La legitimidad es el insumo que tiene un actor político para gobernar…o legislar, según sea el caso. Es ese gradiante que le permite comenzar a accionar una vez que asume el cargo y ya cuando está en él, lo que le da la posibilidad de emprender acciones, hacer reformas, implementar medidas. Esa legitimidad puede obtenerse ya sea en las urnas, cuando hay una copiosa votación que le respalda y que una vez en el cargo le brinda el margen necesario para actuar, o bien, a través de la negociación política, mediante su capacidad para construir acuerdos que le brinden el respaldo necesario para emprender sus proyectos.
Eso es teoría, que en la práctica política tuvo sentido…hasta el México que se construye – o deconstruye – desde el domingo pasado y es que no existe posibilidad alguna de pensar que un nuevo Poder Judicial renazca con un margen tan bajo de participación ciudadana, pues aunque la narrativa oficial trate de imponer el encuadre de que 13% es mucho, solo hay que invertir la cifra y entender que en realidad ese porcentaje pone de manifiesto que al menos 87% de personas votantes decidieron no participar en el proceso “histórico” al que se les convocó el domingo pasado, mandando con ello un mensaje que es imposible ignorar.
Los días transcurridos desde el 1 de junio hasta hoy han permitido hacer análisis múltiples de un proceso que quedará enmarcado para siempre en la duda y la opacidad, y que derivó en un electorado que prefirió no votar, de acuerdo con la empresa Polls.mx, porque creyó que esas elecciones fueron una farsa (21%), porque no le importan esas elecciones (18%), porque no tenía información para votar de manera informada (15%), porque rechaza la reforma judicial y no existían garantías para que se respetara el voto (8% cada una), porque no tenía tiempo (6%), porque no sabía a donde ir a votar y no la llevaron a votar (2% cada una).
La judicial por tanto es – hasta el día de hoy – la elección con menor participación ciudadana en 30 años, y la más cara de la historia de México, donde cada voto costó un alrededor de $583 pesos, significando en total para el INE 7 mil millones de pesos para elegir entre los casi 3,000 personas candidatas a jueces y juezas, magistraturas y ministerios de la Suprema Corte.
¿Caro? Carísimo. Y el costo se incrementa cuando la duda de la veracidad del procedimiento aumenta.
Y es que haciendo un análisis sobre la credibilidad de ese 13% de votantes – sin restarle los 10.80% de votos nulos, cifra que es mayor a la de cualquier otro proceso electoral – aplicando matemáticas básicas, estimando que si cada persona pudo haber tardado en promedio 20 minutos en votar en cada una de las 80 mil casillas instaladas que estuvieron abiertas 10 horas del día, ello significaría que en cada una pudieron votar 30 personas en promedio, lo que daría un total de 2 millones, 400 mil votantes, cifra que está por completo alejada de los supuesto 13 millones de votantes que se señala participaron, poniendo en tela de juicio la posibilidad de que más bien las boletas ya hayan sido llenadas previamente y solo algunas personas habrían en efecto realizado el acto ciudadano de emitir su sufragio.
Quiero decir muy enfáticamente que la crítica que planteo hacia la legitimidad del proceso de ningún modo pone en tela de juicio la probidad y el talento de muchas y muchos de quienes decidieron participar en este proceso. Conocí muchos argumentos de estas personas que decidieron postularse y de otras que defendían cabalmente la necesidad de participar en el proceso – yo no lo hice -, apoyando estas postulaciones para con altos perfiles equilibrar aquellos que claramente llegarían impulsados por la fuerza del grupo político (o delincuencial) que les impulsaba. Lamentablemente lo que hoy vemos es que quienes resultaron “electos y electas” son quienes coinciden con los nombres de los acordeones oficiales que profusamente circularon en los días previos y que fueron utilizados durante la jornada electoral.
Ya hoy empezamos a ver cómo es que estarán configurados los órganos y el sabor de boca sigue siendo amargo, pero aquí más que argumentos, surgen dudas:
¿Cómo recuperar la legitimidad no tan solo del Poder Judicial que será reconfigurado a partir de agosto que entren en funciones las y los nuevos funcionarios, sino de todo el sistema político que reprobó esta prueba de la democracia?
¿Cómo es posible seguir sosteniendo que este es un logro del gobierno federal y su presidenta, misma que sostiene tener una aprobación del 80% – que por cierto ha descendido en tan solo 6 meses que tiene al frente de la presidencia de la República– cuando lo que evidencian estos resultados electorales es la desaprobación real de una acción si bien ideada y configurada por su antecesor, implementada por ella y por su gobierno? Es insostenible el discurso y el mecanismo por el que se mide la aprobación de una persona que gobierna.
