Semana decisiva del calendario electoral, definida claro está, por la instalación del Consejo para el proceso electoral local que tendrá como meta el domingo 2 de junio, día en que concurrirán las elecciones más grandes de la historia reciente de nuestro país.
En Veracruz se juega casi todo: la gubernatura, las senadurías, las diputaciones federales y locales y solo se exceptúa a las elecciones municipales, por las que se contenderá en 2025.
Al momento de iniciar el proceso, de los partidos nacionales con presencia en la entidad, la coalición que conforman Morena, el Partido Verde y el del Trabajo están a días de formalizar la decisión que en realidad sabemos desde hace casi cuatro años, pero que buscaron disfrazar con un proceso del que ahora no saben bien cómo evitar que sus fracturas les dividan más; mientras que del Frente Amplio por México integrado por el PRI, el PAN y el PRD seguimos viendo el mutismo y falta de definición que solo genera incertidumbre y que en nada abona al afianzamiento de una oposición sólida; y falta aún por saber quién abanderará a Movimiento Ciudadano que dijo que se la jugará solo.
Los nombres serán pues los que ellos decidan. Sí, en masculino.
En todo caso lo que debemos exigirles a las tres personas o más que participen como contendientes por la gubernatura de Veracruz es una agenda clara para y por las mujeres de la entidad.
Porque es cierto que la paridad le añade un componente distinto a la configuración de las campañas, pero sean hombres o mujeres quienes les abanderen, tienen que presentarnos una agenda con la que haya compromisos reales basados en un diagnóstico realista de la realidad de vida de las más de 4 millones de mujeres veracruzanas que residen en territorio veracruzano.
Ya basta del falso discurso utilizado durante casi un sexenio en el que se dice que hay compromiso con las mujeres porque varias de ellas encabezan dependencias y poderes. Ya vimos que ellas no deciden y más aún, que su presencia es utilizada para violentarlas o para usarlas para convalidar prácticas patriarcales.
No, lo que necesitamos es el claro compromiso de cada contendiente sobre el destino que tendrá el Instituto Veracruzano de las Mujeres que habrá vivido su sexenio más opaco, no tan solo por el no nombramiento de su titular, sino por operar con Consejos Consultivo y Social vencidos, por la progresiva disminución de su presupuesto, por la poca incidencia de su actuar y por la poca transparencia en las dos Alertas de Violencia declaradas para la entidad y la excesiva dilación de la declaratoria de una tercera.
Necesitamos saber exactamente qué acciones se realizan en la Fiscalía para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia que nos mantiene en los primeros lugares a nivel nacional, aunque pretendan ocultar esa realidad maquillando las cifras.
Es urgente saber cómo están los servicios de salud garantizando la calidad de vida de las mujeres, la atención al cáncer, a la muerte materna, a la salud mental y al aborto, con el que sigue habiendo pendientes pese a ser ya un derecho garantizado por la legislación veracruzana.
Queremos conocer cuál es su compromiso para con las mujeres víctimas de violencia, para las madres buscadoras, para las mujeres privadas de su libertad, para nuestras niñas que están siendo enganchadas por las redes de trata, para atender la violencia vicaria cuyas cifras son alarmantes. ¿Qué tienen diseñado como política pública para fortalecer la autonomía financiera de las mujeres? Y para disminuir la brecha de desigualdad en una entidad en donde esa es una condición que limita el desarrollo.
Hay que preguntarles a quienes aspiran a gobernar la entidad ¿qué han hecho desde sus cargos por las mujeres?
Ya estuvo bueno de demagogia. Ya perdimos un sexenio. No estamos dispuestas a perder ni un minuto más.
Mónica Mendoza Madrigal
Hoy 17 de octubre las mujeres conmemoramos una de las fechas más importantes en el calendario de efemérides asociadas con derechos que nos son plenamente resignificativas.
Las mujeres mexicanas no éramos sujetas de derechos políticos y electorales, pese a que teníamos un largo camino en esa exigencia, pero con todo y lo enormemente relevante del hecho ocurrido un día como hoy de hace 70 años, no es correcto decir que se “nos concedió” el derecho a votar y a ser votadas porque los derechos no se conceden, sino que se reconocen.
En realidad lo que se hizo aquel día fue dejar de aplazar un proceso irreversible.
La primera mujer mexicana en postularse como candidata fue Hermila Galindo, esa pionera a la que en su época consideraron desfasada de la realidad porque se postuló a sabiendas de que votar y ser votadas no era un derecho contenido en la legislación mexicana, a lo que ella dijo que habría un día que se haría costumbre que las mujeres fueran candidatas, pero en lo que esa fecha llegaba, había que comenzar a hacer común la práctica.
En 4 estados de la República hubo reformas que permitieron que tuviéramos diputadas locales, alcaldesas y regidoras antes de tener Diputadas federales y senadoras, porque el experimento había que empezar a impulsarlo en poblados pequeños en los que fuera probándose “si la ciudadanía ya estaría preparada para tener mujeres legislando”.
Y aunque en efecto Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib y a Beatriz Peniche solo duraron 2 años en el cargo de Diputadas del Congreso Yucateco porque la inestabilidad política derivada del asesinado del entonces gobernador no brindaba las garantías necesarias para que ellas se mantuvieran en su curul, aquellas tres mujeres son las precursoras de un proceso imposible de frenar.
A nivel federal demoraron un sexenio en dejar de fingir que se reconocería el sufragio femenino – la iniciativa fue presentada y votada siendo Cárdenas presidente, pero jamás se publicó en el Diario Oficial – así que 1953 era un momento inminente para llevar al país adelante en materia de derechos para las mujeres y cuando otras naciones africanas y centroamericanas ya habían avanzado en el reconocimiento, México se convirtió en la doceava nación del continente en dar un paso adelante.
