Luis Baqueiro

“El ánimo es la más sana medicina.” – Salomón.

La reciente reacción del Gobierno de los Estados Unidos al detener todas las exportaciones de carne provenientes de México, derivada de la presencia del gusano barrenador en el hato ganadero nacional, no solo representa un duro golpe a la economía, sino también una llamada de atención contundente al papel —más bien la ausencia de él— de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) de Veracruz.

Y ni si diga del rol que la dependencia federal responsable en la entidad viene realizando en Veracruz.

Rodrigo Calderón, titular de la dependencia y ex coordinador de campaña de la gobernadora Rocío Nahle García, ha fallado en demostrar que la confianza otorgada se traduce en resultados.

¿Cómo entender que en un tema prioritario para la mandataria estatal, como lo es el fortalecimiento del campo y la sanidad animal, hoy se exhiba una inacción total? Más aún cuando ha sido la propia Nahle quien ha buscado involucrar a su esposo, José “Pepe” Peña, en tareas de impulso al sector ganadero. ¿Acaso ni el interés de la primera figura del estado logra mover la maquinaria burocrática de Sedarpa?

El caso del gusano barrenador no es menor. Se trata de una plaga que no sólo arrasa con la salud del hato, sino que también compromete la seguridad alimentaria, la salud pública y la viabilidad del comercio internacional.

La suspensión de las exportaciones cárnicas echa por tierra parte del esfuerzo diplomático y económico que ha intentado recomponer la presidenta Claudia Sheinbaum frente a los estragos de los aranceles impuestos por el expresidente Donald Trump. Una pérdida que no se mide solo en cifras, sino en confianza y reputación internacional.

Muchos podrían argumentar que el verdadero responsable de esta crisis es el gobierno anterior, encabezado por Cuitláhuac García Jiménez, que dejó al campo en ruinas. Y si bien ese señalamiento tiene sustento —el abandono del sector fue evidente—, hoy la administración de Nahle cumple casi ocho meses en funciones. ¿Hasta cuándo servirá ese pretexto?

Lo que sigue es claro: jalones de orejas y cambios urgentes al interior de Sedarpa. No solo se trata de un tema técnico, sino político. En juego está el prestigio de la gobernadora, la capacidad del gabinete y la estabilidad del sector productivo veracruzano.

El gusano barrenador es la metáfora perfecta de un mal que, si no se atiende con firmeza, terminará por devorar la poca confianza que aún persiste en algunas dependencias estatales.

¿Quién es el culpable? ¿Quién el responsable? La omisión también es una forma de responsabilidad.

Al tiempo.

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“El verdadero progreso consiste en renovarse”. – Alejandro Vinet.

La política, como el ajedrez, exige movimientos calculados, estrategia y, sobre todo, la capacidad de rectificar sin mostrar debilidad. La reunión sostenida por la gobernadora Rocío Nahle García con los alcaldes electos de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no fue solo un acto de cortesía institucional; fue una operación quirúrgica de alineamiento político rumbo al proceso electoral intermedio de 2027.

En la mesa no sólo estaban los nuevos presidentes municipales. También asistieron los operadores centrales del movimiento: Esteban Ramírez Zepeta, líder estatal de Morena, y Edgar Herrera Lendechy, del PVEM, figuras encargadas de dotar de cohesión a la estructura partidista local.

Pero quien envió una señal clara del tono de interlocución que se tendrá fue el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil. Su presencia no fue menor: es el mensaje de que todo diálogo político pasará por los canales institucionales y no por caprichos locales.

La gobernadora ha entendido que no basta con ganar elecciones, hay que gobernar y preparar el terreno para lo que sigue.

El 2027 marcará un nuevo ciclo electoral que podría consolidar –o fracturar– la hegemonía del obradorismo en Veracruz. Por ello, Nahle García ha comenzado a corregir errores cometidos en el pasado proceso electoral.

Lejos de encerrarse en triunfalismos, muestra autocrítica y redibuja el mapa del poder territorial con base en lealtades reales, resultados medibles y, sobre todo, rentabilidad política.

