Un terreno en el que puede medirse con total certeza la verdadera importancia que le da un régimen a un tema como el de la violencia contra las mujeres es el de la procuración e impartición de justicia.
En ese sentido, absolutamente de nada tienen que enorgullecerse los actuales gobiernos federal y del estado de Veracruz. Los asesinatos de mujeres, las agresiones sexuales, el acoso laboral y la violencia política han aumentado a niveles superiores incluso a los del pasado reciente –parámetro favorito de la mal llamada “cuarta transformación” para intentar justificar todas sus falencias- en medio de, por lo menos, las abiertas omisiones de las autoridades.
Aunque el caso de Félix Salgado Macedonio se ha vuelto emblemático de las oscuras complicidades que llevarían a este sujeto -no solo acusado de agresor sexual sino de tener presuntos nexos con el crimen organizado- a ser candidato a gobernador de Guerrero, en estados como el de Veracruz esas connivencias delincuenciales llegan al extremo de la humillación póstuma y la revictimización gratuita.
Tal fue lo que sucedió tras el brutal asesinato de la política sureña Gladys Merlín y su hija Carla Enríquez la semana pasada. Lo primero que hizo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez fue salir a hablar de enfrentamientos entre “cacicazgos” de esa zona, pretendiendo con ello eludir cualquier responsabilidad y “lavarse las manos”, como si un asesinato, el que fuera, no mereciese ser investigado por igual por la autoridad competente.
No se quedaron ahí. La malintencionada y grotesca filtración a los medios de las fotografías de los cadáveres de ambas mujeres tomadas en el lugar del crimen, no pudo ser obra más que de los responsables de la cadena de custodia de las evidencias. Incluso, trascendió que ésa habría sido la causa de la remoción fulminante del negligente ex jefe de prensa de la Fiscalía General del Estado, Jair García. Pero el daño estaba hecho.
Es precisamente la Fiscalía que encabeza formalmente Verónica Hernández Giadáns la que se mantiene en el ojo del huracán por el desaseo y las abiertas actitudes delincuenciales en las que se señala incurren sus elementos en sus “investigaciones” sobre crímenes de alto impacto.
El pasado lunes 22 de febrero, el periodista Manu Ureste publicó en el portal Animal Político la historia de cómo la Fiscalía de Veracruz fabricó un caso para incriminar como responsable del asesinato de la ex rectora de la Universidad Valladolid –ubicada en la zona de la capital veracruzana- a una mujer de nombre July Raquel Flores que el día del crimen –cometido el 29 de junio de 2020- se encontraba en un jardín de niños en Cuautitlán Izcalli, a 300 kilómetros del lugar de los hechos.
La mujer de 29 años –presa en la actualidad en el penal de Pacho Viejo- enfrenta cargos por homicidio que le fueron imputados con base en pruebas llenas de irregularidades y en declaraciones obtenidas a base de torturas y amenazas de muerte para su familia, según los testimonios contenidos en el reportaje, que increíblemente pasó casi desapercibido en Veracruz y sin merecer respuesta o comentario alguno de las autoridades ministeriales.
Al rosario de señalamientos por ilegalidades y abusos de la Fiscalía veracruzana se añade la denuncia de la perito forense Jessica Vicuña Santiago, una de las encargadas de practicar la autopsia de la ex presidenta municipal de Jamapa Florisel Ríos Delfín, asesinada a mansalva el 11 de noviembre de 2020.
En una denuncia presentada el pasado 12 de febrero y enviada a la fiscal general Verónica Hernández –retomada por el portal Al calor político-, Jessica Vicuña afirma que el delegado de Servicios Periciales en la ciudad de Veracruz, Abel Roa Franco, intentó obligarla a alterar el dictamen de la necropsia toda vez que la Fiscalía “extravió” las muestras biológicas tomadas de la disección del cadáver.
En respuesta, la fiscal Verónica Hernández Giadáns envió apenas este miércoles 24 de febrero un oficio ordenando el cambio de adscripción ¡de la perito Jessica Vicuña Santiago!, manteniendo como delegado de Servicios Periciales a Roa Franco. Un acto de represalia evidente.
En este caso no hay que perder de vista que la fiscal Hernández Giadáns responde –literalmente- a los intereses del secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos, quien fue señalado en un audio por la propia Florisel Ríos de haber ignorado las amenazas de muerte de que era objeto la munícipe perredista y que terminaron por hacerse efectivas.
Los pactos criminales marcan las acciones de los que juraban traer la “transformación”. Y sus víctimas suelen ser mujeres. ¿Coincidencia?
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