Como sabemos, el camino ha sido largo. Cuento en mi libro sobre la historia del Congreso de Veracruz que el arribo de mujeres a las curules locales no fue continúo ni progresivo. Acá la primera mujer en ser diputada local fue Irene Bourell, cuya historia da perfecta cuenta de lo que fue para las mujeres abrirse paso en la política. Ella fue fundadora de la Liga de Comunidades Agrarias – junto con su marido – y pese a que él murió en la brega siendo muy joven y ella tuvo una larga y prolífica vida, hay quienes aún la reconocen solo por haber sido la viuda de un líder agrarista, cuando sus propios méritos son materia suficiente para ocupar un lugar significativo en la historia, pues no tan solo fue la primera mujer en el Congreso de Veracruz, sino la primera en representar a Veracruz en el Congreso de la Unión y la primer mujer en ser parte de la Mesa Directiva en un Congreso en América Latina, y sin embargo en el estado de Veracruz solo hay una biblioteca que lleva su nombre, que poco significa para la historia de esta entidad.
Así la historia de las pioneras, no nombradas y no reconocidas, que fueron llegando a cuenta gotas a ocupar los cargos, más por voluntad política de los líderes que por reconocimiento real de sus trayectorias y méritos. De estos 70 años, 50 transcurrieron así, hasta que hubo que darle un empujón al sistema de partidos, la más patriarcal de todas las instituciones políticas, que solo con cuotas es que incorporaron mujeres, a las que mandaron a contender en distritos perdedores u obligaron a renunciar para cederles el lugar, en una serie de trampas a las que están siempre dispuestos a llegar, con tal de no ceder en aquello que consideran suyo: el poder.
Pero las cuotas funcionaron y gracias a ellas alcanzamos la paridad, principio constitucional hermano de la igualdad que sin embargo, hay que estar defendiendo cada día de los desaforados intentos por acotarlo y ponerle límites.
Es muy relevante llegar a esta conmemoración, una noche después de que el INE determinara sostener su recomendación de que de las 9 gubernaturas que habrán de disputarse en 2024, 5 de ellas estén encabezadas por mujeres. Oh afrenta más descabellada, “¡el INE se sobrepasa!”. Y por qué no entonces – para ponerse a tono con la corrección política tan de moda en estos tiempos -, ¿no proponemos que 9 de 9 candidaturas sean para mujeres?. Siempre fue así para los hombres y entonces no había excesos ni extralimitaciones que fueran cuestionadas. El patriarcado cede, pero ah que estas mujeres que lo quieren todo y lo quieren ya.
Los partidos – todos -, no acaban de entender que la paridad no trae solo faldas a la contienda. Trae a la mitad de las excluidas, y a su agenda y a su forma de hacer política, ante lo que la misoginia tradicional se exhibe como una vieja práctica que ya no cabe ni representa. Pero nosotras, las hijas de las sufragistas, las paritaristas, no encargaremos de refrendarlo.
El reloj legislativo se agotó y el Congreso de Veracruz no cumplió
Hoy lunes 31 de julio de 2023 es el último día del segundo período ordinario de sesiones del Congreso local, fecha en la que vence el tiempo establecido por la ley para hacer cualquier reforma a aplicar en el proceso electoral que habrá de dar inicio en 90 días y con ello, se perdió la posibilidad de que fuera armonizada en la legislación estatal la 3 de 3 contra la violencia.
Esta reforma fue aprobada por el Senado el miércoles 24 de mayo y cuya minuta fue ratificada por los Congresos estatales –el de Veracruz incluido– permitiéndole ser declarada válida, entrando en vigor a partir del 30 de mayo pasado, un día después de que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Es sin duda la más importante legislación lograda en materia de ética pública en este período legislativo federal para prevenir la violencia contra las mujeres, que tiene al país con cifras alarmantes en toda la geografía nacional. Con la reforma al párrafo segundo del apartado A del Artículo 102 y la adición de una fracción VII al Artículo 38 de la Constitución, se logra establecer que las personas que estén prófugas de la justicia; que hayan sido o estén sentenciados por haber ejercido delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, contra el normal desarrollo psicosexual, o que hayan ejercido violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual o por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos; y quienes hayan sido declarados como deudores de pensión alimenticia, no puedan ser registradas como candidatas a cualquier cargo de elección popular, ni obtener cargos en el servicio público.
Una reforma Constitucional como ésta requería –por procedimiento legislativo– ser armonizada en los Congresos estatales en los 180 días contados a partir del 30 de mayo, plazo que vence hoy sin que el Congreso veracruzano hiciera las reformas requeridas.
Es un hecho que avergüenza y que no extraña.
El segundo Congreso paritario en la historia del estado no tiene una sola iniciativa aprobada en favor de las mujeres veracruzanas. En realidad, no han aprobado nada de nadie: ni de la oposición, ni de su propia bancada, cuya sobrerrepresentación sirve para muy poco, porque éste es un Poder Legislativo de un solo hombre, que durante cinco años consecutivos ha ejercido en forma unilateral el control al interior de un Poder omiso y misógino, como lo demuestra claramente la no aprobación de normas necesarias como la Ley Monse, la Ley del acoso callejero, la de la Violencia Vicaria y tantas otras que siguen durmiendo el sueño de los justos en los cajones de escritorios de legisladores y legisladoras que, eso sí, se afanan por pedir el voto de quienes hoy claramente han defraudado.
En materia electoral, vamos a ir al proceso más importante en la historia de este país y como quedó pendiente desde la Legislatura pasada, Veracruz no armonizó la violencia política en las leyes locales y ahora, no lo hizo tampoco con la 3 de 3.
Queda clara la protección que este Legislativo brinda a los violentadores, a los acosadores y a los deudores de pensión alimenticia que el partido al que pertenecen pretende que veamos en las boletas. A menos que haya otras instancias, verdaderamente comprometidas con la Constitución y con el combate real a la violencia contra las mujeres, que sí actúen con responsabilidad y ética por éstas tan graves omisiones.
Misoginia de Estado
Una cosa es el desdén institucional para no comprometerse con la agenda de las mujeres, y otra, el claro desprecio que en solo cuatro años y medio se ha convertido en misoginia de Estado. En Veracruz gobernó ininterrumpidamente el PRI hasta 2016, cuando con un bienio se tuvo al frente del Poder Ejecutivo estatal a un gobierno emanado de un partido de filiación distinta y, desde 2018, una aparente izquierda hizo su arribo al gobierno.
