Ángel Álvaro Peña

Hemos hablado en este espacio en repetidas ocasiones acerca de la impunidad que protege a Gerardo Ruiz Esparza, amigo del presidente, desde hace muchos años. Uno de los funcionarios públicos que ha hecho lo que le viene en gana, y a pesar de que sus corruptelas arrojan daños que han matado personas, sigue tan campante disfrutando de los beneficios de su cargo, y sin que la mano de la justicia lo alcance.
Cuando Gerardo Ruiz Esparza creyó que la suerte le seguía acompañando en su camino hacia la impunidad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos encontró 15 evidencias “que revelan grandes deficiencias de planeación y construcción” y que provocaron el socavón del libramiento de la autopista México- Cuernavaca, donde perdieron la vida cuatro personas.
“El socavón no es un mero accidente, sino la consecuencia de una obra pública muy mal diseñada, construida, coordinada y supervisada por la SCT, Banobras, y las cuatro empresas involucradas”, señaló Enrique Guadarrama, segundo visitador de la CNDH.
A pesar de que todas las acusaciones señalaban como responsable de esa tragedia al Secretario de Comunicaciones y Transportes, se castigó a funcionarios menores del caso. Cuando en realidad este caso no es el único en el que se le responsabiliza de mal manejo al frente de la dependencia.
Los allegados de Ruiz Esparza son los mismos priistas que se han adueñado del poder, primero fue Secretario General de Gobierno en los ochentas con el entonces gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo González, padre del actual gobernador Alfredo del Mazo Maza, después durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se desempeñó como Coordinador de giras de presidencia de la República, así como Director Jurídico del IMSS. Siguió en el IMSS como Director de Administración, y luego Director Jurídico del Aeropuerto y Servicios Auxiliares en el gobierno de Ernesto Zedillo. Laboró unos años en la CFE en el mandato de Vicente Fox, para regresar con los priistas como Secretario de Comunicaciones del gobierno del Estado de México durante la administración de Enrique Peña Nieto, quien lo tomó como su secretario favorito.
Las responsabilidades del socavón ocurrido el 13 de julio del año pasado, obra inaugurada el 5 de abril del mismo año por Peña Nieto, se atribuyeron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Banobras y cuatro empresas involucradas.
La CNDH emitió recomendaciones al propio titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza; a los directores generales de Banobras y de la Comisión Nacional del Agua, Alfredo Vara Alonso y Roberto Ramírez de la Parra, respectivamente.
Derechos Humanos señala que las autoridades deben reparar el daño a las víctimas directas e indirectas de las cuatro personas que perdieron la vida, incluida una compensación, así como la inscripción en el Registro Nacional de Víctimas, ofrecer “una disculpa pública institucional a las víctimas y a sus familiares por las violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio, y que se publique en su página web oficial por un periodo de un año”.
Desde luego que la opinión pública considera que no sólo debe quedar el asunto en una recomendación, y en reparación del daño sino en un castigo corporal para el secretario de Comunicaciones. Por lo pronto , el fallo de Derechos Humanos se integra al expediente de la PGR que investiga todavía la culpabilidad de la muerte de esas cuatro personas, y que deberá responder a la brevedad.
Entre las irregularidades graves detectadas por la CNDH, tres de las empresas elevaron en 25% sus costos, sin que la SCT solicitara autorización a la Secretaría de la Función Pública, como era su obligación.
Para el organismo, “la negligencia y la posible corrupción durante la construcción del libramiento Paso Exprés de la autopista México-Cuernavaca, son atribuibles a la SCT y Banobras.
La investigación de Derechos Humanos confirmó la denuncia de los pobladores de la zona, quienes habían advertido sobre la presencia de tuberías en el lugar de la obra, así, la SCT es culpada de no contemplar “todos los cruces de agua y drenaje que podían afectarla; muchos permisos fueron solicitados una vez adjudicada la licitación, durante la ejecución de los trabajos, o no fueron tramitados”.
El socavón de Cuernavaca viene a sumarse a otras obras realizadas sin transparencia, en complicidad con constructoras españolas tendiendo caminos de peaje muy costosos y cortos, convirtiendo esos caminos en unos de los más caros del mundo. Las licitaciones y otorgamientos de obras desde la SCT no han sido tan altos desde que Ruiz Esparza era secretario de Obras en el gobierno de Peña Nieto, cuando este era gobernador del Estado de México.
Infraiber, por ejemplo, denunció ante la PGR el traspaso irregular de 3 mil 600 millones de pesos de la Secretaría de Comunicaciones al gobierno del Estado de México. En esa transacción, Ruiz Esparza fue el protagonista que inició el reclamo del dinero en 2009 como miembro del gobierno del Estado de México, y después fue aprobado en 2013, ya siendo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Sería un ejercicio a favor de la honestidad y de claro combate a la corrupción, que se realizara una auditoría a todas y cada una de las obras realizadas por Genaro Ruiz Esparza desde que inició el sexenio que está a punto de morir.
PEGA Y CORRE.- De acuerdo al “Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017” del INEGI, Veracruz es el cuarto generador de residuos sólidos urbanos del país, sólo el 94.8 por ciento de sus 212 municipios cuentan con recolección y disposición final de su basura. Las más de cuatro mil 400 toneladas diarias de basura que genera la entidad, se depositan en 138 sitios, de los cuales sólo 18 son rellenos sanitarios y 120 tiraderos a cielo abierto. Hace falta una transformación profunda en el tema de la recolección de basura en el estado … Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
 
