Emilio Cárdenas Escobosa

El próximo 2 de junio de 2024, de no suceder un imponderable que cambie el rumbo del proceso electoral, los mexicanos elegiremos a una mujer como Presidente de la República.

Esta es la novedad y la mejor noticia de la temporada, porque demuestra un cambio cultural de primer orden, pese al machismo imperante y los atavismos de una arraigada visión patriarcal que nos define y que ha hecho muy cuesta arriba la lucha de las mujeres por la igualdad y el reconocimiento a sus derechos políticos en la nación.

La elección presidencial en México del 2 de junio del próximo año ya tiene a las principales contendientes: Claudia Sheinbaum, por la coalición que encabeza Morena, y Xóchitl Gálvez, con la bandera del Frente Amplio por México. Y posiblemente participe el ex canciller Marcelo Ebrard por Movimiento Ciudadano, luego de su frustrado intento de representar al oficialismo, pero sin mayores posibilidades de triunfo. De ahí que esté cantado que una mujer será la titular del Poder Ejecutivo a partir del 1 de octubre del 2024.

Este hecho que sin duda será histórico vendrá a coronar las sucesivas reformas impulsadas en los años recientes para ampliar la participación de las mujeres, un esfuerzo colectivo de ellas y de las corrientes y grupos que abanderan y apoyan la causa del feminismo, que debieron superar resistencias diversas y luchar contra prejuicios inveterados para concientizar a sectores sociales y luchar al interior de las propias organizaciones políticas para lograr cuotas de género, que ya plasmadas en la ley han funcionado y abrieron el dique para ocupar espacios antaño reservados a los hombres.

El camino ha sido largo y sinuoso para avanzar en la igualdad entre los hombres y las mujeres en la vida pública.

Una ruta que tuvo su momento cumbre en 1953, cuando se reconoció en todo el país el derecho al sufragio femenino. Pero que tuvo como antecedente el Primer Congreso Feminista en Yucatán en el año de 1916 donde más de 600 delegadas de varias partes del país discutieron la liberación de la mujer del yugo de las tradiciones, demandaron cambios en los planes de estudio de las primarias y reclamaban el derecho al voto. Además, desde luego, de las mujeres pioneras que incursionaron en política, como Elvia Carrillo Puerto, la primera diputada local en Yucatán en 1923; Aurora Meza Andraca, alcaldesa de Chilpancingo, Guerrero, en 1938; o Aurora Jiménez de Palacios, diputada federal, por Baja California, en 1952. Sin olvidar a las primeras senadoras María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia, electas en 1964 representando a Campeche, o la primera gobernadora, Griselda Álvarez Ponce de León, electa en Colima en 1979. Así como a las 5 candidatas a la presidencia que hemos tenido: Rosario Ibarra de Piedra en 1982 y 1988, Cecilia Soto y Marcela Lombardo en 1994, Patricia Mercado en 2006 o Josefina Vázquez Mota en el 2012.

La conquista de espacios públicos por las mujeres no ha cesado. Al inicio de este año 2023 se contabilizaban 8 gobernadoras y una Jefa de Gobierno en funciones, además de que políticas de todas las formaciones ocupaban el 49. 2 por ciento de los escaños en la Cámara de Diputados y 51 por ciento en la de Senadores, además de que un 22.18% de mujeres son presidentas municipales en los cerca de 2500 ayuntamientos que hay en el país.

Todo ello sin contar que al escribir estas líneas dos mujeres presiden los poderes Legislativo y Judicial de la Unión, la diputada Marcela Guerra y la ministra Norma Piña, y Ana Lilia Rivera preside el Senado de la República, además de que la mayoría de los organismos autónomos son presididos por mujeres, como el INE que encabeza la consejera Guadalupe Taddei o el INAI que preside Blanca Ibarra o la CNDH a cargo de Rosario Piedra Ibarra, por citar algunos. Además, claro está, de las 9 mujeres que ocupan Secretarías de Estado en el gobierno federal, así como la integración de los gabinetes de los gobiernos estatales donde hay integración paritaria o de mayoría de mujeres en muchos de ellos.

México se encamina pues, a formar parte del grupo de naciones que tienen jefas de Estado (17 de 151 países, excluyendo los sistemas monárquicos). Sin olvidar que somos en este momento el cuarto país del mundo con mayor presencia de mujeres en el Poder Legislativo.

No existe espacio de discusión en el que no se tenga presencia y la voz de las mujeres. Su participación en la vida pública es notabilísima y ya no hay vuelta atrás. Esta transformación impensable hace decenios es ya irreversible, aunque falta mucho por hacer en la materia. Y ello vendrá de la mano de la contribución de las nuevas generaciones que han interiorizado –hombres y mujeres- que el fortalecimiento de la vida democrática y la genuina transformación del país es tarea de todos y que el aporte de ellas es necesario y fundamental, que si algo nos lastra es el machismo imperante todavía al interior de las empresas y que dificulta el acceso de ellas a puestos de poder o el ejercicio de los cargos públicos. Véase si no el elevado número de denuncias por violencia política en razón de género que reciben el INE o los organismos públicos electorales. Por ello, desterrar o reducir a su mínima expresión el machismo es lo que verdaderamente nos hará modernizar al país.

La nota, pues, es que si no hay imponderables se sentará en la silla presidencial el 1 de octubre del próximo año una mujer. Sin embargo, hay datos interesantes que retratan el carácter machista de nuestro país, y que podrían anticipar quizá lo que podríamos ver en las elecciones del 2 de junio del próximo año: Gloria Alcocer Olmos, directora de la revista “Voz y voto”, especializada en temas electorales, en una entrevista ofrece datos del llamado “voto machista”, que no es exclusivo de los hombres, y que se presentó en las recientes elecciones en el Estado de México, celebradas en junio de este 2023, cuando se enfrentaron Delfina Gómez abanderada de Morena, PT y PVEM y Alejandra del Moral de la coalición PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza y la participación electoral fue la más baja de la historia en esa entidad altamente politizada, bastión electoral histórico del PRI y el padrón electoral más grande del país. E igual ocurrió en el estado de Aguascalientes en 2021 donde pasó exactamente lo mismo: se enfrentan dos mujeres y baja la participación. Interesante, ¿no?

De cara a la elección del 2024 ya veremos los índices de votación, pero la lógica indica que se esperaría una copiosa votación precisamente de las mujeres.

Con todo, lo central es que en 2024 los tres Poderes de la Unión podrían tener, por primera vez en la historia, a mujeres que los presidan. Ojalá se logre ese inédito escenario que reflejaría cuánto y cómo hemos cambiado.

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Si algo nos ha dejado el agitado ambiente político de las semanas recientes con motivo de los procesos disfrazados de selección de candidaturas al interior de las fuerzas políticas que protagonizarán la madre de todas las batallas el próximo 2 de junio del 2024, es que urge que se legisle para establecer las elecciones primarias en los partidos políticos.