Desde entonces, el debilitamiento institucional, la falta de políticas públicas en la materia y la ausencia de acciones específicas para atender la agenda de las mujeres ha ido de mal en peor.
Hace 17 años se creó el Instituto Veracruzano de las Mujeres luego de un profundo proceso de reforma impulsado desde el Legislativo y fortalecido por la participación activa de una sociedad civil constituida por mujeres que propusimos una agenda de trabajo, que acompañamos a su realización.
De esa dependencia que significaba un avance en materia de institucionalización de la perspectiva de género, hoy no queda nada. No tan solo se insiste con necedad absurda en no iniciar el proceso para emitir la convocatoria correspondiente para nombrar una directora, sino que el presupuesto con el que opera la dependencia es cada vez más reducido y sus acciones, menos incidentes.
Ni qué decir de la acción transversal en dependencias que lo que sí han hecho es convertirse en auténticas cuevas de acosadores que, pese al mandato de ley que obliga a aplicar el protocolo contra el acoso para poner fin a esas prácticas, los agresores están protegidos desde el más alto círculo del morenato veracruzano, por lo que siguen impunes.
Y qué se puede esperar, cuando es el propio mandatario el que un día sí y otro también emite declaraciones para agraviar opositores en general y mujeres en particular, perfil que comparte con su secretario de Gobierno, que hace malabares para no ser sancionado por violentador político. Y no porque verdaderamente le importe no ser reconocido como tal, sino porque ello pondría en riesgo sus aspiraciones de buscar un cargo de elección popular ahora que usurpa la identidad afrodescendiente en una entidad que se honra de su tercera raíz, rasgo cultural que no representa pese a su color de piel, con el que únicamente lucra y se victimiza.
Las mujeres no estamos seguras, lo sabemos. Y no me refiero solo a las que han sido víctimas de feminicidios, cifra que crece alarmante junto con otra más numerosa aún: la de las desaparecidas. Y mientras esa realidad nos golpea sin una sola acción contundente para frenarla, hoy además las periodistas, las activistas y en general las opositoras somos perseguidas por no acatar los mandatos patriarcales de estos personajes.
Todo México sigue aún sin dar crédito de la persecución emprendida desde el Poder Ejecutivo de una entidad en contra una integrante del Poder Judicial estatal. Y es que la persecución a la jueza Angélica Sánchez no es solo una coacción contra ella, sino también un ataque para doblegar a un Poder ante la complicidad de sus pares, que están sumándose a esta barbaridad creyendo ingenuamente que al obedecer esta inmundicia, recibirán protección y cobijo. ¿Qué parte del infierno no están viendo?
Nadie está a salvo y eso ya deberían saberlo. El servilismo lacayuno es en vano, pues ni les darán las gracias, ni quedarán impunes. Valdría más conservar la dignidad aplicando la ley, que no porque hoy la ignoren, será letra muerta para siempre.
Sí, sus acciones infunden miedo y hay quienes con el miedo callan.
Pero hay quienes no estamos dispuestas a vivir con miedo.
Feminista
- Murió el fotoreportero Rafael Vázquez Viveros
- Las presiones financieras que enfrentan hoy los reporteros
- La violencia no solo es física, también es económica
Por Miguel Ángel Cristiani González
Siempre es triste enterarse de la muerte de algún conocido, pero es más aún, cuando se trata de un amigo y compañero de trabajo.
Es el caso del fotoreportero Rafael Vázquez Viveros, quien falleció este miércoles, debido a un paro cardiaco.
Conocimos a Rafa, como afectuosamente lo llamábamos todos en el medio, cuando trabajamos en el periódico Ya El Mundo Veracruzano, allá en la década de los 80.
Comprometido en sus labores, respetuoso con todos, modesto y sin protagonismos, se ganó la amistad de todos.
Vázquez Viveros se inició en el medio periodístico como camarógrafo de la televisora estatal Cuatro + (Hoy Radiotelevisión de Veracruz), en dónde se desempeñó con gran profesionalismo, para después inmiscuirse más en la actividad fotográfica, que fue una de sus grandes pasiones, además de la lectura de los clásicos de la literatura universal.
Cómo fotoreportero, laboró por muchos años en El Diario de Xalapa y posteriormente en la corresponsalía de El Dictamen, El Decano de la Prensa Nacional, hasta que cerró sus puertas hace aproximadamente seis años, en donde compartió grandes experiencias con el maestro Pompeyo Lobato Ortiz, quien fungía como jefe de la oficina de corresponsales, así como con los periodistas Melesio Carrillo, Isaul Zúñiga, Raquel Ríos, Mary Antonia Baxin, entre otros.
En los últimos años, se desempeñó como reportero del portal Acrópolis, en dónde hasta el pasado martes, de manera puntual envíó su información de lo acontecido en ese día.
Aunque el reporte del motivo de su muerte fue un paro cardiaco, es posible que también se debiera a las presiones financieras, que sufren muchos de periodistas en la actualidad, cuando gran número de medios han tenido que cerrar por la crisis en el gasto de publicidad.
En los últimos años, no solo se ha sentenciado y criticado a la prensa desde la tribuna presidencial, sino que también se ha atentado contra los medios de comunicación -que no son los favoritos del régimen- como con la mal llamada Ley de Publicidad de Comunicación Social, que todavía se está discutiendo en la Suprema Corte de Justicia por su inconstitucionalidad, al limitar a las dependencias para la contratación de publicidad.
Los ataques en contra de los periodistas nacionales y a algunos medios por parte del presidente se han incrementado luego de que no pasara la Reforma Electoral y el Plan B, dentro del que se incluye la ley de Medios de Comunicación.
Pero lo cierto es que la violencia física y psicológica no para, sino al contrario va en aumento.
México cuenta desde hace diez años con el llamado Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aunque las agresiones y asesinatos no se han detenido. Sólo en las primeras seis semanas de 2022, cinco comunicadores fueron asesinados, el último este jueves, cuando Heber López, director del portal Noticias Web, fue acribillado en el estado sureño de Oaxaca.