Me preocupa gravemente el impacto que esto que planteo tendrá para el país, pero me preocupa además esto otro que les comparto para finalizar.
Hay tres aspectos sobre los que se recargará el fracaso de este experimento: primero, ya se dejó ver en forma inmediata en donde la elección judicial cobró su factura con la baja participación en el proceso electoral local de Veracruz del que abundaré en una próxima columna; segundo; en la impartición justicia, proceso al que nos enfrentaremos a partir de agosto que entren en vigor las y los nuevos juzgadores emanados de este frankenstein; tercero, el costo político que el previsible fracaso de un proceso que no debió ser, le implicará al INE al que se le hará pagar los platos de una reforma que comenzó con un berrinche (sí, cuando la SCJN le tiró su reforma energética al ex presidente) y que será el pretexto para que el siguiente paso en la escalada de destrucción institucional sea plantear – ante este mal resultado – la necesidad de atraer nuevamente las elecciones al gobierno federal y ahora sí, el túnel del tiempo nos regresará por completo al momento de la historia al que pertenecen quienes hoy gobiernan.
Artículo de fondo
Por Ángel Lara Platas
Las encuestas son herramientas fundamentales para medir la opinión pública, pero pueden arrojar resultados muy dispares entre distintas encuestadoras. Esto se debe a varios factores, como la metodología utilizada, el tamaño y representatividad de la muestra, la formulación de las preguntas y hasta el momento en que se realiza la encuesta.
¿Por qué los resultados varían entre encuestadoras?
Cada empresa de encuestas tiene su propia metodología. Algunas diferencias clave incluyen:
Tamaño y selección de la muestra: Una encuesta con una muestra pequeña o poco representativa puede generar resultados sesgados.
Método de recolección de datos: Las encuestas pueden ser presenciales, telefónicas o en línea, y cada método tiene ventajas y desventajas.
Formulación de preguntas: Preguntas mal diseñadas pueden inducir respuestas sesgadas.
Momento de la encuesta: La opinión pública puede cambiar rápidamente debido a eventos recientes.
¿Cuáles preguntas deben hacerse para una medición correcta?
Para obtener datos precisos, las preguntas deben ser:
Claras y neutrales: Evitar términos que induzcan respuestas específicas.
Específicas: Preguntas vagas pueden generar respuestas ambiguas.
No sesgadas: Formular preguntas de manera que no influyan en la respuesta del encuestado.
¿Cómo se determina la imagen de una persona pública?
La percepción de una figura pública se mide a través de encuestas que evalúan:
Nivel de conocimiento: ¿Cuántas personas saben quién es?
Opinión positiva o negativa: ¿Qué porcentaje tiene una percepción favorable?
Comparación con otros líderes: ¿Cómo se compara con figuras similares?
¿Por qué las encuestadoras solo publican ciertos resultados?
Las encuestadoras pueden decidir qué resultados publicar según:
Intereses de sus clientes: Algunas encuestas son privadas y solo se comparten con quienes las financian.
Relevancia mediática: Publican datos que generan mayor impacto.
Credibilidad y reputación: Algunas encuestadoras pueden evitar publicar resultados que contradigan tendencias previas.
Hay distintas formas de votar y distintos comportamientos del electorado al momento de ejercer su sufragio y sobre ello se ha escrito y teorizado ampliamente.
En el análisis sobre el comportamiento del votante hay desde la teoría sociodemográfica del voto, que afirma que de acuerdo con la edad, nivel de estudios, nivel de ingresos y tipo de ciudad en la que se habita existe una predisposición a sufragar en tal o cual sentido, hasta otros análisis que explican el sentido del voto en función de una ponderación de carácter económica a partir del beneficio que les proporciona a esas personas sufragar por tal o cual opción, incluyendo además aspectos de carácter psicológico a partir motivaciones subjetivas de la psique de las y los votantes, que a veces prefieren al candidato “más guapo”, o al “más masculino”, o al “abuelito” al que hay que proteger, o a la “mujer” que podría ser nuestra madre, de acuerdo con la apelación psicológica que se construya desde la estrategia de comunicación que en cada candidatura se maneje y que se enfoque a los distintos segmentos de un electorado que tiene distintas motivaciones, según sea el momento en que cada proceso ocurra.
En México, se ha buscado atraer al voto corporativo o clientelar, o al voto verde, o al voto del hambre, en todos los casos apelando a dos factores que son centrales para entender al electorado mexicano: la falta de cultura política y la pobreza de la población, que régimen político tras régimen político acaban vendiendo su voto a quien le ofrece tres centavos más el día de la elección, ya sea en efectivo o con despensas y otros obsequios, o por medio de la coacción de los programas sociales que –dicho sea de paso– están ya en la Constitución y por tanto, nadie les puede quitar.
