Semana decisiva del calendario electoral, definida claro está, por la instalación del Consejo para el proceso electoral local que tendrá como meta el domingo 2 de junio, día en que concurrirán las elecciones más grandes de la historia reciente de nuestro país.
En Veracruz se juega casi todo: la gubernatura, las senadurías, las diputaciones federales y locales y solo se exceptúa a las elecciones municipales, por las que se contenderá en 2025.
Al momento de iniciar el proceso, de los partidos nacionales con presencia en la entidad, la coalición que conforman Morena, el Partido Verde y el del Trabajo están a días de formalizar la decisión que en realidad sabemos desde hace casi cuatro años, pero que buscaron disfrazar con un proceso del que ahora no saben bien cómo evitar que sus fracturas les dividan más; mientras que del Frente Amplio por México integrado por el PRI, el PAN y el PRD seguimos viendo el mutismo y falta de definición que solo genera incertidumbre y que en nada abona al afianzamiento de una oposición sólida; y falta aún por saber quién abanderará a Movimiento Ciudadano que dijo que se la jugará solo.
Los nombres serán pues los que ellos decidan. Sí, en masculino.
En todo caso lo que debemos exigirles a las tres personas o más que participen como contendientes por la gubernatura de Veracruz es una agenda clara para y por las mujeres de la entidad.
Porque es cierto que la paridad le añade un componente distinto a la configuración de las campañas, pero sean hombres o mujeres quienes les abanderen, tienen que presentarnos una agenda con la que haya compromisos reales basados en un diagnóstico realista de la realidad de vida de las más de 4 millones de mujeres veracruzanas que residen en territorio veracruzano.
Ya basta del falso discurso utilizado durante casi un sexenio en el que se dice que hay compromiso con las mujeres porque varias de ellas encabezan dependencias y poderes. Ya vimos que ellas no deciden y más aún, que su presencia es utilizada para violentarlas o para usarlas para convalidar prácticas patriarcales.
No, lo que necesitamos es el claro compromiso de cada contendiente sobre el destino que tendrá el Instituto Veracruzano de las Mujeres que habrá vivido su sexenio más opaco, no tan solo por el no nombramiento de su titular, sino por operar con Consejos Consultivo y Social vencidos, por la progresiva disminución de su presupuesto, por la poca incidencia de su actuar y por la poca transparencia en las dos Alertas de Violencia declaradas para la entidad y la excesiva dilación de la declaratoria de una tercera.
Necesitamos saber exactamente qué acciones se realizan en la Fiscalía para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia que nos mantiene en los primeros lugares a nivel nacional, aunque pretendan ocultar esa realidad maquillando las cifras.
Es urgente saber cómo están los servicios de salud garantizando la calidad de vida de las mujeres, la atención al cáncer, a la muerte materna, a la salud mental y al aborto, con el que sigue habiendo pendientes pese a ser ya un derecho garantizado por la legislación veracruzana.
Queremos conocer cuál es su compromiso para con las mujeres víctimas de violencia, para las madres buscadoras, para las mujeres privadas de su libertad, para nuestras niñas que están siendo enganchadas por las redes de trata, para atender la violencia vicaria cuyas cifras son alarmantes. ¿Qué tienen diseñado como política pública para fortalecer la autonomía financiera de las mujeres? Y para disminuir la brecha de desigualdad en una entidad en donde esa es una condición que limita el desarrollo.
Hay que preguntarles a quienes aspiran a gobernar la entidad ¿qué han hecho desde sus cargos por las mujeres?
Ya estuvo bueno de demagogia. Ya perdimos un sexenio. No estamos dispuestas a perder ni un minuto más.
Artículo de fondo
Por Héctor Yunes Landa
A pesar de que la reconstrucción de Acapulco necesitará de un presupuesto similar al costo de la refinería de Dos Bocas –poco más de 300 mil millones de pesos-, el Presidente ha ordenado a los diputados de Morena y sus aliados no destinar ni un peso para atender la emergencia por el paso del huracán OTIS.
Según el dictamen aprobado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y que hoy deberá ser aprobado por el pleno, las prioridades del Presidente siguen siendo las mismas: cubrir el millonario sobrecosto de Dos Bocas y el Tren Maya, cercenar a organismos autónomos como el Poder Judicial Federal, el INE y el INAI, además de reducir las participaciones a estados y municipios.