Organizaciones internacionales siguen considerando al país como el más peligroso en el continente para ejercer el periodismo y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) considera que las primeras semanas del año han sido “las más violentas para la prensa mexicana en más de una década”.
Los asesinatos han sido no tan solo de periodistas, sino también de los medios de comunicación a quienes se les ha negado la posibilidad de contratar publicidad oficial, con lo que prácticamente también se les está condenando a desaparecer, como ya ha venido ocurriendo.
La violencia no es solo física o psicológica, también es económica.
Mientras tanto, hay que esperar a que se terminen de resolver en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las impugnaciones a los cambios que se le hicieron en el Senado de la República a la Ley de Comunicación, para eliminar el absurdo artículo que establecía que las dependencias federales estatales y municipales solo podían destinar el 0.01 por ciento de su presupuesto a publicidad.
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En el primer año de la actual administración, al término de un evento oficial un par de mujeres me abordaron. Había participado en una ponencia sobre la instrumentación del protocolo de acoso y hostigamiento sexual en instituciones gubernamentales –proceso que estaba impulsándose en todas las dependencias de gobierno federales, estatales y municipales, ante la urgente necesidad de erradicar esa tan común forma de violencia en los espacios laborales que quedó desnudada luego de que el #MeToo sacara a la luz estas deleznables prácticas– y lo que me dijeron me dejó fría: ambas venían padeciendo un infierno de violencia laboral y sexual en la dependencia de gobierno en la que laboraban de parte de un sujeto que se ufanaba de ser cercano al gobernador de Veracruz.
Me pidieron acompañarlas en su proceso “porque nadie más se atrevía” y pese a que en ese momento yo era funcionaria todavía, caminé con ellas largamente en un infierno que aún no termina, porque el sujeto –entonces secretario particular de la titular de la Sedema– sí resultó ser del círculo cercano del gobernador, de la hoy titular de la Secretaría del Trabajo y de su hermana Magistrada, instancia en la que esa pesadilla sigue estando entrampada.
El valor y la determinación de Yael y de Julieta han sido mayores a las muchas trabas interpuestas. Primero dentro de la dependencia en donde fueron revictimizadas. Y luego por parte de la justicia, que sigue protegiendo a este acosador.
Su caso no es aislado
Una breve revisión de los múltiples acosos que se han hecho públicos en esta administración estatal rebasa por completo los límites que podrían situarlos como “casos aislados” y permiten dimensionar el amplio alcance de un delito recurrente entre la clase política que hoy gobierna.
Hemos sabido en estos años transcurridos de casos muy sonados en la Secretaría de Gobierno, en la Secretaría de Educación, en Salud y recientemente se “voló la barda” la revelación pública de una presunta red de favores sexuales en la Secretaría de Seguridad Pública, misma que fue negada rápidamente, sin una investigación interna que sustente ese dicho.
La propia Contralora General del Estado reconoció durante su comparecencia en diciembre pasado que en los primeros tres años de gobierno hay un registro de hasta 200 casos de acoso y hasta el momento han sido cesados apenas una veintena de funcionarios públicos, cifra nada significativa de acuerdo con la magnitud de denuncias que les ha sido canalizada, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿y los otros más de 150 casos en los que no se ha procedido contra los responsables? Seguramente sus víctimas siguen conviviendo con ellos en el mismo espacio laboral en donde una y otra vez se les refrenda que el poder político protege a los acosadores.
La semana pasada, dos hechos ocurridos relacionados con este tema han encendido los semáforos en forma particular.
El primero, es relativo a la denuncia presentada por una ex trabajadora del Instituto Veracruzano de las Mujeres por acoso laboral y amenazas, hecho sumamente grave porque, ya de por sí, el IVM se ha convertido en el estandarte del desdén de este gobierno hacia las mujeres. No tan solo disminuyendo su actuar pese a la grave situación de violencia que viven las mujeres en la entidad, sino que ya lleva cuatro años y todo pinta que llegará a seis sin renovar los consejos Consultivo y Social y sin emitir –con base en la ley– la convocatoria que lleve a nombrar una Directora al frente de ésta, que es la institución que las veracruzanas impulsamos para ejecutar la política pública en materia de mujeres en esta entidad.
Y claro, si en el IVM se violenta a las mujeres, ¿qué se puede esperar en el resto de la administración pública estatal?
El segundo de los hechos que sienta un precedente significativo en esta materia es la revocación que hizo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la resolución adoptada por los órganos jurisdiccionales electorales del estado en relación con la violencia ejercida por parte del Secretario de Gobierno hacia una diputada local.
Hasta hoy los órganos electorales habían estado determinando que en el Derecho Parlamentario no había violencia política, pero esta resolución redimensiona ese hecho y establece que el Derecho Parlamentario solo aplica a quienes son representantes populares y por tanto, quienes desempeñan una función pública externa al Congreso no están exceptuados de cumplir la ley.
El impacto que las violencias institucionales generan de parte de quienes considerando que el poder que tienen les permite acosar laboral o sexualmente o bien, violentar a mujeres, es la esencia misma que las leyes en la materia y sus instrumentos normativos –como los protocolos– buscan proteger: que ningún agresor sienta que el poder le protege.
Si al interior de las dependencias no se actúa con contundencia para combatir todas las formas de violencia, ¿con qué congruencia pueden intentar disminuir las violencias que se generan en la sociedad que gobiernan?
El ejemplo debe primero ponerse en casa. Y en ese renglón, aquí están reprobados.
El poder de a de veras
Si creíamos que con la paridad sería suficiente para garantizar nuestro acceso al poder político, ha sido claro que no es así.
Cada acción, decisión y omisión política que se ha llevado a cabo tanto a nivel federal como en las entidades federativas y municipales, así lo ha evidenciado.
Las mujeres son colocadas en posiciones de representación pero sin decisión política real y sin incidencia. Solo para el ornato, solo para la impostura.
Mujeres que les permiten a ellos –los señores del poder– llenarse la boca con el discurso de una inclusión que sirve solo para la foto, porque en la práctica, en el terreno mismo donde el poder se hace real, ni estamos incluidas ni somos consideradas.