Todas estas estrategias a las que acuden los distintos partidos políticos lucran con la ignorancia y la necesidad de un electorado que valora el hecho de que el momento en que emitimos nuestro sufragio es, en realidad, el único momento en que somos realmente iguales. El voto de un rico vale lo mismo que el de un pobre, el de un obrero y el de una persona académica, que el de los del norte y las del sur.
Y además, es secreto.
Pero pese a esos dos aspectos tan relevantes, ¿por qué entonces se cree que el voto puede ser cooptado?
La compra de votos es una deformación de la realidad electoral bastante antidemocrática que ejerce principalmente quien está en el poder y quiere quedarse con el privilegio que éste le confiere y además, porque es quien tiene el dinero para los 500 o dos mil o cuatro mil pesos que hoy pueden llegarse a pagar para que alguien acepte hacer el “ratón loco”, o “embarazar urnas”, o hacer “mapacherías”, o cualquier otro vicio electoral tan tristemente célebre del sistema electoral mexicano, al que hay que añadir como mala praxis al “carro completo” , inaudito en un contexto democrático de pluripartidismo.
En efecto, que un mismo partido gane todos los cargos a elegir o que obtenga una abrumadora mayoría, en realidad es síntoma inequívoco de que esa democracia tiene mala salud porque –en el mejor de los casos– habla de una ciudadanía que eligió irreflexivamente y reconoce que hubo “compra de votos” en cualquiera de las manifestaciones que revelan la mala praxis antes mencionada.
Por ello es que la apelación al voto útil se vuelve necesaria en el contexto mexicano, donde –a diferencia de lo que ocurre en otros países, incluso latinoamericanos, en donde hay segunda vuelta electoral– que en un mismo proceso se convoque a las y los votantes a elegir entre más de cinco opciones partidistas, lo que provoca es la pulverización del voto que, entre tantas alternativas, acaba diluyéndose y así, quien gana lo hace por un margen menor y quienes no obtienen el triunfo tienen poca fuerza representativa a la hora de definir espacios plurinominales.
Sería más fácil si las fuerzas políticas no oficialistas y sus electores se pusieran de acuerdo.
Ante ello, el voto útil se convierte en una alternativa deseable por medio de la cual se le pide al electorado dejar de lado aspectos superficiales en su valoración de preferencias como: el gusto por las canciones de campaña, la publicidad que puede ser atractiva, la belleza o simpatía de tales o cuales candidatos y candidatas, y se le pide que elijan estratégicamente no de entre la totalidad de las opciones ofertadas, sino de entre el primer lugar, que seguramente lleva una amplia ventaja, por la persona que está en la segunda posición. Si el voto de quienes se sitúan en las encuestas en el tercer, cuarto, quinto y demás sitios se concentra en esa segunda opción, ésta se fortalece y se vuelve competitiva y así puede llegar a disputarle a quien lleva el primer lugar la preferencia electoral en un margen más cerrado, lo que realmente permitirá que se pueda negociar o establecer alianzas –que en política son indispensables– y sobretodo, que haya contrapesos reales.
No se trata de revanchismo electoral, sino de hacer valer la democracia.
En cada ciudad de los dos estados en donde hay elecciones municipales, usted que elegirá alcaldes o alcaldesas puede hacer de su voto un ejercicio estratégico de auténtica democracia.
Los 70 años de un mismo régimen no se superan con otros muchos años de un otro régimen político que no tiene contrapesos. Eso es dictadura, no democracia.
Vayamos hacia adelante. Hacia procesos auténticamente participativos en donde la ciudadanía ejerce su voto en forma reflexiva.
Hay ciudades como Xalapa, en donde el segundo lugar presenta una oferta competitiva. Quienes apoyan a las otras fuerzas políticas pueden realmente hacer valer su voz apoyando a una alternativa realista que presenta una oferta política seria. Y quienes aún no deciden por quién votar, pueden fortalecer a la segunda posición para que sea una posición conjunta, de todos y todas, por el bien de la ciudad.
Es momento de hacer a un lado egos, fobias y filias, y valorar a las personas que presentan candidaturas viables.
Acompaño en su planilla a Silvio Lagos, candidato del PRI a la alcaldía de Xalapa y en estas semanas de campaña ha sido devastador escuchar reiteradamente la petición ciudadana de que “se respete el voto” o que “se defienda el voto”. Eso es muy grave, pues habla de la pérdida de confianza de parte de la ciudadanía sobre el futuro de su sufragio.
