Una de las premisas que desde antes de iniciar el sexenio al frente de la actual administración federal, el creador y dirigente moral y espiritual del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), ha venido utilizando, es el combatir la corrupción.
Termino que hasta la fecha en ninguna de sus desprestigiadas mañaneras ha explicado o definido, pues solamente se ha dedicado a culpar de esta a los que llama: los conservadores y neoliberales. Términos o corrientes político-económicas que tampoco hasta el momento ha explicado que significan para él.
Por lo que es muy importante señalar que todos los integrantes de lo que llama la Cuarta Transformación, desde los que están acabando con su organización política -MORENA- por sus intereses personales, hasta los que sí, le son leales, como el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, están obligados a seguir su mandato.
Nadie en este apabullado país duda que la intención de López Obrador de acabar con este flagelo que tiene sometida a la sociedad mexicana, sea cierta. Por lo que se le reconoce y felicita por esta importante acción, pues de lograrlo, hará que la vida de todos le mexicanos mejore y que nuestro país en el contexto mundial ocupe una posición importante.
Es por esa positiva intención del Presidente de México, que llama la atención lo que está sucediendo en el actual gobierno de Veracruz. Pues lamentablemente tenemos los primeros lugares en la comisión de diferentes delitos y por lo que toca a la cuestión económica, las dependencias vienen presentando desde el año pasado sub ejercicios, lo que afecta no solamente la economía estatal, sino también lo más grave, la familiar.
Situaciones las anteriores a las que desde la semana que hoy llega a su fin, hay que sumar la ineficiencia que se está presentando entre los integrantes de la LXV Legislatura, la que puede deberse a corrupción o falta de conocimiento de la ley. Que seguramente es la herencia del inculto legislador Pozos Castro. Pero sea cualquiera de las dos, es un asunto muy grave.
Pues en el proceso de desafuero del alcalde de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez (PAN), así como de la síndica Lucero Jazmín Palmeros Barradas (PAN), este, está plagado de irregularidades. Entre las que se pueden citar la detención de la Síndica, antes de haber sido desaforada o el ocultamiento de pruebas que los presuntos culpables aportaron para su defensa, que efectuó la Comisión Instructora. Solo por citar esos.
Acciones que además de ser delitos, pueden causar que el desafuero sea revocado. Y por tanto los acusadores ahora se conviertan en acusados.
Pero lo más grave que están haciendo estos ineficientes aprendices de legisladores es la imagen que le están creando a su gobernador y por tanto jefe político en esta entidad, que seguramente por el tipo de violaciones legales- legislativas en que están incurriendo, trascenderán como noticias a nivel nacional y también afectarán la imagen de su guía espiritual nacional, Andrés Manuel López Obrador, que en momentos como los actuales, lo que menos necesita es este tipo de ayudas, que solamente mermaran su imagen. Usted qué OPINA, estimado lector. Hasta el lunes. noti-sigloxxi@hotmail.com (Fech. Púb. Vier. 6-marzo-20)