El perverso juego de los “lores” tiene reglas muy claras para ellos, por eso las acciones que realizan los “grandes señores” son repetidas por los pequeños “príncipes”, quienes tratan de imitar la escena una y mil veces con gabinetes en apariencia paritarios, congresos mitad y mitad solo en la forma y posiciones entregadas a mujeres que, o bien reafirman el poder de aquellos que ahí las colocan, o que son utilizadas para guardar las formas en un tiempo en donde no ser paritario es ser incorrecto, política y legalmente hablando.
Pero las mujeres no mandamos y ésa es la cruel verdad. Seguimos dando las “gracias” a esos caballeros que “generosamente” confiaron en nosotras y que “nos dieron la oportunidad” de ocupar este encargo que hoy desempeñamos, pasando por alto que nadie nos ha regalado nada y que el cargo que estamos desempeñando lo vamos a trabajar con creces, para encima de todo tener que demostrar que tenemos la capacidad para llevarlo a cabo. Y eso es muy agotador.
En esa circunstancia, muchas de las que llegan acaban cediendo al embate del poder de los “lores” porque en cada ámbito, por minúsculo que sea, hay un señor que ejerce con profunda convicción el autoritarismo y lo hace valer con los recursos de los que dispone: limitando el presupuesto a ejercer, bloqueando las iniciativas, acosando, obligando, presionando y para ser muy precisas: violentando.
Éste es el punto al que quería llegar. A decir con absoluta convicción que a todas se nos violenta de una o de otra forma porque no importa si el cargo que desempeñamos es chico, mediano o grande: es un espacio que ellos creen que les pertenece y por tanto su objetivo es bloquear nuestro desempeño para hacer evidente que no nos merecemos estar ahí porque no tenemos capacidad para ejercerlo.
Y entonces, queridas amigas, caemos en la más perversa de las trampas patriarcales: no ser sororas.
Marcela Lagarde lo dice muy bien cuando afirma que ésta “es una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda de relaciones positivas y la alianza existencial y política, cuerpo a cuerpo, subjetividad a subjetividad con otras mujeres, para contribuir con acciones específicas a la eliminación social de todas formas de opresión y al apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y el empoderamiento vital de cada mujer”, señalando además que es una acción política pero también ética, que requiere correspondencia, congruencia y la profunda convicción de que la acción individual tendrá trascendencia para las posibilidades de acceso de otras que están también enfrentando las mismas restricciones para lograr sobrevivir en este mar de tiburones.
Por eso la sororidad es el acto político más revolucionario que podemos llevar a cabo. Pero la sororidad implica creer cuando alguien se llama violentado, implica no creer que tu violencia vivida es más grave que la violencia vivida por otra y desde luego que implica que no puedes pretender ser apoyada solo cuando a ti se te daña, si antes no has sido sorora con las otras.
Si bien a todas nos toca enfrentar las distintas violencias y cada una sabe cuáles tolera y cuáles no, lo cierto es que cada mujer tiene sus propias circunstancias que hacen que su camino tome giros distintos a los de otras, porque las condiciones en las que su trayecto se ha conducido son distintas para cada una.
Así que la sororidad es la única estrategia de sobrevivencia en un terreno minado para que caigamos en las bombas que hagan explotar nuestra osadía. Y cuando una mujer decide no serlo, además de que está actuando con las herramientas que el patriarcado dicta, se está aislando a sí misma de la posibilidad de constituir con otras una red que pueda servirle de apoyo cuando inevitablemente le llegue el momento de que el sistema le dé la espalda.
Que no nos quepa duda. A todas nos llegará el tiempo de que el sistema nos cobre la factura.
Es importante hacer esta reflexión en el cierre de un año políticamente muy fuerte: un año electoral, al que fuimos en condiciones de paridad, que incrementó la ya de por sí altas dosis de violencia política que desde siempre se han vivido pero que hoy, claramente, se recrudeció y cuya resultante significó en algunos casos sí una mayor posibilidad de acceso –que no de distribución del poder a ejercer–, y en otros no se tradujo en mayores espacios para las mujeres, como claramente sucede en el ámbito municipal en donde en este estado y a nivel nacional hubo menos mujeres que obtuvieron el triunfo como presidentas municipales, abriendo un hueco en la base de la pirámide política que impide que se construya la representación positiva de liderazgos femeninos que transformen la visión de que las mujeres también gobernamos y lo hacemos bien.
El 2022 será de nuevo un año con elecciones en varias entidades, esta vez ya no acompañado de un proceso federal. Ojalá que para ir a ello hagamos las revisiones necesarias que coloquen en el centro del debate y el análisis nuestra forma de asumir el poder, de reproducirlo y de relacionarnos con otras políticamente. Porque si no transformamos de fondo a la política y a su praxis, seguiremos ondeando la bandera de la hipocresía con la cual se abraza una causa en apariencia, pero con la que no se es congruente.
Y ya no tenemos tiempo para la incongruencia. O estamos todas con todas de manera real, o que nadie se sorprenda de no recibir el respaldo que busca solo cuando le conviene.
Para ejercer el poder de a de veras necesitamos estar unidas realmente y no solo eso. Es indispensable que elevemos nuestra voz pública para fijar posturas contundentes que no dejen pasar ninguna violencia, por pequeña que ésta sea, pues ahí es en donde radica nuestra fortaleza y porque además – como hemos podido aprender – la violencia escala, así que ese pequeño acto que hoy se comete en contra de una, mañana será un acto que podría nokearnos.
Es momento de que entendamos que si seguimos simulando, sin ser realmente sororas, sin estar articuladas, sin estar estratégicamente unidas y quedándonos calladas, seguiremos siendo víctimas de la misoginia, sí. Pero también de nuestra propia ingenuidad. Y a veces, de la mezquindad.
En enero regresará la #AgendaDeLasMujeres. Toca ahora tiempo del autocuidado, de la paz mental, de los abrazos y de los afectos vitales. Esa también es una reivindicación política que nos hemos ganado a pulso.