 
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La recolección de basura en el país se realiza como si el tiempo no transcurriera. El problema no radica en la falta de tecnología ni de procesadoras, sino en las mafias que existen alrededor de los desechos sólidos.

La basura es un buen negocio, ya lo demostró quien fuera líder del PRI en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien heredó de su padre el imperio de los deshechos, no solo en la capital del país sino en varios estados circunvecinos. El monopolio del Rey de la Basura, Rafael Gutiérrez Moreno, padre del controvertido priista, convirtió en magnate a un pepenador.

Los tiraderos de basura en todo el país obedecen a reglas no escritas, que favorecen a los hábitos que benefician a pocos, quienes crean verdaderos imperios con los desperdicios.

Entre las muchas utilidades que tiene la basura en nuestro país está la de servir de arma política. Esta vez el propio gobernador de Veracruz, quien quiere crear un conflicto artificial para desgastar la imagen del presidente municipal de Xalapa, a quien acusa de no saber gobernar y pone como ejemplo que se impidió, de la noche a la mañana, recibir la basura de la capital del estado en los tres municipios donde siempre se ha depositado: Tronconal, Coatepec y Pinoltepec, lugares donde se han entregado los deshechos por acuerdo con administraciones anteriores.

Si hubiera mecanismos modernos para procesar los desperdicios, la basura no sería un estorbo sino una utilidad donde todos saldrían ganando.

Esto sucede en prácticamente todos los municipios de la entidad y nadie ve hacia adelante porque problemas políticos lo impiden, ya que hay empresas tratadoras de deshechos que financian su propio proceso de reciclaje.

Ahora, el gobernador insiste en que el problema es mayúsculo, y en su muy acostumbrada estrategia de tratar de desestabilizar al enemigo a través de videos, aseguró el día de ayer, que Xalapa es un caos porque van dos días que no se recoge la basura. Lo cierto es que los 68 camiones están saturados y no pueden descargar en los lugares acostumbrados porque la influencia del gobernador en estos tres municipios es importante.

Por su parte, el gobernador dice públicamente que si el presidente municipal de Xalapa necesita ayuda, él se la puede proporcionar, tratando de mostrar que Hipólito Rodríguez Herrero no sabe gobernar y ni siquiera puede solucionar un problema tan simple como la recolección de basura.

