El dinero público es, sin duda, la mayor arma de control de que disponen los políticos en México para premiar o castigar desde el poder a sus aliados y adversarios.
Con todo y los controles institucionales que en los últimos 20 años se han diseñado para la rendición de cuentas de los diferentes niveles de gobierno, el derroche del dinero público sigue siendo una constante, que ha alcanzado cúspides de corrupción increíbles, como la del sexenio de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, que ahora todo mundo señala y condena, pero que en su momento la mayoría de los medios y las instituciones no quisieron ver.
Precisamente, la perdición de Duarte y algunos de sus compinches vino por el lado del mal uso de los recursos federales que le fueron transferidos durante el periodo que gobernó Veracruz. Dinero etiquetado que fue desviado para los fines que ya conocemos.
Sin embargo, valdría la pena investigar el destino del dinero de libre disposición que le envió el Gobierno Federal a la administración duartista. Recursos que fueron –y siguen siendo- como una especie de regalo, pues a diferencia de las partidas etiquetadas, no hay que rendir cuentas sobre su aplicación. Podían –y pueden- hacer con ese capital lo que quisieran. Eso hicieron. Y valga decirlo, no sólo ellos.
De acuerdo con el informe “Arquitectura del Ramo 23” de la organización México Evalúa, durante el sexenio de Felipe Calderón el gasto promedio anual a través de programas discrecionales para las entidades federativas fue de 14 mil 230 millones de pesos, mientras que en lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha transferido a los estados más de 63 mil millones de pesos anuales, de los que nadie tiene obligación de responder.
Como era de esperarse, el caso particular de Veracruz es detallado en este estudio. México Evalúa destaca la variación en la transferencia de subsidios federales en función de la afinidad política, ya que durante el periodo del sexenio duartista que coincidió con el del panista Felipe Calderón en la Presidencia de la República, el Gobierno Federal no le transfirió ni un centavo de esta partida a la administración estatal.
Esa situación cambió radicalmente una vez que asumió el poder Enrique Peña Nieto. En 2013, el Gobierno Federal transfirió 569 millones de pesos de disposición libre al gobierno de Javier Duarte; en 2014, la cifra se elevó a mil 273 millones. Pero para 2015, año en que hubo elecciones federales intermedias, el duartismo recibió la colosal cantidad de cuatro mil 129 millones de pesos.
Ese año, a pesar de que Veracruz ya era un completo desastre financiero y de inseguridad, el PRI arrasó en los comicios federales que renovaron la Cámara de Diputados, en algunos distritos con votaciones que rayaban en la histeria, de tan irracionales.
Para 2016, ya en plena debacle política, el duartismo todavía recibió dos mil 346 millones de pesos, que quién sabe a dónde fueron a parar, porque el PRI perdió la gubernatura de Veracruz.
El derroche de dinero público es una práctica que merece ser llamada como lo que es: corrupción, a secas. Y debiera ser castigada. Empero, no sólo no se ha detenido, sino que permanece intacta, con todo y los cambios políticos en las entidades.
El estudio revela que durante 2017, ya con el panista Miguel Ángel Yunes Linares como gobernador, su administración recibió mil 785 millones de pesos para uso discrecional. Ese año, la coalición PAN-PRD se alzó con importantes triunfos en las elecciones municipales en Veracruz. Habría que revisar a cuánto ascienden esos recursos en 2018.
Por cierto, las partidas que integran el discrecional ramo 23 son las de Contingencias Económicas, Programas Regionales y Fortalecimiento Financiero (Fortafin). Precisamente, los mismos programas que de acuerdo con el informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre la Cuenta Pública de 2016, sirvieron para financiar el ostentoso –y sobregirado al triple en su gasto de construcción- “Foro Boca”, “orgullo” de la casta gobernante en el estado.
La “caja negra” del presupuesto federal es una carta blanca para derrochar que se le da a todos los partidos. La obscenidad es compartida.
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