La destitución del fiscal electoral, Santiago Nieto, no debe ser ajeno al interés de los veracruzanos. Entre sus responsabilidades determinó órdenes de aprehensión contra Javier Duarte de Ochoa por el delito de desvío de recursos públicos a campañas electorales.
Tal vez ese fue el primer pecado cometido por el fiscal en medio de un mar revuelto en el mundo de la injusticia mexicana.
También exigió la detención del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, otro de los intocables por el poder actual.
Santiago Nieto Castillo, fue destituido luego de revelar que el ex director general de Pemex, Emilio Lozoya, trató de obligarlo a exonerarlo de los cargos que se le imputaban en su área de trabajo, porque es sospechoso, y cada día lo es más, de desviar recursos de Odebrecht al PRI.
Para ser fiscal de los hechos e investigaciones electorales se requiere del consenso del Senado de la República, que determina al procurador de asuntos electorales, luego de la presentación de una terna; sin embargo, el encargado de hacer justicia electoral ahora es destituido por un procurador general de la república suplente, cuyo cargo nadie ha otorgado más que la ley orgánica de dicha dependencia.
La PGR removió a Santiago Nieto Castillo de su cargo como titular de la Fepade “por faltar al código de conducta de la dependencia”.
Dos días antes, Nieto reveló en una entrevista que Emilio Lozoya Austin, lo presionó para que declarara públicamente su inocencia por presuntos desvíos de Odebrecht a su partido.
Lozoya le envió una carta para evitar que se le inculpara en el desvío de recursos para el PRI durante la campaña presidencial de 2012. La carta se asemejaba más a un currículum que a una solicitud de perdón.
Al saberse la noticia, se buscó en el Código de conducta de su organismo la alteración de la conducta y se le destituyó sin mayor explicación de fondo. Desde luego que de inmediato surgieron defensores de la medida, la mayoría de ellos incrustados en el ejercicio del poder, es decir en la administración pública.
De esta manera el panista Diego Fernández de Cevallos, que nunca da la cara, representante del líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, ante el Frente Ciudadano, se atrevió a asomar la cabeza y dejar la evidencia de su apoyo a la decisión del procurador suplente, Alberto Elías Beltrán.
Hay quienes afirman que las decisiones tomadas por Beltrán carecen de validez, luego de ver la desproporción de la medida ante tal violación a los estatutos de su cargo. La visceral respuesta de una administración que considera una osadía cualquier filtración de información que exhibe las corruptelas de su estirpe, no se hizo esperar.
La intempestiva renuncia del titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, en medio del debate sobre la designación del Fiscal General de la República, que durará en el cargo nueve años, y la inmediata aparición de Alberto Elías Beltrán, quien por estatutos internos se convirtió en un improvisado y obediente “Abogado de la Nación”, hacen ver la procuración de justicia en el país como una más de las improvisaciones de un régimen que no ha podido tener un solo acierto en casi cinco años de gobierno, sobre todo en la aplicación de justicia y el combate a la corrupción.
En este panorama dentro de la administración de justicia y en medio de una expectativa de combate a la corrupción, promesa que fuera bandera de la campaña de proselitismo de Enrique Peña Nieto no cumplida, vemos que el único personaje que se tomó en serio la lucha contra la corrupción fue Santiago Nieto y por ello fue cesado.
El diario brasileño O’Globo reveló el 13 de agosto que el director de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, declaró que “los pagos comenzaron en marzo de 2012, cuando Lozoya era uno de los principales integrantes de la campaña de Enrique Peña Nieto”.
En febrero de 2015, Santiago Nieto solicitó dos órdenes de aprehensión contra los ex gobernadores César Duarte, ahora prófugo de la justicia y Javier Duarte, detenido sin juicio ni sentencia.
El 15 de junio, la Fepade abrió una investigación en contra de Javier Duarte de Ochoa por el desvío de mil 300 millones de pesos del erario del gobierno del estado de Veracruz.
Así, Santiago Nieto fue removido de su cargo por Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en funciones de Procurador, quien aseguró que la destitución se realizó “de conformidad con lo dispuesto por los artículos 30 de la Ley Orgánica de la PGR y 137 de su Reglamento”.
Por si fuera poco, la PGR reiteró en un boletín de prensa que su compromiso es vigilar que las actuaciones de los servidores públicos sean apegadas a la legalidad y ética institucional, así como a las disposiciones de la investigación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, protegiendo en todo momento los derechos humanos de la sociedad en su conjunto.
La PGR no es lo mismo que el procurador, ni el procurador interino tiene las facultades totales de un procurador si no ha sido ratificado por el Senado, de tal manera que dicha disposición de despido no es válida.
El Senado tiene veinte días para ratificar el nombramiento del suplente, pero no lo ha ratificado y en virtud de esto, y no cumplir con los requisitos que establece el Artículo 102 Constitucional; para ser Fiscal General de la República se requiere: contar con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho”, y él cuenta con seis años de antigüedad profesional; porque su cédula profesional es de 2011, le faltarían cuatro años, habría que ver si el Senado, no obstante el mandato Constitucional, ratifica como suplente a alguien, que aún no cumple con los requisitos, lo que sería un mal precedente violatorio de la norma. PEGA Y CORRE. – Durante el último año de su Gobierno, Javier Duarte de Ochoa y su equipo de colaboradores realizaron un daño patrimonial en la Cuenta Pública de Veracruz por 12 mil 592 millones 249 mil 805 pesos con 29 centavos. De los cuales, 718 millones 497 mil pesos corresponden a daño en ayuntamientos y 11 mil 873 millones 752 mil 609 pesos con 80 centavos, en Cuenta Pública Consolidada. Las observaciones más sólidas son tres: la Coordinación de Comunicación Social en los tiempos de Alberto Silva, por 2 mil 268 millones de pesos; otra de 2 mil 257 millones a recursos para los ayuntamientos que les fueron retenidos, y no aparecen; y la tercera por mil 249 millones de pesos a más de 20 dependencias estatales que pagaron sobrecargos por multas y créditos fiscales, todas, por no haber contado con el pago en tiempo y forma… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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