La mesa está puesta para que el yunismo gobernante se despache el “tamal” en el que convirtieron el proceso para erigir al Sistema Estatal Anticorrupción.
Primero, en octubre del año pasado, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares promulgó la reforma constitucional que sentó las bases para la creación del nuevo entramado legal e institucional y firmó un paquete de iniciativas para su reglamentación. Y desde el inicio, la semilla de la simulación fue sembrada.
En la reforma constitucional, se estableció que la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción esté subordinada a la Fiscalía General del Estado. Es uno más de sus apéndices, lo que de suyo le quita cualquier viso de autonomía.
De hecho, el texto constitucional reformado señala que “el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción durará en su encargo cinco años, sin perjuicio de que pueda ser removido libremente por el Fiscal General del Estado, siempre y cuando se actualice alguna de las causales que se establezcan en la ley para tal efecto”.
Si el Fiscal Anticorrupción es un empleado más de la Fiscalía –autónoma en el papel, servil y genuflexa con el Ejecutivo en los hechos actualmente-, ¿cómo podría entonces investigar hechos de corrupción que pudieran involucrar a ese mismo órgano, por ejemplo? Ya no digamos a un funcionario de mucho mayor peso político, como un gobernador.
Por eso es que ya ni siquiera extraña la burda maniobra del régimen, que al igual como colocó incondicionales en el Tribunal de Justicia Administrativa y en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Datos Personales, y pretende hacerlo con los nuevos magistrados del Poder Judicial estatal y con los contralores internos de los organismos autónomos, busca hacer Fiscal Anticorrupción a alguien que ahora mismo ya es un empleado de la Fiscalía: Marcos Even Zamudio Torres.
En mayo del año pasado, este personaje fue nombrado visitador general de la Fiscalía General del Estado por el titular del organismo, Jorge Winckler Ortiz. Y es tan obvio el “tamal”, que más de un diputado local –del PAN, por supuesto- ha salido a justificar la manera como se desarrolla el proceso de “auscultación”, cuando ya se da como un hecho que el “bueno” –sólo por aquello de que es el elegido- será Zamudio Torres.
Por cierto, se trata del mismo Marcos Even Zamudio Torres que durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa se desempeñó como director jurídico del comité organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014, uno de los más grandes pozos de corrupción del anterior gobierno, y en el cual, curiosamente, ni el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ni su fiscal “autónomo” Jorge Winckler, se han ocupado por meterse a investigar nada, a pesar de que desde ese entonces se documentaron las interminables irregularidades y desvíos de recursos.
Nada de eso parece acongojar al fiscal Winckler, quien ya ni siquiera se ocupa por cuidar las formas y se da tiempo para dejarse ver en público con Zamudio Torres, departiendo en restaurantes.
La desfachatez y cinismo con que el régimen yunista pisotea su propio discurso de cambio sólo es comparable con la del duartismo, que cuando perdió las elecciones de 2016 intentó construirse un sistema anticorrupción a modo para evitar que se llamara a cuentas a los saqueadores. Si no lo hizo fue porque el Gobierno Federal ya no lo permitió, tras la derrota electoral en Veracruz.
Pero parece que los yunistas son más previsores. Están armando su propio sistema anticorrupción antes de las elecciones. Por si llegase a ofrecerse.
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