En la entrega anterior de la Rúbrica sobre el tema Javier Duarte, se puso especial énfasis en el anticipado deslinde que el ex gobernador de Veracruz hizo en abril de 2017 sobre la posibilidad de que, una vez preso, lo “obligaran” a “atacar” al entonces dirigente nacional de Morena y hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Eso, junto con una declaración a Proceso en la que admitió haber permitido que “Morena creciera en Veracruz”, a pesar de lo cual también negó conocer al actual gobernador Cuitláhuac García Jiménez y haberle dado dinero para su campaña en 2016 –contrario a la versión difundida por el propio candidato del PRI en ese entonces, Héctor Yunes Landa-, deja claro que en medio de su farsa trágica, Duarte de Ochoa se cuida de no incomodar al régimen de la llamada “cuarta transformación”, que a su vez ha sido bastante generoso con él.
Porque el intenso cabildeo mediático que lleva a cabo el ex mandatario desde la semana pasada, tanto en la Ciudad de México como en el estado de Veracruz, no es algo que pueda hacer cualquier persona en prisión. De hecho, nadie en México goza del privilegio de llamar o escribir desde su reclusión en un penal ya no digamos a los medios de comunicación, sino a quien se le pegue la gana, como es evidente que hace Duarte.
Si recordamos entrevistas periodísticas realizadas a reos “famosos” en el pasado, como las que en su momento hizo Julio Scherer y que publicó en sus libros, éstas requerían de permisos especiales por parte de las autoridades penitenciarias y nunca eran a petición del recluso, sino del periodista.
Aún si damos crédito a la versión de Duarte en el sentido de que tiene que comprar tarjetas telefónicas para hacer las llamadas con las que ha buscado copar el espacio mediático durante la última semana, sigue siendo una situación anómala, que no aplica para el resto de la población del Reclusorio Norte, donde se encuentra encerrado el sátrapa veracruzano.
Por supuesto que todas esas facilidades le son otorgadas tanto por las autoridades del penal como por los superiores de éstas, las autoridades políticas en este caso del gobierno de la Ciudad de México, que al igual que el federal, está en manos de Morena.
Así que es válido argumentar que Javier Duarte está recibiendo apoyo oficial de la “4T” en su campaña para hacerse la víctima en los medios de comunicación que le abren espacios de manera acrítica y descontextualizada, sin precisar a la audiencia lo que le hizo a Veracruz, y de paso implicar a los enemigos del régimen en actos ilícitos de los que, valga decir, no ha presentado prueba alguna. A lo sumo, la confirmación del acuerdo con el gobierno de Enrique Peña Nieto para negociar su entrega a cambio de la impunidad de su esposa Karime Macías.
Impunidad que continúa extendiéndose. Este jueves, el operador financiero y prestanombres de los Duarte Macías, Moisés Mansur Cysneiros –clave en el proceso para imputar a Javier Duarte-, obtuvo sendos amparos en contra de la orden de aprehensión girada contra su persona, el congelamiento de sus cuentas bancarias y el decomiso de un departamento en la lujosa zona de Polanco, en la Ciudad de México.
A eso mismo aspira Javier Duarte con el teatro mediático que el régimen lopezobradorista le permite y alienta llevar a cabo: a que lo acojan como testigo protegido para declarar contra sus antiguos aliados y cómplices, para recuperar así su libertad y los cuantiosos bienes obtenidos gracias a lo robado a ocho millones de veracruzanos.
Y con eso que al presidente López Obrador le conmueve la suerte de los peores criminales, Javier Duarte va de gane.
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