En medio de la parálisis del Gobierno de Veracruz, que literalmente no ata ni desata nada en el estado porque lo único que ocupa su atención es la obsesión por destituir al fiscal Jorge Winckler Ortiz, la rumorología ha tomado un importante espacio en la discusión pública a falta de resultado alguno en la administración de la entidad.
Luego de que el columnista Alejandro Aguirre publicara que está “listo” el relevo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, una ola de especulaciones inundó los espacios de intercambio político, públicos y privados, augurando que éste abandonaría el cargo antes del plazo de dos años que establece la Constitución local para nombrar a un sustituto sin la obligación de convocar a nuevas elecciones.
Aun cuando no faltó quien señalase que Morena cuenta con mayoría en el Congreso del Estado para modificar la Constitución y retirar el ordenamiento de convocar a elecciones ante ausencia definitiva del gobernador antes de cumplir dos años de mandato, tal supuesto es completamente inviable políticamente. Más aún, en un momento en que en Veracruz el partido gobernante no las trae todas consigo y su relación con la oposición es pésima.
Si Cuitláhuac García se va –afirman en la contraparte-, será hasta una vez que cumpla los dos años de gestión, para que sea el Congreso local el que dé curso al nombramiento de un sustituto que concluiría el periodo constitucional por los cuatro años siguientes.
La pregunta que inevitablemente surge es: ¿por qué se da por hecho que, más tarde que temprano, Cuitláhuac García Jiménez dejará la gubernatura para asumir algún premio de consolación en el gabinete federal?
Como se señaló al principio de este texto, en Veracruz pareciera que no hay gobierno. A pesar de la intención que dicen sí tiene el mandatario morenista por hacer algo bueno por el estado, su administración luce pasmada, presa de su propia inexperiencia e incompetencia y, sobre todo y demasiado pronto, involucrada en acusaciones por presuntos actos de corrupción, como la adquisición/arrendamiento millonario de patrullas vía asignación directa, que dejó más dudas que certezas sobre la probidad del régimen de la “4T” en la entidad.
Además, el propio Cuitláhuac García es rehén de una infinidad de compromisos, propios y ajenos, que lo mantienen atado de manos y, lo que es peor, han convertido a las dependencias estatales en vulgares cotos de poder.
Por ejemplo, como el de la titular de la Secretaría de Energía federal, Rocío Nahle, a quien responden –en lugar de al gobernador- en secretarías como la de Salud; o del “superdelegado” Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien no pierde oportunidad de lanzarle puyazos a Cuitláhuac García mientras se sirve con la cuchara grande de los programas sociales. Y hasta de allegados del propio García Jiménez, como el subsecretario de Finanzas y Administración Eleazar Guerrero, el “poder tras el trono” y su pariente en línea directa; o la diputada federal Dorheny García Cayetano, quien colocó al frente de la Secretaría de Infraestructura y Obras Pública a su cuñado Elio Hernández Gutiérrez.
A todo este desorden, hay que agregar el clima de enorme inseguridad que priva en Veracruz y que ha obligado al presidente Andrés Manuel López Obrador a visitar reiteradamente el estado para darle múltiples “espaldarazos” a un gobernador que se encuentra entre los peor evaluados del país.
Por último, pero no menos importante, el caso del secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, quien en lugar de procurar la gobernabilidad del estado se ha vuelto un auténtico “chivo en cristalería”, y en su enfermiza “cruzada” por destituir al fiscal general del estado ahora hasta contra la prensa arremetió, al afirmar que “éste va a ser un parteaguas para saber quiénes quieren el bien para Veracruz (…) Y eso va para todos los veracruzanos, incluidos los periodistas”.
¿Cómo no va a haber crisis política en Veracruz con un gobierno así?
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