El mensaje fue contundente: cada presidente municipal será evaluado no sólo por su gestión, sino por su compromiso con el movimiento. La lógica es clara: política con resultados. Y es que el verdadero capital político se mide en votos, no en discursos.

La mandataria, en ese sentido, demuestra oficio al atraer a varios alcaldes electos provenientes del PAN y de otras fuerzas políticas. Es la construcción de una nueva mayoría desde lo local.

Nahle García no improvisa. Su apuesta es la consolidación del poder territorial que alimente al obradorismo en 2027, cuando se jueguen diputaciones locales, federales y la mitad del Congreso estatal. Para ello, no basta con tener siglas afines; se necesita estructura, disciplina y operación política.

Así, entre correcciones y alineamientos, Veracruz se prepara para una nueva batalla electoral. Rocío Nahle ha puesto en marcha el reloj de la sucesión intermedia, y con ello, la maquinaria de la transformación vuelve a girar, pero ahora con más control, más cálculo… y más poder.

Al tiempo.

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“Gracias al reportero Walter Ramírez, tu pregunta resolvió un problema de 23 años de rezago.” – Yo.

Durante más de dos décadas, el tema de la actualización de tarifas del transporte público en la modalidad de taxi fue el elefante en la sala de los gobiernos veracruzanos.

Nadie se atrevía a tocarlo, nadie quería asumir el costo político de enfrentar al llamado “pulpo” del transporte, ese entramado de concesionarios y liderazgos enquistados que, con amenazas de bloqueos y parálisis, amedrentaban a las autoridades en turno.

¡Hasta ahora!

La gobernadora Rocío Nahle García demostró que gobernar también es saber decidir cuándo y cómo intervenir. Con firmeza, pero sin estridencias, Nahle tomó el toro por los cuernos –a pregunta de un reportero en su pasada conferencia de prensa- y anunció lo que parecía impensable: la revisión y actualización de las tarifas de taxi en el estado de Veracruz. Lo hizo sabiendo que se trataba de un sector olvidado, pero también viciado; donde la ausencia de reglas claras permitió abusos flagrantes, cobros a discreción, y una oferta inflada de unidades que sólo satura las ciudades y precariza el servicio.

Ahí radica la primera gran victoria política de su incipiente administración: atender un problema postergado por más de 20 años y ponerle nombre, método y solución. En un contexto donde muchos esperarían titubeos, Nahle demostró capacidad, fortaleza y una notable destreza para hacer política desde el poder, sin ceder a presiones ni amenazas. Pero no lo hizo sola.

El segundo acierto de esta jugada maestra tuvo como protagonista al secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil. En menos de 24 horas, Ahued apagó posibles focos de protesta de transportistas inconformes, desactivó los conatos de bloqueo y neutralizó la narrativa beligerante de ciertos grupos que pretendían desestabilizar la iniciativa. Con oficio, sin confrontación, y mostrando el colmillo político que le conocen quienes lo subestiman.

Ahí está, en ese acto casi quirúrgico, la razón por la cual Nahle decidió mantenerlo al frente de la Secretaría de Gobierno, pese a las críticas y rumores que lo tachaban de estar solo de adorno.

Para que les quede claro, Ahued no es florero, ni conserje. Es operador. Y en este episodio, quedó evidenciado que sabe ejecutar con eficacia la política cuando se le requiere.

Rocío Nahle no solo le puso freno al caos tarifario, sino que maniató al pulpo del transporte sin disparar una sola bala política. Una jugada de alta escuela que evidencia que, en eso de hacer política con firmeza e inteligencia, Veracruz tiene gobernadora. Y vaya que sabe gobernar.

Al tiempo.

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“Las cosas no cambian; cambiamos nosotros”. – Henry David Thoureau.

El transporte público en la modalidad de taxi en Veracruz atraviesa por una profunda crisis estructural que se ha prolongado por más de quince años. Ciudades como Xalapa, Veracruz, Poza Rica, Córdoba, Orizaba y Coatzacoalcos continúan operando con tarifas que datan de mediados de la década del 2000, sin que ninguna administración estatal haya tenido el valor político de encarar una actualización necesaria.

