Si la justicia hubiera buscado y encontrado a los culpables de los asesinatos de los periodistas asesinados en territorio nacional, difícilmente hubiera sucedido lo que pasó con Ciro Gómez Leyva.
La impunidad que rodea los asesinatos de los periodistas que han sido asesinados, a pesar de contar con instancias dedicadas exclusivamente a proteger a defensores de los derechos humanos y periodistas, crea las condiciones necesarias para este tipo de circunstancias.
Desde luego, habrá que esperar las investigaciones, que todos esperemos que sean lógicas y creíbles. No tienen por qué no serlo porque todo el país está atento a sus resultados.
Las pesquisas por la balacera contra el trabajador de Imagen Televisión, Gómez Leyva, continúan. Trasciende que los balazos habrían sido ejecutados por alguien “que sabe empuñar un arma”, por lo que se cree que el gatillero habría sido contratado.
La ineficiente protección es tan grave como la ineficacia para encontrar a los culpables de los atentados contra los periodistas mexicanos que señalan una tremenda injusticia. Así, la impartición de justicia es, sin duda, una de las asignaturas pendientes de la actual administración. Que, si bien es un poder distante y separado del Ejecutivo Federal, sucede dentro de un movimiento social que debió, desde hace mucho tiempo, considerar poner al corriente al Poder Judicial que pareciera se encuentra autocomplaciente y con reglas propias. Sin poder humano sobre sus fallos, decisiones, condenas, juicios sentencias. Incluso el Poder Judicial se da el lujo de dejar sin juicio ni sentencia a miles de personas que, sin haber cumplido con los requisitos básicos de un proceso justo, se dan el lujo de tener a mexicanos presos, sin juicio, sin sentencia y a los que sólo se le acumulan cargos sin que esto implique una responsabilidad real o justa.
Hay personas que por robarse unos tenis están años en la cárcel, sin juicio, sin sentencia, sin atención. Esto no puede continuar como tampoco el hecho de que los periodistas sean noticia y no sus difusores, ni los políticos sean víctimas y no los que transformen el país.
Casos hay muchos a lo largo y ancho del territorio nacional y uno de los más sonados es el del diputado federal del PRD, Rogelio Franco Castán, a quien, desde el momento de su detención hubo extrañas coincidencias que ponen en duda la legalidad de su delito y de su propio encierro con más de un año en el Penal de Amatlán, en Veracruz.
Todos conocemos la historia del delito hecho a la medida de las necesidades del poder estatal en Veracruz, que días antes dio de alta un cargo penal que se había derogado por autoritario y anacrónico, llamado Ultrajes a la autoridad, delito que se llamó posteriormente la Ley Franco, por haberse revivido en las normas del estado sólo para detener contrincantes políticos que, en tiempos electorales el poder designó como enemigos políticos a los que había que hacer a un lado y los encerraron, aunque no se puede desechar la posibilidad de que se haya pensado en un atentado para sacarlos definitivamente de la lucha electoral que en ese momento se llevaba a cabo.
Finalmente, Franco Castán, está preso desde marzo del año antepasado. Es decir, está a unos meses de cumplir dos años en prisión por delitos inventados, sin juicio ni sentencia y lo que es peor, sin pruebas.
Si bien las atribuciones de la justicia en México son autónomos se convierten en un verdadero lastre de los otros dos poderes, que caminan por delante de un Poder Judicial que se muestra lento, enfermo de corrupción y al servicio de intereses fuera de la ley.
Se ha mostrado una apertura en el tema de los periodistas, donde existen consideraciones más justas, a partir de un análisis jurídico de las circunstancias de peligro de los comunicadores. El Poder Judicial no está cerrado a poner atención en los casos de agresiones a los periodistas, ha habido casos en los que se otorga, regresa o reinstalan protecciones a comunicadores luego de debates y análisis profundos. Hay excepciones en el Poder Judicial dentro de una inercia de burocracia y negligencia, que deben reconocerse y felicitarse.
Los ataques contra la prensa no se detendrán, aunque en este caso se aclare todo tipo de hechos en el caso Ciro Gómez Leyva, si el resto de los casos siguen sin investigarse y sin culpables, la agresión a los periodistas seguirá.
El ambiente respecto a los periodistas en México está tan enardecido que hay quienes consideran que sus peligros o excesos son dogmas de fe y creen en ellos sin escuchar otras versiones. Por otro lado, hay quienes descalifican a los periodistas sistemáticamente sin colocar tonos grises, sólo pueden verlos en blanco y negro, cuando en realidad son el blanco del negro proceder una justicia social que en México brilla por su ausencia.
La justicia no se practica encarcelando contrincantes políticos y es en este proceso donde los tres Poderes de la Unión se conjuntan para seguir ganando terreno, porque una detención como la de Rogelio Franco Castán tiene significados políticos en los terrenos del Poder Judicial y eso nadie puede negarlo.
Así también sucede ene le caso del tema de Ciro Gómez Leyva donde está de por medio el ascenso en la carrera política de Omar García Harfuch, quien tendrá que dar un resultado impecable sobre las verdaderas causas y pasos del presunto atentado contra el periodista Gómez.
García Harfuch pretende ser el candidato de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, un cargo eminentemente político, pero debe desarrollar todas sus habilidades para que, en su actual función dentro del terreno de lo judicial, le permita aspirar a ese cargo político.
Es en la práctica cotidiana donde se juntan el Poder Judicial y el Ejecutivo, con el Poder Legislativo de fondo, encargado de unir y separar, según el caso, la dependencia entre la ley y la política, que pareciera ser uno de los problemas más graves de la sociedad mexicana contemporánea.
PEGA Y CORRE
Durango es un estado con serios problemas de corrupción en su administración anterior que puede contagiar al gobierno recién legado. El fiscal anticorrupción de Durango, Noé Díaz, declaró que se congelaron cuentas de Elvira Barrantes, esposa del exgobernador José Rosas Aispuro Torres, y continúan las investigaciones.
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