La crisis de recolección de basura en Xalapa apesta, y no por las más de 200 toneladas de deshechos que se encuentran en los camiones en la cochera de la subdirección de limpia pública de esa ciudad, sino porque el gobierno del Estado ataca políticamente con este problema al presidente municipal morenista, Hipólito Rodríguez Herrero.

El desgaste al gobierno de Morena viene directamente a la capital del estado, al primer alcalde que tiene Xalapa de ese partido, no es casualidad que los rellenos sanitarios que tienen a su disposición no reciban deshechos.

Pero el alcalde Hipólito Rodríguez espera nuevamente depositar los residuos que genera Xalapa, sin embargo fue contundente: “El servicio de recolección se ha visto afectado por motivos externos, políticos, pues las autoridades estatales nos están cerrando puertas”, dijo. “Si en esta situación –que busca dañar la imagen de la administración municipal- participa activamente el Gobierno del Estado, se trata de un tema político”.

La extraña situación de la basura es evidente, se han obstruido las vías de cualquier acuerdo para el uso de algún relleno sanitario, además Xalapa amaneció desde hace días, sembrada de bolsas de basura en las calles para que pareciera una grave crisis, ciertamente estas palabras fueron las que utilizó Miguel Ángel Yunes Linares para titular el video que subió a sus redes sociales.

Como todo un héroe, en 0:53 segundos, el gobernador embiste contra el ayuntamiento de Xalapa, evita reconocer las razones por las cuales se ha llegado a este problema, en el que se encuentra inmiscuido, pero en su papel de salvador de los veracruzanos dijo: “Para que juntos podamos enfrentar esta situación, es un problema que compete al Ayuntamiento, pero el gobernador del Estado es un hombre responsable, además vivo en la capital del estado y es el asiento de los poderes, tenemos que cuidar todas las ciudades de Veracruz, pero especialmente Xalapa”.

La responsabilidad no es una palabra que haya hecho famoso a este gobernador panista, es similar a las antiguas frases que tanto ha repetido a los veracruzanos sobre la seguridad, la aprehensión de la pareja de Duarte y hasta de la transformación profunda que haría el estado, la cual no sucedió, ni sucederá a pocos meses que le quedan de poder.

No hay que ser morenista para ver lo evidente de la intención de desgaste al nuevo gobierno, en vez de que el gobernador insista en una reunión con el alcalde de Xalapa, él hace gala de protagonismo y se expone a la opinión pública en redes sociales para hacer dudar que los nuevos en el poder puedan hacer su trabajo, como si lo que pasó con la basura en la capital del estado, sucediera en los 212 municipios de Veracruz.

Pero también para Hipólito Rodríguez, dijo ser obvia la intención de generar un problema, “pues yo no clausuré el relleno sanitario de Tronconal ni estoy impidiendo la operación del de Pinoltepec. No estoy bloqueando nuestras alternativas, habría que preguntar al Gobierno del Estado dónde nos permitirán depositar los residuos sólidos de la ciudad”.

La siembra de basura en las principales calles de Xalapa es lo más deplorable, a un día que el servicio fue suspendido no puede llegar a esta situación de supuesta “crisis”, a esto el presidente de la Unión de Empresarios Hoteleros Región Cultura y Aventura de Xalapa, Marcos Suárez Domínguez, exigió atender el problema, pero antes consideró que este asunto se estaba volviendo político.

El relleno sanitario moderno, por ejemplo, es una técnica de disposición final de los residuos sólidos en el suelo que no causa peligro para la salud o la seguridad pública; tampoco perjudica el ambiente.

