La versión de que el Gobierno del Estado se aprestaría a iniciar una nueva relación con algunos medios de comunicación de la entidad podría tener visos de cierto si se atiene uno a un decreto que publicó el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en la Gaceta Oficial del Estado.
El documento contiene un nuevo Reglamento para la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) que obliga al titular del área, en este caso a Elías Assad Danini, a propiciar y mantener una relación de respeto y apertura con periodistas y medios de comunicación.
Del decreto y del nuevo reglamento dio cuenta el reportero Jair García en una nota que publicó en La Jornada Veracruz el pasado 25 de febrero.
La relación del titular de la CGCS con periodistas y medios sería “en el ámbito del ejercicio de sus libertades de prensa y expresión”, y establecería realizar la contratación de espacios para la difusión de las obras del gobierno estatal, “sin que ello sea una condicionante para violar la libertad de expresión”.
Las acciones comprenderían a medios estatales, nacionales e internacionales.
Se estableció también que la Coordinación deberá participar en el proceso de difusión informativa, publicitaria y promocional de las actividades, obras y servicios de la administración pública estatal en los distintos medios de comunicación externos, “a través de la dictaminación sobre la adjudicación directa de los medios de comunicación para realizar dicha difusión, o la recomendación de la convocatoria a licitación, junto con la Unidad de Comunicación Interinstitucional o la Unidad de Redes”.
La nota de Jair García informa que dentro del nuevo reglamento se ordena a la CGCS supervisar que la imagen e identidad del Gobierno del Estado, “sea la de un gobierno incluyente, transparente, sustentable y respetuoso de los derechos humanos, comprometido con la igualdad de género y rendición de cuentas”.
“De igual forma, proveer a los medios de comunicación la información oficial que emite el Gobierno del Estado y generar los instrumentos, tiempos y espacios pertinentes a la difusión y promoción gubernamental, con respeto de la libertad de expresión y de prensa y los principios de imparcialidad y equidad que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de los que México es parte”.
A últimas fechas ha corrido la versión entre algunos periodistas de Xalapa y del puerto de Veracruz de que el gobierno panista estaría por iniciar la nueva relación con algunos medios y periodistas, incluidos algunos críticos, pero que no sería con todos, sino sólo con algunos. Se haría con nuevas reglas y criterios, totalmente ajenos a los que prevalecieron en la pasada administración.
Si la especie se confirmara, se entendería que llevaría un interés aparejado de intentar resaltar las acciones positivas que ha tenido la administración, que se han perdido o no han trascendido por la mala relación que hay con los medios o porque de plano no la hay, con el propósito también de influir indirectamente entre el electorado de cara a las elecciones del próximo 1 de julio.
Pero habrá que esperar para confirmar si ese es el propósito del decreto y del nuevo Reglamento.
Propuesta decorosa
No es una nota que escandalice y quizá por eso no ha tenido mayor repercusión, pero creo que es de la mayor trascendencia.
La reportera Ariadna Lezama Palma publicó en el portal alcalorpolitico.com que el presidente municipal de Naolinco, Roberto Carlos Reyes Aguilar, pidió al secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, que todo el calzado que utilice la policía estatal sea comprado a los fabricantes de Naolinco.
Lo dio a conocer porque informó que en este mes de marzo y en el de abril próximo se hará la licitación para la compra de zapatos para los elementos de seguridad, y que ya tienen un avance (se supone que de negociación) con el Secretario a efecto de que se les favorezca, incluso para surtir también a las policías municipales.
Dijo que los fabricantes de su municipio han cumplido con todos los lineamientos, esperan que les adjudiquen el negocio, e incluso aseguró que tienen la capacidad para surtir a policías de otros estados.
Creo que sin caer en un chovinismo provinciano de exaltar desmesuradamente los productos locales frente a los de otras partes del país, se debe privilegiar al zapato de Naolinco siempre y cuando cumpla sobre todo con el requisito de calidad y se ofrezca a un precio razonable.
Esa sería la mejor forma de demostrar que de veras se quiere reactivar la economía del Estado, las economías regionales, en tanto se genera la inversión en territorio estatal de grandes industrias y empresas para crear empleos que demandan con urgencia miles de veracruzanos.
¿Por qué no favorecer a los zapateros locales y evitar que una buena suma de dinero se vaya a otros estados? ¿Por qué no empezar por las pequeñas industrias para mantener el empleo y crear nuevos, así como para dinamizar la economía local?
En realidad lo que propone el alcalde naolinqueño debió haber sido siempre, pero lamentablemente ese tipo de compras se prestan y se utilizan para hacer negocios particulares, para que los Secretarios y sus administrativos caigan en casos de corrupción favoreciendo a vendedores y distribuidores foráneos a cambio de una jugosa comisión, aunque el producto sea de muy mala calidad como luego resulta, según he podido escuchar de policías a los que conozco.
Se trata ahora de zapatos, pero lo mismo podría ocurrir con las maquiladoras de ropa que hay en el Estado, que podrían fabricar y surtir los uniformes a los policías.
Según el munícipe han hablado ya con el Secretario de Seguridad, pero el campanazo lo podría dar el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares si autorizara, cuidando de no violar ninguna normatividad, que el negocio se le diera a los naolinqueños, lo que de paso seguramente le agradecerían los habitantes de ese municipio e incluso y en una de esas hasta ganaría votos para su causa, con lo que todos saldrían ganando.
El gobernante acabaría con los negocios que se han hecho en esa dependencia y ayudaría a que los policías recibieran calzado de buena calidad, pues los mismos agentes comentan que les entregan botas muy corrientes que en poco tiempo se rompen, con lo que los obligan a comprar con sus propios recursos unas de buena calidad que cuestan caras en tienditas que ponen los propios jefes policiacos, con lo que hacen negocio redondo.
Será interesante saber el resultado, pero se esperaría que el Gobierno del Estado favoreciera a los empresarios locales, ahora en el caso de fabricantes de calzado, pero podría extenderse a otros productos.
