En la sesión extraordinaria que se tiene prevista para este jueves el Congreso local podría suspender en sus funciones y revocarle el mandato al presidente municipal de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez, panista. Con él podría correr la misma suerte la síndica Lucero Jazmín Palmeros Barradas.
Ambos están acusados por el delito de desvío de recursos. El propio alcalde ha señalado un daño patrimonial al ayuntamiento que preside por 22 millones de pesos aunque a su vez responsabiliza a dos extesoreros municipales y a un funcionario de la Fiscalía Especializada en Delitos a la Corrupción de no haber actuado a tiempo.
En su caso, como en el del diputado Erik Iván Aguilar López, se mezclan componentes legales pero también políticos, aunque habría pruebas contundentes de su participación en el delito del que se le acusa ya que con su firma habría avalado los movimientos de dinero del que se hizo mal uso.
La solicitud para actuar contra ellos la presentó la Fiscalía el pasado 9 de enero, se supone que una vez que tuvo documentada y sustentada su acusación, pero el señalamiento por el desvío de recursos la había hecho ya Morena ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) desde el 11 de septiembre de 2019.
En aquella fecha, el partido de AMLO acusó a José Paulino así como a otros once presidentes municipales y a una regidora panistas de estar desviando recursos para apoyar la campaña del entonces aspirante a reelegirse en la dirigencia estatal del PAN José Mancha Alarcón.
Todos ellos habían participado el 13 de agosto de ese año en una reunión partidista celebrada en El Estero de Boca del Río en día hábil y horario laborable no obstante que la ley no contempla permisos o licencias sin goce de sueldo por cuestiones partidistas (ahí, el orador principal, Miguel Ángel Yunes Márquez, pidió el apoyo para Mancha, “para el PAN digno… que le va a romper la madre a Morena en las próximas elecciones”).
El propio alcalde aportó pruebas que lo incriminarían
Tal vez enterado de la indagación que se hacía, el 12 de diciembre del año pasado el alcalde Domínguez Sánchez se apresuró a denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción a los extesoreros bajo su administración Pedro Benítez Domínguez y María Nelly Alarcón Gil, esta última por un daño patrimonial por 21 millones 439 mil 898 pesos.
La acusación contra ella y contra “quienes resulten responsables” por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado “y los que resulten” la acompañó con una abrumadora cantidad de documentos auditados, certificados y notariados de los presuntos ilícitos.
Aprovechó la ocasión para denunciar que la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de José Alfredo Corona Lizárraga, tenía “empantanada” desde un año atrás una acusación contra el extesorero Pedro Benítez Domínguez por un desfalco de casi 10 millones de pesos, por lo que pedía actuar en consecuencia y de inmediato, extesorero a quien, por otra parte, una juez de Pacho Viejo exoneró en una primera audiencia el pasado 4 de enero.
De los dos, señaló que habían “tejido una red de complicidades para comprar impunidad”. Nelly Alarcón era la auditora interna cuando Pedro Benítez era el tesorero. A ambos se los había recomendado el entonces dirigente estatal panista Mancha Alarcón.
En el PAN lo apoyan pero…
En enero pasado desesperó cuando se enteró que pedían que le revocaran el mandato y acudió en busca de apoyo de la dirigencia estatal panista, ya en manos de Joaquín Guzmán Avilés, contra quien había hecho campaña, y de la entonces bancada identificada con el exgobernador Miguel Ángel Yunes, que se había separado de la del PAN estatal.
En su angustia, sintiendo que la dirigencia de su partido no iba a meter las manos al fuego por él, corrió entonces al edificio del Congreso para buscar cualquier apoyo y vociferar que él estaba limpio, que todo lo había manejado Mancha apoyado por el diputado local Sergio Hernández, quien había impuesto a los auditores.
En efecto, el 18 de febrero el propio Guzmán Avilés salió a decir en conferencia de prensa que el apoyo sería estrictamente legal, que “cada quien tiene su responsabilidad” e invitó al alcalde a que presentara todas las pruebas que tuviera para defenderse.
Fue más allá. Como el presidente municipal acusaba persecución política, le pidió que fuera “mesurado” y que no tratara de desviar el caso. “Prosa aprisa” supo que para entonces tanto la dirigencia como la diputación panistas ya tenían pleno conocimiento de las pruebas en su contra.