Existe una gran cantidad de métodos para que la basura deje de ser un problema, pero condiciones como las que el gobernador quiere crear de la nada, con evidentes fines políticos, retrasan los avances de la tecnología en esta materia y sabotean la democracia. PEGA Y CORRE.- A pesar de las inversiones en este rubro, resulta que los robos a comercios en Veracruz se duplicaron en el último año en comparación con el de Javier Duarte. Los municipios más afectados son seis, donde la instalación de cámaras de seguridad por parte del gobierno del estado se adoptó como la gran estrategia contra la delincuencia, sin efectividad. En esas localidades, de enero a agosto de 2018 se denunciaron 2 mil 557 atracos… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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Las atribuciones que se permite la clase acomodada de Veracruz raya en el delito, pero como cualquier delito que se cometa en la entidad queda en la impunidad, lo siguen haciendo como si fueran dueños del estado.
Desde la desaparición de personas hasta el robo de jubilaciones, son delitos que no son castigados hasta ahora. Las muertes a manos de la criminalidad en Veracruz no es solo lo que más preocupa a los ciudadanos, sino la permanente destrucción contra reservas naturales, arrasando con flora y fauna, pero con ello viene el hambre y el desempleo para comunidades. Hechos desencadenados por la corrupción.
El caso más reciente es el de Nanchital, poblado que padece el derrame de hidrocarburo de Petróleos Mexicanos registrado en el arroyo Tepeyac y Santa Elena, donde las afectaciones tuvieron graves repercusiones, a grado tal que fueron halladas en el río toda clase de fauna sin vida.
Las autoridades minimizaron la situación. Para el gobernador panista, Miguel Ángel Yunes Linares, no hubo daño ecológico, simplemente hubo una “crisis” pero los hechos no pasaron a mayores y aseguró que el problema estaba resuelto por Pemex.
“No se provocó ninguna afectación ambiental, Pemex detectó muy rápido el derrame y lo pudo remediar, lo controlaron desde el viernes en la mañana. No hay ningún riesgo, Protección Civil ha estado en comunicación con los de la Profepa y no hubo ningún daño”, declaró Yunes Linares.
Al parecer el gobernador Yunes carece de acceso a las redes sociales y al internet, ya que los medios de comunicación y pobladores han subido fotografías del impacto que ha causado el derrame, se puede ver docenas de especies de peces muertos, cocodrilos y aves agonizantes. Flora destruida.
Que si bien ha sido atendido, no fue de una acción inmediata, a pesar de los avisos sobre el tema, desde diferentes medios. Por su parte, la paraestatal dio a conocer que se atendió el derrame causado “por un acto vandálico en un rancho de la colonia Los Coquitos”, de Nanchital. Fueron tres días de impacto que representa una tragedia de dimensiones incalculables.
Para Manuel Rodríguez Ríos, presidente de la Sociedad Cooperativa de Pescadores Gavilán del Río Coatzacoalcos, la empresa petrolera actuó con lentitud.
La tibia reacción de la alcaldesa de Nanchital, la panista-perredista, Zoila Barradas Guzmán, informo que se había atendido la contingencia, mostró fotos del deterioro y buscó, a toda costa, que Pemex se responsabilizara por los daños en la zona.
Este caso no es aislado en cuanto a ecocidio hablamos, ya que no debemos olvidara los pobladores de El Fortín, quienes protestaron porque el gobierno estatal autorizó a una empresa para ocupar la reserva ecológica “Tembladeras”, una zona de humedales y manglares, para la construcción de un hospital, un hotel, una plaza comercial, estacionamientos y circulaciones viales.
Aunque primero el gobierno negó el permiso a la empresa Ansasa Inmobiliaria S.A. de C.V., el pasado 22 de noviembre de 2016, en el oficio SEDEMA/DGCCEA/ número 2830/2016 de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del estatal, terminó por aprobarlo tres meses después, como por arte de magia.