Guerrero y Acapulco requieren recursos para sobrevivir. Pero el Presidente lo tiene muy claro: que lo paguen otros.
Hasta ahora, López Obrador ha ofrecido 61 mil millones de pesos que no están en el presupuesto, sino en su imaginación, mediante la suma de los remanentes que se tengan, economías presupuestales o recursos adicionales que puedan recaudarse, además de las exenciones fiscales y el adelanto del pago de los programas sociales.
Hasta ahora, nada del dinero fresco del presupuesto. Todos los recortes a los organismos autónomos, a los estados y municipios, irán a parar al proceso electoral y no a la reconstrucción de Acapulco, el sistema de salud, la seguridad pública ni para los miles de escuelas públicas que se caen a pedazos.
Pero no conforme con los recortes, el Presidente ha solicitado al Congreso un cheque en blanco a través de más deuda pública.
Como aquí se adelantó, el Congreso le autoriza adquirir deuda en 2024 hasta por un billón 990 mil millones de pesos, un nivel de endeudamiento sin precedente. Por segundo año consecutivo el costo financiero de la deuda superará el billón de pesos, por lo que el déficit promedio anual del sector público en 2024 será de 3.1% del PIB, el más alto de la historia.
López Obrador recibió una deuda pública de 10.5 billones de pesos que se convertirá en 16 bdp al término del sexenio. La deuda crecerá 52% en términos nominales. ¿Esto qué significa? Morena será el partido en el gobierno que más endeude al país en toda su historia.
De los recursos obtenidos por deuda pública, tampoco nada se invertirá en Acapulco o en el fortalecimiento de estados y municipios. Por el contrario, verán disminuir sus ingresos por participaciones federales.
En año de elecciones, el gobierno de Morena intenta asfixiar a estados y municipios. El dictamen prevé el recorte de más de 7 mil mdp a las participaciones y aportaciones a las que tienen derecho de acuerdo al pacto federal. Como consecuencia de ello, 24 entidades recibirán menos transferencias federales en términos reales.
En el caso de los poderes y organismos autónomos, se aprobaron recortes por 13.262 millones de pesos en su presupuesto. Este ajuste afecta principalmente al Poder Judicial y al Tribunal Electoral, con una reducción de 6.465 millones, un 7,6% menos que lo solicitado por este poder. En tanto, para el Instituto Nacional Electoral (INE), se prevé una disminución de 5.003 millones de pesos.
No es casualidad. Ambas instituciones son las encargadas de realizar y sancionar el proceso electoral 2024. La elección de estado está en marcha.
La puntita
El gobierno de Veracruz presenta hoy su presupuesto para el 2024 por 163 mil millones de pesos. Las prioridades: elecciones y subejercicio para devolver dinero al Presidente.
Hoy 17 de octubre las mujeres conmemoramos una de las fechas más importantes en el calendario de efemérides asociadas con derechos que nos son plenamente resignificativas.
Las mujeres mexicanas no éramos sujetas de derechos políticos y electorales, pese a que teníamos un largo camino en esa exigencia, pero con todo y lo enormemente relevante del hecho ocurrido un día como hoy de hace 70 años, no es correcto decir que se “nos concedió” el derecho a votar y a ser votadas porque los derechos no se conceden, sino que se reconocen.
En realidad lo que se hizo aquel día fue dejar de aplazar un proceso irreversible.
La primera mujer mexicana en postularse como candidata fue Hermila Galindo, esa pionera a la que en su época consideraron desfasada de la realidad porque se postuló a sabiendas de que votar y ser votadas no era un derecho contenido en la legislación mexicana, a lo que ella dijo que habría un día que se haría costumbre que las mujeres fueran candidatas, pero en lo que esa fecha llegaba, había que comenzar a hacer común la práctica.
En 4 estados de la República hubo reformas que permitieron que tuviéramos diputadas locales, alcaldesas y regidoras antes de tener Diputadas federales y senadoras, porque el experimento había que empezar a impulsarlo en poblados pequeños en los que fuera probándose “si la ciudadanía ya estaría preparada para tener mujeres legislando”.
Y aunque en efecto Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib y a Beatriz Peniche solo duraron 2 años en el cargo de Diputadas del Congreso Yucateco porque la inestabilidad política derivada del asesinado del entonces gobernador no brindaba las garantías necesarias para que ellas se mantuvieran en su curul, aquellas tres mujeres son las precursoras de un proceso imposible de frenar.