Cuando nadie quería la candidatura por Xalapa, él levantó la mano y dijo “yo quiero”. Y con una planilla de ciudadanas y ciudadanos –ninguno de los cuales es su familiar, a diferencia de las otras opciones- , muchos y muchas apostaron por una estrepitosa derrota.
Hoy, muy dignamente cierra campaña estando en un segundo lugar, posición que es competitiva electoralmente hablando –sobre todo en una Xalapa en donde Morena no ganó la gubernatura-gracias a que ha demostrado tener propuesta, saber cómo hacerlo y ser un profesional que se toma la política en serio.
Sería posible brindarle alternancia a la capital del estado si se hace valer el voto útil, fortaleciéndolo como la opción elegida mediante un voto razonado.
Ojalá quienes aún no definen su voto o quienes están con alguna de las otras opciones, lo valoren y consideren la viabilidad de hacer valer su voto en favor de un bien mayor. Nuestra ciudad lo vale.
Las elecciones del 1 de junio de 2025 para elegir jueces y otros cargos judiciales representan un desafío logístico y organizativo sin precedentes en México. Este proceso electoral extraordinario surge de la Reforma al Poder Judicial de septiembre de 2024, y será la primera vez que los ciudadanos elijan directamente a magistrados y jueces.
Complejidad del proceso electoral
La elección judicial se llevará a cabo en todo el País, donde los votantes recibirán entre nueve y trece boletas, dependiendo de su entidad. En algunos casos, los ciudadanos deberán seleccionar hasta 40 juzgadores, lo que aumenta la posibilidad de errores en el tipo de votación.
Además, el proceso enfrenta desafíos presupuestales. En nueve estados, los organismos electorales han reportado insuficiencia de recursos, lo que podría afectar la organización y logística de la elección.
Demora en los resultados y certeza electoral
A diferencia de elecciones anteriores, en esta ocasión los ciudadanos no contarán los votos, lo que podría generar incertidumbre sobre la rapidez y transparencia del conteo. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha implementado mecanismos para garantizar la certeza en los resultados.
Respuesta de los ciudadanos y participación electoral
Las expectativas sobre esta elección han despertado interés y debate en la población. Aunque no hay cifras exactas sobre la participación esperada, expertos consideran que la complejidad del proceso y la falta de información clara podrían afectar la afluencia a las urnas.
Las elecciones del 1 de junio marcarán un hito en la historia electoral de México. Si bien el proceso enfrenta desafíos logísticos y presupuestales, también representa una oportunidad para fortalecer la participación ciudadana en la elección de jueces y magistrados. La clave estará en la transparencia del conteo y la confianza que los ciudadanos tengan en el sistema electoral.
La elección directa de jueces es un tema complejo que combina elementos de avance democrático con importantes retos de implementación.
Como avance democrático
Mayor participación ciudadana – Permite que los votantes elijan directamente a sus jueces, fortaleciendo la transparencia y el control ciudadano sobre el sistema judicial.
Legitimidad del poder judicial – Los jueces electos podrían gozar de mayor respaldo social, al contar con el voto popular en lugar de ser designados por otros poderes.
Reducción de influencias externas – Se minimizaría la influencia política sobre las decisiones judiciales si la elección es transparente y bien organizada.
Como reto difícil de implementar
Falta de información especializada – La mayoría de los ciudadanos no tienen conocimientos técnicos sobre derecho, lo que puede dificultar evaluar correctamente a los candidatos.
Posible politización del sistema judicial – Si los jueces hacen campaña como políticos, podrían comprometer su imparcialidad para ganar votos.
Desafíos logísticos y financieros – Organizar elecciones judiciales en varios estados requiere presupuesto, infraestructura y mecanismos eficientes de conteo de votos.
En teoría, la elección directa de jueces es un avance democrático que puede fortalecer la transparencia y la participación ciudadana. Sin embargo, su implementación trae grandes retos, especialmente en garantizar la independencia judicial y evitar la politización del sistema.
Todo dependerá de cómo se diseñen las reglas del proceso electoral: si hay mecanismos claros de evaluación, información accesible sobre los candidatos y garantías de independencia judicial, podría ser un paso positivo. Si no, las consecuencias pronto quedarán expuestas al escrutinio público.
Por: Ángel Lara Platas
Las elecciones del 1 de junio de 2025 para elegir jueces y otros cargos judiciales representan un desafío logístico y organizativo sin precedentes en México. Este proceso electoral extraordinario surge de la Reforma al Poder Judicial de septiembre de 2024, y será la primera vez que los ciudadanos elijan directamente a magistrados y jueces.
