Ante la creciente descomposición social en Veracruz y en la mayor parte del país, por anomia –falta de normas, castigo, lentitud e impunidad de los delitos-, las altas esferas de la Secretaría de Gobernación y de Los Pinos se lavan las manos por la desbordada violencia que impacta por los cuatros puntos cardinales a la entidad. No es descabellado.
A 15 meses de la opaca gestión del bienio aliancista de MAYL que ha sido reprobado en la mayoría de los rubros gubernamentales -con la excepción del financiero y su venganza con los excolaboradores de Javier Duarte-, Veracruz se encuentra atrapado en la vorágine de la estulticia, en el tobogán y en la crisis moral de los servidores públicos.
Las instituciones públicas del estado han sido erosionadas porque el titular del Poder Ejecutivo ha pisoteado y vulnerado la soberanía de demás poderes, por encima de la legalidad y el imperio de la ley.
Convertido en la antítesis del liberal Montesquiu –Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquiu-, el gobernador aliancista no solo humilla a la maltrecha figura del Poder Judicial sino que pone en evidencia la administración de la justicia.
En las frías gavetas del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior de Justicia duermen en el justo de los sueños cientos, miles de expedientes de laudos laborales, cobranzas y crímenes proditorios que provocaron por despidos injustificados por cambio de administración estatal de los tres poderes de gobierno (2016-18), retención ilegal de pagos a proveedores en general y asesinatos colaterales, entre ellos periodistas y activistas sociales, por el “frente de guerra” de las fuerzas castrenses contra el crimen organizado.
No es una exageración o se actúe como agoreros del desastre, pero Veracruz se debate en ríos de sangre que causa el crimen organizado como si fueran una estampa de las historias que cuenta el escritor inglés y periodista George Orwell, por el disfuncional sistema anticrimen, instituciones públicas colapsadas y un gobernador reduccionista y megalómano que ha fracasado por reintegrar el orden legal.
No hay día que la sociedad civil, activistas o periodistas desde el Pánuco hasta el Tonalá sean víctimas de la barbarie de los depredadores del crimen organizado o de la delincuencia común. La respuesta de la policía de la SSP en tiempo real ha sido deficiente y bajo el sospechosismo de complicidad falaz y abyecta con los grupos criminales.
Veracruz no solo vive el terror y el horror de los transgresores de la ley si no que tiene soportar con estoicismo –no le queda otra-, ante la falta de arrojo e independencia de los diputados locales y federales, para convocar a un referéndum para destituir a los altos mandos de Seguridad y Procuración de Justicia por ineptos, deficientes e incapaces para frenar la avalancha de la narcoviolencia. Y juzgarlos, por supuesto.
Los crímenes colaterales y delitos de alto impacto social, se han convertido en la zozobra del tejido social ante un gobierno aliancista obcecado que minimiza la grave descomposición social histórica que vive la entidad, congratulado por el canto de las sirenas de sus cortesanos. Los atentados a activistas y periodistas en el bienio son ahora “crímenes de conciencia” del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.
En su retórica demagógica y palaciega, el titular de Poder Ejecutivo se comprometió esclarecer y castigar con el peso de la justicia –la reivindicación de Némesis, pues- todos y cada uno de los 21 homicidios cometidos contra periodistas y fotorreporteros en el régimen de Javier Duarte –actualmente preso por corrupción-, más tres que se registraron en su gobierno. Todo fue una vil treta. Un ardid
Una burla. Un montaje para ganar reflectores. Salvo el esclarecimiento del caso de un periodista de Poza Rica, que salvo la vida milagrosamente de un atentado, el resto permanece en el pantano de la impunidad y de la ignominia.
A estos casos sin resolver, se le suma el asalto y agresión que sufrió el jueves 8 por la noche en Xalapa en su negocio de la calle de Manuel Guido y 20 de Noviembre, el también periodista Isaul Zúñiga Aguilar, que salvo golpes contusos, no paso a mayores. Isaul no cree en la justicia local. Y tiene sobrada razón.
Este narcoinfierno que se incubó en Veracruz por complicidades de políticos y notables del Sector Privado, donde el lavado de dinero es evidente con el florecimiento lucrativo de negocios encubiertos de recreación, hoteles, juegos de azar, giros negros, renta de autos lujosos, ventas de autos usados y clínicas hospitalarias, ha sido rebasado con creces por el gobierno federal y estatal.
Pero el presidente EPN ha insistido en lavarse las manos, desligarse del derrumbe de la inseguridad pública en los estados. Los delitos que han hundido a Veracruz son del orden común. Y por lo tanto le toca al gobierno aliancista poner orden y combatir los miasmas que han erosionado a las instituciones públicas en la entidad.
La narcoviolencia no ha disminuido. No para. Veracruz se debate entre tinieblas, barbarie, impunidad, corrupción, bajo un gobierno que ha desembocado en las puertas del despotismo, destruyendo el equilibrio de los poderes formales. Hay una opacidad y falta de transparencia en los dineros públicos que se destinan a la lucha anticrimen.
Actúa con el síndrome de Maximilien Robespierre. Le importa un bledo la opinión de Los Pinos, del Congreso de la Unión y de la Segob. Su máxima es retener el poder para el 1 de julio para su primogénito a costa de lo que sea y a cualquier precio. ¡Injusto que la sociedad civil haya y esté pagando justo por pecador! ¿Hasta cuándo se agotará la paciencia?
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