Juez federal considera que investigación interna de la PGR no fue exhaustiva ni congruente al no pronunciarse sobre diversas conductas ilícitas. Le ordena nueva investigación que permitirá revisar todas las irregularidades cometidas en la investigación del caso.
El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México dejó sin efectos la resolución dictada por la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR) que consideraba faltas leves las irregularidades cometidas por distintos funcionarios de la PGR durante la investigación del caso Ayotzinapa, exonerando en los hechos a diversos funcionarios.
El Juez ordena que se emita una nueva resolución que sí sea exhaustiva pronunciándose entre otras cosas sobre la posible “trascendencia penal” de algunas de las conductas cometidas por servidores públicos de la Procuraduría.
Después de que en abril de 2016 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) diera a conocer graves irregularidades respecto de diligencias practicadas en el Río San Juan -donde se hallaron los fragmentos óseos que a la postre se identificó pertenecían al normalista Alexander Mora Venancio-, la Visitaduría General de la PGR inició una investigación de control interno.
Esta investigación fue frenada debido luego de que el titular de la Vistaduría fue apartado de su puesto. La nueva titular de la Visitaduría auspició otra resolución que diluyó la responsabilidad de los funcionarios. Ante esta determinación, las familias de los normalistas presentaron una demanda de amparo indirecto aduciendo violados sus derechos a la verdad y al acceso a la justicia.
El 12 de diciembre de 2018 se publicó la resolución que otorgó el amparo a las familias, misma que les fue notificada en días recientes. La sentencia reconoce el interés jurídico de las víctimas indirectas en este tipo de procedimientos por su impacto en el derecho a la verdad. Asimismo, considera que la resolución de la Visitaduría no fue exhaustiva ni congruente y advierte que omitió pronunciarse sobre la trascendencia penal que pudieron llegar a tener las conductas documentadas dada su gravedad. En consecuencia, la Visitaduría General de la PGR deberá emitir una nueva resolución para subsanar las fallas y omisiones cometidas, según expuso en un comunicado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
“Para las y los familiares de los normalistas desaparecidos, esta sentencia representa una oportunidad para que la nueva Administración Federal revise integral y exhaustivamente las actuaciones de los funcionarios involucrados en la irregular investigación del Caso Ayotzinapa, sin ningún condicionamiento jurídico previo. En este sentido, la sentencia llega en un momento oportuno, siendo inminente la instalación de la Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, pues puede ser un elemento relevante para romper los pactos de impunidad que han impedido acceder a la verdad”, agregó el centro.
con información de: aristeguinoticias.com
