Entre todas las aberraciones jurídicas aprobadas últimamente por el Congreso de la Unión –convertido en los hechos en una vergonzante “oficialía de partes” de los delirios del Ejecutivo- la que pasó este jueves en el Senado es de las más peligrosas y agresivas.
Durante la discusión de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial –que de por sí ya incluía varias disposiciones para amedrentar a jueces, magistrados y particulares y para concentrar el poder en el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- fue introducido por un oscuro senador del mercenario Partido Verde –aliado consentido de Morena- un artículo transitorio no contemplado en la iniciativa original para extender el periodo del actual titular, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, prácticamente por dos años más.
El artículo 13 transitorio de la referida reforma establece que el periodo del actual presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal concluya el 30 de noviembre de 2024, coincidentemente el mismo día que termina –todavía- el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Solo que esto es absolutamente inconstitucional, como de inmediato señalaron varios juristas a través de sus redes sociales. El artículo 97 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece claramente que “cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior”.
Zaldívar Lelo de Larrea rindió protesta como presidente del máximo tribunal del país el 2 de enero de 2019, por lo que su encargo concluye a fines de diciembre de 2022. Dicha extensión de periodo por un año 11 meses es ilegal y representa, sin exageración alguna, un golpe del Poder Legislativo al Judicial y al orden constitucional.
Resulta gravísimo desde cualquier óptica que quienes tienen la responsabilidad de actualizar y mejorar el entramado legal e institucional del país, legislen de manera facciosa, por consigna y con dedicatoria. Tan serio como que la única reacción del Poder Judicial hasta el momento de redactarse estas líneas fuera una tibia y timorata carta en la que “aclara” que el referido artículo transitorio que el régimen se “sacó de la chistera” a través de sus personeros “no fue elaborado por el equipo redactor de las propuestas originales” y “tampoco fue solicitado por el Poder Judicial Federal”. Pero que esperarán a ver qué dicen en la Cámara de Diputados para “pronunciarnos al respecto”.
Igual de delicado resulta que los votos necesarios para aprobar este bodrio hayan sido aportados por un partido que se supone contiende en las presentes elecciones con el objetivo de equilibrar la correlación de fuerzas en el Congreso de la Unión e impedir el establecimiento de una autocracia: el PRI, que para luego intentar “lavarse la cara” salió con que “se equivocaron” al votar en favor porque “se confundieron”. ¿Quién puede confiar en un partido que a las primeras de cambio “afloja”… los votos en el Congreso?
Aunque el sentido común y la razón jurídica indican que si este despropósito no se echa abajo en la Cámara de Diputados de todas maneras terminará en el basurero pues no tiene ningún sustento legal, la ruta que sigue el régimen está trazada. No tardando intentarán ampliar el periodo del Poder Ejecutivo. Ya habían hecho un primer experimento en Baja California. Éste es el segundo “round”.
Si se atrevieron a violar la Constitución para intentar aumentar el periodo del presidente de la Corte, ¿por qué no lo harían en otro momento para extender el del Presidente de la República?
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