¿Para eso querían gobernar?

Cuando se dejan crecer los problemas y se intentan disfrazar mediante propaganda barata que no engaña a nadie, se llega a extremos como los que se han vivido en Veracruz en los últimos años.

Desde el gobierno de Miguel Alemán Velasco, la violencia en la entidad fue minimizada por las autoridades, que se referían a la misma como “hechos aislados”, permitiendo que el fenómeno se volviera cada vez menos manejable y que alcanzara los niveles monstruosos de las administraciones de Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Yunes Linares.

Sin embargo, en el gobierno que ahora encabeza Cuitláhuac García Jiménez no han entendido la situación e insisten en pretender engañar a los ciudadanos veracruzanos con excusas y, lo que es peor, con falsedades.

“Nosotros lo que vemos es que se sienten más seguros (los veracruzanos)”, declaró García Jiménez esta semana para “explicar”, entre otras cosas, que si el Gobierno de la República no incluyó ni una sola región de la entidad entre las 17 del país en las que se reforzarán las medidas de seguridad, es porque se registró “una baja de 37 por ciento en los índices delictivos”, por lo cual, según esto, la atención se dirigió a donde éstos (los índices) se mantuvieron.

Incluso buscó apoyarse con cifras, señalando que “en la zona de Orizaba, por ejemplo, le bajamos mucho más del 37 por ciento, y 10 por ciento en la zona norte del estado. En otras regiones bajamos cerca del 80 por ciento los índices delincuenciales”, sostuvo el gobernador de Veracruz.

Para su desgracia, y sobre todo para la de todos los veracruzanos, la realidad desmintió sus dichos de inmediato y de manera trágica. Asesinatos, secuestros y asaltos de norte a sur del estado han marcado la agenda informativa de las últimas semanas, sin que ninguna autoridad, de ningún nivel, atine a dar una respuesta coherente a lo que se ha vuelto a convertir en una crisis de seguridad y gobernabilidad en Veracruz.

Y no solo no hay argumentos ni soluciones. Ante la molestia y críticas de empresarios, académicos y ciudadanos de a pie, la reacción de la autoridad, al mejor estilo de la “cuarta transformación”, ha sido descalificar en lugar de conciliar, proponer y actuar.

“¿Por qué no se quejaron desde hace ocho años, que nunca han tenido seguridad? ¿Por qué se vienen a quejar ahorita (sic)? Y ahorita (sic) sí vienen y dicen, ‘sabes qué, es que no hay seguridad’. Nunca ha habido seguridad en Veracruz”, declaró de manera insólita e irresponsable el secretario de Seguridad Pública estatal, Hugo Gutiérrez Maldonado, buscando justificar su incompetencia con lo que se dejó de hacer en el pasado y en una falsa omisión ciudadana. Es comprensible, pues este funcionario ni siquiera conoce el estado. Menos, las exigencias planteadas a lo largo del tiempo por los veracruzanos.

Y mientras el gobierno estatal busca excusas y reparte culpas, los ciudadanos estamos a merced de los criminales. La noche de este miércoles, el cuerpo decapitado de la empresaria Susana Carrera fue localizado en una colonia de Coatzacoalcos, ciudad donde residía con su familia. Estuvo secuestrada una semana y sus captores exigían un rescate de cuatro millones de pesos, que aparentemente no se pudo pagar. La reacción inmediata de la sociedad en ese municipio fue pedir la renuncia del alcalde Víctor Carranza, que ha sido incapaz de hacer frente a la delincuencia. Como todos.

En contradicción con su discurso del “los veracruzanos se sienten más seguros”, el gobernador Cuitláhuac García acudió este jueves al Senado de la República a urgir la creación de la Guardia Nacional para contar con “una corporación que se desempeñe con mayores ventajas contra la delincuencia y que permita el inmediato actuar de las Fuerzas Armadas frente a quienes infligen daños a los mexicanos, sin tener que consultar su accionar y delegar la decisión al mando civil”.

El gobernador de Veracruz pretende delegar en los militares su responsabilidad de brindar seguridad a los ciudadanos porque, según él, como el Presidente de la República es civil y además es un “presidente democrático y popular”, ello es “garantía de que actuará en apego al respeto a los derechos humanos”.