La consecuencia ha sido un caos tarifario donde impera la ley del más fuerte: tarifas sujetas a la oferta y la demanda, cobros arbitrarios, supuestos perímetros de servicio y, en algunos casos, prácticas francamente abusivas por parte de algunos choferes.

Hoy, la gobernadora Rocío Nahle García ha lanzado un mensaje claro: ella sí le va a entrar al tema. Y no es menor. Regularizar las tarifas, modernizar el servicio e incluso depurar el padrón de concesiones representa uno de los retos más complejos del sector movilidad.

Los transportistas lo saben y, como era de esperarse, algunos ya han comenzado a lanzar amenazas de bloqueos si se intenta revisar o modificar el actual esquema.

Sin embargo, la gobernadora tiene no solo el respaldo legal para actuar, sino también el respaldo social. La ciudadanía está harta del desorden, del mal servicio y de la imposibilidad de saber cuánto debe pagar por un viaje.

Hay taxis sucios, inseguros, sin aire acondicionado, que se niegan a hacer recorridos cortos o que inventan tarifas de forma arbitraria. Es evidente que el modelo está agotado.

Nahle García tiene la facultad de revisar y derogar concesiones otorgadas —muchas de ellas entregadas de forma discrecional o sin criterios técnicos en sexenios anteriores— y con ello reducir el saturado parque vehicular que inunda las calles de las principales ciudades. Veracruz necesita menos taxis, pero mejor operados. Vehículos modernos, choferes capacitados y reglas claras.

Además, es momento de abrirle la puerta a las plataformas digitales que ya operan en otros estados con mayor eficiencia. Uber, DiDi, entre otras, pueden elevar la competencia y forzar a los concesionarios tradicionales a mejorar su servicio o salir del mercado.

La modernización del servicio de taxi no debe ser vista como una amenaza, sino como una oportunidad de devolverle dignidad al transporte público. El momento de actuar es ahora. Rocío Nahle tiene la oportunidad histórica de poner orden en un sector donde por años ha reinado el caos.

¿Se atreverá a dar el paso? Todo indica que sí.

Al tiempo.

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“Los errores se dividen en dos clases: aquellos en que se pensó y no se hicieron y aquellos que se hicieron y en los que no se pensó.” – John Charles Salak.

En la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) nada se mueve sin que pase por el despacho de la gobernadora Rocío Nahle García. Cada cambio, ajuste o renuncia forma parte de una estrategia que confirma quién manda realmente en la entidad. El más reciente movimiento al interior de la SEV no es la excepción y representa un giro clave en la política educativa del estado.

La salida de Elías Calixto Armas como Subsecretario de Educación Media Superior y Superior se da en un contexto de creciente tensión dentro de la Secretaría. Su partida sigue a la renuncia de otros funcionarios menores que venían ocupando encargos con perfiles técnicos y políticos. Estos movimientos revelan que algo no estaba fluyendo como debía al interior del equipo que encabeza la actual secretaria, Claudia Tello Espinosa.

Aunque fue designada con el respaldo de la Cuarta Transformación, Tello Espinosa ha enfrentado obstáculos importantes, muchos de ellos provocados por su falta de pericia política y el débil control sobre su equipo de trabajo. Subalternos con intereses propios y agendas particulares habrían complicado la operación administrativa, generando desconfianza en los altos niveles del gobierno estatal.

Ante este escenario, el nombramiento de David Jiménez Rojas, ex comisionado presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), marca un parteaguas. No se trata solo de un relevo, sino de una decisión quirúrgica: alguien con experiencia en la rendición de cuentas y los mecanismos de transparencia llega a poner orden donde se sospecha que las cosas no estaban caminando con claridad.

Este cambio coincide con un anuncio de suma relevancia: los nuevos lineamientos y procedimientos para el proceso de cambios de centro de trabajo del ciclo escolar 2025–2026.

