Todavía no cumplía el primer año de gobierno Cuitláhuac García Jiménez y ya tenía al primer periodista asesinado en su territorio: las diferencias en esa entidad desde diciembre de 2018 fueron aprovechadas por quienes ven en los comunicadores un estrobo para sus negocios ilícitos, y así sucedieron uno tras otro los homicidios.
Todavía no termina el mes número once del año y van ocho periodistas muertos en los que va del año. Esta última de Pedro Pablo Kumul fue asesinado este martes 22 de noviembre, en Xalapa, mientras conducía un taxi.
El ataque fue perpetrado por sujetos armados que se trasladaban en una camioneta accionaron sus armas contra el comunicador, quien perdió el control de éste. Los agresores huyeron.
Sin tomar en cuenta que ese mismo día se informó de la desaparición del periodista y locutor Francisco Hernández Elvira, coordinador de Radio Azúcar FM y presidente del Club de Periodistas del municipio de Isla, una región agropecuaria del sur de Veracruz, desapareció el fin de semana y sus familiares levantaron el reporte el martes, por lo que las autoridades emitieron una alerta de búsqueda.
A pesar de que Veracruz tiene el primer lugar en asesinatos de periodistas no puede aportar ninguna orientación sobre los móviles, las personas, las implicaciones, que luego de 4 años de gobernar debía ser el estado que diera luz sobre los asesinatos de periodistas del resto del país; sin embargo, es el más perdido.
Desde la llegada de la actual gubernatura las diferencias con el entonces Fiscal General, Jorge Winkler, se mostraron públicamente hasta que finalmente pudo meterlo a la cárcel, e imponer su fiscal a modo, quien actualmente ocupa el cargo, pero tampoco puede decirse que tiene una gran experiencia y menos precisión en las tareas de investigación. Verónica Hernández Giadáns.
La administración actual en Veracruz no se ha caracterizado por su eficacia en ninguna de sus tareas; sin embargo, la que más llama la atención, dentro y fuera del país tiene que ver con los asesinatos de periodistas que han ocurrido en su territorio y de los cuales no hay resultados.
Para la administración pública estatal la prioridad tiene que ver con arreglar rencillas, realizar venganzas, diseñar delitos a la medida, crear presos políticos, pero la tarea seria de procurar justicia se convierte en el principal problema de Cuitláhuac García, a quien parece no interesarle este tipo de incidentes, mientras se enlutan hogares por la falta de responsabilidad.
De haberse investigado con profundidad y profesionalismo el primer homicidio del comunicador asesinado, los siguientes se hubieran detenido o, por lo menos, disminuido. Pero para muchos en esa administración parece que están becados y solo realizan las tareas fáciles, que son las que saben hacer y dejar al olvido las más serias.
Los asesinatos de policías en Veracruz son tantos que diferentes medios tienen diferentes cifras, pero ante esta confusión la fiscalía es incapaz de dar un número exacto, porque ni de eso ha sido capaz.
La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, los medios, los partidos tienen cifras diferentes de asesinados en Veracruz, esto habla de la negligencia que invita a seguir agrediendo a los comunicadores en la entidad y el resto del país.
Hacen sus cálculos por sexenios, por años, por administraciones y las cifras siguen siendo distintas y no hay autoridad alguna que ofrezca cifras exactas. Si no es capaz de decir cuántos asesinatos de periodistas ha habido desde diciembre de 2018 a la fecha entonces no es capaz de seguir gobernado el estado, haciéndole un flaco favor al movimiento que llevó al poder al actual gobernador.
Las protestas sociales por el esclarecimiento de los asesinatos se llevan a cabo en Veracruz y el resto del país, pero se trata de un gremio que ha dejado de ser importante para el gobierno, en sus tres niveles de gobierno. En las semanas recientes se han realizado manifestaciones en los municipios de Xalapa, Veracruz, Córdoba, Orizaba, Acayucan, Minatitlán y Coatzacoalcos; compañeros del norte de la entidad se abstuvieron al acusar que no existen las condiciones de seguridad para su trabajo.
Una constante en las protestas de los reporteros veracruzanos, fue la demanda de justicia por los más de 27 colegas que fueron asesinados durante los últimos tres gobiernos: Javier Duarte de Ochoa, Miguel Ángel Yunes Linares y Cuitláhuac García Jiménez.
Aunque las más altas autoridades del país aseguran que ahora no es como antes, porque ya no es el gobierno el que asesina a los comunicadores, nadie puede estar seguro de estos datos porque no encuentran ni a los autores materiales e intelectuales de dichos asesinatos, cuando los encuentran los sueltan a los tres días con un clásico “usted disculpe”, porque se equivocaron de sujetos, mientras los verdaderos culpables ya están muy lejos.
Mueve a sospecha que las razones de los asesinatos de periodistas no han cambiado mucho debido a que en las marchas que exigen justicia para las víctimas, se cuelan “orejas” de las Secretaría de Gobierno, informantes del gobierno estatal, que espían descaradamente a los organizadores y familiares de las víctimas como si no tuvieran ya suficiente sufrimiento con el drama de la desaparición de un ser querido.
Son continuas las expresiones de inconformidad con la manera en que se han tratado de solucionar estos problemas desde la Plaza Lerdo en Xalapa, en el puerto de Veracruz, en Córdoba y Orizaba, periodistas, editores y corresponsales de diversos medios de comunicación se sumaron a la protesta nacional con consignas como “No se mata la verdad, matando periodistas”, “Somos prensa, no dispares”. En el sur de Veracruz, reporteros se sumaron al movimiento «No más periodistas asesinados». En Coatzacoalcos al menos treinta comunicadores se apostaron frente al palacio municipal con cartulinas y consignas claras como «No se mata la verdad», exigiendo un alto a los crímenes contra el gremio y que los asesinatos registrados en Veracruz no queden impunes.
Testigos de la manera en que se actúa al conocer el asesinato de un periodista aseguran que antes de que las autoridades realicen investigaciones en la escena del crimen, ordenan buscar si la víctima tenía antecedentes penales o era un delincuente. Esto con el fin de quitarse de encima responsabilidades y crear un clima de inseguridad para que los periodistas no realicen su trabajo.
Se culpa a otras fuerzas de los crímenes menos al Estado, pero no exhiben pruebas ni muestran evidencias, si encuentran a los culpables. Entonces ¿Cómo creerles?
PEGA Y CORRE
El general José Silvestre Urzúa Padilla, coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas, fue asesinado durante un enfrentamiento entre civiles armados y corporaciones de seguridad en el municipio de Pinos, que colinda con los estados de Jalisco y Guanajuato. Territorio de la muerte.
Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes
