas que no se suman a la versión del gobernante en turno, y en un entorno de violencia sin control, de fanatismos de los bandos en pugna, ello hace más peligrosa esa forma de clasificar a los comunicadores dada la circunstancia de riesgo en que se ejerce la actividad, habida cuenta la impunidad reinante y la inseguridad desbordada que vivimos. 

Es entendible que quien ejerce el poder sea refractario a la crítica, reacio a atender lo que se le señala o reconocer errores, es lógico que ello le incomode y quiera alejar a los críticos y formar su corte de comunicadores y medios a modo. Para ello han contado con el presupuesto público y así lo han hecho gobierno tras gobierno en México, desde tiempos del porfirismo, pasando por los gobiernos   posrevolucionarios de la primera mitad del siglo XX, hasta los gobiernos neoliberales que hicieron y deshicieron para controlar a la prensa. De ahí los columnistas y opinadores al servicio de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, esos que usted ubica y que desfilan cotidianamente en las mañaneras del presidente López Obrador, donde el mandatario exhibe cada que puede el monto de recursos que recibieron del presupuesto público vía convenios publicitarios y que muestra que efectivamente se beneficiaron muchísimo con su cercanía con esos mandatarios.  

No obstante, es un hecho cierto que el gobierno de la Cuarta Transformación tiene desde luego a sus medios y opinadores a modo y podemos ver, por ejemplo, a los periodistas afines a la 4T y medios digitales que son atendidos con prontitud en las conferencias mañaneras, como el influencer o lo que sea, conocido como Lord Molécula, o al diario la Jornada y su equipo de columnistas, caricaturistas y su línea editorial absolutamente sesgada, sin crítica alguna al gobierno lopezobradorista y convertida en un medio panfletario, para oprobio del notable papel que jugó en el impulso a la transición democrática en el país, o los elevadísimos montos de publicidad que se destinan a TV Azteca y Televisa, por citar algunos casos. El caso es que de esos medios y comunicadores no se ventilan sus ingresos o lo que se les paga. Pero de que están en el mismo tenor de lo que a diario se critica a los otros, nadie debería dudarlo. Lo que ocurre igual con medios estatales, donde basta revisar la información que se publica para ubicar a medios y columnistas en idéntica situación y que definitivamente decidieron no viven en el error. 

Por todo ello, el reducir toda crítica al presunto alineamiento del reportero o columnista con intereses políticos, a burdos apetitos monetarios o a formar parte de conjuras contra la Cuarta Transformación, en la lógica del presidente de México y los gobernantes de Morena a nivel estatal o municipal, en nada abona a la convivencia democrática y es revelador del mal del que adolecen todos los poderosos: el olvidar que el poder es transitorio, que el poder termina pero el recuerdo perdura, dicho en términos juaristas.  

Y el recuerdo de sus dichos y sus hechos, la crónica de los juicios que se hacen y que se harán sobre sus gobiernos lo han registrado y seguirán haciéndolo los medios y periodistas. Por la simple y sencilla razón de que, nos guste o no, compartamos o no sus estilos o su línea editorial, los medios permanecen y los políticos siempre son transitorios y muchos de ellos terminan siendo desechables. 

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Cada Día Internacional de la Mujer abundan los análisis y reflexiones sobre los avances logrados en México y el mundo para garantizar el acceso a una vida libre de violencia hacia las mujeres y continuar el impulso de las acciones legales e institucionales que hagan falta para lograr la igualdad de oportunidades para ellas en todos los ámbitos. De igual manera son ya costumbre las marchas y expresiones públicas de colectivos, organizaciones y de mujeres de todos los estratos sociales y grupos de edad que reivindican sus luchas y que exhiben su sororidad, así como su compromiso indeclinable con la causa; Marchas y movilizaciones, algunas de ellas no exentas de violencia de activistas que llevan al extremo sus demandas, que son parte del paisaje en esta efeméride. 

De lo que se trata en todo caso en este día de conmemoración es de reforzar un conjunto de ideas y propósitos que deben marcar el día a día de las relaciones sociales, de nuestra cotidianeidad, lo mismo en la casa que en los espacios públicos: abrazar la causa de las mujeres y sus reivindicaciones individuales y colectivas para hacer de la equidad e igualdad de género una realidad en nuestras sociedades. 