A nivel federal demoraron un sexenio en dejar de fingir que se reconocería el sufragio femenino – la iniciativa fue presentada y votada siendo Cárdenas presidente, pero jamás se publicó en el Diario Oficial – así que 1953 era un momento inminente para llevar al país adelante en materia de derechos para las mujeres y cuando otras naciones africanas y centroamericanas ya habían avanzado en el reconocimiento, México se convirtió en la doceava nación del continente en dar un paso adelante.
Como sabemos, el camino ha sido largo. Cuento en mi libro sobre la historia del Congreso de Veracruz que el arribo de mujeres a las curules locales no fue continúo ni progresivo. Acá la primera mujer en ser diputada local fue Irene Bourell, cuya historia da perfecta cuenta de lo que fue para las mujeres abrirse paso en la política. Ella fue fundadora de la Liga de Comunidades Agrarias – junto con su marido – y pese a que él murió en la brega siendo muy joven y ella tuvo una larga y prolífica vida, hay quienes aún la reconocen solo por haber sido la viuda de un líder agrarista, cuando sus propios méritos son materia suficiente para ocupar un lugar significativo en la historia, pues no tan solo fue la primera mujer en el Congreso de Veracruz, sino la primera en representar a Veracruz en el Congreso de la Unión y la primer mujer en ser parte de la Mesa Directiva en un Congreso en América Latina, y sin embargo en el estado de Veracruz solo hay una biblioteca que lleva su nombre, que poco significa para la historia de esta entidad.
Así la historia de las pioneras, no nombradas y no reconocidas, que fueron llegando a cuenta gotas a ocupar los cargos, más por voluntad política de los líderes que por reconocimiento real de sus trayectorias y méritos. De estos 70 años, 50 transcurrieron así, hasta que hubo que darle un empujón al sistema de partidos, la más patriarcal de todas las instituciones políticas, que solo con cuotas es que incorporaron mujeres, a las que mandaron a contender en distritos perdedores u obligaron a renunciar para cederles el lugar, en una serie de trampas a las que están siempre dispuestos a llegar, con tal de no ceder en aquello que consideran suyo: el poder.
Pero las cuotas funcionaron y gracias a ellas alcanzamos la paridad, principio constitucional hermano de la igualdad que sin embargo, hay que estar defendiendo cada día de los desaforados intentos por acotarlo y ponerle límites.
Es muy relevante llegar a esta conmemoración, una noche después de que el INE determinara sostener su recomendación de que de las 9 gubernaturas que habrán de disputarse en 2024, 5 de ellas estén encabezadas por mujeres. Oh afrenta más descabellada, “¡el INE se sobrepasa!”. Y por qué no entonces – para ponerse a tono con la corrección política tan de moda en estos tiempos -, ¿no proponemos que 9 de 9 candidaturas sean para mujeres?. Siempre fue así para los hombres y entonces no había excesos ni extralimitaciones que fueran cuestionadas. El patriarcado cede, pero ah que estas mujeres que lo quieren todo y lo quieren ya.
Los partidos – todos -, no acaban de entender que la paridad no trae solo faldas a la contienda. Trae a la mitad de las excluidas, y a su agenda y a su forma de hacer política, ante lo que la misoginia tradicional se exhibe como una vieja práctica que ya no cabe ni representa. Pero nosotras, las hijas de las sufragistas, las paritaristas, no encargaremos de refrendarlo.
CAMPAÑAS ELECTORALES
ACCIONES DE ESCASA RENTABILIDAD ELECTORAL
(Segunda parte)
Por Ángel Lara Platas
Las campañas electorales son una práctica política contemporánea que en el siglo XX se convirtieron en una necesidad.
Sin embargo, varias de las acciones que les dieron prestigio y éxito, en la actualidad han dejado de cumplir su propósito. Incluso, hay formatos de campaña que lejos de favorecer tienen un efecto contrario.
Por ejemplo, la práctica de los mítines tiene dos perspectivas: la de los asistentes y la de los candidatos.
Recurrentemente a los convocados se les cita con una anticipación de una a dos horas antes de iniciar el evento. A esto se agrega el tiempo del retraso del arribo del candidato. Práctica usual. Al respecto cabe precisar que a mayor espera, mayor es el desánimo de la gente.