Estos anuncios reafirman el discurso de la legalidad y la transparencia, pilares que han sido repetidos una y otra vez por el gobierno estatal. La presencia de las organizaciones sindicales en este diálogo busca legitimar el proceso y enviar un mensaje claro: se acabaron las viejas prácticas, los favoritismos y las decisiones discrecionales.

Nahle García, sin embargo, no deja nada al azar. Los movimientos en la SEV deben leerse como una intervención directa de la mandataria en un sector estratégico. La educación es más que un derecho: es una herramienta de control político y social. Y en Veracruz, la gobernadora está decidida a que funcione bajo su mirada vigilante.

Esta pudiera ser la primera llamada, primera de la función educativa.

Al tiempo.

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“Los errores se dividen en dos clases: aquellos en que se pensó y no se hicieron y aquellos que se hicieron y en los que no se pensó.” – John Charles Salak.

En la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) nada se mueve sin que pase por el despacho de la gobernadora Rocío Nahle García. Cada cambio, ajuste o renuncia forma parte de una estrategia que confirma quién manda realmente en la entidad. El más reciente movimiento al interior de la SEV no es la excepción y representa un giro clave en la política educativa del estado.

La salida de Elías Calixto Armas como Subsecretario de Educación Media Superior y Superior se da en un contexto de creciente tensión dentro de la Secretaría. Su partida sigue a la renuncia de otros funcionarios menores que venían ocupando encargos con perfiles técnicos y políticos. Estos movimientos revelan que algo no estaba fluyendo como debía al interior del equipo que encabeza la actual secretaria, Claudia Tello Espinosa.

Aunque fue designada con el respaldo de la Cuarta Transformación, Tello Espinosa ha enfrentado obstáculos importantes, muchos de ellos provocados por su falta de pericia política y el débil control sobre su equipo de trabajo. Subalternos con intereses propios y agendas particulares habrían complicado la operación administrativa, generando desconfianza en los altos niveles del gobierno estatal.

Ante este escenario, el nombramiento de David Jiménez Rojas, ex comisionado presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), marca un parteaguas. No se trata solo de un relevo, sino de una decisión quirúrgica: alguien con experiencia en la rendición de cuentas y los mecanismos de transparencia llega a poner orden donde se sospecha que las cosas no estaban caminando con claridad.

Este cambio coincide con un anuncio de suma relevancia: los nuevos lineamientos y procedimientos para el proceso de cambios de centro de trabajo del ciclo escolar 2025–2026.

Estos anuncios reafirman el discurso de la legalidad y la transparencia, pilares que han sido repetidos una y otra vez por el gobierno estatal. La presencia de las organizaciones sindicales en este diálogo busca legitimar el proceso y enviar un mensaje claro: se acabaron las viejas prácticas, los favoritismos y las decisiones discrecionales.

Nahle García, sin embargo, no deja nada al azar. Los movimientos en la SEV deben leerse como una intervención directa de la mandataria en un sector estratégico. La educación es más que un derecho: es una herramienta de control político y social. Y en Veracruz, la gobernadora está decidida a que funcione bajo su mirada vigilante.

Esta pudiera ser la primera llamada, primera de la función educativa.

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“Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres.” – Emiliano Zapata.

En política, las rencillas no siempre son ideológicas, muchas veces se tejen a partir de los afectos, las trayectorias y, por supuesto, el poder. Así se explica la creciente rivalidad entre el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara y el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardauil.

El más reciente capítulo lo protagonizó Huerta, quien lanzó críticas directas contra la incapacidad del Gobierno Estatal para poner orden en Xalapa, epicentro del conflicto político entre ambos personajes.

Las declaraciones del tribuno no fueron menores: “si no pueden poner orden ni en la capital, mucho menos en hechos como los de Tezonapan”, sentenció al referirse a los disturbios del pasado fin de semana, cuando pobladores quemaron patrullas y casi linchan a dos elementos de Tránsito Municipal por presuntas extorsiones. Las palabras apuntaban con claridad hacia el círculo cercano de Ahued, a quien responsabiliza del presunto desgobierno en la capital.

Pero este desencuentro tiene raíces más profundas.