Debe reconocerse que la lucha que han dado las mujeres en el ámbito público y privado para hacer oír su voz y conquistar espacios, y que les ha costado sangre, sudor y lágrimas, ha sido importantísima y ha permitido una cosecha de avances y cambios legales y políticos impensables hasta hace unas décadas. El feminismo como corriente transformadora ha tenido sin duda grandes éxitos. 

No obstante, el camino para seguir avanzando es arduo y precisa de grandes cambios en la visión masculina del significado y objetivos de esta lucha y de superar prejuicios y ataduras mentales de los hombres. 

¿Por qué nos cuesta tanto trabajo hacerlo? 

Se ha dicho que las resistencias que obstaculizan la construcción social de la equidad de género como principio organizador de la democracia obedecen a varios factores, entre ellos, la inercia de sistemas de valores y de conocimiento construidos por y para los hombres, el rechazo del personal masculino a la competencia femenina en sus espacios públicos y privados, y, en gran medida, la resistencia de los hombres a aceptar que la irrupción de la  mujer en la vida pública cuestiona en buena medida los contenidos atribuidos a la masculinidad y las prácticas sociales que se le asocian: el poder del jefe de familia, la fortaleza, inteligencia, audacia y sagacidad del hombre, el espíritu de competencia, entre muchos etcéteras que sería prolijo referir. 

Al ser una cuestión fundamentalmente cultural, la búsqueda de la equidad de género choca con las visiones y prejuicios de los sectores dominantes, de los grupos de poder y con nuestras propias ataduras mentales. Véase si no, por citar algunos ejemplos, cómo los medios de comunicación y la Iglesia en sus mensajes y discursos reproducen invariablemente los estereotipos de desigualdad contra la mujer. Sea la utilización de ellas como objetos sexuales y decorativos o los llamados a rechazar su libre determinación reproductiva. Las mujeres, según estos cánones, además de incorporarse al mercado laboral, deben hacerse cargo del hogar y del cuidado de los hijos, vestidas a la moda y embellecidas para sus parejas, para cumplir con lo que pareciera su «obligación biológica». 

Mientras, los datos duros y la estadística nos muestran la cotidianeidad de la violencia contra las mujeres, ya sea física, sicológica o emocional, o la abundancia de casos de violencia política en razón de género, datos que arrojan cifras alarmantes y que encuentran su corolario en el alarmante número de feminicidios que se contabilizan. 

Vivimos, pues, en una sociedad en la que sin mayor preocupación los hombres se creen con la potestad de acceder sexualmente a las mujeres, en el ámbito privado o en el espacio público, puesto que es una expectativa social normativa el reafirmar de esa forma nuestra masculinidad, con los consabidos resultados de abuso, violencia y dominación que conlleva esa arraigada visión del rol que debemos jugar. 

El reto que enfrentamos para lograr la equidad de género en nuestra sociedad es por tanto enorme. Se requieren grandes transformaciones culturales que no limiten nunca más el papel de la mujer en las esferas social, económica, política y familiar. 

Hoy, es claro que ninguna sociedad puede considerarse genuinamente plena, si no respeta el compromiso de la inclusión plena de la mujer en todos los aspectos de la vida nacional. 

La lucha política de las mujeres es una lucha cotidiana, que exige de las instituciones públicas, los partidos políticos y de todas las organizaciones y sectores, un gran compromiso para contribuir a hacer realidad los cambios legales de los años recientes que posibiliten construir una nueva dinámica de relaciones sociales y culturales.  

No basta sólo con la creación de instituciones u organismos públicos para las mujeres, con crear unidades de género en las dependencias públicas, con mandar mensajes de felicitación en las redes sociales o poner moñitos naranjas cada día 25 de mes para tomarse fotos alusivas al Día de la No Violencia contra las Mujeres, ni con presumir equidad en un gobierno y ser “políticamente correctos” al celebrar que haya un elevado número de funcionarias en los gobiernos, cuando las más de las veces estas mujeres empoderadas terminan por reproducir la desigualdad con sus congéneres o sujetarse a agendas político-partidistas que muchas veces poco o nada tienen que ver con la causa de las mujeres. 