Complejidad del proceso electoral
La elección judicial se llevará a cabo en todo el País, donde los votantes recibirán entre nueve y trece boletas, dependiendo de su entidad. En algunos casos, los ciudadanos deberán seleccionar hasta 40 juzgadores, lo que aumenta la posibilidad de errores en el tipo de votación.
Además, el proceso enfrenta desafíos presupuestales. En nueve estados, los organismos electorales han reportado insuficiencia de recursos, lo que podría afectar la organización y logística de la elección.
Demora en los resultados y certeza electoral
A diferencia de elecciones anteriores, en esta ocasión los ciudadanos no contarán los votos, lo que podría generar incertidumbre sobre la rapidez y transparencia del conteo. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha implementado mecanismos para garantizar la certeza en los resultados.
Respuesta de los ciudadanos y participación electoral
Las expectativas sobre esta elección han despertado interés y debate en la población. Aunque no hay cifras exactas sobre la participación esperada, expertos consideran que la complejidad del proceso y la falta de información clara podrían afectar la afluencia a las urnas.
Las elecciones del 1 de junio marcarán un hito en la historia electoral de México. Si bien el proceso enfrenta desafíos logísticos y presupuestales, también representa una oportunidad para fortalecer la participación ciudadana en la elección de jueces y magistrados. La clave estará en la transparencia del conteo y la confianza que los ciudadanos tengan en el sistema electoral.
La elección directa de jueces es un tema complejo que combina elementos de avance democrático con importantes retos de implementación.
Como avance democrático
Mayor participación ciudadana – Permite que los votantes elijan directamente a sus jueces, fortaleciendo la transparencia y el control ciudadano sobre el sistema judicial.
Legitimidad del poder judicial – Los jueces electos podrían gozar de mayor respaldo social, al contar con el voto popular en lugar de ser designados por otros poderes.
Reducción de influencias externas – Se minimizaría la influencia política sobre las decisiones judiciales si la elección es transparente y bien organizada.
Como reto difícil de implementar
Falta de información especializada – La mayoría de los ciudadanos no tienen conocimientos técnicos sobre derecho, lo que puede dificultar evaluar correctamente a los candidatos.
Posible politización del sistema judicial – Si los jueces hacen campaña como políticos, podrían comprometer su imparcialidad para ganar votos.
Desafíos logísticos y financieros – Organizar elecciones judiciales en varios estados requiere presupuesto, infraestructura y mecanismos eficientes de conteo de votos.
En teoría, la elección directa de jueces es un avance democrático que puede fortalecer la transparencia y la participación ciudadana. Sin embargo, su implementación trae grandes retos, especialmente en garantizar la independencia judicial y evitar la politización del sistema.
Todo dependerá de cómo se diseñen las reglas del proceso electoral: si hay mecanismos claros de evaluación, información accesible sobre los candidatos y garantías de independencia judicial, podría ser un paso positivo. Si no, las consecuencias pronto quedarán expuestas al escrutinio público.
EL APAGÓN, MENSAJE AL MUNDO ENTERO
Por: Ángel Lara Platas
El apagón general en España y cinco países más, que paralizó a más de 45 millones de personas; fue una voz de alerta para quienes dependemos de la energía eléctrica, que ahora, pudiera decirse que somos todos los habitantes del planeta.
Quienes padecieron la falta de corriente eléctrica, pudieron percatarse de la total dependencia a todo lo que facilita que realicemos nuestras actividades diarias. Fue la gran paranoia que solo comparable con las de las películas de invasión masiva de extraterrestres que paralizan ciudades enteras.
La impotencia del apagón en Europa, inició en los hogares. La mamá no le pudo hacer el licuado al niño porque no encendió la licuadora. Tampoco plancharon la ropa, por razones obvias. De la regadera eléctrica no salió ni gota de agua. Ni para enterarse de las noticias: la tele no encendía.
El pan tostado con mantequilla lo dejaron para otra ocasión.
Sin luz, los departamentos fueron verdaderas “bocas de lobo”
Cuando intentaron hacer la comida, las estufas, en su mayoría eléctricas, no encendieron. La alternativa de comer en un restaurant o cafetería, quedó cancelada; en esos lugares tampoco funcionaba nada. Todo eléctrico.
Los autos, con el combustible agotado, fueron abandonados en las calles. Las bombas de las gasolineras no funcionaban.
Las pilas de los celulares pronto se agotaron. La desesperación por llamarle a familiares y amigos extinguió rápidamente la energía de los mismos. No hubo diálogos, las respuestas se convirtieron en preguntas, y las preguntas en respuestas.