Las denuncias de Marcelo Ebrard sobre múltiples inconsistencias en la elección de Morena que lo llevaron a pedir la reposición del proceso y que revelan la simulación en el oficialismo para convalidar la decisión – el dedazo, pues- del presidente López Obrador en favor de Claudia Sheinbaum, o la manera en que fue ungida la senadora Xóchitl Gálvez como la abanderada de Fuerza por México, sin elecciones, al margen de los ciudadanos y violentando las reglas del procedimiento electivo que ellos mismos aprobaron, son muestra clara de ello. Ni a quien irle de las coaliciones que buscan conquistar al electorado, en cuanto a sus procesos que poco tuvieron de democráticos.

Con lo visto hasta ahora son muchas las voces que han externado su preocupación por la permisividad en relación con los actos anticipados de precampaña que han caracterizado los últimos meses del proceso electoral rumbo a las elecciones federales del próximo año, pues se concluye que existió simulación de precampañas por parte de ambas coaliciones políticas y estos procesos adelantados pusieron en un predicamento a la autoridad administrativa y jurisdiccional que debieron generar acuerdos y resoluciones para darles un barniz de legalidad, puesto que es sabido que de acuerdo a la normativa electoral las precampañas deben iniciar el 5 de noviembre y concluir el tres de enero de 2024 y en el caso de la elección interna de la candidatura presidencial, a las senadurías y diputaciones federales ello debe concretarse a más tardar el 24 de enero.

En la práctica, en las semanas recientes asistimos a un conjunto de actos de una sucesión presidencial adelantada, tanto en el oficialismo, impulsada desde luego por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador que puso a “competir” a sus prospectos, y entre las fuerzas opositoras que, para no quedarse atrás, jugaron con las mismas cartas y ambas formaciones arrancaron antes de tiempo la nominación disfrazada de sus abanderadas o abanderados a la primera magistratura del país, amparados en vacíos legales en la materia.

Llegamos así al alumbramiento de quienes serán las candidatas presidenciales en procesos en los que la participación de la sociedad –pese a lo que se diga- solo fue parte de la escenografía. Y lo que quedó de manifiesto lisa y llanamente que una vez más, o como siempre ha sucedido, las élites de los partidos o el dedo del presidente son los que tienen el poder de decisión.

La selección de las candidaturas para cargos de representación popular está sometida a los intereses y ambiciones de los jerarcas de los partidos políticos, de los poderes fácticos y obviamente, a la voluntad del presidente que ejerce así una de las facultades meta constitucionales que tiene: el elegir a su sucesor, o al menos al candidato de su partido. Son las élites políticas, en suma, las que establecen procesos y reglas a conveniencia para preservar el control y asegurar lealtades.

Como manera de atemperar en algo este reparto del botín a mansalva, en el año 2014 se reformó la Ley General de Partidos de 2014 para establecer la obligación de los partidos de contar con estándares mínimos para la elección de sus candidatos y en 2017 el Tribunal Electoral les ordenó establecer órganos internos de selección. No obstante, los alambicados procedimientos que han seguido, llámense encuestas o consultas, aseguran a las cúpulas la designación de los candidatos. Nada ha cambiado, pues, y la mejor muestra de ello es que en cada elección al menos los 10 primeros lugares de las listas de representación proporcional las mantienen las dirigencias en turno para acomodar o premiar a sus allegados.

¿Cómo atender esta circunstancia y trascender las disputas que invariablemente marcan los momentos de la selección de candidatos?

Se argumenta que ello será posible con la instauración en la legislación de elecciones primarias, un mecanismo que ha probado su eficacia en los Estados Unidos, desde luego con sus particularidades por el diseño de su sistema electoral, así como en países europeos o en varias naciones de América Latina. En aquellas latitudes se ha logrado, con sus bemoles, una mayor representatividad de los abanderados y se les dota de mayor legitimidad para la contienda abierta, pero sobre todo se estimula una mayor participación e involucramiento ciudadanos en la vida política del país; y de impulsarse en México contribuiría a hacer más efectiva la definición de los partidos políticos como entidades de interés público.

De lo que se trataría en todo caso es que las élites partidistas respondan ante la militancia y en su vida interna posibiliten la movilidad de sus cuadros, el corrimiento en el escalafón y den cabida a la pluralidad y al disenso, al diálogo interno y que en la adecuada representación de intereses renueven su contrato con la sociedad. Todo lo cual redundaría en la legitimación del sistema político y en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

México ha cambiado en los años recientes y hoy existen nuevas condiciones para la competencia, donde la incertidumbre en cada proceso y la posibilidad de alternancia es una realidad. Pero seguimos estando en deuda ante la sociedad en el proceso de democratización interna de los partidos políticos, organizaciones que concentran miles de millones de pesos de recursos públicos que son manejados al arbitrio de las cúpulas.

Nuestro país requiere modernizarse en la integración de la representación política y en ese propósito debe reflexionarse en la viabilidad de establecer elecciones primarias y la segunda vuelta electoral para que los procesos electorales sean fuente de legitimidad y no de conflicto.

Ese es uno de los grandes temas sobre los que deberá reflexionarse en las próximas legislaturas y que pondrán a prueba el talante democrático de la próxima presidenta de nuestro país.

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El secuestro y presunto asesinato de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, que habrían sido obligados a matarse entre ellos, o las perturbadoras imágenes de refrigeradores con restos de al menos 14 personas perfectamente embalados -como si de carne en los congeladores de un supermercado se tratara- descubiertos en Poza Rica, además de la aparición de cuerpos desmembrados arrojados en la vía pública, lo mismo en ciudades de nuestro estado como en diversos puntos del país, son hechos atroces que nos han conmocionado en los días recientes.

Son la más clara expresión de la tragedia cotidiana que representa que el crimen organizado controle amplias regiones del país y se enfrasque en sanguinarios ajustes de cuentas con las bandas rivales.

Nos recuerdan que, más allá de los discursos, las proclamas, los desmentidos y las negativas a escuchar y reconocer la gravedad de la situación, o los consabidos ofrecimientos de que “se actuará y se hará justicia”, la sociedad vive en peligro y que las administraciones de los tres órdenes de gobierno poco pueden o quieren hacer para garantizar la seguridad de la gente.

A los políticos de todos colores que padecemos solo les ocupa y les preocupa la sucesión presidencial o estatal, el acomodarse en el siguiente cargo, los negocios que hacen, el agradar al primer mandatario o combatir al adversario político, entre una larga lista de asuntos que podemos enumerar de los afanes de quienes gobiernan. Son sus prioridades.

