La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo órgano del Poder Judicial, uno de los poderes de la Unión que conforma el Estado Mexicano y representa, en algunos casos, la esperanza agonizante de que haya justicia en nuestro país.
También es el centro de justicia más cuestionado en cuanto a honorabilidad de sus miembros y honestidad de sus fallos. Cuenta con 11 ministros y es la instancia encargada de hacer cumplir al pie de la letra, la Constitución de nuestro país.
Cualquier punto negro que pueda señalarse a la SCJN sería un desgaste para la institución. La salida de Arturo Saldívar de la Presidencia del órgano que encabeza al Poder Judicial, crea movimientos políticos que trataron de desestabilizar la llegada de Yasmín Esquivel Mossa, a la presidencia de la Corte.
Sin tener más delito que apoyar la mayoría de las propuestas de la actual administración, la derecha le creó todo un teatro que coloca la honorabilidad de la ministra en tela de juicio. Se le sembró un compañero de la Universidad, Edgar Ulises Báez Gutiérrez, y no aparece ni su fantasma para que aclare si lo plagió la ministra. Se dijo que la directora de tesis Martha Rodríguez Ortiz, le propuso el tema de la supuesta tesis mencionada, que no tiene derecho a ser ni siquiera licenciada.
Se creó un escándalo por una tesis plagiada como sucedió con la que supuestamente realizó el ex presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y tantos comunicadores que hoy se rasgan las vestiduras por el caso de la ministra callaron, lo mismo que los actuales partidos de oposición que piden destitución, y hasta juicio político, penas que nunca mencionaron siquiera cuando se descubrió que Peña había copiado buena parte de su tesis. Ahora, los cómplices silenciosos del plagio de Peña Nieto alzan la voz indignados por un supuesto, muy probablemente prefabricado plagio.
La indignación tiene intereses para la derecha y la justicia preferencias que no pueden ocultar.
Ahora, el priista y ex abogado general de la UNAM, Eduardo Andrade Sánchez, precisó que una tesis no constituye la conclusión de la carrera de abogacía, simplemente la confirma, quienes otorgan legitimidad a los estudios son los sinodales y el examen profesional de los estudiantes, por lo que en ningún caso la ministra dejaría de serlo. Además, el papel que ha desempeñado tiene un historial limpio, tanto en los anales de la corte como en los medios.
La denuncia pública la inició el autodenominado escritor Guillermo Sheridan, del grupo de intelectuales orgánicos comandados por Enrique Krauze, y su revista Letras Libres, quien vive en Estados Unidos, pero cobra como aviador en la UNAM, ya que está en la nómina como un catedrático que nunca imparte clases. Ahí es donde deben empezar las investigaciones.
Quienes conocen la práctica judicial señalan que en los debates de la Corte hubo siempre un fiel de la balanza ante la radicalización de posturas de significado político entre los 11 ministros y esa voz era la de Yasmín Esquivel, a quien ahora colocan en los cuernos de la luna como una importante ministra a causa de tanto cuestionamiento.
En días pasados la UNAM informó que encontraba un alto nivel de coincidencias en ambos textos, en esta ocasión la Facultad de Derecho invitó a la ministra de la Suprema Corte de Justicia y a los responsables a manifestarse a través de un correo para llegar a una conclusión concertada y completa.
La ministra señaló: “Pese a los ataques no me retiro de la contienda por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
En realidad, el Poder Judicial es la parte más frágil del Estado mexicano, sus miembros son, todos ellos, designados por dedazo, al igual que sucede con los consejeros electorales, cuyo proceso de selección ya mostró su decadencia y anacronismo. Es necesario que, así como sucede con el Poder Ejecutivo y Judicial, todos sus miembros sean seleccionados y elegidos como cargos de elección popular. Esto debe considerarse una verdadera esperanza para la justicia y la legalidad de un México realmente moderno y democrático.
La ministra convencida de estar del lado correcto de la historia mencionó los datos duros de la institución donde trabaja al revelar: “Hay hoy, de acuerdo con la encuesta 2022 sobre victimización del Inegi, 67 por ciento de los mexicanos que no confían en la justicia. Es un tema alarmante porque si no tenemos justicia ni Estado de derecho, no hay estabilidad”.
La honorabilidad de jueces, fiscales y ministros está en entredicho a lo largo y ancho del territorio nacional. Hay jueces en subasta, ministerios públicos con preferencias partidistas, ministros con compromisos partidistas, fiscales que elaboran delitos a la medida de gobernadores, etc.
El propio Presidente de la República mencionó hace días el caso de Israel Vallarta, quien tiene en prisión más de 17 años, por un montaje televisivo, donde se ha demostrado que su proceso está lleno de alteraciones e ilegalidad, pero como todavía no tiene sentencia no es posible que sea integrado a ninguna amnistía, todo por los intereses de jueces que obedecen a pagos de personajes oscuros que crearon toda una ficción para culpar de delitos que no sucedieron.
Israel Vallarta, fue torturado, incluso frente a las cámaras de televisión, por Luis Cárdenas Palomino, motivo por el cual debe estar libre, pero hay personajes interesados en mantenerlo preso, comprando jueces y todo tipo de integrantes del poder judicial.
Se elaboró un documental donde se muestran las manos detrás de ese juicio y queda claro, con pruebas, de la mala intención de esta detención.
En Veracruz, para no ir muy lejos, la Fiscal ratificó hace un par de días una sentencia que había sido superada por el acusado Rogelio Franco Castán, detenido, en un principio por un delito derogado por autoritario y que cobró vigencia para detenerlo, llamado ultrajes a la autoridad que posteriormente fue llamado Ley Franco, porque pareciera que fue dirigido a él en espacial. Franco lleva casi dos años en la cárcel sin sentencia, por lo que se demuestra una vez más que la ilegalidad y la deshonestidad que existe en el Poder Judicial, requiere de una limpia a fondo y cuando se intenta realizar, hay intereses de un grupo elitista que quiere impedirlo con más montajes.
Otro caso de las autoridades judiciales compradas que favorecen al viejo régimen sucede con la muerte del vendedor de tamales en Cuautitlán Izcalli, cuyo asesino, resultó ser amigo de la alcaldesa de ese municipio, la panista Karla Fiesco, quien encargo a otra panista, que es agente del Ministerio Público llamada Leticia Meraz, que dejar libre a Ken Omar, por el simple privilegio de ser su amigo. A cambio ofrecieron a la familia de la víctima 230 mil pesos para que ya no molestaran al homicida.
Las movilizaciones sociales en el municipio y otros lugares cercanos empiezan a mostrar la falta de ética de esos miembros del Poder Judicial, donde nadie puede lanzar la primera piedra y cuando existe alguien limpio tratan de exterminarla con montajes, mentiras y chantajes.
PEGA Y CORRE
El Presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que se reestructuró la deuda del gobierno para que se pague la mitad de lo que hoy pagamos y anunció que no habrá inestabilidad transexenal.
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