Empleados de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que fueron despedidos injustificadamente, denunciaron al organismo de violar los derechos laborales de su personal.
Varios testimonios recabados por el diario Reforma, dan cuenta que en el proceso de reestructuración de la CNDH, empleados con muchos años en sus puestos, fueron obligados a firmar su carta de renuncia con sólo tres meses de sueldo base como compensación.
A algunos, de acuerdo con los reportes hechos por los propios empleados, se les despidió sin previo aviso y sin indemnización.
Tal es el caso de Lázaro Serranía, subdirector de Área de la Dirección General de Comunicación, donde laboró como trabajador de confianza desde hace 19 años y 8 meses.
“Así como muchos de mis compañeros, estoy siendo víctima de flagrante violación de mis derechos humanos laborales, precisamente por mi patrón, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, denunció públicamente el ex funcionario.
“No sé si es un castigo, no veo la causa, o una medida disciplinaria fuera de norma, no sé por qué; no he sabido nada del tema, pero necesito mi salario, ahora sí por emergencia, ya que desde hace tres semanas tengo dificultad para respirar; no se me ha diagnosticado Coronavirus 19, pero tampoco se me ha descartado”.
Serranía explicó que simplemente no le depositaron su última quincena, que le pagaban los días 10 y 25 de cada mes.
“No sé si la presidenta (Rosario) Piedra Ibarra sabe de estos actos anticonstitucionales contra los empleados de la CNDH. Yo creo que no, porque no lo permitiría”, agregó Serranía.
Otro empleado que prefirió el anonimato, refirió que el ultimátum consiste en que no habrá una sola quincena más, “o renuncian o se les cesa, en ningún caso se planteó alguna indemnización”, afirmó en febrero.
“El ultimátum lo pusieron a no sé cuántos trabajadores, en el área donde trabajo me enteré como de cuatro casos, de personas que llevan 25 años”, añadió.
Al respecto, Rodrigo Olvera, especialista en justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), explicó que en México los trabajadores de confianza en el servicio público se encuentran fuera de la protección de la ley, por lo que las dependencias han abusado de ese modo de contratación y se ha vuelto una práctica común el cambio de personal con cada cambio de Administración.
Sin embargo, dijo, la ONU ha establecido que el derecho al trabajo implica la permanencia en el puesto, mientras no haya una causa justificada.
(Con información de Reforma)
