Atrapado en su propio laberinto de contradicciones, sin ejercer el poder realmente y copado por los grupos dentro del lopezobradorismo que en realidad toman las decisiones, al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, el estado se le va de las manos en medio de la violencia.
En menos de una semana, ocurrieron tres asesinatos de índole política que han puesto contra la pared y en entredicho al gobierno veracruzano: el 11 de febrero, fue asesinado a balazos Gilberto Ortiz Parra, precandidato de Morena a la presidencia municipal de Úrsulo Galván, luego de ser interceptado por un grupo armado de camino a una reunión con simpatizantes.
Al amanecer de este lunes 15 de febrero, corrió la noticia de la salvaje ejecución de la ex alcaldesa y ex diputada local priista por Cosoleacaque, Gladys Merlín Castro, y de su hija Carla Enríquez Merlín, quien era precandidata de Morena a la misma alcaldía que su madre encabezó hace poco más de una década.
Ambas se encontraban en su domicilio particular en aquel municipio del sur del estado, al que durante la madrugada ingresaron los sujetos armados que les dieron muerte. A la ex edil y ex legisladora, además, con una particular saña.
Estos crímenes se suman a una ya larga cadena de asesinatos políticos acontecidos durante el actual sexenio para los cuales, el gobierno de Cuitláhuac García no ha tenido más respuesta que el lugar común: “no habrá impunidad”, “se investigará hasta sus últimas consecuencias”, “ya se acabó la corrupción” y demás frases vacías que ya no pueden ocultar lo que es claro a todas luces: la total incapacidad de la presente administración estatal para encarar cualquiera de los problemas que asuelan a la entidad. Incluso, los que le afectan directamente.
Apenas la semana pasada también, casi al mismo tiempo que Gilberto Ortiz Parra era emboscado en Úrsulo Galván, en el municipio de Orizaba –el que más desarrollo ha alcanzado de todo Veracruz en la última década, por mucho- una patrulla de policías estatales fue atacada a balazos a plena luz del día. El saldo fueron tres uniformados muertos, entre los cuales se encontraba una joven que recién se había graduado de la Academia de Policía.
Pero en lugar de realizar una verdadera investigación para fincar responsabilidades de manera efectiva y en el marco de la legalidad, el gobierno de Veracruz, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, prefirió buscar venganza y este fin de semana, mediante un operativo sorpresa, tomó el control de la fuerza policial en esa ciudad y desarmó a los efectivos municipales, dos de los cuales fueron detenidos y luego puestos en libertad, mientras acusaban tortura.
No es que a la policía orizabeña la integren “hermanas de la caridad”. Ampliamente documentados están los abusos en los que ha incurrido a lo largo del tiempo, especialmente cuando la comandaba el oscuro Juan Ramón Herebia. Sin embargo, la precipitada actuación de las fuerzas estatales lo que único que logró fue victimizar y muy seguramente alertar a los probables homicidas de los elementos estatales.
Así podríamos enumerar más casos de cómo la violencia criminal se extiende y toma el control en vísperas de las elecciones en las que en Veracruz se renovarán los 212 ayuntamientos, lo cual reviste de especial interés para los grupos delincuenciales pues su radio de operación es, precisamente, a nivel municipal.
Mientras eso sucede, en el gobierno de Cuitláhuac García no son capaces siquiera de mantener la cadena de custodia de las evidencias de los crímenes, como quedó demostrado con la filtración a los medios de comunicación de las fotografías de los cadáveres de Gladys Merlín y Carla Enríquez, todavía inertes y ensangrentados en su domicilio particular, a donde únicamente ingresaron policías.
Y todavía no han iniciado formalmente las campañas.
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