Artículo de fondo

Por Héctor Yunes Landa

Ha pasado más de una semana desde que “la casualidad” llevó a distintas instituciones de seguridad pública al hallazgo de decenas de cuerpos mutilados y almacenados en refrigeradores en la ciudad de Poza Rica. Hasta la fecha, la Fiscalía del Estado no ha sido capaz de determinar el número de víctimas y su identidad.

Sin embargo, a raíz de la decisión tampoco aclarada de llevar los restos hasta el forense en la ciudad de Nogales, este municipio se volvió el epicentro de la violencia en el estado, registrándose nuevos eventos criminales donde una cabeza humana fue colgada sobre un puente y varios cuerpos arrojados a la autopista federal Puebla-Orizaba.

En medio de este baño de sangre, la semana pasada fue encontrado un cadáver dentro de una bolsa de plástico color azul, en Coatepec. Hasta el fin de semana, la víctima tampoco había sido identificada.

El horror es inimaginable, pero no es algo nuevo. En los primeros cuatro meses de 2023 en Veracruz se cometieron 11 masacres, es decir, eventos violentos que implicaron tres víctimas o más. En el mismo período se contabilizaron al menos 716 víctimas mortales, 20 feminicidios, 12 casos de tortura y tres asesinatos de actores públicos.

Como lo hemos señalado en este espacio, documentos de la propia Sedena confirman que el 70% por ciento del territorio veracruzano está ocupado por la delincuencia organizada.

Veracruz está viviendo una verdadera barbarie de violencia criminal y política. Agosto podría ser el mes más violento en el estado durante los gobiernos de López Obrador y Cuitláhuac García.

Por desgracia, ambos personajes rechazan por igual, con absoluto cinismo, su responsabilidad en la descomposición social por la violencia y la delincuencia. Cuando estamos por entrar al sexto y último año de administración, mantienen la excusa de no haber podido resolver la “herencia” de las administraciones previas.

Ello contrasta con la violencia ejercida en contra de actores políticos y dirigentes de corrientes contrarias al morenismo veracruzano. En la misma semana que la violencia criminal abraza buena parte del estado, el gobierno ha reforzado su persecución política y de injusticia en contra de sus adversarios.

El viernes pasado, el mismo día que un juez federal decretó el cambio de medida cautelar en favor de Rogelio Franco para que continúe su proceso en prisión domiciliaria, se registraron una serie de eventos que muestran en autoritarismo de un gobierno que se olvidó de la violencia criminal para enfocarse en perseguir a sus antagonistas.

Tras la rabia que provocó al gobernador del estado la liberación de Rogelio Franco, mandó a detener al exsenador perredista Arturo Herviz –libre casi de inmediato-, fue interceptado Federico Salomón, dirigente estatal del PAN, en pleno centro de Xalapa.

Y terminó la semana con broche de cobre en contra de Manuel Velasco, aspirante a la Presidencia por el PVEM, a quien policías de Veracruz lo retuvieron y lo encañonaron en su recorrido por el estado. Cuando la perra es brava, hasta a los de casa muerde.

En este escenario, Veracruz corre el riesgo de vivir la elección más violenta de su historia. ¡No lo podemos permitir!

La puntita

En la mayor parte de los estados del país, los jueces están concediendo la prisión preventiva justificada para mantener en prisión a presuntos criminales de alta peligrosidad. Si en Veracruz no sucede lo mismo, es simplemente porque la Fiscalía no sabe hacer su trabajo.