Ante la lacerante realidad y el horror que vivimos en este México convertido en campo de guerra de los grupos del crimen organizado y en una gigantesca fosa clandestina desde hace casi dos décadas, agobia pensar en cuándo llegará a su fin este estado de cosas.

Tenemos años de ver escenas sangrientas, llevar la cuenta de los desaparecidos, saber de crímenes atroces o de enfrentamientos, de balaceras, ajusticiamientos y un sinfín de hechos violentos. Pero cuando se presentan actos espeluznantes que revelan la deshumanización de los criminales, su falta de piedad o la degradación o el sadismo al que se llega en el mundo de las drogas y del crimen organizado, el espanto es aún mayor.

Estos crímenes son reveladores de la terrible descomposición que vivimos y en la que los jóvenes llevan la peor parte. La ola delincuencial que nos atenaza a todos los tiene a ellos especialmente en sus manos, sea para volverlos víctimas o, merced a la falta de oportunidades o el reclutamiento forzado, convertirlos en victimarios.

¿Cuántos jóvenes pobres, del campo y la ciudad, son sumados a las filas criminales como sicarios o halcones?  ¿Cuántos adolescentes engrosan las filas de la delincuencia día a día? ¿Será porque admiran el “mundo narco” o porque no tienen de otra?

En un país donde un joven no encuentra trabajo o debe emplearse de lo que se pueda para subsistir o ayudar a su familia sumida en la pobreza o que batalla para llegar al fin de quincena, es muy probable que se les haga fácil traspasar la línea. Lo mismo que un joven del campo al que solo le queda como alternativa emigrar o sumarse a las filas de la delincuencia para ganarse la vida.

Esa es la triste realidad entre los sectores más desfavorecidos, donde la pobreza y la falta de empleo e ingreso mínimamente remunerador es la constante, lo mismo que en sectores menos golpeados por la crisis, pero donde la educación ha fracasado y la pérdida de valores es el pan de cada día. Y en todos los casos las víctimas son jóvenes. La falta de oportunidades los condena.

No vayamos lejos. Seguramente usted conoce o sabe de estudiantes o universitarios recién egresados que no encuentran empleo y los vemos despachando gasolina en una estación, manejando un taxi, de empleados en tiendas, por citar casos de trabajos respetables pero que desde luego no eran su aspiración, o simple y llanamente desempleados porque no hay trabajo o en el que hay se les ofrecen salarios miserables.

En esas condiciones salta la pregunta evidente: ¿Y los gobiernos, los políticos y candidatos qué hacen? ¿Qué han hecho, para atender esta emergencia nacional? ¿Cuántos programas de Jóvenes Construyendo el Futuro habría que replicar en todo el país para salir al paso? ¿Qué irán a ofrecer al respecto quienes muy pronto andarán en campaña?

Hoy por hoy, para decirlo claro, los políticos de todos los colores solo están enfrascados en la guerra electoral, en la descarnada lucha por el poder.

Si los gobiernos han fallado estrepitosamente y a los políticos solo los mueve el poder y los negocios, la sociedad no puede resignarse a vivir con miedo y a quedarse en el recuento de crímenes, de jóvenes vidas truncadas, de historias de horror e impunidad.

Es tiempo de que nuestra indignación se transforme en acción, en exigencia para revertir nuestra terrible realidad. No podemos quedarnos cruzados de brazos, antes de que la irracional violencia nos alcance.

Al crimen se le debe combatir no solo con armas. Se debe hacerlo con mejor educación, con trabajo para todos, con políticas públicas efectivas de apoyo a los jóvenes, con fomento a los valores, con honestidad en el ejercicio de gobierno, cerrando espacios a la corrupción, castigando al que delinque, lo mismo al sicario que al político que desvía recursos.

Revertir el estado de cosas exige la toma de conciencia de todos de cara a las próximas elecciones. Vivir en paz es lo menos que esperamos a cambio de nuestro voto.

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Desde hace décadas el debate público por los contenidos de los libros de texto gratuitos siempre se hace presente. Es un tema que siempre genera inquietud en los grupos conservadores, en especialistas en educación y en diversas ramas del conocimiento, y que invariablemente es materia prima para la polémica, particularmente por la incorporación de nuevos modelos educativos, temas de sexualidad y derechos reproductivos, pero también de reinterpretación histórica.

Así ocurrió desde la aparición en 1959 de estos libros durante el gobierno del presidente Adolfo López Mateos cuando se puso el grito en el cielo por los nuevos temas que incorporaban los libros de texto y que llevaron a que los voceros de los grupos empresariales promovieran manifestaciones de asociaciones de padres de familia en Monterrey para rechazar los “libros comunistas”, como los llamaron.

Entonces, la opinión pública y los sectores más acomodados del país influidos por las visiones patronales repetían que estaban plagados de errores, que eran nocivos para educar a los niños y que les inculcaban ideas ajenas a los valores de las familias mexicanas, como se decía entonces.

En la batalla para evitar su publicación y distribución, la desinformación, racismo, ignorancia y clasismo estaban a la orden del día. Se cuestionaba todo: que, si no debían ser gratuitos, que daban visiones sesgadas de la historia, que alentaban el inicio a la sexualidad a edad temprana, que eran deficientes en sus contenidos en matemáticas, español o ciencias naturales.

Se llegó al extremo del clasismo cuando al ver la portada, aquella icónica portada de La Patria, óleo del artista plástico Jorge González Camarena, algunos fifís de los años sesenta llegaron a afirmar que los rasgos mestizos de la modelo les recordaban “a las sirvientas de la casa”. O el escándalo con la Reforma Educativa del gobierno de Luis Echeverría por incluir en los libros de texto de una imagen de un niño y una niña desnudos para explicar sus respectivos aparatos reproductivos. O los prejuicios evidenciados años más tarde, en el 2002, cuando la Unión Nacional de Padres de Familia aseguraba que una ilustración de dos niños bañándose en las regaderas de un deportivo “incitaba” o “promovía la homosexualidad”.

No obstante, a lo largo de las décadas y pese a los reclamos y el rechazo de grupos confesionales y del empresariado, el gobierno mexicano se sostuvo para ir adaptando contenidos a los nuevos enfoques pedagógicos y los libros se quedaron y han servido para formar a generaciones de mexicanos. Desde su creación en 1959, los libros de texto gratuito han sido un material de apoyo invaluable para alumnos y maestros ya que con estos se dirige y al mismo tiempo evalúa el aprendizaje y el conocimiento en general.

Ahora en tiempos del respeto a la diversidad y la inclusión vuelven a las andadas los movimientos de padres de familia y sectores conservadores y de la iglesia renuentes a la inclusión de contenidos de lo que ellos llaman “ideología de género”.

Asistimos, como no podía ser de otra forma en estos tiempos de polarización y extremismos ideológicos, a un nuevo e intenso debate en los días que corren sobre los contenidos de los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024.

