El régimen de concesiones del transporte público ha sido, por antonomasia, un agujero de corrupción y manipulación política en el que se mueven recursos millonarios.
Particularmente en Veracruz se han constituido verdaderas mafias que se han enriquecido ofreciendo servicios deficientes, inseguros y contaminantes, y que cada tanto amagan a las autoridades con desquiciar ciudades y vías de comunicación si éstas no acceden a sus peticiones, como el aumento de tarifas o la eliminación de lo que llaman “competencia desleal”.
Por años, las sucesivas autoridades han consentido las amenazas de los transportistas por razones políticas, ya que cada que hay campañas electorales, las unidades concesionadas (sean taxis o camiones de pasajeros) son puestas al servicio de partidos y candidatos para la “movilización”, que no es otra cosa que el acarreo de personas para llenar mítines y votar por una opción ya predeterminada a través de la coacción.
Incluso, gobernadores como Fidel Herrera Beltrán repartieron concesiones de transporte público a diestra y siniestra, lo que por supuesto significó un enorme negocio para las autoridades que operaron esa maniobra, pero cuya consecuencia fue la saturación del servicio en ciudades como Xalapa, donde dejó de ser un negocio rentable.
En ese contexto pueden analizarse las protestas que un sector del transporte público de pasajeros, el de taxis, llevó a cabo en varias ciudades del país, y que en la capital de la República –donde existen algunas de las mafias más duras de ese sector- bloquearon por más de diez horas varias de sus principales avenidas, desquiciando por completo la vialidad y la vida productiva de la CDMX.
¿Qué es lo que pelean? Que el gobierno ilegalice las aplicaciones de transporte público que particularmente en la Ciudad de México y en otras como Puebla, Monterrey y Guadalajara han entrado a hacerles una fuerte competencia, gracias a la calidad de sus servicios, algo de lo que generalmente carecen en los taxis tradicionales prácticamente en todos lados.
En la misma capital veracruzana, agrupaciones de taxistas amenazaron este mismo lunes con realizar “redadas” para identificar a quien preste servicios de transporte privado de pasajeros, luego de que circulara la publicación de la publicidad de una aplicación online que ya estaría funcionando en Xalapa. Una incitación a la violencia de la que ninguna autoridad se dio por aludida.
Sin duda, el hecho de que los taxistas y transportistas en general deban pagar fuertes sumas de dinero y someterse a diversos requisitos para obtener las concesiones los pone en desventaja frente a quienes ofertan estos servicios a través de la tecnología. Sin embargo, lo que verdaderamente los ha desplazado es el tipo de servicio y precio, que en una relación simple de competencia por un mercado, ha logrado que las apps de transporte obtengan cada vez una mayor preferencia por parte de los consumidores, cansados de abusos, malos tratos y hasta riesgo de robos y secuestros a bordo de unidades concesionadas.
No hay que perder de vista que la protesta de este lunes fue completamente política y dirigida a las actuales autoridades de la autodenominada “cuarta transformación”, que al igual que sus antecesores priistas, perredistas y panistas, les prometieron canonjías a cambio de apoyo político, mismo que ahora les están cobrando.
Al fin mafias.
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