El aplauso y los vítores al candidato corresponden más a una reacción espontanea, que a un reconocimiento pleno por el discurso expresado.
A lo anterior se agregan otros detalles como, por ejemplo, la carencia de baños suficientes en el lugar del evento; las dificultades para localizar los autobuses para su regreso; la falta de alimentos o líquidos para la sed; entre otros detalles.
A los discursos de quienes presiden el evento por costumbre les aplauden, pero no les entienden porque no hablan de lo que a la gente le interesaría escuchar.
Debido a que el candidato o candidata arriban hasta que la mayoría esté reunida, y al concluir el evento salen a toda prisa para continuar con su agenda; no se establecen las posibilidades para un contacto personalizado con los asistentes. Por lo tanto, el recuerdo no dura mucho tiempo en la memoria de los asistentes.
Desde el tablado, el candidato o candidata ven las cosas de diferente manera. Estar frente a cientos o miles que lo miran y aplauden, satisface su ego que se convierte en una falsa percepción de un apoyo masivo. Por lo tanto, los asistentes quedan en un segundo nivel de importancia cuando debiera ser al contrario.
Entre más gente asista a los mítines mayor es la emoción del candidato. Por esta razón es natural que piense que es la mejor opción para hacer proselitismo. Sin embargo, la euforia provocada por la multitud le impide buscar formas más efectivas de conexión con los probables votantes.
Al aspirante se le forma la falsa idea de que las personas que asisten a sus eventos terminan convencidas después de escucharlo, y que el factor que las ha congregado es su atracción personal. Olvidan que para convocar a multitudes participa toda una estructura organizacional como son: líderes sociales, activistas, legisladores, funcionarios públicos locales, empresarios y otros tantos.
Es muy diferente cuando la gente acude a un evento por compromiso o por curiosidad, a cuando asiste porque admira al personaje como es el caso de los artistas o los pastores, por ejemplo. Es un desatino cuando los asesores en marketing electoral tratan de difundir la imagen del candidato como si fuera una estrella de la música.
Otro de los aspectos engañosos desde el punto de vista cuantitativo, es cuando los mismos asistentes al mitin de un candidato van a la reunión del otro. Si cada cual suma a su favor a los mismos incurre en un error numérico.
Como ya lo explicamos, los llamados mítines resultan de baja rentabilidad electoral a pesar que para realizarlos se aplica gran parte del presupuesto de campaña.
Por otra parte, los mítines no se ajustan a la proporcionalidad matemática. Es decir, en el supuesto que todos los asistentes a las multitudinarias reuniones resultaran cautivados por la oferta del candidato, la suma final de los asistentes a todas las reuniones durante la campaña, no le daría para ganar en las urnas. La suma estaría por debajo de los dos dígitos en relación a los inscritos en la lista nominal. Excepto, claro, que existiera una verdadera conexión emocional entre espectadores y candidato, como sucede en los eventos musicales.
Héctor Yunes Landa…Articulista invitado
Xalapa, Ver., 09 de octubre de 2023.- En menos de un año, México tendrá un nuevo Presidente. Por ello, la última obsesión de López Obrador es mutilar al Poder Judicial mediante el recorte de más de 15 mil millones de pesos a su presupuesto y el desvarío de una reforma para elegir a jueces y ministros mediante el voto popular.
Ambas iniciativas desnudan el espíritu autoritario de la 4T. El Presidente y quien aspira a sucederlo en el cargo, desean a un Poder Judicial -la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral federal- acotado y sometido, al tiempo de poner la justicia en manos de sus militantes y no de especialistas en derecho.
La politización de la justicia sería una herencia perversa del gobierno de López Obrador. La austeridad selectiva en contra del Poder Judicial provocará el rompimiento del Estado de Derecho.
Primero. Mientras estados como Veracruz subejercen más de diez mil millones de pesos en lo que va de la administración de Cuitláhuac García, el Presidente ha ordenado a su bancada en el Congreso federal tomar venganza del Poder Judicial y desaparecer 13 de los 14 fideicomisos para financiar el gasto del gobierno.
Pero el problema no es el dinero sino el funcionamiento del sistema de justicia, en un país debilitado por la violencia y lastimado por la impunidad. Hoy, la realidad es gravísima: solo el 1% de los delitos se persigue y se castiga.
En agosto, Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, presentó al Ejecutivo federal la propuesta de presupuesto para el ejercicio fiscal 2024 del Poder Judicial de la Federación (PJF), en la que propuso un aumento del 4% respecto a los recursos asignados para este año.