Hoy lunes 31 de julio de 2023 es el último día del segundo período ordinario de sesiones del Congreso local, fecha en la que vence el tiempo establecido por la ley para hacer cualquier reforma a aplicar en el proceso electoral que habrá de dar inicio en 90 días y con ello, se perdió la posibilidad de que fuera armonizada en la legislación estatal la 3 de 3 contra la violencia.
Esta reforma fue aprobada por el Senado el miércoles 24 de mayo y cuya minuta fue ratificada por los Congresos estatales –el de Veracruz incluido– permitiéndole ser declarada válida, entrando en vigor a partir del 30 de mayo pasado, un día después de que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Es sin duda la más importante legislación lograda en materia de ética pública en este período legislativo federal para prevenir la violencia contra las mujeres, que tiene al país con cifras alarmantes en toda la geografía nacional. Con la reforma al párrafo segundo del apartado A del Artículo 102 y la adición de una fracción VII al Artículo 38 de la Constitución, se logra establecer que las personas que estén prófugas de la justicia; que hayan sido o estén sentenciados por haber ejercido delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, contra el normal desarrollo psicosexual, o que hayan ejercido violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual o por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos; y quienes hayan sido declarados como deudores de pensión alimenticia, no puedan ser registradas como candidatas a cualquier cargo de elección popular, ni obtener cargos en el servicio público.
Una reforma Constitucional como ésta requería –por procedimiento legislativo– ser armonizada en los Congresos estatales en los 180 días contados a partir del 30 de mayo, plazo que vence hoy sin que el Congreso veracruzano hiciera las reformas requeridas.
Es un hecho que avergüenza y que no extraña.
El segundo Congreso paritario en la historia del estado no tiene una sola iniciativa aprobada en favor de las mujeres veracruzanas. En realidad, no han aprobado nada de nadie: ni de la oposición, ni de su propia bancada, cuya sobrerrepresentación sirve para muy poco, porque éste es un Poder Legislativo de un solo hombre, que durante cinco años consecutivos ha ejercido en forma unilateral el control al interior de un Poder omiso y misógino, como lo demuestra claramente la no aprobación de normas necesarias como la Ley Monse, la Ley del acoso callejero, la de la Violencia Vicaria y tantas otras que siguen durmiendo el sueño de los justos en los cajones de escritorios de legisladores y legisladoras que, eso sí, se afanan por pedir el voto de quienes hoy claramente han defraudado.
En materia electoral, vamos a ir al proceso más importante en la historia de este país y como quedó pendiente desde la Legislatura pasada, Veracruz no armonizó la violencia política en las leyes locales y ahora, no lo hizo tampoco con la 3 de 3.
Queda clara la protección que este Legislativo brinda a los violentadores, a los acosadores y a los deudores de pensión alimenticia que el partido al que pertenecen pretende que veamos en las boletas. A menos que haya otras instancias, verdaderamente comprometidas con la Constitución y con el combate real a la violencia contra las mujeres, que sí actúen con responsabilidad y ética por éstas tan graves omisiones.

De acuerdo a diversas investigaciones de varios periodistas, coinciden que Roberto Madrazo Pintado sí está financiando al portal Latinus, a través de nueve empresas farmacéuticas que tiene el político priista en sociedad con su hijo y su yerno Alexis Nikki.

Sus principales clientes han sido gobiernos prianistas que se han prestado a alterar de manera inescrupulosa los precios de los productos. Por ejemplo, el Paracetamol, que tiene un precio de 50 pesos, lo vende a 700 pesos, obteniendo ganancias exorbitantes a costa del erario público; en detrimento de la salud de los más pobres.

Pero no solo eran las medicinas, también vendía a los gobiernos equipo médico cuyas especificaciones no correspondían a las estipuladas en el contrato. Incluso, su corrupta actitud, lo llevó a vender diversos equipos usados como si fueran nuevos.

Las ganancias que obtenía Madrazo Pintado y su parentela, debido a su falta de ética y descomunal ambición, eran muy altas.

El gobierno compraba aproximadamente 100 mil millones de pesos en medicamentos y equipos; las empresas de los Madrazo facturaban alrededor de 40 mil millones de pesos. Parte de estas utilidades se han destinado para el financiamiento del portal Latinus cuyo beneficiario directo es Carlos Loret de Mola.

Van los datos.

El ex gobernador de Michoacán Silvano Aureoles, destinó más de 4,500 millones de pesos a contratos que financian la plataforma Latinus. Una investigación de la Auditoría Superior de la Federación revela que el gobierno de Michoacán utilizó dinero del INSABI para contratar a esas compañías.

Se descubrió que facturaron unos 500 millones de pesos con otros diez estados.

Los flujos millonarios de esas nueve empresas al proyecto del portal Latinus iniciaron en 2018.

El periodista Álvaro Delgado reveló que los financiadores de la página que encabeza Loret de Mola y Brozo, son Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, hijo y yerno de Roberto Madrazo. Los recursos provienen de las empresas BCG Limited Consulting, SA de CV; Digital Beacon Programatic Services, SA de CV; Hova Healt, SA de CV; y Samedic, SA de CV.

Roberto Madrazo no ha podido superar la frustración que le provocó haber perdido la elección para presidente de la República; razón por la cuál sus odios contra su paisano que sí está ocupando el cargo de presidente de la República.

Una cosa es el desdén institucional para no comprometerse con la agenda de las mujeres, y otra, el claro desprecio que en solo cuatro años y medio se ha convertido en misoginia de Estado. En Veracruz gobernó ininterrumpidamente el PRI hasta 2016, cuando con un bienio se tuvo al frente del Poder Ejecutivo estatal a un gobierno emanado de un partido de filiación distinta y, desde 2018, una aparente izquierda hizo su arribo al gobierno.

Desde entonces, el debilitamiento institucional, la falta de políticas públicas en la materia y la ausencia de acciones específicas para atender la agenda de las mujeres ha ido de mal en peor.

