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* 2 mil 400 millones irregulares en el primer año  * Ocultan información que conduce al contratista estrella de AMLO  * Elías Diez, un ilustre desconocido para la alcaldía  * Okamura, otro juez denunciado  * Rotter detona al Frente Cívico  * Y el Frente detona a Rotter * Otros aspirantes van por la libre  * Frente alterno, con operadores perredistas

MUSSIO CARDENAS ARELLANO

Publicada en mussiocardenas.com

6 de noviembre de 2020

De frente, de lejos, de cerca, por donde se le quiera ver, Cuitláhuac es un fraude, una nulidad; es la uña que se hunde en el presupuesto y el “bendito” de Andrés Manuel que le ha jodido, hasta ahora, 2 mil 400 millones al erario federal.

Lo destripa la Auditoría Superior de la Federación con el lenguaje frío de las cifras, con su formato letal, con el recuento de los rubros observados, el dinero aplicado —mal aplicado—, la falta de sustentación, y el indicio de que ahí, el gobierno de Veracruz apesta a corrupción.

2019 fue, tácitamente, el primer año de gestión de Cuitláhuac García. Y es el retrato del caos: recursos sin soporte, aviadores en el sector salud, empresas fantasma, obras carentes de documentación, desapego a la normatividad, subejercicio y una cauda de irregularidades más.

Y todo un entramado para ocultar datos. Y entre los datos, la compra de medicamentos al contratista ungido por López Obrador.

El informe escandaliza a Veracruz. Los puros y los limpios —o los que se decían puros y limpios—, la casta impoluta de la Cuarta Transformación y su pseudolíder, el gobernador, tienen rasgos de duartismo y pudrición.

Una cifra, 2 mil 413 millones de pesos, retrata la indecencia política del gobernador emanado de Morena y su corte de bufones, rasputines, celestinas y matones. Para un año de gestión es un atraco descomunal.

Cuitláhuac García desvió recursos. Cuitláhuac ocultó recursos. Cuitláhuac no aplicó recursos. Cuitláhuac violentó la normatividad. Cuitláhuac infringió la ley. Cuitláhuac esconde información para no revelar las compras al proveedor favorito de Andrés Manuel.

2019 pasa por la resonancia magnética de la ASF. De pies a cabeza, le detecta tumores financieros y cánceres en expansión, hemorragia moral y pústulas internas que corroen al gobierno de Veracruz.

De los 2 mil 413 millones, el 72.4 por ciento son irregularidades en el sector salud: mil 40 aviadores, recursos no aplicados en la compra de medicamentos, dinero que la Secretaría de Finanzas no trasladó a la Secretaría de Salud para adquirir medicinas, subejercicio presupuestal.

A detalle, el pecado es peor. Sólo en el sector salud de Veracruz la observación es por mil 963 millones de pesos que deben reintegrarse a la Federación. A eso deben sumarse los rendimientos financieros obtenidos en los bancos.

La Tesorería de la Federación solicitó la devolución de esos mil 963 millones de pesos pero al 31 de marzo pasado el gobierno de Cuitláhuac García no lo había realizado. Como en los tiempos de Javier Duarte.

De los aviadores, ni rastro. De su labor, sus resultados, sus rostros, su estampa, nada. Ni siquiera la documentación que justificara su existencia. Teóricamente estaban asignados al Seguro Popular y el daño patrimonial se estima en 295 millones 782 mil 600 pesos.

Paradojas en la 4T. Seguro Popular, el programa desechado por Andrés Manuel López Obrador por anidar graves niveles de corrupción en los gobiernos anteriores, es en Veracruz el nuevo emblema de la pudrición.

Y sigue la peste. Y las cifras. Y el sector salud, el ámbito de los medicamentos, en el ojo del huracán.

No hay evidencia contable, ni de bancos, de cuentas por cobrar, de inventarios, de almacén, de bienes muebles e inmuebles, de pago a proveedores y acreedores, de rendimientos financieros. O lo hay pero lo ocultaron. La ASF, refiere la recomendación, “se encontró limitada para verificar los porcentajes presupuestales de la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos necesarios para la prestación de servicios a los afiliados al Seguro Popular”.

Nada es casual en el ejercicio del poder. Si esconden datos, por algo es. La ASF emite la recomendación administrativa sancionatoria que obligaría a la Contraloría de Veracruz —se vale reír— a identificar y castigar a los “servidores públicos que omitieron proporcionar la documentación e información solicitada, lo que limitó verificar si en la adquisición de medicamentos, bajo un esquema de tercerización, el proveedor cumplió con las condiciones establecidas en el contrato correspondiente”.

