Las expectativas que creó Juan Antonio Aguilar Mancha como candidato se desvanecen una por una ante una gestión irresponsable y de simulación. Todavía no cumple 100 días en el gobierno municipal y se asoma un voraz alcalde embriagado de poder y extraviado por su ambición personal.
Instalado en el poder municipal lo primero que se le ocurre es chantajear a las empresas extranjeras que tienen firmado contrato con los tres niveles de gobierno, principalmente con el federal y el estatal. Ante esta situación el presidente municipal de este puerto exige convenios adicionales que le beneficien en lo particular y que tomen en cuenta a su gobierno como agente de negociación. A Juan Antonio Aguilar Mancha no le importa el desarrollo de Tuxpan sino las condiciones que ponga a los inversionistas.
Para hacer presión ante las empresas extranjeras se sirve de grupos de choque que él denomina pescadores y campesinos afectados por la instalación de las empresas que llegan a abrir fuentes de trabajo no solo en el puerto sino en toda la región norte del estado de Veracruz.
Para obtener beneficios personales, de grupo o partidistas, el presidente municipal de Tuxpan les echó a los ejidatarios de la región que atravesará el gasoducto, para enfrentarse con las empresas extranjeras como TransCanada, encargada de construir el gasoducto Texas-Tuxpan, obra que detona el potencial comercial del puerto.
Esto desmotivará a las empresas que tienen los ojos puestos en el puerto de Tuxpan, ya que podrán darse cuenta del chantaje que ejerce el alcalde sobre los inversionistas nacionales y extranjeros en un municipio que considera de su propiedad.
El presidente municipal de Tuxpan actúa como si fuera el dueño de las decisiones, sin tomar en cuenta al cabildo, que representa el equilibrio de fuerzas dentro de todo municipio. De esta manera violenta no solo el orden del municipio que es el núcleo de una democracia representativa, sino que atenta contra la legalidad.
Dentro de estas decisiones unilaterales, que deben ser revocadas por el resto de los ediles que conforman el ayuntamiento, está la decisión personal de contratar un despacho contable, de la ciudad de Xalapa, para que mensualmente audite los estados financieros y técnicos de la obra pública a realizarse, como si fuera el único responsable de los trabajos.
Contratos de esta naturaleza no hacen otra cosa que duplicar funciones que ya existen dentro de la estructura de gobierno, tal es el caso de Orfis, Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, que se dedica precisamente a las auditorías de los municipios, labor que realiza con pulcritud regularmente; sin embargo, este capricho, digno de dictadores, de otorgarle a una empresa privada las funciones naturales de la administración pública resulta por demás innecesaria, a menos que pueda obtener alguna comisión en su contratación, ya que dicha empresa le cobrará al municipio dos millones y medio de pesos anuales.
Otra de las instancias que tienen derecho a auditar el manejo de recursos de un municipio es el Congreso local, al que también se anula desde la necedad de este dictadorzuelo que hace de caprichos decisiones de gobierno equivocadas e ilegales.
Contratar al auditor de la administración local de manera privada se presta a suspicacias que ponen en duda la honorabilidad del presidente municipal y de la empresa contratada.
La decisión de la contratación del despacho particular es decisión del cabildo en pleno y tiene sus matices a la hora de aprobarse, sus condiciones, y precisiones que se estipulan en el contrato de cuyos puntos deben estar de acuerdo todo el cuerpo edilicio.
Los 2.5 millones de pesos anuales que cobrará ese despacho serán pagados en mensualidades, es decir, 208,333.33 pesos mensuales, que bien pueden orientarse a otras urgencias de un municipio que se asoma al desarrollo formando parte de los polos principales del comercio internacional.
Pero Antonio Aguilar no tiene conciencia del lugar que ocupa, simplemente actúa como considera que puede salir beneficiado, aunque con sus decisiones viole la ley hacendaria, como lo hizo, por ejemplo, con un grupo de comerciantes y locatarios de algunos mercados a quienes, en un afán por hacer proselitismo para el partido que lo llevó al poder, les perdona las multas, les rebaja impuestos y les desaparece recargos.
La ley dice que para autorizar una condonación se debe primero someter al cabildo la solicitud, después remitir el acta de cabildo a la legislatura y es la misma legislatura quien aprueba las condonaciones, no el municipio.
El 21 de marzo estaba programada una sesión de cabildo para discutir la posibilidad de solicitar un crédito por 30 millones de pesos a un banco, recurso que sería utilizado para la construcción de pisos firmes y compra de vehículos.
Ninguna de estas adquisiciones es prioridad. El alcalde dejaría como garantía al banco las ministraciones de las participaciones federales. Es decir, que el pago de la federación destinado al municipio se depositara en favor de una institución bancaria si no hay puntualidad en los pagos. Lo cual demuestra un total desconocimiento de su función como presidente municipal y la violación fragante a las leyes elementales de la administración pública.
La sesión de cabildo para discutir la aprobación del crédito no se llevó a cabo porque los mismos regidores que siempre le aprueban todo lo que se le antoja, le dijeron que no aprobarían endeudar más al municipio.
El alcalde nunca atiende a la gente que confió en él y le otorgó el voto, simplemente se niega atender audiencias públicas y su trabajo se limita a hacer negocios personales en nombre del poder que le otorga su cargo.
Se dice en los pasillos del palacio municipal que no hay quien ponga orden y que cada quien hace lo que quiere, que hay funcionarios que se sienten tan confiados que no lo obedecen ni a él.
Hay una falta de respeto total a quienes asisten a solicitar reunirse con el alcalde, pues a pesar de tener citas programadas los hacen esperar hasta más de 3 horas, o bien los obliga a concertar otra cita, y, a veces esos encuentros solicitados nunca se llevan a cabo porque no le da la gana, a Antonio Aguilar Mancha, atenderlos. Esta es la forma autoritaria de conducirse de quien desconoce sus funciones y las leyes que rigen su trabajo y el respeto de los tuxpeños. PEGA Y CORRE.- Ya son cinco los periodistas veracruzanos asesinados del territorio estatal durante la actual administración, esta vez la víctima fue Leobardo Vázquez Atzin, quien fue ejecutado en Gutiérrez Zamora, al norte de esta entidad. Cubría la fuente policíaca, y fue asesinado dentro de su casa. Sus allegados comentan que había sido amenazado de muerte y que había pensado en pedir ayuda y orientación para su protección. Los 22 asesinatos de periodistas ocurridos en los últimos 7 años han quedado en la impunidad en Veracruz…Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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