Hace 17 años se creó el Instituto Veracruzano de las Mujeres luego de un profundo proceso de reforma impulsado desde el Legislativo y fortalecido por la participación activa de una sociedad civil constituida por mujeres que propusimos una agenda de trabajo, que acompañamos a su realización.

De esa dependencia que significaba un avance en materia de institucionalización de la perspectiva de género, hoy no queda nada. No tan solo se insiste con necedad absurda en no iniciar el proceso para emitir la convocatoria correspondiente para nombrar una directora, sino que el presupuesto con el que opera la dependencia es cada vez más reducido y sus acciones, menos incidentes.

Ni qué decir de la acción transversal en dependencias que lo que sí han hecho es convertirse en auténticas cuevas de acosadores que, pese al mandato de ley que obliga a aplicar el protocolo contra el acoso para poner fin a esas prácticas, los agresores están protegidos desde el más alto círculo del morenato veracruzano, por lo que siguen impunes.

Y qué se puede esperar, cuando es el propio mandatario el que un día sí y otro también emite declaraciones para agraviar opositores en general y mujeres en particular, perfil que comparte con su secretario de Gobierno, que hace malabares para no ser sancionado por violentador político. Y no porque verdaderamente le importe no ser reconocido como tal, sino porque ello pondría en riesgo sus aspiraciones de buscar un cargo de elección popular ahora que usurpa la identidad afrodescendiente en una entidad que se honra de su tercera raíz, rasgo cultural que no representa pese a su color de piel, con el que únicamente lucra y se victimiza.

Las mujeres no estamos seguras, lo sabemos. Y no me refiero solo a las que han sido víctimas de feminicidios, cifra que crece alarmante junto con otra más numerosa aún: la de las desaparecidas. Y mientras esa realidad nos golpea sin una sola acción contundente para frenarla, hoy además las periodistas, las activistas y en general las opositoras somos perseguidas por no acatar los mandatos patriarcales de estos personajes.

Todo México sigue aún sin dar crédito de la persecución emprendida desde el Poder Ejecutivo de una entidad en contra una integrante del Poder Judicial estatal. Y es que la persecución a la jueza Angélica Sánchez no es solo una coacción contra ella, sino también un ataque para doblegar a un Poder ante la complicidad de sus pares, que están sumándose a esta barbaridad creyendo ingenuamente que al obedecer esta inmundicia, recibirán protección y cobijo. ¿Qué parte del infierno no están viendo?

Nadie está a salvo y eso ya deberían saberlo. El servilismo lacayuno es en vano, pues ni les darán las gracias, ni quedarán impunes. Valdría más conservar la dignidad aplicando la ley, que no porque hoy la ignoren, será letra muerta para siempre.

Sí, sus acciones infunden miedo y hay quienes con el miedo callan.

Pero hay quienes no estamos dispuestas a vivir con miedo.

Feminista

Con la confirmación para un medio local en Jalisco, Adán Augusto que con una sonrisa dijo: “Como quieran quiero”, se inaugura la temporada de las corcholatas rodando en pleno, a la velocidad que les exige la encuesta interna.

 

La opinión del electorado está siendo selectiva. Si bien es cierto que las cuatro corcholatas tienen simpatizantes que se congregan para recibirlos y escuchar sus propuestas, a unos los sienten más cercanos que a otros de acuerdo a la visión que cada uno tiene del país. La gente los tiene en observación. Analiza la viabilidad de sus ofrecimientos y cómo piensan resolver las problemáticas nacionales, que no son pocas.

 

Los ciudadanos que tienen la oportunidad de escuchar, frente a frente, a los aspirantes, pueden percatarse quién tienen la solidez que se requiere para gobernar un país.

 

Adán Augusto López es muy cercano a López Obrador. Cercanía ganada por ser su paisano y acompañarlo desde sus inicios por el camino político. Adán está aplicando una fórmula que pareciera discordante. Está llevando a cabo reuniones con empresarios, con sectores de la clase media, y con habitantes de zonas marginadas. Y con todos se ha entendido bien. Quedan satisfechos por el conocimiento que tiene de la realidad nacional.

 

Adán Augusto se desenvuelve con más libertad y soltura que los otros.  Su presencia en cualquier lugar queda justificada por su nombramiento como secretario de Gobernación. La gente lo sabe.

 

Hay que destacar que la secretaría de la que es titular, tiene toda una estructura a nivel nacional que, sin lugar a dudas, estarían por convertirse, sino es que ya, en difusores para dar a conocer su nombre a fin de posicionarlo en el conocimiento de la gente. Cuenta a su favor el apoyo de los gobernadores y gobernadoras emanadas del partido en el poder.

 

Hay un dato que no está muy difundido y que puede ser un factor que le ayude: habla cuatro idiomas y tiene maestría en el extranjero.