@MonicaMendozaM
Los resultados del proceso electoral 2021 y el largo período que le sobrevino al desahogo de recursos por las impugnaciones presentadas, dan cuenta de que era indispensable aprobar las reformas que hicieron ley la paridad, sin embargo queda claro que las leyes son solo una parte del proceso de transformación de los órganos de representación pública dadas las prácticas patriarcales tan arraigadas que derivan en múltiples resistencias que obstaculizan el reconocimiento de que integrar en forma equitativa los poderes e instancias de toma de decisiones públicas no implican que un sexo ceda poder a otro, sino que un órgano constituido sea enriquecido con una participación igualitaria entre quienes lo componen.
El poder no le pertenece a ningún sexo, sino que yace en el equilibrio de su integración para la representación. Este no es el juego de las sillas donde se paran unos y se sientan otras.
Por ello es que una vez que se ha cumplido con la paridad requerida en los Congresos Federal y estatales, hemos de ir hacia el siguiente peldaño en la escalera de derechos que vamos subiendo.
Más allá de la paridad, la meta está colocada en la igualdad sustantiva que busca un cambio en las condiciones de vida de miles de mujeres que en el mundo siguen siendo las más pobres entre las pobres, las más marginadas, las más violentadas. Ellas, nosotras, todas, tenemos que saber que otra forma de relacionarnos socialmente es posible si logramos construir un modelo en donde las mujeres y los hombres seamos auténticamente iguales y nuestros derechos tengan el mismo valor.
Ahí es en donde hay que enfocarse, ya que hasta hoy el acceso de mujeres a espacios de representación en condiciones de paridad no ha significado la disminución de la brecha que separa a las mujeres de la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida.
Proponer, dictaminar y aprobar leyes que mejoren la calidad de vida de las mujeres, es un acto de justicia social que atiende a los análisis coyunturales de los problemas públicos de urgente resolución.
Pero ese compromiso de las legisladoras que son la mitad de los órganos que hoy son paritarios debe verse también reflejada en la construcción de mecanismos que garanticen la igualdad sustantiva en el Poder encargado de velar por el cumplimiento de las leyes.
Para este efecto, existe a nivel nacional la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015, que corresponde al marco regulatorio internacional (Acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo No. 190) y a la legislación nacional impulsada por el Instituto Nacional de las Mujeres como una herramienta que busca establecer los mecanismos que garanticen la eliminación de prácticas discriminatorias entre hombres y mujeres al interior de los espacios laborales, para garantizar con ello la igualdad entre el personal que se desempeña en el Congreso, tanto en los espacios administrativos como técnicos, buscando además propiciar las condiciones necesarias que permitan erradicar todas las formas de violencias que pueden llegar a tener lugar en estos entornos.
Es indispensable ir hacia la certificación de los Congresos con esta Norma que considera aspectos como: contar con una política de igualdad laboral y no discriminación, que se haga efectiva a través del funcionamiento de un Comité instalado para tal efecto y que valide los procesos de contratación de personal, de ascenso y permanencia y de capacitación, garantizando que los nombramientos sean otorgados conforme corresponda, no violentando los derechos laborales de ninguna persona que trabaje dentro del Congreso, garantizando instalaciones inclusivas y libres de violencias y que promueva el uso del lenguaje no sexista.
Acorde con esa Norma vigente, es indispensable que todos los Congresos cuenten con un Protocolo para el Acoso y el Hostigamiento Sexual así como la respectiva instalación del Comité en contra de la discriminación que garantiza igualdad en el trato entre quienes laboran en los poderes legislativos y vela también por la igualdad salarial, entre otros aspectos.
Esa transversalización de la perspectiva de género también debe hacerse palpable en cada uno de los espacios internos de la vida laboral del Poder Legislativo con una serie de acciones orientadas a promover la igualdad, promoviendo el respeto pleno a las diversidades, brindando además atención al personal que labora para el cuidado de su salud mental y psicológica, apoyando las maternidades y paternidades, que incluya espacios dignos para lactar y para la niñez y garantizando un entorno inclusivo, sostenible e igualitario.
Así pues, es momento de hacer valer la paridad legislativa ganada, para traducirla en igualdad sustantiva.
Tuvieron que llegar muchas y tuvieron que ser feministas para que en el Congreso de la Unión –Senado y Cámara de Diputados incluida– se concretaran al fin los esfuerzos de muchos años de impulso a las leyes en materia de paridad y de violencia política que venían siendo empujadas desde tiempo atrás pero que no habían podido “pasar”, entre otras cosas, porque el tamiz de la Consejería Jurídica del sexenio anterior no las consideró pertinentes y ahí simplemente todo ese gran esfuerzo “se atoró”.
Y es que las reformas de 2019 que hicieron realidad la Paridad en Todo son la coronación en la ley de un proceso que busca que las mujeres puedan ocupar los mismos espacios de representación que los hombres, porque esa proporción se asemeja a la vida cotidiana –en la que en realidad somos más las mujeres que los hombres- y por tanto, los espacios de toma de decisiones deben estar integrados acorde con esa pluralidad.
Pero la Paridad estaba ya integrada a la Constitución como un principio desde 2014, en una reforma político-electoral que estableció la obligatoriedad de que los partidos garantizaran una integración igualitaria en sus candidaturas legislativas, tanto para las obtenidas por el principio de mayoría relativa como para las de representación proporcional, permitiendo a las autoridades electorales rechazar los registros de aquellos partidos que no cumplieren con este principio.
Sin embargo, lo que no hizo esa reforma fue establecer el método mediante el cual los partidos elegirían a esas candidatas, por lo que el proceso electoral inmediato –que fue el de 2015– evidenció que aunque si bien sí las postularon para la mitad de los cargos, las enviaron a los llamados “distritos perdedores”.
Estos espejismos disfrazados de paridad son una serie de trampas pensadas para seguir manteniendo el control político del poder “de a de veras”, como sucedió en el proceso de 2018, en el que nos llenamos de síndicas que encabezaban las planillas de hombres candidatos a las alcaldías, mismas que –por cierto– cuando llegaron al cargo, vivieron y siguen viviendo dosis muy altas de violencia política en todas sus manifestaciones.