La alusión es al contratista estrella del presidente López Obrador en el ámbito de suministro de medicamentos, Carlos Lomelí Bolaños, ex superdelegado del gobierno federal en Jalisco, despeñado al revelarse que aún con su cargo público le seguían cayendo las asignaciones. Y que vendía con sobreprecio.

Lomelí se llevaba las ocho columnas en la prensa nacional y acá, muy fresco, Cuitláhuac fomentaba la corrupción. Su gobierno le compró 30 millones de pesos en medicamentos y el escándalo estalló. Y hoy, ante los sabuesos de la ASF, los empleados de la Secretaría de Salud se vuelven de humo, ocultan documentación, borran huellas, alzan la alfombra y guardan la documentación.

También hay tufo a corrupción en la Secretaría de Educación. Hay pago pendiente a contratistas de Escuelas al Cien y subejercicio en el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), del que se aplicó 422 millones 187 mil pesos, y se reintegró al gobierno federal 3 millones 17 mil pesos más los rendimientos bancarios.

Bendito rufián, Cuitláhuac García es un depredador de los dineros que el gobierno central le arrima a Veracruz, con una observación descomunal en el informe de la Auditoría Superior de la Federación.

La culpa, arguye, es del coronavirus. Confinados los empleados, dice Cuitláhuac, no pudieron solventar las observaciones, justificar las inconsistencias, allegar la documentación que explique por qué, entre otros, se le asignó el contrato de 30 millones de pesos al “aportador” de la campaña de Andrés Manuel, Carlos Lomelí.

Etéreos, como ánimas, los empleados del sector salud de Veracruz pasaron por ausentes antes que aportar evidencia sobre el contrato del ex superdelegado del gobierno federal en Jalisco. Su silencio vale para mantener a raya a la Auditoría Superior de la Federación.

Cuitláhuac arranca como todo un truhán. Un año y su récord va en 2 mil 413 millones de pesos. Ni Javier Duarte tuvo un inicio así.

A Miguel Ángel Yunes Linares le observó la ASF 923 millones de pesos; en 2018 le determinó mil 790 millones que aún están en período de solventación.

Duarte es la marca de la corrupción. Su sexenio selló a Veracruz. Su ambición lo movió hacia un desfalco brutal: 60 mil millones de pesos, según la Auditoría Superior de la Federación.

Uno y otro —Duarte y Cuitláhuac— desviando recursos, ocultando recursos, distrayendo recursos. Ambos con empresas fantasma. Ambos usando al Seguro Popular. Ambos requeridos por la ASF para reintegrar recursos no ejercidos o mal ejercidos, y negándose a devolverle al gobierno lo birlado.

Veracruz es el retrato de la Transformación podrida. Su gobernante, un fraude inaudito, un ignorante de la mecánica política, de vergonzosa estampa, el que empuña el machete, no para meter orden sino para cortar césped, o maquillado de muerto, o bailando al son que le quieran tocar.

Pero de gobernar, nada. O sí, usando el poder para encubrir al proveedor ungido de López Obrador.

Y la uña filosa en el presupuesto estatal.