 

Si la encuesta no le favoreciera, mostraría disciplina al partido MORENA, seguiría apoyando a su amigo el presidente y, probablemente, el mandatario le dé la responsabilidad de la operación electoral.

 

En Marcelo Ebrard destaca su carisma y la facilidad que tiene para desenvolverse sobre los escenarios políticos. En su rostro expresa seguridad y tranquilidad. Sin embargo, hay quienes aseguran que no ha mostrado una ideología que lo identifique con el partido con el que pretende ser postulado como candidato, en caso de ganar la encuesta.

 

Su cuidada imagen personal fortalece su carisma, pero lo coloca en un formato de acartonamiento.

 

De los cuatro, Marcelo es al que se le ve mirando más al extranjero que a la República. Sus funciones como Titular de las relaciones exteriores, ponen su mente en el exterior donde anda intentando defender los intereses de México. Razón por la cual, sus viajes al extranjero son frecuentes.

 

La gente está ansiosa por escuchar el discurso que utilizaría Marcelo si se reuniera con indígenas, por ejemplo, o con los habitantes de zonas marginadas.

 

Si a Marcelo no le favorecieran los resultados de la encuesta, sería impredecible su decisión. El hecho de no ser morenista puro no lo obliga a aceptar los resultados. Pudiera inconformarse, brincar a otro partido, o negociar alguna posición que favorezca su proyecto político personal.

 

En cuanto a Ricardo Monreal, trae a su favor la experiencia de haber gobernado un estado: Zacatecas. Posee habilidades para conducirse como legislador, ámbito en el cual se le reconoce como negociador parlamentario. Habla con cautela, cuida sus palabras, no se compromete con las decisiones fuertes. Procura que sus opiniones no provoquen molestias en el presidente de la República. Ha mostrado contradicciones como cuando dijo que si la selección interna de Morena era por encuesta no participaría. Después opinó lo contrario.

 

Debido a lo que ha trascendido y a la opinión de algunos líderes opositores, si Monreal con anticipación se entera por otras mediciones que la encuesta no le va a favorecer, podría tomar una salida lateral: aceptar ser postulado por partidos opositores.

 

Por lo que toca a Claudia Sheinbaum, por el momento las encuestas la colocan en los primeros lugares. La señora tiene positivos, pero también tiene negativos. Ambas cifras están casi

a la par. La razón es porque cuando se gobierna una entidad, por muy buen trabajo que se realice, hay un desgaste natural importante. Es el caso de Sheinbaum. La ciudad de México es tan grande como grandes son sus problemas.

 

La mejor campaña que podría realizar, sin la necesidad de salir a algún estado, es apostándole a un buen gobierno ya que la ciudad de México es una caja de resonancia mediática de alcances nacionales.

 

No se discute la cercanía con el que manda. Pero el presidente, por conveniencia de su proyecto, no se empeñaría en impulsar a quien no le garantice el triunfo a pesar de los afectos.

 

 

En el primer año de la actual administración, al término de un evento oficial un par de mujeres me abordaron. Había participado en una ponencia sobre la instrumentación del protocolo de acoso y hostigamiento sexual en instituciones gubernamentales –proceso que estaba impulsándose en todas las dependencias de gobierno federales, estatales y municipales, ante la urgente necesidad de erradicar esa tan común forma de violencia en los espacios laborales que quedó desnudada luego de que el #MeToo sacara a la luz estas deleznables prácticas– y lo que me dijeron me dejó fría: ambas venían padeciendo un infierno de violencia laboral y sexual en la dependencia de gobierno en la que laboraban de parte de un sujeto que se ufanaba de ser cercano al gobernador de Veracruz.

Me pidieron acompañarlas en su proceso “porque nadie más se atrevía” y pese a que en ese momento yo era funcionaria todavía, caminé con ellas largamente en un infierno que aún no termina, porque el sujeto –entonces secretario particular de la titular de la Sedema– sí resultó ser del círculo cercano del gobernador, de la hoy titular de la Secretaría del Trabajo y de su hermana Magistrada, instancia en la que esa pesadilla sigue estando entrampada.

El valor y la determinación de Yael y de Julieta han sido mayores a las muchas trabas interpuestas. Primero dentro de la dependencia en donde fueron revictimizadas. Y luego por parte de la justicia, que sigue protegiendo a este acosador.

Su caso no es aislado

Una breve revisión de los múltiples acosos que se han hecho públicos en esta administración estatal rebasa por completo los límites que podrían situarlos como “casos aislados” y permiten dimensionar el amplio alcance de un delito recurrente entre la clase política que hoy gobierna.

