Para nadie es un secreto que el presidente municipal de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, está en abierta precampaña para posicionarse políticamente a nivel estatal.
En la entrega de la Rúbrica del pasado 3 de octubre, dimos cuenta de las giras que desde pocos días antes el edil comenzó a realizar por diferentes municipios de la entidad, so pretexto de presentar a los alcaldes electos sus “experiencias exitosas” al frente del Ayuntamiento de Boca del Río. Pero que en la realidad, no son otra cosa que actos anticipados de campaña disfrazados. La simulación de siempre a la que la clase política, sin distinción de partidos, nos tiene acostumbrados.
Tanto así, que el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, a través de su Comisión de Quejas y Denuncias, impuso medidas cautelares a Yunes Márquez para que “se abstuviera en sus actividades de hacer alguna manifestación de la cual se pudiera desprender o presumir que pretende posicionarse a otro cargo político”. Lo cual es precisamente lo que ha hecho desde que arrancó con sus giras de fin de semana.
Sin embargo, y para escarnio de la autoridad electoral, el Tribunal Electoral de Veracruz dejó sin efecto dichas medidas cautelares, bajo el argumento de que Yunes Márquez no hace promoción velada de su imagen, dejando con esa decisión abierta de par en par la puerta para la ilegalidad en el proceso electoral estatal, cuya fase de organización arranca este miércoles 1 de noviembre.
Miguel Ángel Yunes Márquez está en su derecho de tener aspiraciones políticas, como cualquier ciudadano de este país. Empero, lo que es injustificable, por un lado, es que alguien que aspira, ni más ni menos, que a gobernar a un estado de la República como Veracruz, le dé la vuelta a la legalidad de manera descarada para promoverse públicamente, buscando engañar a los ciudadanos ante la pasividad, si no es que contubernio, de las autoridades electorales.
Por otro lado, y aún peor, es el hecho absolutamente condenable de que para conseguir ese propósito, Yunes Márquez se aproveche de ser el hijo del gobernador de Veracruz, y que a su vez éste disponga de los recursos del estado para impulsar lo que a todas luces no es sino el proyecto político de una sola familia por hacer de la entidad su feudo particular, como ya lo ha logrado hacer con la zona del puerto de Veracruz y Boca del Río.
El apoyo del padre al hijo no es una suposición. Cada que puede, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares lleva a su vástago a eventos públicos de la administración estatal en los que le concede posiciones de privilegio en los estrados, aun cuando el acto no se celebre en el municipio que Yunes Márquez aún dice que gobierna, ni se justifique su presencia en su calidad de alcalde.
Y eso es lo más grave. Que se pretenda una sucesión dinástica en Veracruz bajo la excusa de “que sea la gente la que decida”, pero para ello se disponga –o se desvíen- recursos del estado, en especie, en capital humano e incluso en dinero público. Y que mientras eso sucede, la entidad esté al garete en su gobernabilidad, ya que el encargado de llevar las riendas de la autoridad está ocupado en impulsar, con todos los instrumentos del poder, la aventura política de su vástago.
La perpetuación de un proyecto político familiar no fue el cambio por el que los veracruzanos votaron en 2016. Pero parece que el nuevo grupo gobernante quiere hacer de Veracruz una monarquía platanera que lleve su apellido.
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