Este miércoles 29 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la reserva a la información sobre la difusión de mensajes sobre programas gubernamentales realizada por la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Veracruz.
Como se ha mencionado antes en la Rúbrica, la reserva de la información sobre el gasto en publicidad del Gobierno del Estado data de la administración de Fidel Herrera Beltrán. Reserva que fue ratificada a principios del sexenio de Javier Duarte de Ochoa, y cuyo “argumento”, absolutamente falaz pues se trata de recursos públicos, era que proporcionar esos datos pondría en “riesgo” la estabilidad del estado.
En agosto de 2013, el hoy gobernador Miguel Ángel Yunes Linares solicitó la información sobre el gasto en publicidad gubernamental estatal en medios de 2010 a 2013, la cual obviamente le fue negada, al estar vigente dicha reserva, mediante una resolución del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información emitida el 5 de noviembre de 2013, cuando este organismo era presidido por Luis Ángel Bravo Contreras, quien a la postre sería nombrado fiscal general del estado por Javier Duarte de Ochoa.
Yunes Linares presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte que, cuatro años después, resolvió lo que era más que obvio: que sí era inconstitucional dicha reserva.
Los voceros y corifeos del régimen yunista exaltaron la decisión de la SCJN como una especie de “triunfo” de Yunes Linares. Que sí podría haberlo sido, de no ser porque ya existía otra sentencia previa, que ordenaba hacer pública esa información y que data de hace poco más de un año.
El 12 de octubre de 2016 -el mismo día que Javier Duarte de Ochoa anunció que pediría licencia como gobernador- el IVAI, ya para entonces presidido por Yolli García Álvarez, revocó el acuerdo de reserva y en sesión del 9 de noviembre ordenó a la Coordinación General de Comunicación Social que proporcionara el detalle del gasto en publicidad oficial del Poder Ejecutivo, especificando el nombre de los medios de comunicación contratados, número de contrato, concepto, campañas y montos. A partir de esta determinación, el IVAI ha expedido 13 resoluciones en el mismo sentido.
Sin embargo, hasta este miércoles, esa información continuaba siendo todo un misterio, pues por causas incomprensibles, el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares se negó a proporcionarla a varios peticionarios, justificándose en la primera sentencia del IVAI, la de 2013. La que el propio Yunes combatió.
Por ejemplo, se presentaron solicitudes de información sobre los convenios con medios de comunicación y gasto ejercido para promoción institucional del Gobierno de Veracruz de 2011 a 2016, registradas bajo los expedientes IVAI-REV/938/2016/III e IVAI-REV/868/2016/I. En ambos casos, se ordenó que se proporcionaran los datos sobre los gastos ejercidos.
Así que la actual administración estatal no tendría por qué haber retrasado la entrega de esa información, ya que no estaba sujeta a que la Corte fallara primero respecto de la controversia constitucional presentada en 2013, pues era aplicable desde hace más de un año el nuevo criterio del IVAI, más garantista y de máxima publicidad.
A partir de entonces y a la fecha, se han presentado cinco recursos de revisión ante el IVAI en contra de la Coordinación General de Comunicación Social, de los cuales, tres ya se cumplieron, y corresponden a información de la administración de Javier Duarte.
Dos más aún están en etapa pendiente de cumplimiento. Y corresponden a información sobre el gasto en publicidad gubernamental de la administración de Miguel Ángel Yunes, que según lo informado durante su comparecencia ante diputados locales por el coordinador de Comunicación Social, Elías Assad Danini, apenas ronda los tres millones de pesos, entre medios de comunicación y redes sociales. Monto que resulta inverosímil, rayando en lo ridículo.
Y para abonar más a la desconfianza, mientras en el primer informe de gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares se reporta que el gasto en promoción y publicidad gubernamental del duartismo ascendió a unos ocho mil 500 millones de pesos, durante la misma comparecencia, Elías Assad aseguró que era por más de 13 mil millones. En menos de dos semanas, entre la entrega del informe y la glosa, el gasto se infló en aproximadamente cinco mil millones de pesos, sin una explicación convincente del porqué
Así la rendición de cuentas a conveniencia del régimen del “cambio”.
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