Este es uno de los aspectos que fue subsanado con la nueva reforma de 2019, en la cual se establecen los llamados “bloques de competitividad” y se determinan las reglas para que la paridad sea horizontal y vertical, garantizando así la competencia electoral en municipios y distritos.
Pero las resistencias patriarcales para no ceder el poder son práctica común desde tiempos inmemoriales y hay que reconocer que tienen una muy alta capacidad de adaptación y de reinvención, porque cada que se imponen nuevas reglas, encuentran resquicios para filtrar una misoginia que no está dispuesta a ceder ni un ápice en lo que a su juicio les pertenece: el poder.
Así que aún no terminábamos de celebrar el gran logro que bocetaba una realidad política diferente, cuando de pronto se quiso ver que la aprobación paritaria contenía letras chiquitas que exceptuaban de su cumplimiento a los cargos unipersonales y entonces, vaya, hasta la Junta de Coordinación Política del Senado se pronunció, señalando que el INE no tenía facultades para determinar que también las candidaturas a las gubernaturas habían de ser paritarias.
Aunque los senadores –y atrás de ellos, sus partidos- hicieron una gran exhibición de que la misoginia no tiene límites, no estaría de más invitarles a que vayan asumiendo lo que parecería obvio: las candidaturas presidenciales para 2024 también deberán ser paritarias.
Así que nos fuimos a la elección de 2021 con el mayor número de candidaturas en disputa en toda la historia electoral del país, con la mitad de mujeres y de hombres como aspirantes y obtuvimos los resultados que – por cierto – en algunas latitudes aún no terminan de revisar.
Dado que se votó de manera directa por más hombres que mujeres en las diputaciones federales, las leyes aprobadas sirvieron para equilibrar la integración con las plurinominales, cumpliendo gracias a ello con la proporcionalidad paritaria que las nuevas reglas políticas demandan.
Pero todavía no terminábamos de ubicar a quienes serán nuestras nuevas aliadas para seguir adelante con el empuje de la agenda de los derechos humanos de las mujeres, cuando los partidos decidieron que todas las coordinaciones de las bancadas en San Lázaro…estén encabezadas por hombres.
Adiós paridad, fuera máscaras. Todo lo que en el discurso es mera verborrea cuando pronuncian sus vacuas frases de “somos un partido aliado de las mujeres”, “haremos de sus causas las nuestras”, aderezadas por moñitos naranjas y tuits que de tan falsos ofenden o dan risa, quedó rezagado y de nuevo el “Club de Toby” será el que tome las decisiones políticas en la que será la segunda Legislatura federal paritaria.
¿Qué quiere decir que solo hombres encabecen las bancadas? Pues que habrá una Junta de Coordinación Política con pura testosterona y sin el menor ápice de perspectiva de género para la toma de decisiones que impactan a más de la mitad de la población, pues serán ellos quienes definan los órdenes del día, los accesos a tribuna, las presentaciones de iniciativas y desde luego, sus aprobaciones.
Ahí es cuando la gran ola paritaria choca contra techos de cristal que habrá que derrumbar.
@MonicaMendozaM
Legislar sobre causas justas
A la memoria de
Norma Riego
“Castigar el aborto es una acción que atenta en contra de la salud de las personas y contra las clases de escasos recursos”. Esto lo dijo Ofelia Domínguez Navarro en 1936 al presentar la ponencia titulada “Aborto por causas sociales y económicas” como parte de la Convención de Unificación del Código Penal.
Esta referencia da cuenta de que la búsqueda por reivindicar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo cumple un siglo, luego de que desde 1871 el aborto es considerado un delito, siendo que el artículo 571 del Código Penal de ese año penalizaba el aborto consumado, exceptuando de sanción desde entonces al aborto por violación.
Esta es una práctica milenaria que ha sido poco documentada. Si acaso hay datos que revelan que durante la Colonia existía un Departamento de partos ocultos al cual eran canalizadas las mujeres españolas que concebían hijos fuera del matrimonio y que entregaban a sus hijos a la Iglesia, lo que evidencia que desde siempre el aborto ha sido un privilegio de clase, pues para las mujeres indígenas y pobres las costumbres ancestrales dan cuenta de todo tipo de procedimientos destinados a interrumpir los embarazos no deseados que van desde la toma de infusiones hasta la introducción de dispositivos por el útero que desprendían el feto, desgarrando a las mujeres por dentro hasta provocarles la muerte, prácticas que siguen siendo realizadas en algunos contextos.
Fue hasta la “Revolución Sexual” y gracias al empuje de la tercera ola feminista en México que estos afanes reivindicativos cobraron de nuevo fuerza. En los años 70 la discusión se colocó al centro de la mesa gracias al ejercicio de la sexualidad libre de las juventudes de entonces, que hicieron realidad el concepto de “maternidad voluntaria”, proceso al que se sumaron las políticas públicas de salud y población que buscaban disminuir la tasa de natalidad asociada a la explosión demográfica, por lo que impulsaron una estrategia que vino acompañada de aquella campaña cuyo eslogan era “la familia pequeña vive mejor”.
Momentos de excepcional relevancia en ese largo camino fueron la Primera Jornada Nacional sobre Aborto de 1976, el Proyecto de Ley de Maternidad Voluntaria de 1979, la fundación del Frente Nacional por la Maternidad Voluntaria y la Despenalización del Aborto de 1991, y la campaña de Acceso a la Justicia para las Mujeres de 1998.
Lo cierto es que el cuerpo de las mujeres ha sido desde tiempos inmemoriales territorio de la dominación patriarcal. Lo ha sido así desde la visión judeo-cristiana que cuenta que fue una mujer la que tentó a Adán vinculando al pecado con la carne. Pero lo ha sido también a través del recurso de borrarnos de la historia como no-protagonistas de los aconteceres, condenándonos al desempeño de un rol ornamental que durante siglos ha sido reforzado. Luego vino la visión del liberalismo que nos confinó a la vida privada, ocupadas en forma exclusiva de lo doméstico y del cuidado familiar. Todo éste ha sido un largo camino en el que fuimos desposeídas de todos los derechos, por los que hemos tenido que ir luchando para conquistarlos uno a uno.
