La comparecencia ante diputados locales del fiscal general del estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, fue profundamente reveladora en cuanto a los usos del régimen del “cambio” para simular la justicia y amedrentar a los críticos. Incluidos los de casa.
Más allá de las cifras alegres de la Fiscalía, lo que quedó de manifiesto es que sólo se informa de lo que se quiere informar, mientras que los números que resultan comprometedores para el gobierno estatal se omiten o se ocultan de plano, con todo y la supuesta “autonomía” –que sólo existe en el papel- del organismo.
Así, al fiscal Winckler –quien es un abogado habilidoso y conocedor del derecho, eso no podría negársele- se le “olvidó” llevar a su comparecencia algo de semejante obviedad como las cifras oficiales sobre los homicidios registrados en el estado de Veracruz durante 2017.
Y no es porque no cuenten con esos datos. De hecho, remitió a los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin molestarse en precisarlos. Por una simple y sencilla razón: representan diáfanamente el fracaso de la estrategia de seguridad del presente gobierno.
Las cifras que no quiso mencionar el fiscal colocan a Veracruz en el quinto lugar nacional en número de homicidios, con dos mil 385 asesinatos denunciados ante autoridades ministeriales.
El fiscal Winckler tampoco precisó el número oficial de feminicidios reconocidos como tales por el gobierno estatal. Hay que recordar que en más de una ocasión, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ha rechazado las cifras de asesinatos de mujeres por su condición de género contabilizadas por organismos académicos.
De acuerdo con el proyecto “Asesinatos de Mujeres y Niñas por razón de Género. Feminicidios en el estado de Veracruz” de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, la entidad cerró 2017 con 177 asesinatos de mujeres que cumplen al menos con una de las razones de género señaladas en el Código Penal local. Pero a pesar de haber tenido una inmejorable oportunidad para refutar estos números, presentando los datos oficiales de la Fiscalía, Jorge Winckler prefirió omitirlos.
Para colmo, lo que en realidad dio “la nota” a los medios durante la comparecencia del encargado de la procuración de justicia en el estado fueron dos hechos bochornosos. Por un lado, la protesta dentro del recinto de un ex candidato a alcalde que fue secuestrado hace medio año, en plena campaña en el municipio de Chicontepec, y que acusó al fiscal de tener “congelada” la investigación de su caso.
Y por otro, y para mayor vergüenza, la diputada local del PAN, Cinthya Lobato Calderón, denunció ante el mismo Winckler Ortiz haber recibido amenazas de parte de otra diputada de su mismo partido –presumiblemente María Josefina Gamboa, de quien el hoy fiscal fue abogado defensor- para que no le hiciera preguntas “incómodas” al funcionario. “Usted señor fiscal, no necesita defensores. Usted no necesita comparsa ni monitos cilindreros”, le espetó en su cara la legisladora.
Lo que Veracruz necesitaría es un verdadero y autónomo fiscal. Pero por desgracia, lo que hay es un simulador más.
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