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El 31 de enero de 2017 y mediante oficio SEDEMA-DGARN-134-2017, firmado por Julio Antonio Flores Guevara, director general de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del Gobierno de Veracruz, otorgó el permiso para el desarrollo del proyecto.
Para la Inmobiliaria Ansasa el monto inicial de este desarrollo es de 457 millones 976 mil pesos, con una vida útil de por lo menos 30 años. En ese lapso, los propietarios del inmueble deberán hacer, por concepto de manejo ambiental, una inversión anual por cerca de 450 mil pesos.
Esta misma reserva, no solo agoniza con Yunes Linares, sino que también la administración de Javier Duarte de Ochoa fue cómplice, porque el gobierno estatal autorizó a la empresa inmobiliaria ARA la construcción de un conjunto habitacional de alto impacto dentro de la misma reserva.
Las descargas de aguas negras y la construcción de vialidades de esos fraccionamientos han impactado el equilibrio ecológico en “Tembladeras”. Aunque el gobierno intenta ocultar el deterioro ambiental con la aplicación de sanciones económicas a las constructoras, pero el dinero no lo es todo, el ecocidio está hecho.

Otro caso de destrucción masiva fue el que protagonizaron un grupo “junior’s” que tras celebrar un fiesta en la Isla Salmedina, una zona que forma parte del Sistema Arrecifal, donde está prohibido hacer turismo, dejó como saldo más de cien pequeñas tortugas muertas. Los juniors consideraron que en este largo periodo de impunidad imperante en la entidad, podían destruir la vida animal de su estado, como si fueran los propietarios del lugar.

La zona es utilizada por esta especie para desovar, de ello depende la supervivencia de las crías de esa especie endémica, sin embargo, poco importó a estos prepotentes, de clase acomodada, que mientras bebían y bailaban, atacaron a las tortugas que trataban de abrirse paso hacia el mar. Incluso, la carpa donde protegieron sus bocinas fue colocada sobre un nido de tortugas. Algunos asistentes reventaron los huevos, tomaron a las crías y las aventaron al mar.

El artículo 420 del Código Penal estatal expresa “quien capture o prive de la vida a un ejemplar de tortuga pagará con una de pena de uno a nueve años de prisión más una multa económica”, sin embargo, ningún asistente de esa fiesta fue remitido a prisión. La corrupción en el estado ha favorecido que estos casos se cometan sin tener culpables de las muertes y la destrucción en las zonas naturales de Veracruz.

La diferencia social en Veracruz es obra de los periodos de gobierno anteriores que deben ser exterminados y castigados. La entidad no resiste actos vandálicos impunes en los que pusieron el ejemplo las propias autoridades que actuaron en Veracruz como si fueran los dueños. PEGA Y CORRE.- Los Yunes siguen haciendo de las suyas, y en el puerto de Veracruz, el presidente municipal, de nombre Fernando Yunes Márquez dio a conocer la “actualización” en impuestos municipales, el regidor de Veracruz, Marlon Ramírez Marín informó que esto representa un “aumento”, porque señala, que cuando se actualiza un impuesto se eleva. Esto desde luego, no implica mejoras en los servicios, porque está en el rubro de solo actualizar, palabra que ahora uno de los miniyunes, utiliza para incrementar ingresos … Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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Hasta ahora en el cuadrilátero de la política veracruzana estaban Miguel Ángel Yunes Linares contra Cuitláhuac García Jiménez.

A pesar de que en este largo periodo de enfrentamientos fueron designados varios funcionarios del próximo gobierno, ninguno de ellos se atrevió a alzar la voz para defender la transformación urgente y necesaria de un estado carcomido por la corrupción.

Oportunidades sobraban para que cualquiera de los funcionarios designados por García Jiménez saltaran a los medios o a la tribuna a defender un proyecto del que se supone están convencidos. Ninguno lo hizo.

Fue necesario que se conociera ampliamente la designación del próximo secretario de gobierno del estado, Eric Cisneros Burgos, para que el proyecto del estado tuviera otra voz que defendiera y explicara posturas.

Eric Cisneros es un morenista químicamente puro, su trayectoria lo compromete con el movimiento al que pertenece, y su trabajo lo valida como un factor de transformación.

