La mejor manera de hacer olvidar algo, es colocar en su lugar similitudes. Así, en el eterno juicio contra Javier Duarte, los sucesos que le precedieron dentro y fuera de la entidad veracruzana le han servido de puente para dejar atrás ese amargo recuerdo.
Aunque los veracruzanos quisieran olvidar la mala experiencia de haber padecido un mal gobernante, el peor de todos, no pueden porque ven las repercusiones de ese mal momento en sus bolsillos, en la falta de oportunidades para sus hijos en las universidades, en la carencia de recursos de los jubilados, en la reducción de turismo, en el empobrecimiento de una clase media pujante y creativa que impulsaba muchos de los servicios en los que Veracruz era vanguardia.
Es así como el juicio contra el ex gobernador parece ya no ser una prioridad para las autoridades judiciales de México.
A pesar de que el fiscal del estado ha sido especialmente insistente en fortalecer pruebas contra el ex gobernador, autoridades superiores se empeñan en congelar el caso.
La primera revisión del caso en manos de un juez federal aún no ha sido concluida. El proceso penal se haya extraviado entre la impunidad y la burocracia de un procedimiento que pareciera depender de instancias extrajudiciales y no de la aplicación de la justicia.
Ni siquiera se deslinda si hay delito o no todavía. Mientras que la fiscalía del estado lo señala como responsable de desviar, por lo menos, 220 millones de pesos y de usar un helicóptero oficial para escapar, las autoridades federales, donde se ventila el caso, no saben por dónde comenzar a definir la situación legal del ex gobernador.
Según el portal Animal Político el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México inició en agosto pasado una revisión del caso, luego de que los abogados del ex gobernador promovieron un recurso de inconformidad contra la suspensión definitiva que un juez de amparo le había concedido a su cliente.
Los abogados defensores de Duarte parecen llevar la batuta en el caso, ellos aseguran que las acusaciones de la Fiscalía de Veracruz que derivaron en las dos órdenes de aprehensión y por ende en la extradición de su cliente, no están bien fundamentadas. Señalan que la Fiscalía del Estado y los jueces locales no contaban con los fundamentos y la motivación necesaria para proceder por los delitos que le imputan, lo que equivale a una presunta violación al artículo 16 constitucional.
Esta condición interpuesta por los defensores aplaza investigaciones y juicios, así como declaraciones y pruebas. Desde el momento en que la PGR se hace cargo del caso, no existe delito grave que perseguir y sólo debe pagar una fianza para salir. Pero esto todavía no lo decide ningún juez porque significaría hacer perder votos al PRI.
Todo hace suponer que se le estará dando largas al proceso hasta después de las elecciones presidenciales del próximo año, después, con la distracción de la nueva administración la noticia aparecerá en un rincón de los medios anunciando su libertad.
Las acusaciones tienen que ver sólo con la fuga del país y el presunto manejo indebido de recursos públicos.
Los otros delitos, como abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición, son simples anécdotas en el mundo de la corrupción y la impunidad.
Si no hay nada que reportar sobre el caso legal de Duarte, los medios no tienen información que difundir. De tal suerte que mantener estancado el procedimiento legal, es una estrategia que encamina a Duarte de Ochoa hacia la libertad.
La PGR no tiene prisa por llevar a cabo el juicio contra Duarte, los delitos requieren de pruebas, testimonios, declaraciones confesiones, y una serie interminable de papeleo. Los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada son prácticamente solucionados como trámites burocráticos, donde la manipulación del caso puede ser tan grande como los beneficios brindados al acusado, quien pareciera seguir riéndose desde su jaula.
La naturaleza con su fuerza y saña parece haber querido ocultar entre los escombros de un sistema de justicia caduco y corrompido la mayor vergüenza en la administración pública de Veracruz.
La furia de los huracanes y los distractores que el sistema electoral brinda sin control alguno, parecieran intentar hacer olvidar el caso de Javier Duarte que se encamina hacia la impunidad, en una burla a la dignidad de los mexicanos y un gran menosprecio a su memoria. PEGA Y CORRE. – La impunidad del caso tiene su precedente en la libertad que gozan los cómplices de Javier Duarte, muchos de ellos escudados en el fuero que les otorga la diputación federal y local, no sólo del mismo partido de Duarte, que es el PRI, sino de su organización satélite, el Partido Verde. Ahí está Alberto Silva Ramos, diputado federal por el Distrito 3, acusado de diversos delitos desde que fue presidente municipal de Tuxpan, ciudad donde se pasea últimamente para medir la memoria de los tuxpeños, pero hay otros como Adolfo Mota Hernández, diputado federal por el Distrito 8 de Veracruz; Edgar Spinoso Carrera, diputado federal por el Distrito 7; Noemí Guzmán Lagunes, diputada federal por el Distrito 9; Antonio Tarek Abdalá, diputado federal por el distrito 17; y otros que no tienen fuero como legisladores pero están protegidos por una mano invisible pero muy claramente ubicada, como Moisés Mansur Cysneiros, José Juan Janeiro Rodríguez, Rafael Gerardo Rosas Bocardo, entre otros… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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