¿Es mucho o es poco? Muy poco. El Proyecto de Presupuesto del PJF para 2024, equivale al 0.26% del PIB, mientras que el gasto de la Pensión del Bienestar equivaldría a 1.4%. Es decir, nuestro país gasta 26 centavos de cada 100 pesos de su presupuesto para garantizar el acceso a la justicia a más de 120 millones de mexicanos.
De hecho, entre los años 2018 y 2023, durante el gobierno de López Obrador, el PJF ha disminuido el presupuesto en el 15.4%. Esa es una de las razones por las que México vive una crisis de impunidad en el momento más violento de su historia.
Y segundo. Recientemente fueron presentadas diversas iniciativas de reforma a la Constitución para que los ministros, magistrados y jueces, integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) sean elegidos mediante voto popular.
Esto es un contrasentido. El Poder Judicial no representa a los ciudadanos, los defiende. Por ello, ministros, magistrados y jueces no pueden ser los más populares, surgidos de acuerdos políticos, sino los más preparados en materia de derecho, sin ningún sesgo o interés que determine sus decisiones y sentencias.
Hace cinco años, durante su toma de protesta como Presidente, López Obrador hizo el compromiso de que no intervendría en las decisiones que sólo corresponden al Poder Judicial y a la Suprema Corte de Justicia. Hoy busca desaparecer su autonomía a toda costa.
La puntita
¡Libertad inmediata para Tito Delfín, Viridiana Bretón y Crisanto Valiente! Ha sido un sábado histórico donde la justicia ha prevalecido sobre la venganza y la persecución del gobierno de Cuitláhuac García. En Veracruz revivirán la justicia, la gobernabilidad y el Estado de Derecho. La verdadera justicia alcanzará a quienes la prostituyeron para consumar una infamia.
(Primera parte)
Por Ángel Lara Platas
Las campañas electorales son el conjunto de actividades para cortejar a los electores a fin de ganar su voto.
Las campañas políticas se inventaron para que fuera una mayoría representativa y no una pequeña élite política, la que decidiera quienes debían ocupar los puestos de elección popular.
La parte fundamental de las campañas es, a través de los discursos, dar a conocer los programas de los candidatos y los ideales del partido.
El modelo de campaña que a la fecha continúan realizando todos los partidos políticos, es el que creó el Partido Revolucionario Institucional hace más de setenta años.
El modelo resultaba novedoso y daba resultados porque había pasión y orgullo. La gente acudía a las plazas públicas a apoyar a sus candidatos de manera voluntaria, y recorría las calles enarbolando las banderas del partido que
Con el paso del tiempo, los partidos políticos fueron perdiendo el apoyo masivo de la gente, y las campañas no se actualizaron, no se adaptaron a las nuevas realidades y exigencias de los ciudadanos.
En la actualidad, los partidos políticos siguen utilizando el mismo modelo de campañas sin analizar seriamente que el formato ha dejado de ser atractivo para la gente.
Ni los partidos políticos ni las instituciones electorales, se han preocupado por hacer estudios de las campañas políticas para determinar que es lo que ya no funciona; por cuáles otras actividades deben sustituirse las utilizadas por tan solo por imitación.
Es una realidad que las campañas políticas están totalmente desapegadas y apartadas de la base social. Están retomando modelos de comunicación de Estados Unidos, o de otros países que nada tienen que ver con el nuestro. Son cansados y muy trillados.
Es importante que se actualicen y modernicen. Deben dirigirse a una sociedad con particularidades muy precisas, con características muy exactas, como es la nuestra, que las diferencien del resto del mundo.
Los mensajes no deben ser generalizados; deben ser específicos: uno para los jóvenes, uno para las mujeres, uno para los adultos mayores, uno para los empresarios, uno para los trabajadores.
Las campañas políticas actuales no contienen propuestas ni planteamientos ideológicos. Rondan en torno a las características carismáticas de los candidatos o candidatas. Dejan en un segundo término exponer sus programas de gobierno y sus ideas.
Las campañas están repletas de información banal, en donde lo importante es la vida personal, la imagen, el escándalo, las propuestas engañosas, pero popularmente atractivas.
