Lorenzo Portilla, sus auditores y sus despachos, todos deben ser investigados
Conforme se sumerge uno en los pozos oscuros de la fiscalización en Veracruz, se va descubriendo que el actuar del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz no fue sólo omisa ni negligente, fue indiscutiblemente cómplice. El Orfis tiene reglas muy claras sobre como debería ser su actuar. Su misión no deja duda de qué es lo que se espera de esta institución: “Hacer de la Fiscalización Superior el instrumento eficaz que estimule el control, la transparencia y la rendición de cuentas en los Entes Fiscalizables, dando cumplimiento al mandato legal que da origen a nuestra Institución”. Para estimular ese control, para obligar a esa transparencia, para exigir rendiciones de cuentas claras y justas, basta seguir al pie de la letra la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, basta seguir al pie de la letra los manuales, los planes estratégicos y los códigos de ética. Para conseguir que los recursos de los entes fiscalizables, sobre todo las dependencias de gobierno, se maneje con transparencia, basta con que se sigan las Reglas Técnicas de la Auditoría Pública.
El Orfis tiene además, como coadyuvantes despachos contables que supuestamente fueron elegidos por su profesionalismo y honradez. Ahí están en la página del Orfis los despachos contables que se encargaron de auditar a las dependencias de Javier Duarte. En el 2013 por ejemplo, en plena época duartista, se ocuparon los servicios de Técnica Aplicada de Asesoría y Supervisión, S.C.; Despacho Freyssinier México, S.C.; Despacho Freyssinier México, S.C.; C.P.C. René Melgarejo Argüelles; Técnica Aplicada de Asesoría y Supervisión, S.C.; Barreda Vázquez y Asociados, S.C.; Rodríguez Hernández Asesores, S.C.; GW Wolff Madrazo Consultores S.C.; Despacho de Asesores Profesionales, S.C.; Ing. José Manuel Carbajal; Despacho Integral de Contadores Asociados, S.C.; Auditorías y Consultorías, S.A. de C.V.; Arq. Francisco Manuel Sanchez Lajud. En la página del Orfis están todos los despachos que auditaron la administración de Javier Duarte.
Por ejemplo, para auditar a la Secretaría de Seguridad Publica, una entidad en la que se encontraron cientos de desfalcos que nunca fueron detectados, se buscó al despacho de Torres Peralta y Asociados. Salvador Torres Peralta fue administrador del Instituto Veracruzano de la Cultura, y en su momento un servidor señaló la corrupción a que se prestó ese servidor público quien tenía en nómina del IVEC a los trabajadores de su despacho. Torres Peralta fue uno de los secuaces del entonces contralor Ricardo “Wikipedia” Guzmán, quien lo hizo director de Auditoría Gubernamental. Pues este sujeto auditó en 2013 las cuentas de una de las Secretarías en las que más irregularidades se encontraron, una Secretaría que se convirtió en una cueva de asesinos y ladrones. ¿Dónde está Torres Peralta? Disfrutando del dinero que su despacho recibió por tapar los desfalcos de Arturo Bermúdez Zurita.
Los despachos contables seleccionados por el Orfis de Lorenzo Portilla tenían la encomienda de actuar como abogados defensores, de actuar como resanadores, como tapaderas de las estafas de muchos funcionarios públicos. Ninguno de estos despachos, incluyendo el de Torres Peralta, advirtió una sola empresa fantasma; ninguno advirtió el multimillonario desfalco que se estaba llevando a cabo; pero esos sí, el Orfis pagaba puntualmente a estos despachos que también fueron cómplices del robo del siglo.
Lorenzo Portilla y su Orfis tapadera no tienen excusa, si les pagaron o no para quedarse callados eso es otra cosa; nosotros creemos que sí les pagaron, porque nadie se presta de manera gratuita para encubrir los crímenes de otros. Aquí lo esencial es que el Orfis, teniendo las herramientas, los instrumentos jurídicos, teniendo la ley en la mano fue omisa, fue negligente y fue cómplice. Por cualquiera de estas razones Lorenzo Portilla debería renunciar: Ser omiso lo obliga a renunciar; ser negligente lo obliga a renunciar; ser cómplice lo obliga a renunciar.
Hay una Ley Federal de Responsabilidades Administrativas para Servidores Públicos, al parecer son los órganos de fiscalización los que utilizan esta ley para sancionar a todos aquellos que infringen las leyes en sus actividades como funcionarios públicos. Pero, ¿quién audita a los auditores? ¿Quién sanciona a los sancionadores? Es el Congreso del Estado el que debe iniciar una investigación seria no sólo a Lorenzo Portilla, sino a sus auditores que actuaban como abogados defensores de los funcionarios delincuentes y además a los despachos que no encontraron ninguna irregularidad cuando éstas estaban a la vista.
No hay que esperar a que Lorenzo Portilla renuncie por dignidad, está claro que Portilla no tiene dignidad y por ello no pretende renunciar.
Armando Ortiz [email protected]
