No es exagerado calificar como histórica la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que este 15 de noviembre ordenó al Congreso de la Unión expedir una ley en la que se regule el gasto en publicidad oficial de gobierno.
Dicha sentencia busca darle cumplimiento a la reforma constitucional publicada el 10 de febrero de 2014, que estableció que antes del 30 de abril de ese mismo año el Congreso de la Unión debía expedir la legislación en materia de publicidad oficial, lo cual evidentemente fue incumplido por los legisladores, pues casi cuatro años después de esa reforma, el país continua sin regulación alguna para el gasto gubernamental en los medios de comunicación.
Por el contrario, la discrecionalidad y la arbitrariedad en la asignación de pautas publicitarias es la marca distintiva de las tareas de comunicación social, con especial énfasis en las entidades federativas, donde el gasto en medios es tradicionalmente un instrumento de coacción para comprar plumas, líneas editoriales y voluntades periodísticas.
El caso de Veracruz en materia de dispendio en recursos destinados a medios de comunicación es emblemático. Durante los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y de Javier Duarte de Ochoa, el derroche en la prensa “aliada” se tradujo en alabanzas sin límite ni pudor para los gobernantes en turno, ocultamiento de la realidad, censura y ataques para los adversarios políticos y los críticos. Todo, patrocinado con dinero público.
Mientras que se desconoce por completo a cuánto ascendió el gasto gubernamental en medios de comunicación durante el sexenio de Herrera Beltrán –éste clasificó esa información como reservada desde entonces-, lo que se sabe de los convenios del duartismo nos puede ayudar a darnos una idea de la magnitud del despilfarro. La administración de Javier Duarte gastó más de ocho mil millones de pesos en publicidad oficial, según las estimaciones a partir de los datos disponibles. Aunque tampoco hay certeza plena, pues el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares se ha negado sistemática e injustificadamente a transparentar esos datos.
La sentencia de la Corte determinó que la omisión del Congreso para expedir la ley que debió legislar desde hace casi cuatro años “viola la libertad de expresión, de prensa y de información”, y establece un criterio más que relevante a partir del cual se debe normar la relación prensa-gobierno: “este derecho requiere de medios de comunicación libres, que transmitan a los ciudadanos todo tipo de opiniones, para lo cual, es necesario que cuenten con ingresos económicos suficientes. La ausencia de regulación en publicidad oficial propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en comunicación social, con lo que se restringe indirectamente la libertad de expresión”.
Y así como Fidel Herrera y Javier Duarte dilapidaron el dinero para que en la prensa escrita y electrónica se les ensalzara, en el otro extremo, Miguel Ángel Yunes Linares cortó cualquier tipo de relación comercial con los medios de comunicación locales –o más bien, con algunos- con la intención de tomar revancha de aquellos que en el pasado se prestaron para atacarlo por consigna o que ahora lo critican con razón, sin importarle su obligación de informar sobre sus actos de gobierno de manera equitativa y plural. A fin de cuentas, es la misma discrecionalidad y arbitrariedad, sólo que en sentido inverso.
La Corte ordenó al Congreso de la Unión legislar en la materia antes del 30 de abril de 2018. Será deseable que además de establecer criterios claros para la asignación de la publicidad oficial, que tomen en cuenta el tiraje, la penetración y la influencia regional de los medios, también se incluyan aspectos como el condicionamiento de la compra de espacio a aquellas empresas mediáticas que incumplan con las obligaciones laborales mínimas para con sus empleados –una de las grandes asignaturas pendientes en la profesionalización de la actividad periodística-, así como para las que no respeten los derechos de las audiencias y se dediquen a publicar basura, como la que circuló a mares en Veracruz durante el fide-duartismo, y que ya brota también de los textoservidores de la era del yunismo.
Porque para aspirar a ser verdaderamente un país democrático, es imperativo cerrar el pozo sin fondo de la relación prensa-gobierno. Como lo señaló la revista etcétera desde hace por los menos doce años, es una razón de Estado.
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