Hemos sabido en estos años transcurridos de casos muy sonados en la Secretaría de Gobierno, en la Secretaría de Educación, en Salud y recientemente se “voló la barda” la revelación pública de una presunta red de favores sexuales en la Secretaría de Seguridad Pública, misma que fue negada rápidamente, sin una investigación interna que sustente ese dicho.

La propia Contralora General del Estado reconoció durante su comparecencia en diciembre pasado que en los primeros tres años de gobierno hay un registro de hasta 200 casos de acoso y hasta el momento han sido cesados apenas una veintena de funcionarios públicos, cifra nada significativa de acuerdo con la magnitud de denuncias que les ha sido canalizada, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿y los otros más de 150 casos en los que no se ha procedido contra los responsables? Seguramente sus víctimas siguen conviviendo con ellos en el mismo espacio laboral en donde una y otra vez se les refrenda que el poder político protege a los acosadores.

La semana pasada, dos hechos ocurridos relacionados con este tema han encendido los semáforos en forma particular.

El primero, es relativo a la denuncia presentada por una ex trabajadora del Instituto Veracruzano de las Mujeres por acoso laboral y amenazas, hecho sumamente grave porque, ya de por sí, el IVM se ha convertido en el estandarte del desdén de este gobierno hacia las mujeres. No tan solo disminuyendo su actuar pese a la grave situación de violencia que viven las mujeres en la entidad, sino que ya lleva cuatro años y todo pinta que llegará a seis sin renovar los consejos Consultivo y Social y sin emitir –con base en la ley– la convocatoria que lleve a nombrar una Directora al frente de ésta, que es la institución que las veracruzanas impulsamos para ejecutar la política pública en materia de mujeres en esta entidad.

Y claro, si en el IVM se violenta a las mujeres, ¿qué se puede esperar en el resto de la administración pública estatal?

El segundo de los hechos que sienta un precedente significativo en esta materia es la revocación que hizo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la resolución adoptada por los órganos jurisdiccionales electorales del estado en relación con la violencia ejercida por parte del Secretario de Gobierno hacia una diputada local.

Hasta hoy los órganos electorales habían estado determinando que en el Derecho Parlamentario no había violencia política, pero esta resolución redimensiona ese hecho y establece que el Derecho Parlamentario solo aplica a quienes son representantes populares y por tanto, quienes desempeñan una función pública externa al Congreso no están exceptuados de cumplir la ley.

El impacto que las violencias institucionales generan de parte de quienes considerando que el poder que tienen les permite acosar laboral o sexualmente o bien, violentar a mujeres, es la esencia misma que las leyes en la materia y sus instrumentos normativos –como los protocolos– buscan proteger: que ningún agresor sienta que el poder le protege.

Si al interior de las dependencias no se actúa con contundencia para combatir todas las formas de violencia, ¿con qué congruencia pueden intentar disminuir las violencias que se generan en la sociedad que gobiernan?

El ejemplo debe primero ponerse en casa. Y en ese renglón, aquí están reprobados.

Si creíamos que con la paridad sería suficiente para garantizar nuestro acceso al poder político, ha sido claro que no es así.

Cada acción, decisión y omisión política que se ha llevado a cabo tanto a nivel federal como en las entidades federativas y municipales, así lo ha evidenciado.

Las mujeres son colocadas en posiciones de representación pero sin decisión política real y sin incidencia. Solo para el ornato, solo para la impostura.

Mujeres que les permiten a ellos –los señores del poder– llenarse la boca con el discurso de una inclusión que sirve solo para la foto, porque en la práctica, en el terreno mismo donde el poder se hace real, ni estamos incluidas ni somos consideradas.

El perverso juego de los “lores” tiene reglas muy claras para ellos, por eso las acciones que realizan los “grandes señores” son repetidas por los pequeños “príncipes”, quienes tratan de imitar la escena una y mil veces con gabinetes en apariencia paritarios, congresos mitad y mitad solo en la forma y posiciones entregadas a mujeres que, o bien reafirman el poder de aquellos que ahí las colocan, o que son utilizadas para guardar las formas en un tiempo en donde no ser paritario es ser incorrecto, política y legalmente hablando.

Pero las mujeres no mandamos y ésa es la cruel verdad. Seguimos dando las “gracias” a esos caballeros que “generosamente” confiaron en nosotras y que “nos dieron la oportunidad” de ocupar este encargo que hoy desempeñamos, pasando por alto que nadie nos ha regalado nada y que el cargo que estamos desempeñando lo vamos a trabajar con creces, para encima de todo tener que demostrar que tenemos la capacidad para llevarlo a cabo. Y eso es muy agotador.

En esa circunstancia, muchas de las que llegan acaban cediendo al embate del poder de los “lores” porque en cada ámbito, por minúsculo que sea, hay un señor que ejerce con profunda convicción el autoritarismo y lo hace valer con los recursos de los que dispone: limitando el presupuesto a ejercer, bloqueando las iniciativas, acosando, obligando, presionando y para ser muy precisas: violentando.