Dentro de esta lucha por la resistencia del actual régimen por entregar cuentas claras, por negar información, por desentenderse de sus responsabilidades en la entrega-recepción, y otras muchas mañas, que tienen como objetivo ganar tiempo antes de mostrar transparencia en su actuación.

Dentro de este proceso de franco enfrentamiento entre la administración que sale y la que entra, está la apreciación del próximo encargado de la política interna de la entidad, quien afirma que el fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, nunca sirvió a los veracruzanos por estar muy ocupado sirviendo sólo al gobernador. Así lo calificó, como un fiscal familiar, y advirtió que solicitará al Congreso del Estado que evalúe su actuación al frente de la Fiscalía, pues nunca dio los resultados que se esperaban en materia de procuración de justicia.

Cisneros Burgos señaló que no se utilizará a las instituciones para ejercer una persecución en contra de Yunes Linares y su gente, pero en caso de detectarse irregularidades como desvíos y daños patrimoniales en la Cuenta Pública 2018, simplemente se aplicará la ley.

Porque resulta que en la Cuenta de 2017, el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, informó que en el primer año de gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares existe un daño patrimonial por más de 338 millones de pesos, detectado en las Secretarías de Desarrollo Social, Protección Civil y Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, así como en 11 organismos públicos descentralizados y dos fideicomisos.

Cisneros Burgos es ingeniero agrónomo de profesión, y cuenta con una carrera académica digna de elogio. Fue un incansable promotor del voto de Morena y un defensor acérrimo de los conteos de los votos. Considerado por muchos como un hombre cercano al próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y la senadora electa, Rocío Nahle García.

Cuitláhuac García, otro morenista al 100 por ciento, lo considera “actor fundamental” en las elecciones del pasado 1 de julio. Cisneros Burgos se definió como un “juarista”, y señaló que buscará la gobernabilidad en el estado “con pleno respeto a la libertad de expresión”.

Eric Cisneros Burgos, denunció que no existe disposición alguna del actual gobierno estatal para dar inicio con la entrega-recepción, debido a las observaciones que el Órgano de Fiscalización Superior ha presentado a la Cuenta Publica 2017, que muestran anomalías.

Pero Yunes Linares, a pesar de su ilícita resistencia a establecer una transición de poderes dentro de la institucionalidad, tiene el respaldo del Partido Acción Nacional, cuyos diputados locales exigen al órgano auditor, denominado ORFIS, que sean solventados los 338 millones de pesos del presunto daño patrimonial en el primer año del gobierno de Yunes Linares.

Tal como hace un año protegieron al ex contralor Ricardo García Guzmán, al sacarlo de la lista de dependencias con observaciones.

A Eric Cisneros, a diferencia de otros funcionarios de la próxima administración, sí le duele que el proyecto del que forma parte sea boicoteado por simples cuestiones administrativas, porque su movimiento va más allá de simples anomalías en las cuentas. Se trata ahora de erradicar la corrupción de raíz, desde luego castigando a los culpables y caminando por el sendero recto y transparente de la honestidad.

Hay muchos en Morena que se ensuciaron los zapatos y se esforzaron por alcanzar el triunfo electoral que sucedió en condiciones desventajosas; sin embargo, remontaron los obstáculos hasta llegar a la victoria.

Yunes no contaba con esa derrota, se sabía protegido por su hijo, quien tenía la seguridad de que obtendría la victoria electoral, y en su apuesta colocó recursos materiales, económicos y humanos, es por ello que, ante el revés electoral, debe evitar a toda costa que haya una transición de acuerdo a la ley y justificar su falta de transparencia a las presiones y tiempos de un gobierno entrante que sólo pide cuentas claras.

