Las empresas financieras con apoyo gubernamentales afectan los salarios e ingresos de maestros y trabajadores burócratas.
La situación económica tiene a México transitando no precisamente por sus mejores momentos y junto a los gastos por el retorno a clases presenciales han ampliado el rompimiento de bolsillos en miles de hogares del sector público de Veracruz.
“Ilegalmente” operan algunas empresas financieras y con el “beneplácito” del sector gubernamental que incluso se ha ampliado a algunos ayuntamientos, realizando descuentos a los afectados, con desproporcionados intereses que generan un sobreendeudamiento que lastima la economía, los sentimientos y hasta la salud en la familia burocrática en su conjunto.
“La Convención Americana Sobre Derechos Humanos” establece la protección a toda forma de explotación del hombre por el hombre, debiendo ser prohibidas por la ley.
Existen tesis y jurisprudencia, dando luz que alumbran el camino de solución con “la reducción de intereses para evitar el detrimento excesivo del patrimonio de quién debe.”
Esto aplica para intereses ordinarios y moratorios en cualquier operación en contra de financieras abusadoras de la necesidad de quien menos tienen y más necesitan. Y además, desprotegidos por servidores públicos que no actúan como compañeros de trabajo, más bien son empleados de quienes prestan dinero y a cambio quizá de algún servicio.
Reconociendo que no hay dinero que alcance cuando de necesidades se trata, pero el sector gobierno debiendo ser un facilitador para cubrir demandas de su recurso humano -mayoritariamente mal pagados- les lleva a endeudarse y les causa dolores y nulo alivio al bienestar.
Bien decía mi querido y difunto Tío Abuelo César Fentanes Méndez (QEPD): los prestadores de dinero actúan como mercenarios por la protección de actos ilícitos de quienes prestan dinero y hasta de las autoridades frente a los muchos pasivos clientes.
¡ES CUANTO!
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