Éste es el punto al que quería llegar. A decir con absoluta convicción que a todas se nos violenta de una o de otra forma porque no importa si el cargo que desempeñamos es chico, mediano o grande: es un espacio que ellos creen que les pertenece y por tanto su objetivo es bloquear nuestro desempeño para hacer evidente que no nos merecemos estar ahí porque no tenemos capacidad para ejercerlo.

Y entonces, queridas amigas, caemos en la más perversa de las trampas patriarcales: no ser sororas.

Marcela Lagarde lo dice muy bien cuando afirma que ésta “es una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda de relaciones positivas y la alianza existencial y política, cuerpo a cuerpo, subjetividad a subjetividad con otras mujeres, para contribuir con acciones específicas a la eliminación social de todas formas de opresión y al apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y el empoderamiento vital de cada mujer”, señalando además que es una acción política pero también ética, que requiere correspondencia, congruencia y la profunda convicción de que la acción individual tendrá trascendencia para las posibilidades de acceso de otras que están también enfrentando las mismas restricciones para lograr sobrevivir en este mar de tiburones.

Por eso la sororidad es el acto político más revolucionario que podemos llevar a cabo. Pero la sororidad implica creer cuando alguien se llama violentado, implica no creer que tu violencia vivida es más grave que la violencia vivida por otra y desde luego que implica que no puedes pretender ser apoyada solo cuando a ti se te daña, si antes no has sido sorora con las otras.

Si bien a todas nos toca enfrentar las distintas violencias y cada una sabe cuáles tolera y cuáles no, lo cierto es que cada mujer tiene sus propias circunstancias que hacen que su camino tome giros distintos a los de otras, porque las condiciones en las que su trayecto se ha conducido son distintas para cada una.

Así que la sororidad es la única estrategia de sobrevivencia en un terreno minado para que caigamos en las bombas que hagan explotar nuestra osadía. Y cuando una mujer decide no serlo, además de que está actuando con las herramientas que el patriarcado dicta, se está aislando a sí misma de la posibilidad de constituir con otras una red que pueda servirle de apoyo cuando inevitablemente le llegue el momento de que el sistema le dé la espalda.

Que no nos quepa duda. A todas nos llegará el tiempo de que el sistema nos cobre la factura.

Es importante hacer esta reflexión en el cierre de un año políticamente muy fuerte: un año electoral, al que fuimos en condiciones de paridad, que incrementó la ya de por sí altas dosis de violencia política que desde siempre se han vivido pero que hoy, claramente, se recrudeció y cuya resultante significó en algunos casos sí una mayor posibilidad de acceso –que no de distribución del poder a ejercer–, y en otros no se tradujo en mayores espacios para las mujeres, como claramente sucede en el ámbito municipal en donde en este estado y a nivel  nacional hubo menos mujeres que obtuvieron el triunfo como presidentas municipales, abriendo un hueco en la base de la pirámide política que impide que se construya la representación positiva de liderazgos femeninos que transformen la visión de que las mujeres también gobernamos y lo hacemos bien.

El 2022 será de nuevo un año con elecciones en varias entidades, esta vez ya no acompañado de un proceso federal. Ojalá que para ir a ello hagamos las revisiones necesarias que coloquen en el centro del debate y el análisis nuestra forma de asumir el poder, de reproducirlo y de relacionarnos con otras políticamente. Porque si no transformamos de fondo a la política y a su praxis, seguiremos ondeando la bandera de la hipocresía con la cual se abraza una causa en apariencia, pero con la que no se es congruente.

Y ya no tenemos tiempo para la incongruencia. O estamos todas con todas de manera real, o que nadie se sorprenda de no recibir el respaldo que busca solo cuando le conviene.

Para ejercer el poder de a de veras necesitamos estar unidas realmente y no solo eso. Es indispensable que elevemos nuestra voz pública para fijar posturas contundentes que no dejen pasar ninguna violencia, por pequeña que ésta sea, pues ahí es en donde radica nuestra fortaleza y porque además – como hemos podido aprender – la violencia escala, así que ese pequeño acto que hoy se comete en contra de una, mañana será un acto que podría nokearnos.

Es momento de que entendamos que si seguimos simulando, sin ser realmente sororas, sin estar articuladas, sin estar estratégicamente unidas y quedándonos calladas, seguiremos siendo víctimas de la misoginia, sí. Pero también de nuestra propia ingenuidad. Y a veces, de la mezquindad.

En enero regresará la #AgendaDeLasMujeres. Toca ahora tiempo del autocuidado, de la paz mental, de los abrazos y de los afectos vitales. Esa también es una reivindicación política que nos hemos ganado a pulso.