Los pasajeros de cien trenes se quedaron atrapados y a oscuras. Unos, desmayados, otros, en histeria colectiva. Desesperación generalizada.
Los semáforos dejaron de funcionar. Peor aún por que allá no están acostumbrados al Uno por Uno.
Las calles, llenas de gente. Unos, a pie; otros, caminando; el resto, andando. Las personas no sabían si iban o venían; para el caso era lo mismo cuando no hay destino a dónde ir. La intención era: ir a ningún lado. A donde fueran, nadie resolvería nada.
Aquellos que tenían planeado sacar del cajero para los gastos del día, no lo pudieron hacer, esos aparatos no funcionaban; y no pedirían prestado a alguien para comer porque todos estaban en las mismas condiciones.
Como no sabían exactamente cuanto tiempo duraría el apagón, hubo compras de pánico. Todo un apocalíptico espectáculo resultó ver los anaqueles vacíos. A la memoria de los compradores llegaron las fotografías de las tiendas de Venezuela o Cuba: sin nada que exhibir.
En los hospitales, donde la vida de la gente depende totalmente de la electricidad, fue un desastre. Los ataques de ansiedad elevaron por las nubes el riesgo de algunos pacientes hipertensos.
Los bancos cerraron. Las transacciones se detuvieron, los pagos se suspendieron.
Por primera vez desde que los celulares son parte del cuerpo humano, enmudecieron; sus pantallas se tornaron negruzcas, color velorio.
Las velas, cosa del pasado remoto, se convirtieron en un artículo de primera necesidad. Pero esto sólo quedó en la mente de los demandantes; esos artículos ya no se adquieren tan fácilmente.
Sin embargo, para algo sirvió ese gran apagón: crear un poco de consciencia de lo que sería algo mayor si no cuidamos el planeta. Pueden darse las mayores explicaciones técnicas de lo que sucedió, pero en el fondo, es el cambio climático.
#LaAgendaDeLasMujeres
Sin sociedad civil no hay democracia
Por Mónica Mendoza Madrigal
El sistema democrático mexicano está fincado en la Constitución Política que a partir de 1917 con su promulgación, vio nacer al sistema político en que se funda, de tal manera que ahí quedó establecido que el voto popular es la forma en la que en este país se elige a quien gobierna y a quien legisla, que son por tanto, representantes populares.
Ya desde antes, pero sobre todo a partir de ese momento, los partidos políticos se convirtieron en la vía para acceder al poder y con sus militancias cada uno mantenía una presencia territorial que se traducía en posiciones políticas, que les permitió afianzarse durante varias décadas.
En un proceso que trasciende a nuestro país y que tiene un alcance y una dimensión mayor, en los últimos 20 años ha comenzado a tener lugar un fenómeno que demuestra un comportamiento político singular: las militancias férreas han disminuido y lo que ha aumentado son las filas de indecisos e indecisas, que han pasado de la apatía electoral a la desafección política, complejo proceso que se caracteriza por la pérdida de confianza en las instituciones –partidos incluidos– y sobre todo por la desilusión respecto de la eficacia de la política como vía para ayudarles a vivir mejor.
La resultante de ese proceso es sin duda alguna, la erosión de la democracia que vivimos no tan solo en América Latina, sino en el mundo, y que ha traído consigo el avance de regímenes autoritarios que creíamos haber erradicado y que hoy están de nuevo aquí, empujando acciones que implican retrocesos de derechos que ya habíamos ganado y por los que hoy hemos de luchar de nuevo.
Así pues, muchas personas que antes se identificaban como militantes o que encontraban cabida en ideologías políticas, comenzaron a migrar hacia otras formas de organización más horizontales, más voluntarias, más autónomas para desde ahí tratar de empujar acciones concretas que dejaron de ser atendidas desde las instituciones formales, y así intentar incidir en la agenda pública.
Ahí es en donde una parte de la sociedad se ha venido reorganizando. Hay quienes la llaman “sociedad civil organizada” o que toma la forma de “organizaciones no gubernamentales”, que son una expresiones de ciudadanía activa a partir de causas que se insertan en agendas y desde las cuales se lucha, y gracias a las cuales ha sido posible rearticular la participación, que quedó diluida ante la pérdida de identificación o sentido de pertinencia en las instituciones o partidos formales existentes.
El proceso y la forma de organización no es para nada nuevo, pero sí se ha potenciado en forma significativa en estas últimas décadas.