Con base en los lineamientos de la llamada “Nueve Escuela Mexicana”, un enfoque educativo que busca combatir la discriminación y violencia que se ejerce en las distintas regiones, pero con énfasis en la que sucede contra mujeres y niños y que busca alentar la construcción de relaciones a partir del respeto por los derechos humanos, la Secretaría de Educación Pública diseñó los libros de texto gratuito de todos los grados a nivel básico, de primero de primaria a tercero de secundaria, y sus contenidos están a la vista de quien desee conocerlos en la página oficial de la SEP.

La aparición de los nuevos libros de texto gratuito acaparó diferentes discusiones desde el año 2022 cuando el director de Materiales educativos de la SEP, Marx Arriaga, inauguró el proceso para el rediseño de los libros de texto gratuitos, que estuvo bajo la directriz en temas de ciencias sociales de la extinta Coordinación de Memoria Histórica y Cultural, cuyo consejo asesor encabezaba la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller.

Desde entonces la Unión Nacional de Padres de Familia tramitó un amparo que se le otorgó y luego fue revocado para frenar la impresión de los libros de texto gratuitos, pero lo notable es que comenzaron a darse diversas filtraciones y opiniones infundadas sobre sus contenidos, como la supuesta desaparición de las matemáticas en el nivel básico, asignatura que efectivamente tiene una nueva forma de abordarla, pero solo en los libros de primero de primaria.

El caso es que ahora nuevamente vuelven a la carga la Unión Nacional de Padres de Familia, el Frente Nacional por la Familia, investigadores educativos, analistas y columnistas de medios críticos al gobierno lopezobradorista, quienes han denunciado que los libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024 incluyen temas que consideran inapropiados y que existieron fallas en el proceso de elaboración.

Acusan que el nuevo esquema escolar no habrá libros de español, matemáticas, ciencias naturales, geografía, biología, salud, historia universal y de México, además de que los nuevos libros fueron elaborados sin que se realizaran pruebas piloto ni se diera a conocer el resultado de una sola evaluación del contenido o se detallaran los programas de estudios para cada grado. Además de que esta reducción excesiva de temas relacionados a matemáticas o la eliminación de contenidos sobre literatura universal, filosofía o ética, dejaría lagunas en materia educativa que profundizarían la brecha económica y social en el país, puesto que las familias con más recursos podrán comprar libros que ayuden a resarcir esa falla, mientras que ello estará fuera del alcance de los más pobres.

Tras la ola de acusaciones, los padres de familia han promovido amparos contra su distribución e incluso una jueza de la Ciudad de México ordenó a la SEP suspender el reparto de los libros de texto.

Ante ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido enfático en señalar que no se detendrá la distribución de los libros de texto y que lo que mueve a sus opositores es que el proyecto educativo de su gobierno busca devolver contenidos educativos que fueron eliminados en el periodo neoliberal, así como valores humanistas que también fueron suprimidos.

Los libros van a llegar para el reinicio a clases el 28 de agosto, dijo el presidente el pasado martes, “no hay ningún juicio de amparo que impida que se distribuyan”, aseveró.

Si el Ejecutivo opta por repartir los libros a pesar de las advertencias judiciales, malo. Si se frena la distribución para revisar sus contenidos, malo también, porque además de dejar a más de 23 millones de alumnos sin estos notables auxiliares educativos, con el elevado costo económico que ha supuesto la impresión y distribución de los mismos, no se dejará satisfecho a nadie de los opositores, y menos a los de filiaciones religiosas o que abrazan las visiones más conservadoras.

Pero, sobre todo, mientras la confrontación política marque el día a día en México seguiremos en este tipo de debates infructuosos y ociosos, donde cualquiera se asume como pedagogo y experto en materia educativa, aunque no lea más de un libro al año y su referente del mundo y del conocimiento sea lo que lee en las redes sociales.

El fondo de este debate es político y no educativo, que nos quede claro.

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La irrupción del nombre de Xóchitl Gálvez como posible candidata del Frente Amplio Por México sacó de la modorra a los analistas que daban por sentado que habría que esperar que siguiera su curso el libreto diseñado por el presidente López Obrador para la interna de Morena de la que saldría el nombre de su sucesor, dejando a la elección del 2024 como un mero trámite.

Cuando todo parecía ya escrito, ocurrió lo inesperado: El desdén del presidente López Obrador al negarle el derecho de réplica en las conferencias mañaneras que un juez ordenó, seguido de la sobrerreacción presidencial ante su irrupción en la arena sucesoria como la única figura de la que pudo colgarse la oposición ante la pobreza de sus perfiles y personajes.

La cuestión es que en tres semanas la senadora y exjefa delegacional de la Miguel Hidalgo en la capital del país se catapultó en las encuestas, está en el centro de la agenda política y mediática, y para los adversarios de la 4T, reúne todas las virtudes posibles, es la lideresa que este país esperaba, y es el clavo ardiente al que se aferran en sus afanes y desvelos para descarrilar el proyecto del oficialismo.

Las burlas y críticas del presidente, las ácidas críticas de sus seguidores en redes y la evidente línea que siguen los medios, periodistas y caricaturistas a modo del régimen, tienen a los “Xóchitllovers”, como les gusta llamarse, al borde del éxtasis. Una campaña de denuestos, filtraciones de datos oficiales sobre los contratos de las empresas de la senadora, entre aparentes exabruptos del propio López Obrador la hicieron más conocida y competitiva; en niveles que ni la propia Xóchitl se hubiera imaginado: ella aspiraba a contender por la Jefatura de Gobierno de la CDMX y hoy empató a Claudia Sheinbaum en intención de voto y supera a Ebrard y al resto de aspirantes de Morena.

Asistimos, pues, a un vuelco en el escenario político.

El presidente López Obrador ha sido reacio a dejar de hablar de la senadora Gálvez pese a que la reforma constitucional de 2007 estableció que los servidores públicos no pueden tener expresiones que incidan en una contienda electoral, medida que se debe a la lucha del propio mandatario en sus tiempos de opositor, cuando Calderón con la complacencia de Fox le robó el triunfo. Y en sucesivos momentos, el entonces aguerrido opositor en ese año y en 2012 fue puntual en exigir a los entonces presidentes que sacaran las manos del proceso electoral. A Vicente Fox le demandaba comportarse como mandatario y no como jefe de partido. Ya cállate chachalaca fue su celebrada expresión de entonces.

Ahora el INE determinó que el presidente López Obrador está obligado legalmente a evitar comentarios vinculados al proceso electoral 2024.

Pero le cuesta tanto trabajo hacerlo que uno se pregunta si en realidad lo que hemos visto es una calculada estrategia política para inflar a Xóchitl Gálvez. Si en realidad el mandatario halló al rival que necesitaba para la presidencial y sacó de la jugada a una fuerte adversaria para la elección en la CDMX. Tal vez.

