No ha sido fácil desactivar las minas en la geografía veracruzana para el titular del Poder Ejecutivo local que dejó sembradas su antecesor panista. El estado no sólo es un ente disfuncional, golpeado y asolado por la barbarie de la narcoviolencia, sino que sus instituciones públicas se sostienen en alfileres para mantener el endeble Estado de Derecho.
La tarea del morenista Cuitláhuac García Jiménez es titánica pero no difícil de superar para restablecer el orden, la legalidad, la credibilidad del discurso oficial, los cimientos del erosionado tejido social. Es necesario y urgente que el gobernador se deslinde públicamente de cualquier nexo que lo una con los exgobernadores priistas Javier Duarte o Fidel Herrera que opaque su naciente gestión.
Exsenadores, diputados federales y un sector de la cúpula priista han sostenido contra viento y marea que el controvertido exgóber priista, sentenciado por una pena magra de 9 años por delincuencia organizada y corrupción, le entregó sumas millonarias a Cuitláhuac por conducto de uno de sus testaferros Gabriel Deantes, exsecretario del Trabajo e integrante de la cofradía duartista.
El objetivo era frenar, a como diera lugar, al cachorro del rijoso y megalómano góber panista del cambio, Miguel Ángel Yunes Linares, del mismo nombre, postulado por la coalición del PAN-PRD-MC, porque si ganaba la elección del primer domingo de julio de 2018 se forjaría una ínsula de poder sucesoria por 14 años —una especie de monarquía de facto, donde reinarían los hijos del exgóber—, que finalmente se cumplió ante sorpresa del imaginario colectivo.
Cuitláhuac se impondría ante su principal adversario de la coalición del PAN-PRD-MC, Miguel Ángel Yunes por 1 millón 667 mil votos, contra 1 millón 443 mil votos. Los electores veracruzanos dividieron su voto mayoritario por las coaliciones que abanderó Morena y el PAN.
Al PRI de José F. Yunes Zorrilla, le cobraron la factura por la secuela de trastupijes y saqueos de las arcas públicas que dejaron los exgobernadores Fidel Herrera y Javier Duarte. Pagó justo por pecador. Su discurso fue timorato por los actos de corrupción de sus correligionarios del tricolor. Le faltó una sevicia más enérgica y contudente.
Los priistas trapecistas ahora conversos con Morena, PT, PES y PAN son precisamente protagonistas del juicio político que abrió la LXV Legislatura local al fiscal general, Jorge Winckler Ortiz, por diversos delitos, entre ellos tortura, negligencia, fabricación de delitos y violación a los derechos humanos contra duartistas que fueron encarcelados en el penal de Pacho Viejo, por órdenes del entonces góber panista.
En abono a su propia defensa, Winckler, abogado personal de los intereses de la familia Yunes Linares, se ha enfrascado en un vendaval de acusaciones contra el góber Cuitláhuac García y viceversa, donde el fiscal asegura que el titular del Poder Ejecutivo mantiene pactos con los duartistas en prisión para exonerarlos y que la misma suerte correrá Javier Duarte, para retirar las acusaciones que levantó la fiscalía en contra de él.
Cuitláhuac, por supuesto, ha negado que haya pactado con los duartistas en los sótanos del poder público. Pero en este pandemónium que se ha abierto para relevar al fiscal yunista, el góber debe dejar perfectamente claro y contundente que él no tiene acuerdos inconfesables con duartistas, con el propio Javier Duarte o Fidel Herrera.
A casi 60 días de haber asumido la gubernatura de Veracruz, es patente que ha sido muy pobre y magra la actuación de García Jiménez para resolver los entuertos que dejó su antecesor Miguel Ángel Yunes Linares. Tenía que hacer una cirugía mayor en las instituciones públicas para ir subsanando el estado de indefensión, pero hasta ahora los resultados son poco alentadores.
Sus operadores —secretarios de despacho— son noveles en cargos de primer nivel de las altas esferas del poder público. El propio góber carece de experiencia en el quehacer público y político. La inseguridad pública, desempleo, migración y semiparalización de la planta productiva continúan siendo el talón de Aquiles del gobierno estatal.
En suma, enfrenta una bomba de tiempo político-legal con el fiscal general, que tiene que irse para enfrentar la justicia de todos los bretes que dejó su patrón MAYL. Según el góber morenista, existen dos vías para deshacerse del fiscal de acuerdo con audios divulgados el miércoles 23 por el periódico Reforma: una reforma constitucional que evite el dictamen final del ‘juicio político’ que se está ventilando en la LXV Legislatura local.
Y la otra, es acelerar el procedimiento de elección de las 12 vacantes de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, que encabeza otro de los brazos opresores del exgóber panista, Edel Álvarez Peña, para que haya mayores opiniones independientes, donde será la Sala Constitucional quien determine si se va o no el fiscal general.
De acuerdo con la norma, antes del 31 de enero, Jorge Winckler deberá estar fuera de la fiscalía y enfrentar las acusaciones que pesan sobre él. En febrero, la Legislatura local tendrá que elegir al nuevo fiscal. ¡Si no se encauza debidamente el entuerto podría convertirse en un peligroso búmeran!
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