El más reciente enfrentamiento entre el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, y el presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, escaló a un nivel de rispidez que da qué pensar.
El pasado lunes, Yunes Linares arremetió contra el edil porque el Ayuntamiento canceló la instalación de los postes en los que se colocará equipo de videovigilancia en la capital del estado, cuyos altos niveles de inseguridad han hecho necesaria esta medida.
El gobernador panista llamó “insensato” al alcalde morenista por oponerse a la medida, y como es su costumbre, amenazó con dejar a Xalapa, sede de los poderes del estado, sin las cámaras, y llevárselas a otros municipios.
En respuesta, el munícipe destacó que la empresa encargada de la instalación de las cámaras y sus soportes no gestionó los permisos correspondientes ante el gobierno municipal, además de que afectó la infraestructura y mobiliario urbano de la ciudad, razón por la cual se procedió a la clausura de los trabajos.
Incluso, antes de que los gobernantes reiniciaran “hostilidades”, activistas ambientales ya habían denunciado que la empresa inició trabajos de excavación para construir una base de aproximadamente cinco metros cuadrados -en la que pretende instalar una torre de repetición para las videocámaras- dentro del Parque Ecológico Macuiltépetl, zona que cuenta con una declaratoria federal como área natural protegida, violando con ello la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley Estatal de Protección Ambiental, ya que se encuentra prohibido el cambio de uso de suelo en estas reservas ecológicas.
La clave para entender la obstinación del gobierno estatal en la instalación a todas luces irregular de las cámaras y sus soportes –muchos fueron colocados a media banqueta, obstruyendo los pasos de peatones y de minusválidos- está en la empresa contratada para ese fin: Comtelsat.
De acuerdo con lo publicado este martes por La Jornada Veracruz, en el año 2014 Comtelsat fue inhabilitada durante tres meses para prestar servicios a la administración federal por parte de la Secretaría de la Función Pública. Y además, su contratación por el Gobierno del Estado sería irregular, pues según lo informado por el diario, no forma parte de su padrón de proveedores, con lo cual incumpliría con lo dispuesto en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados.
Por su parte, el Ayuntamiento de Xalapa alega que Comtelsat “no acreditó autorizaciones de la Subdirección de Protección Civil Municipal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ni la no afectabilidad por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS)” para la pretendida instalación.
Adicionalmente, los grupos ambientalistas dieron a conocer que los empleados de Comtelsat han “amenazado al personal del Parque Macuiltépetl por denunciar dicha irregularidad ante las autoridades”.
Sin embargo, hay un especial interés por mantener el contrato de Comtelsat a pesar de todas las irregularidades que presenta. Y es que su propietario es ni más ni menos que el empresario Manuel Arroyo Rodríguez, quien también es dueño del periódico El Financiero. Y resulta que en Veracruz hay campañas por la gubernatura.
Toman con ello mayor sentido las palabras con que el presidente municipal Hipólito Rodríguez respondió a las diatribas del gobernador Yunes Linares: “nosotros no tenemos un hijo en campaña. Él sí”.
El negocio de la videovigilancia, mezclado con el de los medios, resulta muy redituable en época electoral. ¿A quién le interesa la seguridad de la población?
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