El dinero público siempre se ha considerado un saco sin fondo. Un bien que no tiene un dueño específico y por eso se puede derrochar. Un privilegio que se debe aprovechar cuando la vida nos pone en ese camino. Por eso, mucho o poquito, todos le metemos la uña a las arcas públicas.
Desde el empleado que se hace tonto y no realiza su trabajo, el que saca fotocopias de libros en la oficina, el que se la pasa horas jugando solitario mientras espera “a que se le ofrezca algo al jefe”, hasta los que meten la uña, la mano, todo el brazo y si se puede una pala para sacar millonadas del erario público, como jefes de departamento, subdirectores, directores de área, directores generales, síndicos, presidentes municipales, gobernadores, coordinadores generales, subsecretarios, secretarios y de ahí para arriba.
Esta corrupción es tan habitual que se ha vuelto algo normal. Esta normalización ha alcanzado extremos impensables: que la justifique el propio Presidente y diga que la corrupción es un asunto cultural. Por eso se le fueron encima en las redes sociales; pero si lo pensamos bien, él como priista conoce ese fenómeno. Porque no se trata de una cultura sino de una práctica que no se castiga y entonces se vuelve normal. Hasta hace poco era normal que un marido golpeara a su esposa, las madres aconsejaban a sus hijas aguantar y complacer al marido para que no recibiera golpes, pero nunca estuvo bien, siempre fue una práctica abusiva, violenta y discriminatoria. Sólo hasta que las mujeres comenzaron a visibilizar lo incorrecto, injusto y primitivo de estos hechos fue como se consiguió un marco legal que castiga esta violencia.
Del mismo modo, el delito de robar debería estar castigado con más dureza cuando lo cometen servidores públicos, porque se trata de los bienes de la nación, es decir, de todos los mexicanos. No podemos minimizarlo.
Pero así seguirá mientras los castigos no sean ejemplares, mientras los partidos continúen encubriendo a sus miembros ladrones.
¿De qué sirvió el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz? Dejó robar a Duarte como quiso. Hoy está en la cárcel y eso ¿de qué nos sirve en el estado? Su mujer está viviendo en el extranjero y no debe estar en un hotel de dos estrellas. Ni debe ser superturista. De esos turistas que compran en el super su comida para gastar poquito. ¿De qué vive la mujer de Duarte?
Se acaba de informar que el exalcalde priista de Chihuahua y exsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas con César Duarte, Javier Garfio Pacheco, fue liberado por un juez que determinó la reparación del daño por poco más de 328 millones de pesos, una multa de menos de 450 mil pesos y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por tres años. La experiencia popular nos permitiría calcular que se llevó mucho más de lo que lo están condenando a pagar. La multa es de risa, considerando todos los años que fue alto funcionario, con lo cual la inhablitación no le debe preocupar ni un segundo. Y todo lo demás le permitirá seguir viviendo como pashá.
Es sólo un caso. Están todos los alcaldes que nada más ingresar al cargo y comienzan a construir sus casitas (es un decir) y a trasladarse en camionetas de lujo, así se trate del municipio más pobre. Y todos los exfuncionarios que hicieron también su cochinito (también es un decir), pero los pellizcos que le dieron al dinero público no llegaron a procesos judiciales. ¿Eso es cultural?
Digamos que sí somos indulgentes con muchas prácticas corruptas como sociedad, pero el robo del dinero público es inadmisible y no es tratando de modificar esa cultura como se va a cambiar la práctica de delinquir en el sector público, debe ser con castigos y con la devolución de absolutamente todo.
Cada vez que veo las multitudes en una clínica o un hospital del IMSS, cuando una cita de especialidad la dan dos o tres meses después, porque “ya no hay lugar”, cuando un derechohabiente se dirige a un funcionario de la institución y lo trata como trapo, porque supone que es el mejor camino para negar un servicio, como hace la coordinadora de Medicina Interna del Hospital Regional de Zona No. 11 del IMSS, porque la resolución de un problema supondría un gasto que la institución no tiene, no puedo dejar de pensar en todo lo que por años se han estado llevando ilegítimamente los “servidores” públicos, que tienen muy poco de servidores. ¿Para cuántos hospitales alcanzaría? ¿Cuántos médicos más podrían ser contratados? ¿Cuántas cirugías diarias se podrían adicionar?
Estamos prácticamente dentro del proceso electoral. ¿Qué partido puede ofrecer que no se permitirán más abusos con el dinero público? ¿Podrá alguno decir cómo le va a hacer para impedirlo?
Por cierto, que alguien le informe a esa doctora Paloma que la amabilidad y el respeto no cuestan, por si está preocupada por el presupuesto de la institución.
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