Tras la derrota del PRI y el PAN en las elecciones del pasado 1 de julio, comenzó a correr fuertemente la versión de que los días del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa en prisión estarían contados.
Es conocido el hecho de que la embestida final del régimen yunista durante la campaña, cuando exhibió la vida de la esposa y los hijos de Duarte en Londres, pero sobre todo cuando aprehendió al ex fiscal general duartista Luis Ángel Bravo Contreras, hizo que los operadores priistas veracruzanos, comandados desde una silla de ruedas en la Ciudad de México, decidieran mover sus fichas en el tablero y apoyar al candidato de Morena a la gubernatura, Cuitláhuac García Jiménez, con tal de evitar que los Yunes se quedaran, por lo menos, otros seis años más en el poder.
La detención, unos días antes de los comicios, de Bravo Contreras –quien pactó su salida de la Fiscalía General del Estado a principios del actual bienio a cambio de que no se procediera en su contra, lo cual evidentemente no le cumplieron- les dejó claro a los priistas que no había negociación alguna que valiera con los Yunes panistas, pues de así convenir a sus intereses, éstos la romperían unilateralmente, como en el caso referido.
Así fue que al concluir las campañas, el PRI, como partido, “soltó” la elección, como se dice en la jerga electoral. Ya no hubo mayor operación en favor de sus candidatos, ni a la gubernatura ni a las posiciones legislativas locales y federales. De acuerdo con versiones cercanas a estos hechos, el dinero y los recursos que deberían emplearse para la movilización electoral del 1 de julio simplemente se redireccionaron hacia el bando moreno. Los apabullantes resultados de la jornada electoral en Veracruz así lo confirmarían.
Una vez validada oficialmente la derrota del régimen yunista, que soñó con mantenerse al menos 14 años en el poder en Veracruz, así como consumada la defenestración del peñismo a nivel nacional, comenzaron a salir de sus escondites los priistas enemigos de unos y otros: por un lado, el ala dura del tricolor, que busca echar del partido a los tecnócratas que provocaron la peor derrota electoral de su historia; y por el otro, los fidelistas, que fueron arrinconados por unos y por otros.
A partir de ese momento comenzó a manejarse la especie de que Javier Duarte saldría de prisión en breve, por la misma razón por la que fue encarcelado: por la pinche política.
No hay que perder de vista que Duarte está preso por delitos de orden federal. Y una vez derrotado, el grupo del aún presidente Enrique Peña Nieto ya no tendría ningún interés ni meta política como para mantenerlo recluido, habida cuenta de que nunca buscó hacer justicia, sino simular que la aplicaba para buscar atajar el descrédito provocado por la monumental corrupción priista e intentar rescatar su proyecto, cosa que tampoco logró.
A la administración entrante de Andrés Manuel López Obrador tampoco le convendría que por algún fallo en el proceso enderezado contra el ex mandatario veracruzano –y que al parecer tiene varios-, éste saliera libre ya durante su periodo de gobierno.
Y por cuanto hace a la acusación más grave que enfrenta, la de desaparición forzada de personas que le imputó la Fiscalía General del Estado, el gobierno de Guatemala aún no autoriza el proceso de ampliación de las condiciones de extradición del ex mandatario, el cual, sólo en caso de ser aprobado por aquellas autoridades, permitiría que Javier Duarte fuera juzgado en Veracruz por ese delito de lesa humanidad.
¿Saldrán o no de prisión Javier Duarte y sus ex colaboradores? En los meses, quizás semanas por venir, lo sabremos. Pero por lo pronto, varios duartistas y fidelistas “zopilotean” al gobierno electo para “cobrar” por los “servicios” prestados.
¿Reconocerán en Morena esa “deuda”?
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