La Causa Penal 445/2012, en el Índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia, con sede en el Penal de Pacho Viejo, marcará la vida para la entonces Jefa del Departamento de Autorización de Crédito de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Deyanira Hernández García, quien fue detenida bajo el argumento de ser la única presunta implicada en el emplacamiento de vehículos robados, comprados por células delincuenciales y coyotes.
Deyanira Hernández estuvo encarcelada, recibiendo torturas y acusada injustamente por un presunto fraude de un millón 800 mil pesos en el 2012. Los verdaderos implicados, Tomás Ruiz González, titular de SEFIPLAN; José Ramón Cárdeno Shaadi, exsecretario particular del hoy preso Javier Duarte, quien antes, fue funcionario en SEFIPLAN y Arturo Cárdenas Mateos, exprocurador de Asuntos Contenciosos de la Subprocuraduría Fiscal, quienes son los servidores públicos investigados y fueron exonerados para culpar a una empleada de menor rango, imputándole todos los cargos y sorpresivamente, ella actuaba de manera solitaria. Era el perfecto “chivo expiatorio” para el escándalo mediático y distraer atenciones en torno a la investigación y los verdaderos culpables.
Después de llevar un penoso y desgastante proceso, Deyanira obtuvo la absolución del delito de abuso de autoridad imputado, aunado al respaldo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al emitir a su favor la Recomendación 051/2016, el pasado 31 de octubre de 2016, la cual, da la razón a la víctima, apremiando resolver el recurso de impugnación. La Revista Proceso publica una extensa entrevista a Deyanira con la liga:https://www.proceso.com.mx/463644/exfuncionaria-paso-2-5-anos-en-la-carcel-exhibe-nuevas-irregularidades-en-tesoreria-duarte y en la misma, informa: “Resolver el recurso de impugnación de la víctima (Deyanira Hernández) por haber acreditado violaciones a los derechos humanos a la libertad, la integridad y seguridad personales de una mujer por hechos consistentes en detención arbitraria, retención ilegal e incomunicación atribuibles a tres agentes policiales de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), según data el expediente 51/2016, dirigida al fiscal del estado, Luis Ángel Bravo Contreras. La CNDH sostiene que hubo violaciones al debido proceso por parte de servidores públicos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJ), actual Fiscalía General del Estado y quien aletargó e hizo omisiones al expediente CNDH/2/2014/235/RI. Se pide reparar el daño a la víctima de forma integral mediante atención médica y psicológica, así como la compensación que corresponda en términos de la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz”…
Y cuando luchas por demostrar tú inocencia, ahora combates la omisión de exfuncionarios duartistas, quienes no quisieron indemnizarla, ni reinstalar a Deyanira, dejándola a la deriva y sin ejecutar la Recomendación arriba descrita. Deyanira Hernández García, en su carácter de víctima, actualmente está desempleada. Ni la SEFIPLAN, ni la FGE han podido o no han querido ayudarla. Las dos dependencias aseguran no contar con recursos para el pago de esa partida presupuestal, ni liquidar sueldos caídos y gastos de defensoría a favor de la víctima de esta injusticia. Y lo único que pide Deyanira es liquidarla conforme a la Ley. Si bien la Recomendación no le es vinculante a esta administración y no lo obliga a cumplirla, la situación de Deyanira es apremiante, pues durante su proceso legal no pagó mensualidades de su casa y ahora está a punto de ser desalojada, en el Juicio Especial Hipotecario 402/2014/VIII del Índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Xalapa, Veracruz….
“No omito señalar que quedó plenamente demostrada mi inocencia, tal y como consta en la resolución del 18 de marzo de 2016 dentro del Toca Penal núm. 1547/2015 de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el cual decreta la absolución del delito injustamente imputado… Motivo por el cual, solicito su ayuda e intervención con el Fiscal General del Estado a fin de que me otorgue el pago de la reparación del daño; de todo lo aquí plasmado, cuento con el soporte documental que avala mi dicho”, nos pide Deyanira.
Esperemos, que por fin haya justicia para esta víctima, de muchas que dejó Javier Duarte. Con Deyanira nos solidarizamos, pero también, la fe y constancia de su abogado Rafael Hernández Matías, fue inspiradora, pues siempre aseguraba una y otra vez, que su clienta era inocente. En ese entonces, nos tocó conocer este caso, cuando el mismo Rafa Hernández Matías llevaba la denuncia interpuesta por una servidora ante la PGR, sobre desvíos de recursos en contra del exsecretario de Salud de Veracruz, el hoy preso, Juan Antonio Nemi Dib.
Mi cariño y solidaridad para Deyanira y su familia, quienes merecen resolver su situación, esperando que la administración de Miguel Ángel Yunes Linares sea justa y corrija lo que siempre torció Javier Duarte y sus secuaces.
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