Huerta ha sido dos veces diputado, además de senador y delegado federal con una sólida base militante en Xalapa. Su presencia en la ciudad es estructural, construida con años de lucha desde la oposición.

Ahued, en cambio, ha sido alcalde en dos ocasiones —una por el PRI, otra por Morena— pero siempre con el halo de “candidato ciudadano”. Su carrera se ha edificado, en buena medida, al margen del partido, beneficiado por la vía del voto directo y el respaldo empresarial.

El control político de Xalapa es el centro de la disputa. Para Huerta, la capital debe ser gobernada por cuadros con arraigo social y vocación de izquierda. Para Ahued, la gestión debe centrarse en la eficacia administrativa, alejada del ruido partidista. En el fondo, son dos visiones del poder que chocan: la del político de base frente al técnico con respaldo empresarial.

El conflicto también se adereza con los afectos de la actual gobernadora, Rocío Nahle García, quien ha mostrado mayor cercanía con Ahued. En su visión, el empresario xalapeño representa una figura de conciliación y gestión eficiente, mientras que Huerta carga con el estigma del radicalismo político y la deslealtad evidenciada en su más reciente actuar, pues su presunta alianza con los integrantes del Clan Yunista lo alejan cada vez más del centro del poder político veracruzano.

Recientemente en entrevista radiofónica la mandataria estatal fue clara y contundente, “que cada quien se haga responsables de sus actuares y sus dichos”, en alusión directa al papel y rol que ha venido desempeñando el senador Huerta Ladrón de Guevara, quien no se presentó al más reciente Consejo Político de Morena en Veracruz, por la disputa que tiene con el también dirigente de ese partido, Esteban Ramírez Zepeta, quien abiertamente ha pedido su expulsión del partido.

Queda claro que la disputa aparentemente la va ganando Ahued, pero no puede darse por sentado que será el vencedor porque si de algo presume el senador morenista es de ser un saco de mañas y argucias políticas.

La pelea no es menor. Se disputa no solo el liderazgo de Xalapa, sino el rumbo del proyecto de la Cuarta Transformación en Veracruz. Lo que hoy parece un enfrentamiento de declaraciones, podría escalar a una batalla por las candidaturas del futuro. En la política veracruzana, nada se olvida y todo se cobra.

Al tiempo.

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“El mando debe ser un anexo de la ejemplaridad.” – José Ortega y Gasset.

En menos de diez días, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados Federal aprobó un paquete de 16 iniciativas clave durante su primer periodo extraordinario de sesiones, consolidando no solo su fuerza legislativa, sino también su capacidad de operación política.

Entre los grupos más activos destaca la bancada veracruzana, coordinada por el diputado federal Zenyazen Escobar García, quien ha sabido capitalizar su experiencia como exsecretario de Educación para posicionarse como uno de los operadores más eficaces del oficialismo.

Lo que ocurrió en San Lázaro no fue una casualidad. Bajo su liderazgo, los legisladores veracruzanos no solo mostraron disciplina partidista, sino también una coordinación que demuestra cómo Veracruz se ha convertido en uno de los bastiones más estratégicos para la Cuarta Transformación.

Desde reformas en materia judicial, hasta la reorganización del aparato de seguridad pública y la simplificación administrativa, el bloque guinda veracruzano no dejó tema sin tocar.

Pero la proyección de Escobar va más allá del recinto legislativo. La inminente designación de su esposa, Liliana López Coronado, como magistrada en materia familiar del Poder Judicial del Estado, confirma que el poder político en Veracruz no solo se ejerce desde los congresos, sino también desde los tribunales.

López Coronado no es una figura improvisada: en las pasadas elecciones, fue la única aspirante judicial que recorrió las ocho grandes regiones de la entidad —desde la Huasteca Alta hasta la Cuenca del Papaloapan— cosechando una votación de más de 95 mil sufragios. Ese despliegue territorial y político no se entiende sin la cercanía y experiencia compartida con Zenyazen Escobar.

