Desde el 27 de noviembre de 2019, AMLO declaró en su mañanera que, respaldaba a sus funcionaros que no cumplen los requisitos para sus cargos, pues su prioridad era que, todos tuvieran 90% de honestidad y 10% de experiencia o capacidad.
En esa misma mañanera criticó (para variar), a los anteriores, que tenían 90% de experiencia pero que eran muy corruptos, señaló que Carlos Salinas de Gortari había egresado de Harvard, y lo tachó como el padre de la desigualdad moderna.
Si habla de honestidad, ha puesto el mal ejemplo total, pues de todo lo que prometió y de todo lo que se jacta, se ha comprobado que ha sido un engaño, lo que es deshonestidad y, en virtud de no haber resultados positivos en su administración, culpa a los anteriores; pero el haber protestado como lo señala el artículo 87 de la Constitución, de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, y lo primero que ha hecho es violarlas, también es una deshonestidad muy grave.
Además, si el Poder Judicial está, entre otras cosas, para atender de las arbitrariedades y excesos de los funcionarios del Ejecutivo y de los otros dos poderes también; ahora el presidente y sus ignorantes achichincles, le declaran la guerra al Poder Judicial y los excesos y arbitrariedades las comete el Ejecutivo en contra de elementos del Poder Judicial. Increíble el caso de la Jueza de Cosamaloapan, Veracruz, Angélica Sánchez quien, por acatar una orden de amparo, el gobernador Cuitláhuac García, a quien Guacamaya Leaks lo ligó con varios carteles de la delincuencia organizada, y recibiendo apoyo federal o de la Ciudad de México, mandó aprender a la jueza con elementos de la Guardia Nacional, sin mostrar orden, sin uniforme ni presentación alguna y sin las facultades para hacerlo.
Absolutamente de todo lo que se ha jactado el presidente, ha demostrado lo contrario, no obstante, ha referido en muchas ocasiones que, la venganza no es lo suyo, pero la ejerce cotidianamente en contra de quien sea, aunque no le deba nada, como un placer para satisfacer sus sentimientos de odio y de rencor propios de todo izquierdista.
Ahora nombra a Luisa María Alcalde Luján como secretaria de gobernación, quien es hija de la izquierdista Bertha Elena Luján Uranga, contralora del D. F., en la administración de AMLO, y presidenta del Consejo de Morena hasta 2022; se sabe que es egresada de la Universidad de Chihuahua y que tiene estudios en una Universidad de Venezuela. Su señor padre es el abogado laborista Arturo Alcalde Justiniani quien, por ser asesor legal del sindicato del IMSS, colaborar de universidades públicas, de Bancomext y Nafin, en conflictos laborales, además de ser asesor de sindicatos de pilotos y sobrecargos y, por estar su hija en la secretaría de trabajo, se hacían conjeturas al respecto.
Luisa María tiene 35 años de edad, nada de experiencia en materia de administración pública, de relaciones internas del país, es egresada de la UNAM, y tiene una maestría en la Universidad de Berkeley, California. Vale la pena preguntar al presidente, ya que el 5 de agosto 2021, declaró: “Imagínense, los que han estudiado en Harvard o en otras universidades del extranjero y aprenden a robar, a eso van, o a ayudar a que roben otros y que ellos reciban migajas del botín.” Si ella no cuenta con esas mañas.
Recordemos también que, Muñoz Ledo y muchos más, han señalado que el presidente se encuentra en contubernio con el narco, pero también analicemos que, AC Consultores, dio a conocer este 19 del presente mes que, la delincuencia organizada, se encuentra asentada en el 81 % del territorio del país, incluso señalando en donde operan los cárteles y todo tipo de delincuencia.
Aunque pida 90 % de honestidad, cada vez estamos peor pues no la hay, y el récord de incapacidad y criminalidad en la historia en el país, se lo lleva de calle el presente sexenio.