Como no ayudan tampoco los radicalismos ni las discusiones bizantinas sobre el “lenguaje inclusivo y no sexista” que riñe con la gramática y la sintaxis, ni los discursos falaces y agresivos sobre la causa feminista, por más radicales que sean, como se va a transitar más rápido en este sinuoso camino. 

Comprometerse en la lucha por la equidad de género es tarea de hombres y mujeres. Sin visiones sectarias, erradicando intolerancias y dejando a un lado los prejuicios. 

Hacerlo así, con la suma de voluntades para cambiar los roles que nos atan será posible superar los estereotipos, suprimir cualquier acto discriminatorio, prevenir y castigar la violencia feminicida, cerrar el paso al acoso sexual y el abuso de poder, redistribuir equitativamente las actividades entre los sexos en los ámbitos público y privado, y valorar con justicia los distintos trabajos que realizan hombres y mujeres. 

Se trata, lo sabemos, en pugnar juntos para modificar las estructuras sociales, los mecanismos, reglas, prácticas y valores que reproducen la desigualdad. Lo que se requiere es, sin más, fortalecer el poder de gestión y decisión de las mujeres, porque debemos tener claro que la igualdad de género es un factor esencial para la modernidad de nuestra sociedad y para consolidar su desarrollo democrático. 

Es una causa que, más allá de discursos, debemos abrazar todas y todos. 

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Los días que corren son intensos por la cantidad y hondura de los temas que ocupan la arena pública. Desde el enorme y ríspido debate en torno a las reformas electorales realizadas en lo que se conoce como el famoso Plan B y lo que en su caso resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad o no de lo aprobado por los senadores; la pertinencia de participar o no en la marcha de este domingo 26 en la que todos los opositores al presidente López Obrador cierran filas en la supuesta “defensa del voto” y el rechazo a las reformas señaladas; o las implicaciones y debates entre partidos y partidarios luego del veredicto del jurado que declaró culpable de los cargos por narcotráfico y protección a grupos del crimen organizado  a Genaro García Luna, ex secretario de seguridad del gobierno federal y cercanísimo al ex presidente Felipe Calderón, tema que le pega duro y a la cabeza al PAN, son asuntos de interés general de los que todo el mundo habla.

Son cuestiones de las que se opina muchas veces sin tener mayores elementos de información, sin conocer con precisión los contenidos de iniciativas de reforma, el trasfondo de asuntos graves y que requieren reflexión y ponderación en el juicio, como el debate en materia electoral, por citar un ejemplo.

Es claro que la vida democrática exige reflexión, espíritu crítico, juicio. Somos consumidores de información y en un mundo interdependiente y con un nivel tecnológico impresionante como el que habitamos, nunca podremos consumir tantas noticias como se producen. Si dedicáramos la vida entera a informarnos, ésta no nos alcanzaría para estar realmente informados.

Sin embargo, lo que conocemos por los medios o a través de las redes sociales, ese nuevo y portentoso vehículo de información o de socialización de temas aparentemente de interés general ¿Es lo trascendente, lo que nos brinda verdaderos elementos de juicio? ¿Existe objetividad en lo que se difunde? ¿La información está desprovista de intereses de poder y por ende de manipulación? ¿Es real o cuenta con un mínimo de veracidad lo que se lee y comparte en redes y lo que masivamente vía los teléfonos inteligentes se divulga?

Información es poder hemos escuchado muchas veces y esta frase encierra un hecho contundente: la especulación con la información y su utilización para influir en las decisiones ha hecho de ello un componente indisociable del poder y de la capacidad de control. De ahí que los medios de comunicación tengan un peso tan importante en la formación de la opinión pública. Sin embargo, de ser originalmente un contrapoder hoy los medios se han transformado en un verdadero poder y nuestra democracia cada día se transforma más rápidamente en una mediocracia.

La democratización de la información característica de la multiplicación de canales de información con que cuenta el ciudadano en la actualidad en lugar de procurar una mayor racionalización y un saber más confiable y amplio ha sido la puerta de entrada de la demagogia y la banalización de la opinión pública en cuanto a percepciones y argumentos sobre los asuntos de interés colectivo.

Los medios y las redes sociales son los espacios en los que se decide lo que existe o no en el mundo contemporáneo.