El objetivo sería ponerla bajo los reflectores públicos y ubicarla como una simuladora: una empresaria, de origen humilde sí, pero vinculada a poderosos intereses de la llamada “mafia del poder”, ligada a personajes impresentables como Vicente Fox y empresarios que son la Némesis del gobierno como Claudio X. González.

Con ello el presidente buscaría una contendiente que encaje en su narrativa polarizadora: la candidata de los ricos corruptos y malos contra la candidata del pueblo pobre y bueno.

Es posible, si nos atenemos al agudo olfato y a las marrullerías de un político del peso y experiencia de López Obrador, a quien nadie compite en esos menesteres.

Porque no se explicaría de otra manera el que sea el propio mandatario quien esté poniendo a Xóchitl Gálvez en una estatura política que definitivamente no tiene.

Porque podrá ser muy campechana, mal hablada e irreverente, pero poco, muy poco, se ha dicho de su verdadero potencial para gobernar, de su proyecto político, de sus visiones sobre cómo atender los grandes y graves problemas nacionales, como el combate a la inseguridad y la lucha contra el narcotráfico, la militarización del país y los múltiples rezagos en materia educativa, de salud, entre un largo etcétera.

Ya veremos si la política revelación de las semanas que corren está a la altura de las desproporcionadas porras que le echan los acérrimos adversarios de la 4T.

O le está ganando la víscera al presidente o todo es un plan perfectamente calculado.

Ya pronto lo sabremos.

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El ideal de la deliberación pública es la base sobre la que debe funcionar la competencia democrática. El intercambio de opiniones e ideas, el contraste de proyectos, los debates entre aspirantes son indispensables para que tomemos opciones racionales de cara a los periódicos encuentros que los ciudadanos tenemos con las urnas.

Para elegir a quienes nos representarán o tendrán en sus manos el destino de una entidad o del país es fundamental estar informado y quien debe facilitarnos de manera primaria el acceso a la información sobre sus postulados, sus programas de gobierno o sus plataformas son los partidos políticos, desde luego, en el momento previsto por la ley en épocas electorales, pero sin duda son los candidatos o quienes aspiran a serlo quienes nos deben convocar, conmover, seducir o invitar a seguirlos y a brindarles nuestra confianza.

En menos de un año la ciudadanía irá a las urnas para elegir de entre una variada gama de opciones a las mujeres y hombres que habrán de ser nuestros representantes en el Congreso de la Unión, en el del Estado y obviamente en la presidencia de México y en la gubernatura de Veracruz.

Y en tiempos como los que vivimos, de polarización, enconos y de sucesiones adelantadas, las y los aguerridos combatientes de la política buscan convencernos de las bondades de sus propósitos y de su capacidad para servir eficazmente a los intereses y preocupaciones colectivas.

Sean los aspirantes del partido en el poder como los que buscan la nominación en el frente opositor, la lucha por conquistar las simpatías de la gente, más allá del voto duro de las organizaciones políticas, está ya desatada.

Los vemos en los cientos o miles de espectaculares a lo largo y ancho del país, en bardas, lonas o en cualquier espacio disponible, igual como los observamos en espacios noticiosos y en las redes sociales. O son vistos por cientos de personas movilizadas para asistir a sus eventos de proselitismo y llenar auditorios o espacios públicos, en esa suerte de competencia para la foto de plazas llenas que no necesariamente se convierten en votos, como lo sabemos.

En cada uno de nosotros está el creer o no en sus ofertas, movidos por el conocimiento que podamos tener sobre ellos, las plataformas electorales que dicen defender, o el historial y la práctica de gobierno de los partidos a los que pertenecen.

Sin embargo, en un contexto democrático, el discurso político que da forma a los mensajes de las y los suspirantes debe estar estrechamente vinculado a su capacidad de guiar y persuadir al electorado, convenciéndolo de que la propia posición frente a los temas de debate público y político es mejor que la de los contendientes. En este sentido, ello tendría como premisa básica, el diálogo.

Sin embargo, es una realidad que en los discursos que escuchamos hasta ahora predomina el monólogo y todo el peso de esa tarea persuasiva se queda en la utilización de la imagen. Lo que queda es una sucesión de spots, espectaculares y mensajes que no ofrecen otra cosa que frases pretendidamente ingeniosas, o caritas sonrientes que saturan el paisaje rural y urbano, e inundan las redes sociales y las frecuencias de radio y televisión.

Caritas sonrientes y frases trilladas, sea la repetición del discurso lopezobradorista o, ahora que ya calienta motores la oposición, con los dichos y ocurrencias de la senadora Xóchitl Gálvez en respuesta al discurso del presidente, o en lo local con títulos de libros, frases de portadas de revista y otras trivialidades que sirven a quienes las promueven para ser medianamente conocidos de cara a los sondeos de opinión que definirán candidaturas.

Conjunto de expresiones y mensajes que no nos dicen nada de la capacidad real para gobernar de quienes aspiran a hacerlo a nivel federal o local y que en muy poco nos ayudan a decidir.

De esta todo se reduce a un simple truco psicológico o publicitario ante el cual el público se ve como una víctima pasiva y convierte a la racionalización del mensaje u oferta del candidato en una tarea para iniciados que logren desentrañar –si lo hay- el mensaje que pretenden dar los candidatos.

Esta ausencia de diálogo, de proyectos y ofertas coherentes, no constituye una cuestión menor y debería considerarse como un serio llamado de atención. Debate, propuesta y defensa de argumentos caracterizan y son requisito de las instituciones y procesos que denominamos democráticos. La dialéctica –o arte de disputar- y la retórica –o arte de componer discursos- son elementos consustanciales al ejercicio de la política y representan herramientas imprescindibles a los fines de la persuasión y la formación de consenso.

El debate público tiene una indiscutible utilidad a los fines de la confrontación de los intereses opuestos y para forjar una ciudadanía activa en los procesos de deliberación pública.

No obstante, en un escenario en el que la imagen se antepone al mensaje, en el momento de formar un juicio u opinión el ciudadano tenderá de manera natural a utilizar aquella información que resulte más accesible o disponible para su memoria; aquella que implica menores esfuerzos de pensamiento y recuperación. He ahí el éxito de las modernas formas de hacer política y de organizar y conducir las campañas políticas, aunque vayan en detrimento de la calidad de nuestra vapuleada democracia.

Cuando no se confrontan puntos de vista y propuestas, ni se exponen proyectos e ideas, el silencio se impone ante la presunta eficacia de una imagen y se echa por la borda el objetivo que debe mover a los partidos y aspirantes a candidatos de establecer un debate público vigoroso.