Hoy que ya podemos estudiar lo que queremos, que ya podemos tener propiedades a nuestro nombre, que ya podemos votar y ser votadas, que ya podemos ir a la luna…aún se nos niega nuestro legítimo derecho a decidir sobre nuestro cuerpo.
El hecho que cambió la discusión pública sobre el aborto fue el caso de Paulina, una niña de 13 años víctima de abuso sexual en el año 2000 y que solicitó –junto con su madre– autorización para interrumpir su embarazo. Paulina fue obligada a llevarlo a término y acabó siendo, en contra de su voluntad, una madre-niña obligada a vivir una vida que no era la suya.
El caso de Paulina derivó en la “Ley Robles”, que permitía el aborto en el entonces Distrito Federal ante tres causales, antecedente que permitió que en 2007 la Asamblea Legislativa despenalizara el aborto para las primeras 12 semanas de gestación.
Desde entonces, para las mujeres que quieren practicarse un aborto con condiciones sanitarias óptimas y que pueden pagarlo, viajar a la Ciudad de México es la ruta más segura. Tan solo en 2020 el portal de Datos Abiertos del gobierno de la ciudad registró que se efectuaron ocho mil 784 procedimientos, mismos que son 42.37 por ciento menos de los que tuvieron lugar en 2019, presuntamente por la covid-19.
En Veracruz, el camino hacia la despenalización ha estado también lleno de escollos. La aprobación de la despenalización en la Ciudad de México abrió el debate para una reforma en las entidades federativas, lo que provocó que el “lobby” antiderechos comenzara a ejercer presión al más alto nivel, desde el púlpito de las Iglesias y a través del poderío económico y político de sus miembros, para evitar a toda costa que esta discusión ocupara espacio en la agenda legislativa de nuestra entidad.
Es justo reconocer la iniciativa para despenalizar que presentara en la LIX Legislatura la perredista Yazmín Copete. O la defensa pública y en tribuna realizada en torno al tema por parte de la finada perredista Margarita Guillaumín y de la priista Dalia Pérez, ambas diputadas integrantes de la LXI Legislatura. Y la Iniciativa presentada por la legisladora morenista Tanya Carola Viveros, antecesoras en el impulso de este derecho y pertenecientes todas a Congresos en su mayoría masculinos, en donde las suyas eran voces minoritarias que no contaron con el respaldo ni de sus bancadas ni del resto de quienes integraban el Poder Legislativo.
La historia progresista de Veracruz tiene un antes y un después a 2016, año en el que el entonces gobernador Javier Duarte impulsó la reforma al artículo 4º de la Constitución veracruzana, en la cual se promueve la “defensa de la vida desde la concepción”, aprobación corporativa que provocó el rechazo público y en tribuna de las entonces diputadas Mónica Robles y Ana María Condado, pero además el señalamiento de ser regresiva y revictimizante por parte de organismos no gubernamentales y de la propia ONU.
La acción de inconstitucionalidad interpuesta por ello ante la Suprema Corte de Justicia, más otros recursos jurídicos que desde entonces fueron presentados para evidenciar lo regresivo de esa medida, dan cuenta de la larga lucha que se ha emprendido por parte de organizaciones de la sociedad civil, que a raíz de ello solicitaron ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) la declaratoria de una Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado por la restricción al derecho a la salud y la limitación a los derechos sexuales y reproductivos por parte del Estado veracruzano a las mujeres de esta entidad.
Esta batalla ha estado acompañada en cada momento por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la Fundación Mexicana para la Planificación Familiar (MEXFAM), el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Católicas por el Derecho a Decidir, Justicia Derechos Humanos y Género y las organizaciones feministas estatales y activistas que estamos integradas en el Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres, sin los cuales hubiera sido imposible obtener un resultado favorable.
La reciente aprobación de la reforma al Código Penal que despenaliza el aborto en las primeras 12 semanas de embarazo y que introduce la causal salud y que considera una sanción para el aborto inducido, hace que Veracruz se convierta en el cuarto estado del país en legislar en la materia y con ello permite que la LXV Legislatura no incurra en la omisión en la que sí incurrió su antecesora, en la que la doble agenda moral de quienes eran mayoría, bloqueó el cumplimiento del mandato legal de realizar esta reforma.
El que la diputada Mónica Robles haya presentado la Iniciativa de reforma la semana pasada, supongo que fue un riesgo difícil de asumir luego de la persecución, amenazas y agresiones a que se expuso cuando el año pasado impulsó la reforma al Código Civil que incluía, entre otros temas, el matrimonio igualitario, lo que devino en ataques cometidos por los grupos anti derechos que operan con total belicosidad y agresividad. Pero colocado en la balanza, pesa más la justicia social, la auténtica defensa de los derechos de las mujeres y la responsabilidad por atender un problema público que ya no admite dilaciones.
Celebro el valor, el coraje y la congruencia de quienes finalmente decidieron apoyar una iniciativa que no corresponde con la agenda política de ningún partido, pues se trata de un acto de justicia social. Partidizar la postura de cada legislador o legisladora en temas de derechos es un absoluto error de cálculo político y es una incongruencia social.
Lo sabemos las activistas que hemos acompañado este largo andar pese a también haber sido violentadas, incluso institucionalmente, por asumirnos defensoras del derecho a decidir. Lo saben las mujeres veracruzanas que han callado sus abortos por miedo al rechazo. Lo saben las y los médicos que han visto en sus quirófanos a niñas ser madres. Y lo sabe Diana Patricia, que mientras hay quienes banalizan la discusión planteando la pregunta de ¿estás a favor o en contra?, ella está encarcelada, dado que por la brutal golpiza que su marido le propinó, tuvo un aborto espontáneo a los seis meses de gestación y hoy él está libre y ella permanece privada de su libertad.
No puede ser pro vida nadie que desde sus condiciones de privilegio, pretende acotar los derechos de otra persona. Son antiderechos. Llamémosles por su nombre.
@MonicaMendozaM