Las empresas de marketing lo que venden es el cultivo del ego de los candidatos o candidatas. Se ocupan de lo físico como si fueran estrellas del espectáculo. Los enseñan a actuar frente a las cámaras, lucir creíble, honesto; más que a formular un programa político. Las empresas de márketing explotan la promoción de candidatos que ofrecen solucionar problemas, en lugar de buscar un rasgo ideológico que lo distinga.
La compra del voto se ha venido intensificando en los últimos treinta años, hasta convertirse en una práctica común. En cada elección las campañas son más caras.
Por ello la urgencia, para bien de la democracia, de optimizar los procesos de cortejo a los electores, y que resulten ostensiblemente más baratas.
#angel.lara.platas
Por Héctor Yunes Landa
Ha pasado más de una semana desde que “la casualidad” llevó a distintas instituciones de seguridad pública al hallazgo de decenas de cuerpos mutilados y almacenados en refrigeradores en la ciudad de Poza Rica. Hasta la fecha, la Fiscalía del Estado no ha sido capaz de determinar el número de víctimas y su identidad.
Sin embargo, a raíz de la decisión tampoco aclarada de llevar los restos hasta el forense en la ciudad de Nogales, este municipio se volvió el epicentro de la violencia en el estado, registrándose nuevos eventos criminales donde una cabeza humana fue colgada sobre un puente y varios cuerpos arrojados a la autopista federal Puebla-Orizaba.
En medio de este baño de sangre, la semana pasada fue encontrado un cadáver dentro de una bolsa de plástico color azul, en Coatepec. Hasta el fin de semana, la víctima tampoco había sido identificada.
El horror es inimaginable, pero no es algo nuevo. En los primeros cuatro meses de 2023 en Veracruz se cometieron 11 masacres, es decir, eventos violentos que implicaron tres víctimas o más. En el mismo período se contabilizaron al menos 716 víctimas mortales, 20 feminicidios, 12 casos de tortura y tres asesinatos de actores públicos.
Como lo hemos señalado en este espacio, documentos de la propia Sedena confirman que el 70% por ciento del territorio veracruzano está ocupado por la delincuencia organizada.
Veracruz está viviendo una verdadera barbarie de violencia criminal y política. Agosto podría ser el mes más violento en el estado durante los gobiernos de López Obrador y Cuitláhuac García.
Por desgracia, ambos personajes rechazan por igual, con absoluto cinismo, su responsabilidad en la descomposición social por la violencia y la delincuencia. Cuando estamos por entrar al sexto y último año de administración, mantienen la excusa de no haber podido resolver la “herencia” de las administraciones previas.
Ello contrasta con la violencia ejercida en contra de actores políticos y dirigentes de corrientes contrarias al morenismo veracruzano. En la misma semana que la violencia criminal abraza buena parte del estado, el gobierno ha reforzado su persecución política y de injusticia en contra de sus adversarios.
El viernes pasado, el mismo día que un juez federal decretó el cambio de medida cautelar en favor de Rogelio Franco para que continúe su proceso en prisión domiciliaria, se registraron una serie de eventos que muestran en autoritarismo de un gobierno que se olvidó de la violencia criminal para enfocarse en perseguir a sus antagonistas.
Tras la rabia que provocó al gobernador del estado la liberación de Rogelio Franco, mandó a detener al exsenador perredista Arturo Herviz –libre casi de inmediato-, fue interceptado Federico Salomón, dirigente estatal del PAN, en pleno centro de Xalapa.
Y terminó la semana con broche de cobre en contra de Manuel Velasco, aspirante a la Presidencia por el PVEM, a quien policías de Veracruz lo retuvieron y lo encañonaron en su recorrido por el estado. Cuando la perra es brava, hasta a los de casa muerde.
En este escenario, Veracruz corre el riesgo de vivir la elección más violenta de su historia. ¡No lo podemos permitir!
La puntita
En la mayor parte de los estados del país, los jueces están concediendo la prisión preventiva justificada para mantener en prisión a presuntos criminales de alta peligrosidad. Si en Veracruz no sucede lo mismo, es simplemente porque la Fiscalía no sabe hacer su trabajo.
El reloj legislativo se agotó y el Congreso de Veracruz no cumplió
Hoy lunes 31 de julio de 2023 es el último día del segundo período ordinario de sesiones del Congreso local, fecha en la que vence el tiempo establecido por la ley para hacer cualquier reforma a aplicar en el proceso electoral que habrá de dar inicio en 90 días y con ello, se perdió la posibilidad de que fuera armonizada en la legislación estatal la 3 de 3 contra la violencia.