Cuando la propaganda cede su espacio a la publicidad, a las caritas sonrientes, a los videos para mostrar los baños de pueblo y los ingeniosos memes, es cuando constatamos la pobreza de nuestra competencia democrática y es cuando queda puesta la mesa para elegir a ciegas, movidos solo por pulsiones de amor/odio alimentadas por el discurso polarizador, o por la expectativa de recibir dádivas. Así de pobre se vislumbra el panorama.

Es la banalización total de la política.

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En la primera semana de septiembre los mexicanos tendremos a la vista el nombre de quienes abanderarán a las coaliciones oficialista y opositora, respectivamente, para la elección presidencial del 2024.

Mientras que Morena y adláteres andan movidísimos en su proceso de elección de lo que han llamado “Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación”, y han tomado ventaja en este adelantado y abierto proselitismo, la alianza Va por México no podía quedarse atrás y este lunes 26 de junio anunció que, primero, ahora se denominará Frente Amplio por México, y segundo y lo más importante, cuál va ser el método para elegir a  su “Responsable Nacional de Construir un Frente Amplio por México”.

Eufemismos en la denominación de quien saldrá elegido por las dos formaciones políticas que buscan en la práctica darle la vuelta a las disposiciones legales que establecen que los partidos deberán llevar a cabo sus procesos internos de selección a partir de noviembre.

O todos coludos o todos rabones, o si tú te adelantas y no te dicen nada yo lo hago también, parece la consigna en este caso.

La cuestión es que no importa el nombre que le pongan a quien habrá de resultar electo en estas primarias de las futuras coaliciones, lo que es un hecho es que ponen a la autoridad electoral en un brete puesto que está a la vista hasta ahora el enorme despliegue de propaganda y las concentraciones y movilizaciones de simpatizantes de los suspirantes de Morena, como seguramente lo veremos en cuanto arranque el proceso de las fuerzas opositoras que tendrán que contar con recolección de firmas, participar en encuestas y debates, previo a la jornada electiva en que elegirán a su abanderada o abanderado, según lo han anunciado.

Procesos en los que abundará, como hasta ahora, la propaganda y el despliegue de recursos para movilizaciones.

El caso es que el frente que agrupa al PRI, PAN y PRD tendrá listo el nombre el 3 de septiembre próximo, tres días antes del anuncio previsto por Morena, luego de concluidas sus encuestas y mediciones para tener candidata o candidato. El Frente Amplio opositor busca así remontar la ventaja que le lleva el oficialismo.

En septiembre, pues estarán definidos los contendientes. Hasta ahí todo parece muy normal.

¿Pero qué dice la ley al respecto?

El artículo 226 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que las precampañas darán inicio en la tercera semana de noviembre, no podrán durar más de sesenta días y, sobre todo, que los precandidatos no podrán realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda por ningún medio antes de la fecha de inicio de las precampañas.

Y lo más relevante y que pondrá a prueba a la autoridad es que: “La violación a esta disposición se sancionará con la negativa de registro como precandidato”, tal y como establece este mismo numeral de la ley electoral.

Diversos expertos y analistas en la materia han advertido sobre lo que han llamado un fraude a la ley al buscar saltarse olímpicamente la normatividad en la materia y que ha dado lugar ya a quejas presentadas ante este inédito escenario de “ante precampañas”, por llamarlas de alguna forma.

En Morena no se viola la ley electoral, porque no se elige al candidato a la Presidencia de la República, de cara al proceso electoral de 2024, sino se elegirá al coordinador de defensa de la cuarta transformación, ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ante lo cual se expresaron manifestaciones de rechazo de líderes opositores que ahora concluyeron que era mejor jugarle con las mismas cartas al mandatario y a sus corcholatas.

Por su parte, y como era de esperarse el Instituto Nacional Electoral ya dictó medidas cautelares para que los aspirantes del oficialismo se abstengan de promocionar su imagen y realizar actos que impliquen actos anticipados de precampaña y les recordó las prohibiciones existentes sobre el particular. Aunque para muchos esta manifestación del árbitro electoral parece más una forma de legitimación del proceso que otra cosa.

Se sabe que existen al menos 34 quejas de partidos políticos por presuntas violaciones a la Ley Electoral por parte de los aspirantes presidenciales y sus equipos en el proceso interno de Morena, de acuerdo a los dicho por la Consejera Claudia Zavala, quien preside la Comisión de Quejas y Denuncias del INE y ha reiterado que “a la autoridad electoral no la ha doblegado nadie para evitar que se sancionen a los aspirantes de Morena y enfatizó que se están analizando a fondo todas las denuncias que se han admitido para presentar desde el INE un proyecto de resolución”.

Pero ahora con el anuncio del Frente Amplio por México del inicio de su “ante precampaña” el reto para el INE será mayor puesto que debe evitar que los actos anticipados de precampaña de aspirantes presidenciales de Morena y de la oposición, descarrilen el proceso de sucesión presidencial que comenzará en septiembre próximo.

Ya veremos cómo se interpreta la ley y se fijan las reglas del juego, y desde luego habrá que esperar la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando este asunto llegue a su cancha.

Lo relevante en todo caso es recordar que el principio de la equidad de la contienda es la máxima de nuestro sistema electoral.

Pero esa equidad no puede fundarse en la permisividad hacia unos y otros.

La equidad se funda en reglas claras de observancia general que debe garantizar la autoridad electoral y que deben respetar, desde luego y sin subterfugios, los jugadores.

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“Los pueblos a quienes no se hace justicia

se la toman por sí mismos más tarde o más pronto”.

Voltaire

La propuesta del presidente de la México de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos por voto popular ha levantado ámpula.

Como se recordará, luego que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la primera parte de su llamado Plan “B” electoral por violaciones en el proceso legislativo, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el Poder Judicial “está podrido” y anunció que, en septiembre de 2024, una vez electo un nuevo Congreso, propondrá una reforma para que los ministros sean electos por voto popular directo.

En consonancia, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, anunció que para este propósito se realizará una consulta popular para que sea el pueblo de México quien decida si los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben ser electos por el voto directo. El legislador morenista explicó que la ruta sería para que la consulta popular se lleve a cabo en agosto de 2024, pasado el proceso electoral. Incluso, propuso realizar un parlamento abierto con la participación de expertos en la materia, juristas, ex ministros de la Corte y académicos que han expresado su rechazo a someter a consulta popular la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante voto.

Más allá del enojo presidencial y de la guerra y el hostigamiento en que se ha enfrascado en contra de la ministra Norma Piña, la nueva presidenta de la SCJN, y desde luego sin detenernos en la polarización del debate público sobre el sometimiento del Poder Legislativo, el avasallamiento de organismos autónomos y el freno que la actuación de la Corte ha significado a los afanes autoritarios presidenciales, lo cierto es que nadie puede negar que el Poder Judicial requiere una profunda reforma.