Mataron a periodista que denunció el desvío
Sobre el desvío de recursos, el periodista Jorge Ruiz Vázquez reveló en julio de 2019 el ilícito “por más de 10 o 12 millones de pesos”. Dijo que la información y fotografías le habían llegado a su correo. El 3 de agosto de ese año fue asesinado en La Bocanita, de ese municipio, 15 días después de que había revelado un intento de soborno por parte del alcalde.
Como en el caso del diputado local Erik Iván Aguilar López, contra quien se filtró un audiovideo que lo incrimina, en el caso del munícipe Domínguez Sánchez y la síndica Palmeros Barradas también alguien hizo llegar a los medios audios en los que presuntamente el edil habla sobre acuerdos con la síndica, la tesorera Nelly Alarcón y el secretario del ayuntamiento Alfredo López Carreto para entregar plazas a aviadores; y otro en la que la síndica reclama a la tesorera la cancelación de una plaza de un cuñado suyo que a su vez había quitado a un trabajador. En fin, un estercolero.
Si no ocurre nada extraordinario, antes de que termine el jueves alcalde y síndica, acompañados del diputado local Erik Iván Aguilar López, podrían llegar al Congreso ostentando sus cargos pero salir como simples ciudadanos. Si bien la libran se irán a sus casas porque podría estarles esperando Pacho Viejo.
¿Justicia o venganza de Morena? ¿O las dos cosas a la vez? ¿Esperan que resbalen los otros asistentes a aquella reunión en El Estero para continuar con ellos? ¿O enfocarán sus baterías ahora contra la alcaldesa de Córdoba Leticia López Landero por el presunto caso de corrupción en la compra de las casetas de vigilancia?
Los alcaldes a los que denunció Morena por apoyo a Mancha son: Fernando Yunes Márquez, de Veracruz; Humberto Alonso Morelli, de Boca del Rio; José Manuel Díaz Rodríguez, de Tres Valles; Jorge Vera de Álamo; Raúl Hermida Salto, de Cosamaloapan; Abel Ramírez Escoria, de Paso de Ovejas; Agustín Ramírez Álvarez, de Tlalixcoyan; Faustino Vázquez, de Zozocolco; Patricio Aguirre Solís, de Tierra Blanca; Miguel Ángel Bautista, de La Perla; y Ana Teresa Aguilar, regidora segunda de Orizaba.
¿Esperarán a que resbalen o a que den un paso en falso?
Adeudo al ISSSTE, otra pesada herencia
Polvos de aquellos lodos. Sin duda, Cuitláhuac o su equipo no han hecho muchas cosas bien, pero hay cosas que no hizo por las que está pagando y le están pegando.
Es el caso de un fuerte adeudo del gobierno del estado al ISSSTE por más de 12 mil millones de pesos que acaba de cobrar el propio presidente López Obrador a Cuitláhuac.
Este salió a decir ayer: debo no niego pago no tengo, esto es, no rehuyó la deuda que contrajeron gobiernos anteriores, es decir, actuó institucionalmente y ofreció ir pagando poco a poco.
Recuerdo que siendo titular del IPAX Juan Antonio Nemi Dib intentó pagar lo que el Instituto debía al ISSSTE lo que molestó mucho al gobernador Fidel Herrera Beltrán, quien finalmente lo cesó (o que Nemi me aclare o corrija o dé su versión). La negativa de Fidel fue porque el ISSSTE lo dirigían entonces Miguel Ángel Yunes Linares y Enrique Pérez Rodríguez, en la dirección general y en la delegación estatal, respectivamente (qué cosas de la política. A Nemi lo acusaron de apoyar a Miguel Ángel y sin embargo éste lo envió luego a prisión).
¡Y el que paga las consecuencias hoy día es tío Cuitláhuac! Le cobra (lo exhibe) públicamente AMLO y lo tunde una parte de la prensa y le dan en las redes sociales. Y los que ¿se clavaron el dinero? seguramente disfrutan todo desde la comodidad que les da la impunidad. Ahora sí, como proclamaban los liberales españoles en el siglo XIX, ¡Viva la Pepa!