 

@MonicaMendozaM

La frase “no entienden que no entienden” es una expresión que solemos usar las feministas cuando estamos frente a un ejemplo vivo de misoginia o de miopía patriarcal; de ésas que ameritan que nos miremos a los ojos sin necesidad de pronunciar palabra y elevemos las cejas ante la inmundicia que acabamos de constatar.
Ejemplos hay muchos. Refiramos algunos.
La paridad llegó para quedarse. En realidad, era inminente su aprobación y posterior puesta en vigor. Nadie puede llamarse sorprendido, porque el camino ha sido largo y hemos venido hilvanando el territorio con el sistema de cuotas que debió haberles dado una pista de que no seguirían siendo los únicos dueños de la cancha política.
Pero ya saben, la misoginia les hace creer que los cargos públicos tienen su nombre y entonces buscan todas las excusas para incumplir con lo inevitable. ¿Recuerdan lo absurdo de la oposición de la Jucopo en el Senado a que las candidaturas a la gubernatura fueran paritarias? o ¿el caso de los falsos “trans”, en que 18 hombres trataron de hacerse pasar por integrantes del colectivo LGBTI+ para ocupar candidaturas interseccionales en Tlaxcala?
A estas joyas medievales hay que añadir complementos como los increíblemente aún existentes foros en donde los “clubes de Toby” se reúnen para discutir asuntos públicos sin una sola mujer, con argumentos tan arcaicos como que “no hay mujeres para hablar de esos temas” o que “las mujeres se pelean y los hombres sí nos ponemos de acuerdo”.
Pues sí. El poder patriarcal sostiene pactos patriarcales y como las mujeres –no todas– ponemos en duda esos pactos, pues entonces impulsamos otra forma de liderazgo que cuesta trabajo construir. Pero que no quieran parecer ahora los más conciliadores del mundo, porque a la hora de arrebatarse el poder, los golpes bajos están al orden del día.
Así que las mujeres debemos estar presentes en todas las reuniones, grupos, eventos y actos en donde se discutan asuntos públicos y más aún si esos asuntos impactan a la vida de otras mujeres. Y ya de paso, también desmitifiquemos eso de los conflictos, porque la historia de la humanidad es la mejor evidencia de que la testosterona no es un ingrediente que garantice la construcción de paz y la consolidación de acuerdos.
¿Qué parte de que la paridad implica que las mujeres debemos estar presentes en la mitad de todo no han entendido?
Pensaba escribir mi columna de otro tema, pero en los días recientes he atestiguado algunas situaciones que me parecen dignas de mi mejor sarcasmo. Sujetos que se congratulan de ser machistas, que siguen pensando que los conservadurismos les darán votos cuando ni siquiera han hecho un análisis del mercado electoral real y por tanto ignoran la fuerza que significa el voto de las mujeres. O bien, los que utilizan a mujeres para hacerse pasar por aliados del feminismo cuando con esos actos, lo que en realidad están haciendo es violentarnos.
Y peor aún, hombres que hacen creer a las mujeres que nuestra agenda, nuestras necesidades, nuestros planteamientos les importan….cada día 25 de mes, pero el resto del tiempo se empeñan en mostrar el escaso compromiso con un maremoto de fuerza pujante.
Es tiempo de las mujeres y este momento es irreversible. No hay ámbito, sector, espacio que pueda estar al margen de la irrupción pública de la presencia femenina.
Pero no solo la paridad es el sello de estos tiempos. Los acosos, los hostigamientos, las violencias, las discriminaciones son el ejemplo vivo de lo que ya no tiene lugar en el nuevo ejercicio de relacionarnos socialmente y son la evidencia tácita de lo que ya no estamos dispuestas a soportar.
El “Me Too” lo dejó muy claro y no hubo agresor ni grande ni chiquito que pudiera esconderse del señalamiento público. Ahí, a donde la ley a veces no llega porque opera con la discrecionalidad que los pactos patriarcales han establecido, las mujeres han encontrado que denunciar públicamente, exhibir, señalar es una prerrogativa que obra en su beneficio para tratar de frenar la oleada sin fin de las violencias que han vivido.
Así que el que aún haya sujetos que buscan que “sigamos platicando este tema en un lugar más cómodo” o que pretendan obtener algún beneficio sexual a cambio de una gestión o una excepción, simplemente no han entendido nada.
Las organizaciones han ido asumiendo poco a poco los cambios de forma y de fondo que implica la construcción de la igualdad y el combate efectivo a todas las formas de violencia. Las instituciones, empresas y sindicatos se están tardando mucho más en el proceso de desmontar las prácticas violentadoras y patriarcales en las que han fincado su operación cotidiana, porque en esos ámbitos la represalia más recurrente es la que amenaza su permanencia y continuidad laboral, pero a pesar de ello, con una valentía infinita, mujeres en todos los espacios están atreviéndose a decir ¡ya basta!
Como con la extinción de los dinosaurios, la misoginia patriarcal impone sus resistencias y se niega a ver lo que es obvio y ya está aquí.
No entienden que no entienden. Pero la certeza de la inminencia de su propia caída les llevará a hacerlo.