Esta reforma fue aprobada por el Senado el miércoles 24 de mayo y cuya minuta fue ratificada por los Congresos estatales –el de Veracruz incluido– permitiéndole ser declarada válida, entrando en vigor a partir del 30 de mayo pasado, un día después de que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Es sin duda la más importante legislación lograda en materia de ética pública en este período legislativo federal para prevenir la violencia contra las mujeres, que tiene al país con cifras alarmantes en toda la geografía nacional. Con la reforma al párrafo segundo del apartado A del Artículo 102 y la adición de una fracción VII al Artículo 38 de la Constitución, se logra establecer que las personas que estén prófugas de la justicia; que hayan sido o estén sentenciados por haber ejercido delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, contra el normal desarrollo psicosexual, o que hayan ejercido violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual o por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos; y quienes hayan sido declarados como deudores de pensión alimenticia, no puedan ser registradas como candidatas a cualquier cargo de elección popular, ni obtener cargos en el servicio público.
Una reforma Constitucional como ésta requería –por procedimiento legislativo– ser armonizada en los Congresos estatales en los 180 días contados a partir del 30 de mayo, plazo que vence hoy sin que el Congreso veracruzano hiciera las reformas requeridas.
Es un hecho que avergüenza y que no extraña.
El segundo Congreso paritario en la historia del estado no tiene una sola iniciativa aprobada en favor de las mujeres veracruzanas. En realidad, no han aprobado nada de nadie: ni de la oposición, ni de su propia bancada, cuya sobrerrepresentación sirve para muy poco, porque éste es un Poder Legislativo de un solo hombre, que durante cinco años consecutivos ha ejercido en forma unilateral el control al interior de un Poder omiso y misógino, como lo demuestra claramente la no aprobación de normas necesarias como la Ley Monse, la Ley del acoso callejero, la de la Violencia Vicaria y tantas otras que siguen durmiendo el sueño de los justos en los cajones de escritorios de legisladores y legisladoras que, eso sí, se afanan por pedir el voto de quienes hoy claramente han defraudado.
En materia electoral, vamos a ir al proceso más importante en la historia de este país y como quedó pendiente desde la Legislatura pasada, Veracruz no armonizó la violencia política en las leyes locales y ahora, no lo hizo tampoco con la 3 de 3.
Queda clara la protección que este Legislativo brinda a los violentadores, a los acosadores y a los deudores de pensión alimenticia que el partido al que pertenecen pretende que veamos en las boletas. A menos que haya otras instancias, verdaderamente comprometidas con la Constitución y con el combate real a la violencia contra las mujeres, que sí actúen con responsabilidad y ética por éstas tan graves omisiones.
INVESTIGACIÓN REVELA QUE EMPRESAS DE ROBERTO MADRAZO FONDEAN A LATINUS.
De acuerdo a diversas investigaciones de varios periodistas, coinciden que Roberto Madrazo Pintado sí está financiando al portal Latinus, a través de nueve empresas farmacéuticas que tiene el político priista en sociedad con su hijo y su yerno Alexis Nikki.
Sus principales clientes han sido gobiernos prianistas que se han prestado a alterar de manera inescrupulosa los precios de los productos. Por ejemplo, el Paracetamol, que tiene un precio de 50 pesos, lo vende a 700 pesos, obteniendo ganancias exorbitantes a costa del erario público; en detrimento de la salud de los más pobres.
Pero no solo eran las medicinas, también vendía a los gobiernos equipo médico cuyas especificaciones no correspondían a las estipuladas en el contrato. Incluso, su corrupta actitud, lo llevó a vender diversos equipos usados como si fueran nuevos.
Las ganancias que obtenía Madrazo Pintado y su parentela, debido a su falta de ética y descomunal ambición, eran muy altas.
El gobierno compraba aproximadamente 100 mil millones de pesos en medicamentos y equipos; las empresas de los Madrazo facturaban alrededor de 40 mil millones de pesos. Parte de estas utilidades se han destinado para el financiamiento del portal Latinus cuyo beneficiario directo es Carlos Loret de Mola.
Van los datos.
El ex gobernador de Michoacán Silvano Aureoles, destinó más de 4,500 millones de pesos a contratos que financian la plataforma Latinus. Una investigación de la Auditoría Superior de la Federación revela que el gobierno de Michoacán utilizó dinero del INSABI para contratar a esas compañías.