Es ofensivo, ni duda cabe, en un país de desempleados, de trabajadores informales o de asalariados que apenas ganan el mínimo o un poco más, el monto de los sueldos de los ministros de la Corte, de aproximadamente 300 mil pesos al mes, sin contar con el aguinaldo por 586 mil pesos, primas vacacionales de 95 mil pesos, viáticos por más de 723 mil pesos y otros beneficios como pensiones vitalicias al retiro.

De acuerdo al diagnóstico que hacen legisladores del partido en el poder, y con el que coincide mucha gente, es que existen muchos privilegios en el Poder Judicial, no solo en términos salariales, sino en el nepotismo, el amiguismo, el compadrazgo, la imposición de intereses económicos en los juzgados especializados, y más en los que tiene que ver con competencia económica o con cuestiones de carácter administrativo, que son la constante en la justicia a la mexicana.

Ello sin olvidar la colusión de jueces con intereses mafiosos o la abierta protección y liberación de presuntos delincuentes o culpables de delitos varios que han estado presentes desde siempre en el proceso de impartición de justicia.

Son las lacras de un sistema judicial que garantiza que las cárceles estén llenas de pobres, que se politice la justicia para perseguir opositores, inventar delitos o utilizar la prisión preventiva oficiosa alegremente para mantener cautivos a muchos inocentes, como es notorio en los años recientes.

La cosa es que, véase por donde se le vea, efectivamente es necesaria una limpia en el Poder Judicial.

Lo que se ha planteado hasta ahora en cuanto a la necesaria reforma de este poder va en tres sentidos: a) avanzar hacia la separación de las funciones administrativas y jurisdiccionales del Poder Judicial, y dejar en el pasado el hecho de que el presidente en turno de la Corte es en automático quien encabeza el Consejo de la Judicatura, además de dar mayores facultades de investigación y sanción a este Consejo para poder actuar incluso en contra de los ministros; b) eliminar el hecho de que la SCJN y sus ministros son el único poder público de la República que no rinde cuentas a nadie y que no puede ser investigado por nadie más que por ellos mismos, sin olvidar, desde luego, eliminar los privilegios salariales y de prestaciones exorbitantes que tienen actualmente los ministros; y c) llevar a las urnas la elección de los ministros.

De estas líneas que se rescatan de lo planteado por el oficialismo la que más polémica reviste es la elección de los ministros de la Corte por voto popular, pues se argumenta y no sin razón que este proceso electivo contaminaría y vincularía a los ministros a los intereses político partidistas que se ponen en juego en cada elección, puesto que es evidente que para lograr un asiento en la SCJN habría que hacer campaña, mover mucho dinero para convencer al electorado, ser un elocuente orador, tener dotes de político, más allá de las capacidades profesionales y técnicas en materia jurídica para aspirar a este cargo.  Y lo más grave: exponer a los aspirantes a ministros a los riesgos de la infiltración del narcotráfico en sus tareas proselitistas, como lamentablemente acontece en las campañas políticas en cada elección en México. Se contaminaría, pues, de principio a fin el proceso electivo.

De ello advierten muchos expertos que subrayan la politización de la justicia que ello supone y señalan, como lo ha hecho Diego Valadés Ríos, ex procurador general de Justicia e investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que esto lejos de ser democrático, es demagógico.

Creo que la mayoría está de acuerdo en que los ministros dejen de ser intocables –como la ministra plagiaria por todos conocida-, que dejen de vivir en la opulencia, a años luz de las preocupaciones de la gente de a pie, y que se remueva y castigue a jueces venales o a los que sirven a intereses oscuros, facciosos o a consignas político-partidistas. Pero de ahí a que los ministros de la Corte se elijan por el voto popular hay un gran trecho. Con mucho cuidado debe analizarse esta idea, una de las nuevas cruzadas del gobierno de la Cuarta Transformación.

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La primera parte del Plan B en materia electoral que aprobaron alegremente los legisladores de Morena seguros de que su mayoría estaba por encima de cualquier disposición legal y constitucional se cayó. O más bien, la desechó la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los votos de nueve de los once ministros que integran su pleno, quienes se sumaron al proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán que proponía declarar la inconstitucionalidad de este primer paquete de reformas al haber faltado al procedimiento legislativo, no respetar la Constitución, la ley del Congreso y los reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado de la República.

“La gravedad de tales infracciones en conjunto permite concluir con la invalidez del Decreto cuestionado, por violación directa a los artículos 71 y 72 de la Constitución federal, esto porque la iniciativa no se conoció a tiempo, ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el Reglamento de cada Cámara, desconociéndose con ello el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a la representación popular”, cita la sentencia aprobada.

La mayoría legislativa en el ámbito federal como en el de los estados debe tener claro que cualquier reforma que se apruebe debe cumplir íntegramente con las normas legales, reglamentarias y constitucionales, tal y como lo resolvieron ayer los ministros.

La Suprema Corte dejó un mensaje rotundo respecto a la defensa del orden constitucional, lo que es su función primordial.

Este resultado cayó como balde de agua helada al presidente López Obrador y sus seguidores que, en la víspera, a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia, habían advertido a la Corte que si declaraban inconstitucionales las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las primeras sacadas a rajatabla en el Poder Legislativo y que forman parte del Plan B impulsado por el presidente, estarían vulnerando la división de poderes y sustituyendo al Congreso de la Unión, además de que la SCJN  es un poder derivado “sin legitimación popular”.

Tras la decisión de la SCJN, políticos de Morena y afines lamentaron el actuar de los ministros y se mantuvieron en la línea discursiva de que a los ministros no los elije el voto ciudadano y que obedecen a consignas como un poder corrompido que son. Fueron infinidad de exabruptos los que pudimos leer en las redes sociales, de anatemas y mensajes cargados de furia y desahogo hacia los togados. Pero sobresalió lo que es la línea presidencial ante esta circunstancia: desprestigiar al Poder Judicial y poner por delante ahora al llamado Plan C, que es ganar la mayoría absoluta en el próximo Congreso federal.

Del otro lado, entre las opiniones de juristas y expertos de derecho constitucional la interpretación de lo sucedido era una constante: la Corte es el árbitro que debe resolver disputas y diferencias entre los actores políticos y, fundamentalmente, para revisar la constitucionalidad de procesos legislativos, así sin más. Y se destacaba lo dicho respecto a que cumplir con su responsabilidad constitucional no es en absoluto invadir a otro poder.

Mientras que para expertos lo sucedido es una muestra de autonomía frente a presiones del poder y un signo de madurez de la vida institucional mexicana que rescató la razón constitucional frente a los impulsos desmedidos de una política que hoy abusa de su mayoría, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en su conferencia mañanera que el Poder Judicial “está podrido” y que es necesaria una reforma constitucional para que sea la gente la que decida quienes serán ministros, magistrados y jueces.