De María Marván es una frase que lo resume bien: “no es lo mismo ser pueblo, que ser ciudadanía”. En la primera manera de ser, no hay organización, reciprocidad, sentido del compromiso público ni vínculo activo. En la segunda sí. Ser y estar en la sociedad civil cuesta tiempo, dinero y esfuerzo. Son actividades voluntarias de involucramiento con agendas y causas a las que hay que aportarles y defender, con las que hay que comprometerse no tan solo con una segunda y hasta tercera jornada laboral, sino con la convicción y -como tristemente hemos visto en los últimos años– hasta con la vida, pues en este país a los defensores y defensoras se les persigue y se les mata.
Para empujar sus agendas, las y los activistas, en muchos casos, solían buscar alianzas con actores políticos para el avance de sus temas y causas, ante el riesgo de solo ser usados electoralmente y luego no dar continuidad a los compromisos.
Historias como esas, abundan.
Sin embargo, hoy se vive una coyuntura política particular que replantea la forma de participar de la sociedad civil en la agenda política en general, y en la electoral en particular.
Dado que la ciudadanía confía más en la sociedad civil que en la clase política -y confianza es legitimidad-, la sociedad civil no puede ni debe ser ajena a participar en forma activa en los procesos políticos. Y eso los partidos y las instituciones deben entenderlo.
Es momento de construir alianzas claras, formales y cercanas entre actores políticos y sociales para lograr un avance real y sostenido en las causas y agendas, porque la historia es hoy y el gran cisma que resquebraja el edificio de la democracia que nos es común, ha cuarteado sus cimientos.
No sin nosotros y nosotras es el llamado de la sociedad civil a ser parte de la solución y como dije, el momento es ahora.
La sociedad civil tiene otra lógica y otra dinámica para organizarse. Otras prioridades, otras motivaciones ante una realidad común, que amerita la suma de las voluntades.
Sumar a la sociedad civil es fundamental para recuperar el sentido de comunidad. Más aun cuando en Veracruz y Durango se elegirán autoridades municipales. Ese proceso deberá ser inclusivo, participativo, colectivo y su reto es que trascienda lo electoral para afianzarse en lo local.
Solo así.
Donald Trump ha sido una figura política polarizante, conocida por su estilo de gobernar que muchos describen como un “método del caos organizado”. Este enfoque se caracteriza por la imprevisibilidad, la saturación mediática y el uso estratégico de la controversia para mantener su relevancia en el debate público.
Uno de los pilares de su estrategia es la saturación informativa, una táctica que su exasesor Steve Bannon denominó “flooding the zone with shit”. Esto implica generar un flujo constante de declaraciones y acciones que desbordan la capacidad de respuesta de sus adversarios y medios de comunicación. Además, Trump utiliza la provocación como herramienta narrativa, emitiendo declaraciones incendiarias que obligan a otros actores políticos a reaccionar, reforzando así su centralidad en el discurso público.
Otro aspecto clave es su imprevisibilidad, que recuerda a la “Teoría del Loco” de Richard Nixon, pero adaptada al ecosistema digital. Esta volatilidad dificulta la coordinación de respuestas por parte de sus oponentes y refuerza su imagen de líder indomable. Durante su segundo mandato, Trump ha intensificado este estilo, gobernando con un enfoque autoritario y decisiones abruptas que han generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional.
El método del caos organizado de Trump no es un proceder errático, sino una estrategia calculada para dominar el ciclo mediático y consolidar su poder. Este enfoque ha redefinido las reglas del juego político, dejando una huella indeleble en la política contemporánea.
El estilo de liderazgo de Donald Trump, caracterizado por su enfoque directo, confrontativo y su política de “América Primero”, ha tenido un impacto mixto en el liderazgo global de Estados Unidos. Por un lado, su postura firme y su capacidad para negociar acuerdos comerciales han sido vistas como una reafirmación del poder estadounidense. Sin embargo, su tendencia a retirarse de acuerdos internacionales clave, como el Acuerdo de París, y su crítica a organizaciones como la OTAN, han generado tensiones con aliados tradicionales.
Este enfoque ha fortalecido la percepción de Estados Unidos como un actor independiente y decidido, pero también ha disminuido su influencia en foros multilaterales y ha generado dudas sobre su compromiso con el liderazgo global. En resumen, el impacto depende del prisma desde el cual se analice: para algunos, es una muestra de fuerza; para otros, una pérdida de confianza internacional.
Plantea Capítulo Veracruz de Red de Paridad en Todo a Secretario de Gobierno urgencia de armonizar violencia política en la entidad
Integrantes del Capítulo Veracruz de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo de la República Mexicana, se reunieron con el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, para tratar con él asuntos de la agenda de paridad y de violencia política que son el eje de la agenda de la organización civil.