Nuestro conocimiento de lo que acontece diariamente se limita al sentido de la experiencia personal, a saber, o atestiguar aquello que pasa ante nuestros ojos como testigos o protagonistas, es decir, lo que vivimos. Lo demás, lo que ocurre más allá de nuestra calle, de nuestro trabajo o de los lugares que visitamos, lo sabemos o creemos saber a través de los medios o por las redes sociales. Son ellos quienes nos muestran al mundo. ¿Pero lo que nos informan es real, es lo realmente relevante o pasan otras cosas que nos ocultan?

Ese es el quid de la cuestión. Los medios y las redes nos informan o nos desinforman y lo hacen atendiendo a intereses específicos. No se limitan a mostrarnos la “realidad” tal cual es para que el ciudadano la comprenda y cuente con un saber mínimo de su mundo y su tiempo, sino que nos dan ya esas interpretaciones en el contexto de la propia información, sea con intención o por omisión.

Además, ¿cuál es el criterio de selección de lo que vale la pena ser informado? ¿Realmente se destaca lo noticioso o se da más peso a lo espectacular? En este punto valen las distinciones sobre la subinformación y desinformación, que van de la reducción en exceso hasta el falseamiento de hechos y la franca manipulación del auditorio.

Es este punto el que entraña los más graves peligros para las democracias, puesto que la “fabricación” de una opinión pública al gusto del cliente, llámese un medio, cadena televisiva o un gobierno o quien lo encabeza y que utiliza a esos medios y a las redes sociales, es una realidad.

Se imponen temas y narrativas, se arman escándalos, se crucifica al adversario, al político caído en desgracia o al enemigo potencial, igual que marean al repetir hasta la saciedad la propia visión. Todo lo cual nos lleva a concluir que la formación de opinión pública contiene múltiples taras y convenientes sesgos que en muy poco ayudan a ese espíritu crítico y reflexivo que define al ejercicio de la ciudadanía.

En esa auténtica Torre de Babel, lo más grave es que con el bajísimo nivel cultural y educativo que tenemos la ciudadanía concurre a las elecciones, a un referéndum o plebiscito sobre asuntos de interés general, es consultada en los sondeos de opinión, o se le invita a utilizar los mecanismos legales de acceso a la información pública. Y ya sabemos lo que sucede.

Los resultados de todas estas formas de participación ciudadana son fácilmente predecibles y legitiman decisiones estatales que con base en la manipulación perpetúan el estado de cosas. Nada más desalentador y alejado del ideal democrático.

Donde no hay libertad de expresión ni derecho a la información no hay democracia. Donde el debate público es muy pobre o inexistente la democracia no puede consolidarse.

Una sociedad democrática es necesariamente, una comunidad informada. Ese es un asunto nodal en la agenda pública, el que precisa de la responsabilidad y compromiso de los propios medios, del poder público y del ciudadano que utiliza las plataformas digitales para informar e informarse.

Un poder más y mejor vigilado, un ciudadano atento y al día, que racionalice el cúmulo de información que recibe, deben ser y son ayudas potentísimas para la democratización de la sociedad y de su instrumento, el Estado.

No puede haber una genuina deliberación de los temas que nos atañen como sociedad sin una ciudadanía demandante, crítica e informada.

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“Servirse de un cargo público para enriquecimiento personal  

resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable” 

Marco Tulio Cicerón 

Desde el origen de las formas de gobierno en la antigüedad y en la propia modernidad la corrupción se consideró una transgresión al fin primigenio de la autoridad: procurar el bien común y garantizar que las relaciones sociales y la vinculación entre gobernantes y gobernados transiten en el marco de la ley. 

Bajo esa lógica ha quedado claro a lo largo de los siglos que cuando una persona que desempeña una actividad relacionada con el manejo o asignación de recursos públicos usa su posición o autoridad para obtener beneficios privados, acumular poder y usarlo con visión patrimonialista desnaturaliza el sentido del servicio público.  

De ahí que tratar de entender el fenómeno de la corrupción implica adentrarse en la reflexión sobre este pernicioso fenómeno desde un abanico de temas que van de los sistemas políticos y la estructura institucional, al ejercicio del poder y al grado de consolidación democrática de un país, hasta cuestiones del diseño constitucional y a la legalidad y legitimidad de un gobierno.  

