Desde que el hombre empezó a asociarse, para convivir y realizar sus actividades, a viajar, a comerciar, se vio la necesidad de regular absolutamente todas sus acciones, creando las normas para poder limitar todas sus operaciones; Así aparece el primer código jurídico “Urukagina” que hubiera tenido lugar hace 2,400 A. de C., tomado del nombre de un gobernante de Lagash, Sumeria en Babilonia, que Intentó combatir diferencias sociales, limitó el poder de la familia real, disminuyó los impuestos, limitó el abuso de los funcionarios al servicio del rey y la explotación de las capas sociales inferiores; legisló que los huérfanos y viudas no pagasen determinados impuestos, que en algunos casos la ciudad-Estado pagase los gastos de los funerales, también prohibió la poliandria con la condena de lapidación.
Pero la primera ley escrita existió gracias al rey Hammurabi de Babilonia (1728 – 1686 a. C.), y con ello dejar la ley de estar sometida al capricho de los jueces, pues se aplicaba como el juzgador consideraba que era lo apropiado. Hammurabi elaboró el primer código escrito de la historia, y ordenó que la gente lo conociera. El código era muy severo e imponía la pena de muerte para varios delitos y aplicaba la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente. Hammurabi decía que el código debía servir para “disciplinar a los malos y evitar que el fuerte oprima al débil”.
Con la misma evolución del hombre, iban creciendo sus diligencias y compromisos, las leyes iban apareciendo con su actualidad precisa cada vez, a tal grado que la totalidad de las leyes van normando la convivencia de la sociedad, la cual no podría subsistir sin ellas.
Los países van creando su CARTA MAGNA, que es el pacto político y social, que integra, establece, organiza, constituye las normas que rigen a la sociedad de dicho país, persiguiéndose los siguientes objetivos:
a). – Convoca, conjunta y ensambla a la sociedad de un país.
b). – Incluye a toda persona, grupo o sección, segmento, región, identidad o cultura.
c). – Asegura la vida comunitaria, el orden, así como las libertades individuales y colectivas.
d). – Reconoce los derechos con los que nacen las personas y garantiza su cumplimiento,
e). – Organiza a los poderes del Estado para: 1.- Que elaboren sus propias leyes; 2. – Las apliquen de conformidad al poder Ejecutivo; y 3. – Resuelvan los conflictos en la aplicación de sus leyes, de lo que se encarga el Poder Judicial de los Estados.
f). – Conjunta y ordena la interacción de los tres órdenes de gobierno, que son el federal, el estatal y el municipal.
g). – Finalmente, busca la prevalencia de valores, principios, guías y normas de conducta, que son la suma de derechos y responsabilidades de cada habitante de un país.
En nuestro país actualmente se hace todo lo contrario y desde el inicio del mandato nuestro actual presidente, en un memorándum de fecha 16 de abril de 2019, ordenaba a tres secretarios de estado violar la Constitución, y vale la pena comentar que, un mandatario que reclame, al señalar: “Que no me vayan a salir con que la ley es la ley”, es alguien que ha retrocedido a la edad del código “Urukagina” del año 2,400 A. de C.
Y mientras el presidente, cada vez se infla más con sus actitudes despóticas de dictador, continúa violando nuestra Carta Magna, y sus castrados seguidores lo secundan por ignorantes, antipatriotas, limosneros y arrastrados. Aunque con voto en contra de Monreal de la reforma electoral, que se considera haya sido nada más por ser maestro de Derecho Constitucional, lo que ya sería el colmo si llegara a votar a favor, pero no obstante así, y teniendo conocimiento pleno del pisoteo constitucional que hace la iniciativa de reforma electoral, no hizo nada por convencer a sus congéneres antipatriotas para votar en contra.
Por señalar algo del absurdo plan “B” de la reforma electoral, es realizar elecciones, pero no tener a alguien que cuente los votos.
