El Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez estará marcado por la fabricación de presuntos “delincuentes”, quienes en realidad son víctimas de imputaciones sin sustento, gracias a procesos viciados, manipulados y con señalamientos de obligados testigos, quienes declaran bajo presión y hasta tortura lo que fiscales y ministeriales les dictan, así como dar línea y consigna a jueces de control, obligándolos a vincularlos a proceso, violentando los derechos de los acusados y creando un ejército de víctimas, sin respetarles sus presunciones de inocencia.
Casos como el ilegal arresto de Rogelio Franco Castán, el 13 de marzo del 2021 y vinculado a proceso por 8 meses, por presuntamente haberle roto la camisa a un policía ministerial, cuando según declaraciones del propio elemento de la FGE, Rogelio se resistió a su arresto, aun cuando tenía un amparo, por una denuncia por presunta violencia familiar, interpuesta por su exesposa, Guillermina Alvarado. Franco Castán fue acusado por ultrajes a la autoridad, delito no grave en el ámbito federal y no amerita cárcel, pero en Veracruz, se convirtió ilegalmente en un delito catalogado como grave, para perseguir y encarcelar a opositores políticos. Actualmente y como estrategia, era una constante suspender su audiencia constitucional, hasta que se realizó ésta y están a la espera de la decisión del juez de control, si lo vinculan nuevamente a proceso o es dejado en libertad, para tomar protesta como diputado federal plurinominal por el PRD.
El caso de Gregorio Gómez Martínez es una papa caliente y lleno de anomalías… El entonces candidato por el PRD a la alcaldía por Tihuatlán, el 7 de abril de este año, fue sacado de su negocio de autopartes por un grupo encapuchado y armado, como se demuestra en videos difundidos por medios de comunicación nacionales, para dirigirse con rumbo desconocido y perderse por varias horas, para luego, ser localizado 38 kilómetros de donde fue levantado y entregado a ministeriales, sembrándole droga y armas, además de ser acusado por la posesión de un vehículo robado. Fue torturado para firmar una declaración y presuntamente disparar un arma, para cuadrar la vinculación a proceso, con la Carpeta de Investigación 61/2021, como lo dio a conocer el medio nacional Excélsior, con la liga: https://youtu.be/_rl7c9rV3T4
Actualmente, Goyo Gómez Martínez estará internado por un año, en el Penal de Tuxpan y llevando su proceso judicial, cuando los videos, testimonios y pruebas periciales comprueban que el candidato del PRD fue detenido ilegalmente, siendo un preso político y el Gobierno Estatal, Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Gobierno recrearon todos los señalamientos para encarcelarlo, violentando su presunción de inocencia.
Durante la campaña del candidato de la alianza PAN-PRI-PRD a la alcaldía por Minatitlán, Nicolás Ruiz Roset, bajo señalamientos poco claros, se le acusó de intento de secuestro, coacción, tentativa de privación física y amenazas, en extrañas acusaciones, ocurridas el 5 de abril, en un conflicto de rutas entre empresas materialistas, siendo detenido el 23 de abril del 2021, en una de sus empresas. La defensa y militantes del PAN, PRD y PRI aseguraron haberle fabricado delitos y esto no le importó al juez de control, para vincularlo a proceso y ser enviado a un penal federal en Oaxaca. Por un tiempo estuvo incomunicado, con la consigna de no tener visitas y fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien formuló recomendaciones ante la violación a sus derechos humanos.
Se fincó un año de prisión preventiva oficiosa, determinada por el juez de control, aplicada a “Nico” Ruiz, quien al ser acusado de privación ilegal y amenazas, se determinó la medida cautelar, sin tomar en cuenta las pruebas de la defensa. Curioso, que dos días después de su registro y ser uno de los candidatos más fuertes de la alianza “Veracruz Va”, haya sido detenido por dichas imputaciones, mostrando un claro ejemplo de persecución política.
Cabe destacar, que Minatitlán ha sido nota nacional, por las masacres perpetradas por grupos delincuenciales, en un municipio sin ley, siendo gobierno de MORENA, imperando la ingobernabilidad y repetir la alcaldía por Minatitlán, con ayuda de trampas y fraude electoral. Ser por eso, que al quitar al candidato opositor, ganaron con amplia ventaja, evidenciando anomalías por parte de los funcionarios de casilla, quienes son hermano y prima de la secretaria de Turismo y el titular de Salud, respectivamente.
Otro caso es el de Bernardo Segura Molina, exfuncionario del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares e ilegalmente, continúa encarcelado por presuntos desvíos de recursos, dinero que la misma antes Procuraduría General de la República devolvió a Veracruz y entregado a la administración de Yunes, asegurando actuales funcionarios de la Secretaría de Salud que hubo desvíos de recursos en este dinero, culpando a involucrados, entre ellos, a Bernardo Segura Molina, de quien se ha comprobado, bajo amparos ganados, que él no movía esos recursos, como lo demostraron sus propios abogados. El juez de control sigue con la necedad de que no se le cambien la medida cautelar y omite resoluciones federales, cayendo en graves delitos por abuso de autoridad y no apegarse a derecho.
El relato de estos cuatro vergonzosos casos, comprueban que la FGE se dedica a imputar sin tener bases, detiene a chivos expiatorios y luego, ordena a jueces sin ética a librarles órdenes de aprehensión. Un tema que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está documentando por infinidad de anomalías.
Por último, es criticable la gestión de la directora de Investigaciones Ministeriales Marcela Aguilera Landeta, quien es la encargada de hacer Carpetas de Investigación llenas de mentiras, imputaciones sin sustento, aceptar la tortura como declaración válida de testigos y encarcelar chivos expiatorios, cuando los verdaderos responsables están libre. Una verdadera delincuente, de quien se asegura, recibe órdenes, no de Cuitláhuac García, ni de Eric Cisneros Burgos, sino de grupos delincuenciales, quienes son los que verdaderamente gobiernan en Veracruz.
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