Es, como puede verse, un tema con varias puertas de entrada, a cuál más complejas, pero que invitan a traspasarlas si el objetivo es tener las claves que ayudarán a entender su naturaleza, su impacto en el cuerpo social y en el desarrollo democrático de un país. 

Pero no debemos perder de vista otra dimensión del problema que tiene que ver con el accionar del propio individuo como integrante de una colectividad, que puede actuar con base en valores éticos o no. Ahí es donde entran en juego las escalas de valores o antivalores que moldean los comportamientos de las personas en todas las épocas, y que en sociedades como la actual, en la que el éxito, la satisfacción personal y la autoafirmación como individuo se fundan en la posesión de bienes materiales, se crea el perfecto hábitat para que se naturalice la apropiación de todo bien, público o privado, para satisfacer esa imperiosa necesidad de auto aceptación en el mundo aspiracionista en que vivimos, donde el dilema de ser corrupto o no pasa a segundo plano, o ni siquiera se repara ya en ello. La ética individual se obvia en aras de sobresalir o satisfacer una escala de antivalores que condiciona las relaciones sociales. 

Por ello, en aquellas culturas en las cuales la corrupción es vista como algo normal o inevitable es en el contexto en el que su combate resulta siempre más difícil. Si las percepciones sociales son funcionales a la corrupción, sentar las bases para impulsar una cultura de la legalidad se convierte en un tema de lo más complejo. Y ese, lamentablemente, es el caso de México. 

En los años recientes se han realizado diversos acercamientos al fenómeno desde diversas perspectivas en las ciencias sociales: desde la óptica de la ciencia política, la sociología y el análisis económico. En la visión política clásica se pone invariablemente el acento en el análisis del poder y de los sistemas políticos, en el análisis sociológico se pasa revista a los factores culturales, religiosos y morales que conlleva y en el abordaje económico se le revisa en cuanto a su impacto en la eficiencia de los sistemas y en el crecimiento y desarrollo económicos.  

No obstante, dada la complejidad del problema la mejor forma de acercarse a él es a través de una reflexión de la lógica intrínseca del fenómeno, del marco conceptual que conlleva, hasta la consideración sobre sus consecuencias más prácticas y su expresión en casos concretos y cercanos a nosotros, como son los periodos gubernamentales de los presidentes Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa, o las administraciones de los gobernadores Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, periodos en los que la corrupción en la entidad alcanzó cotas que no habían sido vistas, especialmente en el periodo 2010-2016, cuando el saqueo y la corrupción fueron escandalosos y llevarían a la postre a Duarte de Ochoa a prisión.  

Y el tema no acaba ahí evidentemente, pues los casos documentados en el presente de presuntos actos de corrupción y desvío de recursos, de uso de prestanombres y empresas fantasmas, de nulo control del uso de los recursos públicos, entre un largo etcétera, nos recuerdan que el combate eficaz del fenómeno de la corrupción, amén de estar vinculado a las condiciones estructurales en los aparatos gubernamentales que la hacen posible, precisa detenerse también para explicarla y diseñar instrumentos realmente eficaces para combatirla y sancionarla, en tener claro que son los intereses político partidistas los que la explican, más allá de discursos y proclamas, y que se inscriben en la eterna lucha por acceder, preservar y utilizar el poder en beneficio de proyectos personales, de partido y de grupo. En esa visión, donde el interés general pasa a segundo plano, no hay grupos políticos distintos ni nada nuevo bajo el sol. Esa es nuestra realidad y el punto de partida de nuestro eterno retorno. 

Es opinión común que el poder corrompe, que quien lo ejerce termina por abdicar de principios éticos y ver solo para su causa. Cambiar los referentes de nuestro actuar como ciudadanos o como servidores públicos, llenarlos de contenidos éticos, es justamente la base para transformar en verdad y de fondo el estado de cosas. Porque, verdad de Perogrullo, la corrupción puede evitarse si y solo si la dejamos de hacer rentable y para ello no hay más remedio que prevenirla, denunciarla y castigarla. 

De ahí que sea fundamental construir una ciudadanía que abrace los valores éticos y que, de manera informada, participativa, activa y vigilante denuncie y no tolere más este pernicioso fenómeno. 

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