La conformación del nuevo Poder Judicial en Veracruz evidencia que Morena ha aprendido a articular poder en todos los frentes. No sólo legisla, también construye estructuras de influencia que van desde los municipios hasta el aparato judicial.

De confirmarse la presidencia de Rosalba Hernández Hernández al frente del Tribunal Superior de Justicia, se cerraría un círculo de control institucional muy bien calculado. No es un secreto que Hernández Hernández mantiene una relación cercana con el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, otro de los actores clave del lopezobradorismo veracruzano.

Lo que vemos no es solo la consolidación de un proyecto político, sino el avance de una estrategia de poder que, guste o no, está logrando penetrar con fuerza en todos los niveles de gobierno.

La bancada veracruzana de Morena no sólo aprueba leyes en tiempo récord; está construyendo, desde los cimientos, el nuevo rostro institucional del estado.

Al tiempo.

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“La conducta es un espejo en que cada uno muestra su imagen.” – Johann Wolfgang von Goethe.

Por fin, en Veracruz todo parece indicar que Rocío Nahle García, gobernadora en funciones, no solo conoce el libreto, sino que lo está reescribiendo a su manera. Con mano firme y sin rodeos, la morenista está desmontando una a una las piezas incómodas del viejo aparato burocrático, lo cual queda evidenciado en la reciente sacudida dentro de la Subsecretaría de Educación Media y Superior.

En donde un funcionario había venido haciendo y deshaciendo a costas del actual gobierno.

La salida de Elías Calixto Armas y la repentina llegada de David Jiménez Rojas no son movimientos menores; se trata de un viraje contundente en el segundo cargo más importante del organigrama educativo, justo debajo de la aún poderosa Claudia Tello Espinosa.

Este enroque no solo evidencia que Nahle tiene el pulso político de la entidad, sino que además comienza a dictar desde ya los nuevos términos de gobernabilidad. En otras palabras: el que no entienda el cambio de época, se queda fuera del reparto.

Claudia Tello, por su parte, ha demostrado que una cosa es tener el cargo y otra muy distinta ejercer el poder con inteligencia. Lo que en el papel era sencillo —poner orden en el sector educativo—, ella lo convirtió en un campo minado por falta de sensibilidad política, escasa interlocución y una desconexión alarmante con la realidad del magisterio. Su permanencia en el gabinete de transición dependerá de cuánto más pueda resistir sin que la gobernadora tenga que intervenir de nuevo.

El movimiento también despeja otra nebulosa: Jiménez Rojas no irá a la Fiscalía General del Estado (FGE). Con su llegada a la Subsecretaría educativa, Rocío Nahle borra de un plumazo los rumores que lo colocaban como sucesor de Verónica Hernández Giadáns.

Y no es poca cosa.

Quienes conocen la historia reciente saben que Giadáns, junto con Patrocinio Cisneros Burgos, estuvo a un paso de finiquitar políticamente a Jiménez Rojas en un pasado no tan lejano.

Con esta jugada, Nahle no solo protege a uno de los suyos, sino que también manda un mensaje claro: no habrá revanchismo, pero sí memoria. Así como se lo refirió la misma Nahle García al senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara en reciente entrevista telefónica con este reportero en donde la mandataria aseguró “cada quien se hace responsable de sus dichos”. “Yo siempre he dicho que cada quien se hace responsable de sus dichos y de sus actos, cada quien es responsable, aquí no se trata de estar forzando, induciendo a alguien. Morena es un movimiento democrático, libre pero también cada quien se hace responsable”, dijo Nahle García.

Y aunque Nahle no mencionó Manuel Huerta por su nombre, sí dejó en claro que en Morena “se puede disentir, pero a lo que no se tiene derecho es a destruir un movimiento, a una estructura que le ha costado a miles de veracruzanos construir a lo largo de diez años.”

Veracruz inicia una nueva etapa, y la gobernadora no piensa perder tiempo en pleitos estériles. Está reordenando la administración pública con bisturí político. Y mientras algunos apenas intentan leer el libreto, Nahle ya está en la sala de edición, ajustando el montaje final de la próxima película sexenal.

Al tiempo.

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