Mientras en los medios y en las redes se daban debates bizantinos –y algunos ciertamente bizarros- sobre si los hombres pueden y/o deben acompañar a las mujeres en las protestas públicas, o bien si un feminicidio era más importante que otro, en Veracruz este fin de semana otras cuatro mujeres fueron asesinadas. Impune y brutalmente.
Dos mujeres fueron privadas de la vida en Pánuco, al norte del estado. Otra en Las Choapas, en la zona sur. Una más en Orizaba. Todas, en medio de las marchas de protesta por el asesinato en Puebla de la estudiante xalapeña Mara Fernanda Castilla Miranda.
Con estos crímenes, el número de mujeres asesinadas en territorio veracruzano en lo que va del año 2017 aumentaría a 173. Una auténtica masacre que ya debería haber provocado un escándalo internacional, pero cuyos efectos mediáticos y sociales son contenidos desde el poder político, que con enviar condolencias y anunciar que se aplicará “todo el peso de la ley”, siente que se lava la cara y continúa en lo suyo, que no es precisamente procurar el bienestar de la población.
Tan no le importa a la clase política el aniquilamiento sistemático de mujeres, que a pesar de que existe una Alerta de Violencia Género emitida por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), en la que entre otras cosas se pide al Poder Legislativo modificar el Código Penal para el Estado de Veracruz para ampliar las causales de interrupción legal del embarazo en la entidad, en el Congreso del Estado se alistan para impedirlo.
Está listo el dictamen de las comisiones unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, para la Igualdad de Género y de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, en el que se “declara improcedente dictaminar en sentido positivo la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal”.
Dicha iniciativa de decreto fue presentada por la diputada local por el Distrito de Xalapa rural, Tanya Carola Viveros Cházaro, y en la misma se buscaba dar cumplimiento a las recomendaciones de la Conavim, eliminando los plazos para permitir la interrupción del embarazo en caso de violación, incluyendo que el riesgo en la salud de las mujeres sea considerado como causal, y permitiendo la interrupción hasta las 12 semanas de gestación.
El fuerte y violento activismo de los sectores más conservadores, ligados en especial a la Arquidiócesis de Xalapa, en contra de que los diputados y el Estado como ente político cumplan con lo que es su obligación, hizo que al régimen yunista le temblaran las corvas, por lo que sus diputados, la bancada del PAN –que ya consiguieron una mayoría artificial en la LXIV Legislatura- fueron instruidos para darle “palo” a la iniciativa, que sería sometida a votación este mismo martes 18 de septiembre, cuando sesione la Diputación Permanente. Claro, si es que hay quorum, porque en el Congreso siguen peleando… pero por la Presidencia de la Junta de Coordinación Política.
Si como todo indica no se reforma el Código Penal y se incumple con las recomendaciones de la Conavim, se emitirá una segunda Alerta de Violencia de Género, ésta por Agravio Comparado, lo que colocaría a Veracruz como el único estado del país en esa condición de desamparo institucional para las mujeres, incumpliendo además con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y violando la propia Constitución General de la República Mexicana.
Y así, junto con la masacre de violencia y sangre de la que son víctimas, a las mujeres se les continuará masacrando en Veracruz, política e institucionalmente.
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