Se descubrió que facturaron unos 500 millones de pesos con otros diez estados.
Los flujos millonarios de esas nueve empresas al proyecto del portal Latinus iniciaron en 2018.
El periodista Álvaro Delgado reveló que los financiadores de la página que encabeza Loret de Mola y Brozo, son Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, hijo y yerno de Roberto Madrazo. Los recursos provienen de las empresas BCG Limited Consulting, SA de CV; Digital Beacon Programatic Services, SA de CV; Hova Healt, SA de CV; y Samedic, SA de CV.
Roberto Madrazo no ha podido superar la frustración que le provocó haber perdido la elección para presidente de la República; razón por la cuál sus odios contra su paisano que sí está ocupando el cargo de presidente de la República.
Misoginia de Estado
Una cosa es el desdén institucional para no comprometerse con la agenda de las mujeres, y otra, el claro desprecio que en solo cuatro años y medio se ha convertido en misoginia de Estado. En Veracruz gobernó ininterrumpidamente el PRI hasta 2016, cuando con un bienio se tuvo al frente del Poder Ejecutivo estatal a un gobierno emanado de un partido de filiación distinta y, desde 2018, una aparente izquierda hizo su arribo al gobierno.
Desde entonces, el debilitamiento institucional, la falta de políticas públicas en la materia y la ausencia de acciones específicas para atender la agenda de las mujeres ha ido de mal en peor.
Hace 17 años se creó el Instituto Veracruzano de las Mujeres luego de un profundo proceso de reforma impulsado desde el Legislativo y fortalecido por la participación activa de una sociedad civil constituida por mujeres que propusimos una agenda de trabajo, que acompañamos a su realización.
De esa dependencia que significaba un avance en materia de institucionalización de la perspectiva de género, hoy no queda nada. No tan solo se insiste con necedad absurda en no iniciar el proceso para emitir la convocatoria correspondiente para nombrar una directora, sino que el presupuesto con el que opera la dependencia es cada vez más reducido y sus acciones, menos incidentes.
Ni qué decir de la acción transversal en dependencias que lo que sí han hecho es convertirse en auténticas cuevas de acosadores que, pese al mandato de ley que obliga a aplicar el protocolo contra el acoso para poner fin a esas prácticas, los agresores están protegidos desde el más alto círculo del morenato veracruzano, por lo que siguen impunes.
Y qué se puede esperar, cuando es el propio mandatario el que un día sí y otro también emite declaraciones para agraviar opositores en general y mujeres en particular, perfil que comparte con su secretario de Gobierno, que hace malabares para no ser sancionado por violentador político. Y no porque verdaderamente le importe no ser reconocido como tal, sino porque ello pondría en riesgo sus aspiraciones de buscar un cargo de elección popular ahora que usurpa la identidad afrodescendiente en una entidad que se honra de su tercera raíz, rasgo cultural que no representa pese a su color de piel, con el que únicamente lucra y se victimiza.
Las mujeres no estamos seguras, lo sabemos. Y no me refiero solo a las que han sido víctimas de feminicidios, cifra que crece alarmante junto con otra más numerosa aún: la de las desaparecidas. Y mientras esa realidad nos golpea sin una sola acción contundente para frenarla, hoy además las periodistas, las activistas y en general las opositoras somos perseguidas por no acatar los mandatos patriarcales de estos personajes.
Todo México sigue aún sin dar crédito de la persecución emprendida desde el Poder Ejecutivo de una entidad en contra una integrante del Poder Judicial estatal. Y es que la persecución a la jueza Angélica Sánchez no es solo una coacción contra ella, sino también un ataque para doblegar a un Poder ante la complicidad de sus pares, que están sumándose a esta barbaridad creyendo ingenuamente que al obedecer esta inmundicia, recibirán protección y cobijo. ¿Qué parte del infierno no están viendo?
Nadie está a salvo y eso ya deberían saberlo. El servilismo lacayuno es en vano, pues ni les darán las gracias, ni quedarán impunes. Valdría más conservar la dignidad aplicando la ley, que no porque hoy la ignoren, será letra muerta para siempre.
Sí, sus acciones infunden miedo y hay quienes con el miedo callan.
Pero hay quienes no estamos dispuestas a vivir con miedo.
Feminista