Los resultados del proceso electoral 2021 y el largo período que le sobrevino al desahogo de recursos por las impugnaciones presentadas, dan cuenta de que era indispensable aprobar las reformas que hicieron ley la paridad, sin embargo queda claro que  las leyes son solo una parte del proceso de transformación de los órganos de representación pública dadas las prácticas patriarcales tan arraigadas que derivan en múltiples resistencias que obstaculizan el reconocimiento de  que integrar en forma equitativa los poderes e instancias de toma de decisiones públicas no implican que un sexo ceda poder a otro, sino que un órgano constituido sea enriquecido con una participación igualitaria entre quienes lo componen.

 

El poder no le pertenece a ningún sexo, sino que yace en el equilibrio de su integración para la representación. Este no es el juego de las sillas donde se paran unos y se sientan otras.

 

Por ello es que una vez que se ha cumplido con la paridad requerida en los Congresos Federal y estatales, hemos de ir hacia el siguiente peldaño en la escalera de derechos que vamos subiendo.

 

Más allá de la paridad, la meta está colocada en la igualdad sustantiva que busca un cambio en las condiciones de vida de miles de mujeres que en el mundo siguen siendo las más pobres entre las pobres, las más marginadas, las más violentadas. Ellas, nosotras, todas, tenemos que saber que otra forma de relacionarnos socialmente es posible si logramos construir un modelo en donde las mujeres y los hombres seamos auténticamente iguales y nuestros derechos tengan el mismo valor.

 

Ahí es en donde hay que enfocarse, ya que hasta hoy el acceso de mujeres a espacios de representación en condiciones de paridad no ha significado la disminución de la brecha que separa a las mujeres de la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida.

 

Proponer, dictaminar y aprobar leyes que mejoren la calidad de vida de las mujeres, es un acto de justicia social que atiende a los análisis coyunturales de los problemas públicos de urgente resolución.

 

Pero ese compromiso de las legisladoras que son la mitad de los órganos que hoy son paritarios debe verse también reflejada en la construcción de mecanismos que garanticen la igualdad sustantiva en el Poder encargado de velar por el cumplimiento de las leyes.

 

Para este efecto, existe a nivel nacional la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015, que corresponde al marco regulatorio internacional (Acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo No. 190) y a la legislación nacional impulsada por el Instituto Nacional de las Mujeres como una herramienta que busca establecer los mecanismos que garanticen la eliminación de prácticas discriminatorias entre hombres y mujeres al interior de los espacios laborales, para garantizar con ello la igualdad entre el personal que se desempeña en el Congreso, tanto en los espacios administrativos como técnicos, buscando además propiciar las condiciones necesarias que permitan erradicar todas las formas de violencias que pueden llegar a tener lugar en estos entornos.

 

Es indispensable ir hacia la certificación de los Congresos con esta Norma que considera aspectos como: contar con una política de igualdad laboral y no discriminación, que se haga efectiva a través del funcionamiento de un Comité instalado para tal efecto y que valide los procesos de contratación de personal, de ascenso y permanencia y de capacitación, garantizando que los nombramientos sean otorgados conforme corresponda, no violentando los derechos laborales de ninguna persona que trabaje dentro del Congreso, garantizando instalaciones inclusivas y libres de violencias y que promueva el uso del lenguaje no sexista.

 

Acorde con esa Norma vigente, es indispensable que todos los Congresos  cuenten con un Protocolo para el Acoso y el Hostigamiento Sexual así como la respectiva instalación del Comité en contra de la discriminación que garantiza igualdad en el trato entre quienes laboran en los poderes legislativos y vela también por la igualdad salarial, entre otros aspectos.

 

Esa transversalización de la perspectiva de género también debe hacerse palpable en cada uno de los espacios internos de la vida laboral del Poder Legislativo con una serie de acciones orientadas a promover la igualdad, promoviendo el respeto pleno a las diversidades, brindando además atención al personal que labora para el cuidado de su salud mental y psicológica, apoyando las maternidades y paternidades, que incluya espacios dignos para lactar y para la niñez y garantizando un entorno inclusivo, sostenible e igualitario.

 

Así pues, es momento de hacer valer la paridad legislativa ganada, para traducirla en igualdad sustantiva.