El presidente anunció de plano que antes de que termine su mandato enviará una iniciativa para que los ministros sean electos por voto ciudadano, esto con el fin de acabar con la corrupción y complicidad que, aseguró, existe en el Poder Judicial.

Ese es quizá el fondo y el objetivo final de su campaña de descrédito hacia los integrantes de ese Poder y del hostigamiento de las huestes del oficialismo hacia ellos: generar el consenso para destituir a los actuales ministros y buscar que en adelante sean electos por el voto popular.

Sobre este particular y para ilustrar mejor este episodio de la vida nacional, vale la pena reproducir un fragmento del artículo que publicó en Milenio (9/05/23) el ministro Arturo Zaldívar, quien votó por la inconstitucionalidad de las reformas y, hay que recordarlo, fuera presidente de la SCJN y durante su periodo (2019-2022), muy afín a las posturas del presidente López Obrador:

“Hay quienes piensan, por razones políticas o partidistas, que son dueños de la Constitución: que su visión de los derechos y la democracia es la única legítima. Que son poseedores de su sentido ‘verdadero’ y que cualquier lectura que se aparte de la suya no solo es equivocada, sino reprobable. En tal sentido, pretenden que los jueces constitucionales nos alineemos a su postura y nos conformemos con su criterio. Si votamos en un sentido diferente, entonces nuestra postura es condenable, nuestra integridad como juzgadores resulta cuestionable, y nuestra autonomía dudosa o simplemente inexistente”.

Lo resuelto por la SCJN el día de ayer anticipa lo que ocurrirá con lo que resta del Plan B y con lo aprobado por el Senado, en la noche del 28 y la madrugada del 29 de abril, cuando la coalición de Morena, Verde y PT aprobó sin trámite, con la ausencia de la oposición, sin haber leído las iniciativas, falsificando el quórum, y sin reparar en normas parlamentarias, más de 20 leyes aprobadas por la vía rápida en las cámaras de Diputados y de Senadores en la recta final del periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión que concluyó en abril pasado, y que con toda seguridad serán impugnadas ante la Corte.

El “mayoriteo” lleno de irregularidades e ilegalidades tiene un freno y un límite y así debería entenderse.

La Suprema Corte hizo lo que le tocaba hacer y desde luego que es necesario revisar su actuar y someter a los juzgadores a una limpia, pero no en los términos ni con los excesos del actual debate público, donde de casta de privilegiados no los bajan los seguidores del mandatario. Calificativos redituables para ganar simpatías populares pero que no abonan para una discusión seria de la necesaria reforma del Poder Judicial, tema del que nos ocuparemos en una próxima entrega.

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Se conoce como odio a la antipatía, aversión o sentimiento intenso de repulsa hacia alguna cosa o persona cuyo mal se desea. El que odia es hostil, resentido, rencoroso y concentra un sentimiento de profunda enemistad y rechazo que lo lleva a desear el mal hacia una persona. La intensa sensación de desagrado que es el odio consume a quien la experimenta.

El odio, en esa línea, genera aversión, sentimientos de destrucción, destrucción del equilibrio armónico y puede conducir a la autodestrucción. El odio, dicho en palabras de la sabiduría popular, envenena el alma y arruina mental, emocional y físicamente, en muchos casos, a quien lo experimenta.

Si en la convivencia social odiar no es justificable desde el punto de vista racional porque atenta contra la posibilidad de diálogo y la generación de acuerdos que hacen posible la convivencia civilizada, en política, donde entran en juego consideraciones ideológicas, fanatismos y la cerrazón doctrinaria fundada las más de las veces en obtusas visiones adosadas de ignorancia del militante, la aversión al rival, al adversario –que es visto como enemigo a aniquilar- y el querer derogar todo lo que se le relacione puede llevar a situaciones de violencia, a enfrentamientos o magnicidios. La historia está llena de episodios que lo ilustran desde la más remota antigüedad.

Toda esta reflexión, no por sabida menos importante, la hago a propósito de lo que todos vimos y atestiguamos en el cúmulo de información generada en los días recientes en que el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo fuera de escena tras una complicación de salud –recaída en el Covid 19 junto con problemas de presión que lo llevaron a un desmayo en un evento en Mérida, el pasado domingo.

Circunstancia que, aunada al silencio oficial sobre lo que pasó o los falsos desmentidos que hiciera el vocero presidencial Jesús Ramírez al inicio de la crisis, desató una verdadera ola de especulaciones y dichos sin sustento entre columnistas y periodistas, pero sobre todo en redes sociales -el campo de batalla de los bandos en pugna- sobre el diagnóstico real del quebranto de salud del presidente: que si había sufrido un infarto, un derrame cerebral, que estaba grave en terapia intensiva, entre muchas especulaciones donde destacaban los augurios funestos, las burlas, chistes, memes y una violencia verbal expresada con una virulencia que no habíamos visto en fechas recientes, ni siquiera en las dos ocasiones anteriores en que el mandatario tuvo Covid y debió resguardarse por indicaciones médicas.

Es claro que en nuestro país hemos llegado a una situación extrema de polarización y confrontaciones inéditas que tiene su clara expresión en los mensajes en las redes y en los chats en teléfonos celulares donde la pobreza del debate público se hace presente y se desnuda la catadura moral de mucha gente.

Porque festinar la posible muerte del presidente es evidenciar pobreza de miras y para muchos, morenistas o no, es señal clara de la derrota moral de sus adversarios políticos, así como la falta de figuras, proyectos y alternativas para competir políticamente, de las que adolece la oposición política partidista.

Si su mayor alegría reside en ver el mal o la desgracia ajenos, aliviados estamos.

Es tal la falta de visión de los “conjurados” que no miden que, si López Obrador muere, la oposición tan desvalida y extraviada como está no tiene nada qué hacer en las próximas contiendas electorales frente a Morena. La gente siempre está con las víctimas. Recuérdese el crimen de Colosio que hizo que el PRI ganara en 1994 y alargara un sexenio más su presencia en la presidencia de México.

“Los veo muy solos, muy vacíos, con mucho odio”, dijo el presidente López Obrador al referirse a quienes lo daban por muerto y reaparecer en un video donde habló de su estado de salud. Y no le falta razón: a sus adversarios el odio les obnubila y lejos de construir discursos y propuestas de interés general se han dedicado durante 5 años a fomentar una opinión prejuiciosa, estigmatizante y destructiva de su odiado rival político, quien, dicho sea de paso, ha dedicado también su tiempo en el poder presidencial a alimentar esa confrontación con los que socarronamente llama los conservadores, neoliberales o corruptos del pasado.

Unos quieren que se muera y el otro se mofa de su incompetencia.

Es el retrato del México de hoy. Un México donde campea la violencia verbal y el odio está instalado en la vida pública.

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