La aprobación de la Ley de Seguridad Interior que regula la actuación de las fuerzas castrenses en tareas de seguridad pública ha generado más dudas que certezas sobre lo que implicará para la vida de la población civil de la República Mexicana.
Por un lado, era imposible continuar en la indefinición respecto del papel que tanto el Ejército como la Marina desempeñan en el combate a la delincuencia. Ese limbo legal dio lugar a incontables abusos y violaciones de derechos humanos a lo largo de los últimos once años, desde que el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa sacó a los militares de sus cuarteles para enfrentar al crimen organizado, que tenía (¿o tiene?) completamente colonizadas las fuerzas policiacas locales y federales.
Sin embargo, el texto de la ley referida aprobado en la Cámara de Diputados la semana pasada y que será discutido en la de Senadores, ha provocado el rechazo de diversos organismos de defensa de derechos humanos y civiles, que consideran que se trata de una claudicación del gobierno federal ante la casta militar.
Entre los aspectos más controversiales del ordenamiento que han destacado diferentes agrupaciones se encuentran el que se permite la intervención militar en áreas de inteligencia civil; se deja a criterio de las fuerzas armadas definir cuándo una manifestación social de protesta es o no pacífica para decidir intervenir; no impone límites de tiempo a las intervenciones y afectaciones de las declaratorias de seguridad interior; no obliga a las autoridades estatales y municipales a fortalecer ni preparar sus cuerpos de seguridad pública conforme a metas; y fomenta una discrecionalidad que caracteriza casi cualquier cosa dentro de la figura de riesgo para la seguridad interior.
Varias de las prácticas contempladas en la ley ya se llevan a cabo, sólo que sin un respaldo legal. De ratificarse en sus términos, las fuerzas castrenses podrían actuar sin temer a consecuencias legales posteriores –lo cual ha sido su principal reclamo-, pero al mismo tiempo sería prácticamente imposible fincarles responsabilidades por violaciones a derechos humanos tales como torturas, ejecuciones extralegales, ultrajes, represión de protestas, etcétera.
A grandes rasgos, lo que se critica fuertemente es que en los términos en que fue aprobada por los diputados federales, la Ley de Seguridad Interior provocaría la militarización del país y la perpetuación de la hasta ahora fallida “guerra” contra el crimen organizado.
Esto, a pesar de que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han hecho recomendaciones al gobierno mexicano en sentido completamente inverso. La CIDH pidió “desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de éstas por parte de las policías civiles, a la par con el fortalecimiento de la capacidades de la policía para realizar tareas de seguridad pública”.
“Es imperativo que el Estado mexicano reafirme su compromiso con los derechos humanos atendiendo las recomendaciones y los llamados de las organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de organismos internacionales. Por ello el Estado debe evitar la militarización de la seguridad pública, adoptar las medidas necesarias para fortalecer la policía, y garantizar un sistema de justicia autónomo e independiente”, demandó la CIDH este lunes 4 de diciembre.
La inseguridad y la violencia que campean en todo el país han puesto al descubierto la incapacidad de las autoridades de todos los niveles para hacerles frente. Y por ello desean que sean las fuerzas castrenses las que asuman una responsabilidad para la cual no están preparadas, pues su adiestramiento está dirigido al exterminio del enemigo, no a la prevención de los delitos.
Lo que quieren es una ley que respalde la aplicación de la mano dura en México. No por nada gobernantes como el veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares, están completamente a favor.
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