En el estado de Veracruz se quedó sin efecto la armonización legislativa para homologar el marco legal en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, por el que se reformaron a nivel nacional ocho instrumentos legales en 2018, a pesar de que la iniciativa se trabajó integralmente en 2020 entre todas las instituciones involucradas en su estudio.
Al no estar armonizadas las leyes equivalentes en el ámbito estatal, se carece de los instrumentos legales para sancionar las conductas constitutivas de este delito, lo cual es una limitante, dado que –como es sabido– en este momento la entidad se ubica en el segundo lugar en el registro nacional de personas sancionadas.
Por tal motivo, el Capítulo Veracruz ha venido sosteniendo reuniones con distintos actores políticos para empujar la referida armonización y hoy fue el tema que motivó el encuentro con el Secretario de Gobierno en un diálogo respetuoso de la pluralidad de esta organización,
Además de ese tema central, se habló también de la importancia de participar como sociedad civil en las mesas de Coordinación Estatal de Construcción de Paz y Seguridad en la entidad para la campaña electoral, a fin de atender con oportunidad los casos de violencia que se puedan llegar a presentar.
Respecto de la acción de gobierno, se reconoció el interés de esta administración por haber convocado a la renovación de los Consejos Consultivo y Social del Instituto Veracruzano de las Mujeres y de haber sesionado la Junta de Gobierno del mismo para la toma de protesta de las nuevas consejeras. Y se reiteró la importancia de que pronto sea emitida la convocatoria para elegir a la Directora de esta dependencia, que es la encargada de la política pública en materia de mujeres en el estado.
Sobre ese particular, se subrayó la importancia de profesionalizar el servicio público de carrera con perspectiva de género para que se transversalice en forma efectiva a toda la administración pública veracruzana.
La comisión de integrantes que asistieron a la reunión con el Secretario de Gobierno estuvo integrada por Mónica Mendoza Madrigal, presidenta del Capítulo Veracruz; Teresa de Jesús Vázquez de los Santos, secretaria técnica; Leticia Perlasca, coordinadora de la Comisión de Observatorio; Myriam Lagunes Marín, coordinadora de la Comisión de Vinculación; Rosa Valeria Marcial Salamanca, coordinadora de la Comisión de Comunicación; Yolanda Olivares Pérez, coordinadora de la Comisión de coeducación; así como la diputada Montserrat Ortega Ruíz, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana en el Congreso Local y las integrantes del Capítulo Veracruz Adelina Trujillo Landa, Maricarmen Rizo Ruiz, Karla Estrada Gómez, Mara Iliana Cruz Pastrana y Edda Arrez Rebolledo.
Por: Ángel Lara Platas
En la era digital, la desinformación y las noticias falsas han emergido como una amenaza significativa para la confianza en las instituciones y los procesos electorales. Estas prácticas no solo distorsionan la percepción pública, sino que también erosionan los pilares fundamentales de la democracia.
El impacto en la confianza institucional
Las noticias falsas, diseñadas para manipular opiniones o sembrar discordia, han demostrado ser herramientas poderosas para influir en elecciones y decisiones políticas. Cuando los ciudadanos no pueden distinguir entre información veraz y fabricada, la confianza en los medios de comunicación, los gobiernos y las instituciones electorales se ve gravemente afectada. Esto puede llevar a un aumento del escepticismo, la polarización social y, en casos extremos, a la deslegitimación de los resultados electorales.
Estrategias para combatir la desinformación
Educación mediática: Fomentar el pensamiento crítico y la alfabetización digital entre los ciudadanos es esencial. Programas educativos que enseñen a identificar fuentes confiables y a cuestionar la información pueden empoderar a las personas para resistir la manipulación.
Transparencia en las plataformas digitales: Las redes sociales y los motores de búsqueda deben implementar políticas claras para identificar y etiquetar contenido falso. Además, la colaboración con verificadores de hechos independientes puede ayudar a reducir la propagación de desinformación.
Regulación equilibrada: Los gobiernos pueden establecer marcos legales que responsabilicen a quienes difunden noticias falsas sin comprometer la libertad de expresión. Esto incluye sanciones para actores malintencionados y protección para el periodismo legítimo.
Promoción de fuentes confiables: Incentivar el acceso a medios de comunicación éticos y responsables puede contrarrestar la influencia de fuentes dudosas. Esto incluye apoyar el periodismo de investigación y las iniciativas de verificación de datos.
Un equilibrio delicado
Combatir la desinformación sin comprometer la libertad de expresión es un desafío complejo. Sin embargo, al priorizar la educación, la transparencia y la regulación justa, es posible proteger tanto la democracia como los derechos individuales. En última instancia, la responsabilidad recae en todos: gobiernos, plataformas digitales, medios de comunicación y ciudadanos.