Archivo muerto

Elías Diez es, quiérase o no, un ilustre desconocido. Vende carros, los repara, compra usados, los remoza y los vuelve a vender. Pero es un ilustre don nadie en el medio social. Y en el político, peor. Diez de Coatzacoalcos es su negocio, una concesionaria de vehículos donde se cruzan los Dodge con los Jeep, el auto austero con el insultantemente lujoso. Y ahora don Elías —o Don Nadie— se hizo de la representación de los Ford, que por tres cuartos de siglo fue el orgullo de la familia Osorio hasta que el desastre los alcanzó. Su fin es, pues, el lucro. Su fin no ha sido, nunca, el servicio social. Nada hay entre Elías Diez y el pueblo. Nada. Y en otra de sus ocurrencias descomunales, Rocío Nahle, la contrahecha del gabinete obradorista, lo convierte en candidateable. Le sirven a la secretaria de Energía un puñado de empresarios a los que compra con contratos mal habidos en Pemex —Copesa de Emmanuel Peña Sánchez, por ejemplo— para inflar a Elías Diez como candidato de Morena a la alcaldía de Coatzacoalcos. Elías Diez contra el candidato de Palacio Nacional: Amado Cruz Malpica, al que Rocío Nahle le cuadra toda su banda, a regañadientes lo acuerpa y rinde la plaza. De ser la mandamás de Morena en Coatzacoalcos, ahora sólo tiene mano para postular al candidato a diputado federal, Víctor Carranza Rosaldo, que lleva en el lomo trapacerías, abuso de autoridad, misoginia, nepotismo, delincuentes en su círculo más allegado. Tampoco el candidato a diputado local saldrá de su clan. Nada que ver Elías con su hermano Juan Manuel Diez, dos veces alcalde de Orizaba, un auténtico transformador… Juez venal, Francisco Javier Okamura carga con una denuncia por corrupción, abuso de autoridad, fraude procesal y administración fraudulenta. Pájaro de cuenta, al juez segundo de lo civil lo acusa Emmanuel Alejandro Hernández Muñoz, alias El Pastor, abogado de Antonio Romero Gleason, el nuevo Tony Macías de Coatzacoalcos, de retener el expediente del juicio 1813/2015, un mamotreto legaloide con el que el empresario arrendador de plantas de luz se hizo, a la mala, por supuesto, de una fracción de lo que fue Casas Geo, en el poniente de Coatzacoalcos, que hoy ya suman 5.4 hectáreas. A los diversos llamados que el abogado le formulara para tener acceso al expediente, la respuesta era la misma: “el juez está estudiando la sentencia”. Era caso juzgado, había causado estado y Okamura mantenía bajo la enagua el documento. Le habían solicitado girara un oficio a la Oficina de Catastro del Ayuntamiento de Coatzacoalcos para que les fuera expedido el certificado de valor catastral. En la denuncia de Romero Gleason, vía Emmanuel Alejandro Hernández, el que le opera una y mil trastadas —que le pregunten al notario Francisco Montes de Oca Zárate— aparece denunciada también Christian Irene Durantes Olivares, analista jurídica de Invivienda en Coatzacoalcos, a quien Okamura Salomón le daba acceso libre y total a información clave, haciendo las veces de funcionaria y abogada, y sin tener interés jurídico ni representación legal alguna. Seguir la pista de Javier Okamura conduce al ex presidente del Poder Judicial de Veracruz, Edel Álvarez Peña, quien sigue mandando y a quien el gobierno de Cuitláhuac García le respeta sus posiciones merced a un evidente pacto de impunidad. Un caso de muchos millones… Se fue octubre y la alianza opositora en Coatzacoalcos siguió en la ruta de la charla y el café. Discurso, anécdota, sueños de victoria, y ahí van. Si acaso haber logrado reunir a los aspirantes a la alcaldía y diputaciones, a Carlos Vasconcelos, Jesús Moreno, Raúl Ojeda, Alfredo Phinder, Armando Rotter, que terminó deslindándose, tropezándose, pregonando primero que sólo con una alianza se evitaría pulverizar el voto y luego aduciendo que se abrió por no comulgar con el Bloque Opositor Anti AMLO (BOA); Rotter tiene proyecto en Morena y en breve volverá a dar de qué hablar. Al desayuno del Frente Cívico Ciudadano no acudió el marcelista Víctor Rodríguez, ligadísimo a Morena, a Rocío Nahle, al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y a la senadora quintanarooense, Marybel Villegas, ex priista, ex panista, con imputaciones de corrupción, tráfico de influencias, un marido robado, Jorge Parra, el notario más cuestionado de la península, cuya primera esposa murió acribillada, cuñada de Felicia Parra, la número uno de Víctor Rodríguez. Semana tras semana fue lo mismo: los mismos nombres, las mismas caras y los aspirantes no convocados. Vasconcelos, la carta del PRI; Phinder y Moreno por el PAN; el PRD, franquicia de los Wong, sin candidato; Víctor Rodríguez, abanderado de Sedesol por aquello de sus cuatro denuncias penales. Sólo Raúl Ojeda Banda es candidato independiente. A Rafael García Bringas, ex alcalde, ex diputado federal y local, nadie lo llamó pero en diciembre comenzará a sonar; ni a Alberto Mijangos, ex secretario de Gobierno, de la cuadra de Iván Hillman y Mónica Robles; ni a los panistas Rosy Guzmán, Aldo De Jacobis, David Sandoval Tassinari, Amado Nivón, José Uribe, Moisés Zarco. Movimiento Ciudadano, que no hará alianza, según su dueño, Dante Delgado Rannauro, está infestado de marcelismo y su candidato será Cristopher Alan Santos, ex director de Catastro en el ayuntamiento joaquinista, y el Partido Verde, que por acuerdo de su Consejo Político Nacional irá solo en la contienda por las alcaldías, ni a candidato llega y su dirigencia es de saliva. Tal como se diseñó, el juego lo llevan PRI y PAN. El botín le dará a uno la candidatura a la presidencia municipal y al otro las diputaciones. Si acaso Ojeda Banda podrá entrar al regateo por una diputación. En el Frente Cívico no están todos los que están ni están todos los que son. Hay otro Frente, que semana con semana viene dialogando. Lo integran operadores electorales y ex dirigentes del PRD. En el Frente Cívico están los membretes; en el Frente alterno están los buscadores de votos. O sea, dos alianzas. O sea, el voto de la oposición partido en dos. Hasta ahora en dos…

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