La legitimidad es el insumo que tiene un actor político para gobernar…o legislar, según sea el caso. Es ese gradiante que le permite comenzar a accionar una vez que asume el cargo y ya cuando está en él, lo que le da la posibilidad de emprender acciones, hacer reformas, implementar medidas. Esa legitimidad puede obtenerse ya sea en las urnas, cuando hay una copiosa votación que le respalda y que una vez en el cargo le brinda el margen necesario para actuar, o bien, a través de la negociación política, mediante su capacidad para construir acuerdos que le brinden el respaldo necesario para emprender sus proyectos.
Eso es teoría, que en la práctica política tuvo sentido…hasta el México que se construye – o deconstruye – desde el domingo pasado y es que no existe posibilidad alguna de pensar que un nuevo Poder Judicial renazca con un margen tan bajo de participación ciudadana, pues aunque la narrativa oficial trate de imponer el encuadre de que 13% es mucho, solo hay que invertir la cifra y entender que en realidad ese porcentaje pone de manifiesto que al menos 87% de personas votantes decidieron no participar en el proceso “histórico” al que se les convocó el domingo pasado, mandando con ello un mensaje que es imposible ignorar.
Los días transcurridos desde el 1 de junio hasta hoy han permitido hacer análisis múltiples de un proceso que quedará enmarcado para siempre en la duda y la opacidad, y que derivó en un electorado que prefirió no votar, de acuerdo con la empresa Polls.mx, porque creyó que esas elecciones fueron una farsa (21%), porque no le importan esas elecciones (18%), porque no tenía información para votar de manera informada (15%), porque rechaza la reforma judicial y no existían garantías para que se respetara el voto (8% cada una), porque no tenía tiempo (6%), porque no sabía a donde ir a votar y no la llevaron a votar (2% cada una).
La judicial por tanto es – hasta el día de hoy – la elección con menor participación ciudadana en 30 años, y la más cara de la historia de México, donde cada voto costó un alrededor de $583 pesos, significando en total para el INE 7 mil millones de pesos para elegir entre los casi 3,000 personas candidatas a jueces y juezas, magistraturas y ministerios de la Suprema Corte.
¿Caro? Carísimo. Y el costo se incrementa cuando la duda de la veracidad del procedimiento aumenta.
Y es que haciendo un análisis sobre la credibilidad de ese 13% de votantes – sin restarle los 10.80% de votos nulos, cifra que es mayor a la de cualquier otro proceso electoral – aplicando matemáticas básicas, estimando que si cada persona pudo haber tardado en promedio 20 minutos en votar en cada una de las 80 mil casillas instaladas que estuvieron abiertas 10 horas del día, ello significaría que en cada una pudieron votar 30 personas en promedio, lo que daría un total de 2 millones, 400 mil votantes, cifra que está por completo alejada de los supuesto 13 millones de votantes que se señala participaron, poniendo en tela de juicio la posibilidad de que más bien las boletas ya hayan sido llenadas previamente y solo algunas personas habrían en efecto realizado el acto ciudadano de emitir su sufragio.
Quiero decir muy enfáticamente que la crítica que planteo hacia la legitimidad del proceso de ningún modo pone en tela de juicio la probidad y el talento de muchas y muchos de quienes decidieron participar en este proceso. Conocí muchos argumentos de estas personas que decidieron postularse y de otras que defendían cabalmente la necesidad de participar en el proceso – yo no lo hice -, apoyando estas postulaciones para con altos perfiles equilibrar aquellos que claramente llegarían impulsados por la fuerza del grupo político (o delincuencial) que les impulsaba. Lamentablemente lo que hoy vemos es que quienes resultaron “electos y electas” son quienes coinciden con los nombres de los acordeones oficiales que profusamente circularon en los días previos y que fueron utilizados durante la jornada electoral.
Ya hoy empezamos a ver cómo es que estarán configurados los órganos y el sabor de boca sigue siendo amargo, pero aquí más que argumentos, surgen dudas:
¿Cómo recuperar la legitimidad no tan solo del Poder Judicial que será reconfigurado a partir de agosto que entren en funciones las y los nuevos funcionarios, sino de todo el sistema político que reprobó esta prueba de la democracia?
¿Cómo es posible seguir sosteniendo que este es un logro del gobierno federal y su presidenta, misma que sostiene tener una aprobación del 80% – que por cierto ha descendido en tan solo 6 meses que tiene al frente de la presidencia de la República– cuando lo que evidencian estos resultados electorales es la desaprobación real de una acción si bien ideada y configurada por su antecesor, implementada por ella y por su gobierno? Es insostenible el discurso y el mecanismo por el que se mide la aprobación de una persona que gobierna.
Me preocupa gravemente el impacto que esto que planteo tendrá para el país, pero me preocupa además esto otro que les comparto para finalizar.
Hay tres aspectos sobre los que se recargará el fracaso de este experimento: primero, ya se dejó ver en forma inmediata en donde la elección judicial cobró su factura con la baja participación en el proceso electoral local de Veracruz del que abundaré en una próxima columna; segundo; en la impartición justicia, proceso al que nos enfrentaremos a partir de agosto que entren en vigor las y los nuevos juzgadores emanados de este frankenstein; tercero, el costo político que el previsible fracaso de un proceso que no debió ser, le implicará al INE al que se le hará pagar los platos de una reforma que comenzó con un berrinche (sí, cuando la SCJN le tiró su reforma energética al ex presidente) y que será el pretexto para que el siguiente paso en la escalada de destrucción institucional sea plantear – ante este mal resultado – la necesidad de atraer nuevamente las elecciones al gobierno federal y ahora sí, el túnel del tiempo nos regresará por completo al momento de la historia al que pertenecen quienes hoy gobiernan.