Cisneros Burgos defiende la causa que siente propia, y en ella está la causa de un pueblo que exige cambios y no sólo apariencias y simulaciones. Porque la administración estatal que agoniza prometió mucho, y como dijera Cisneros, “los discursos de campaña de Yunes le quedaron muy grandes comparados con lo poco que hizo al frente del gobierno estatal”. PEGA Y CORRE.- Los familiares de mujeres asesinadas y desaparecidas realizaron una marcha para exigir el cese de la violencia que se vive en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Un problema que no ha podido ni siquiera atender debidamente la actual administración. Esmeralda Lecxiur Ferreira, abogada de la causa, afirmó que de enero a agosto de 2018 se registraron 172 desapariciones, 117 asesinatos de los cuales 78 revisten en calidad de feminicidios, 39 homicidios dolosos; además de 346 agresiones … Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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No es gratuito que el Sistema Penal Acusatorio haya surgido durante la administración pública más corrupta de la historia de México. La impunidad acompaña este sistema que de haber sido tomado por jueces y abogados honestos, otro destino tuviera.

En el Sistema Penal Acusatorio mal interpretado se desvirtúa la acción de los policías, a grado tal que son susceptibles de ser encarcelados antes que los delincuentes. Todavía no estaba el sistema de justicia lo suficientemente difundido entre la población, cuando llega otro que lo sustituye y confunde a la población ante un cambio de aplicar la ley radical.

Así, la impunidad tiene puente de oro en el sexenio que está por terminar. Casos como el de la empresa brasileña Odebrecht, OHL, Tlatlaya, Palmarito, el socavón de Cuernavaca, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los gobernadores y ex gobernadores que gozan de total libertad a pesar de que robaron a manos llenas y nunca fueron llamados a cuentas ni por Gobernación, ni por Presidencia ni por su partido.

El sistema que tiene pocos días de vida sigue con prácticas habituales.

Gobernadores que como Javier Duarte, se burló de los veracruzanos, de las autoridades y de todos los mexicanos. Aparece con una sonrisa desde el momento de su captura que ni siquiera la cárcel ha borrado.

Ahora, ante una sentencia de nueve años, simplemente enardece  partidos políticos y población en general.

Porque no hubo un sector de la población que no estuviera fuera de los latrocinios de Duarte de Ochoa. Desde los jubilados, a quienes les fue prácticamente robada su pensión, a grado tal que el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz está quebrado sin posibilidad de salir de una crisis financiera sin precedente.

Duarte y sus cómplices se burlan de todos con los bolsillos llenos de dinero que no les pertenece, así fue muy fácil negociar con la PGR que se realizara en forma abreviado el juicio contra el ex gobernador. La PGR tenía la orden de aceptar cualquier coartada que interpusiera la defensa para darle a Duarte de Ochoa una sentencia que ofende y es interpretada como una agresión a la inteligencia de los mexicanos.

Porque no es un hecho aislado la corrupción sino parte de un sistema que permite una gran posibilidad e impunidad a través de diferentes salidas hacia la libertad, en lugar de estar en la cárcel.

Porque Duarte no hubiera podido colocar en los sitios de impunidad a sus cómplices sin la ayuda de todo un sistema que está al servicio de los delincuentes.

Adolfo Mota Hernández, Edgar Spinoso Carrera, Nohemí Guzmán Lagunes, Antonio Tarek Abdalá, Alberto Silva Ramos, Vicente Benítez González, que pasaron de la administración de Duarte a sus curules, representando a la impunidad, porque no tenían más representantes en las cámaras que el delito. Es así como el sistema se reproducía así mismo rápidamente mostrando poderío, al mismo tiempo que se ampliaba la red de corrupción.

Si el sistema político mexicano no contara con una estructura donde la impunidad pudiera desarrollarse ampliamente, la justicia hubiera podido actuar con legalidad. No sucedió así en este sexenio, ni fue diferente en los anteriores, de ahí que la corrupción, a pesar de que su combate fue tema de caña de Peña Nieto, lejos de erradicarse se fortaleció.

En Veracruz no fue Duarte el gobernador que haya inventado la corrupción, tuvo sus antecesores que no por robarse menos dejan de ser ladrones.

Hubo trabajadores petroleros a los que se les regateó la jubilación, se le robó el patrimonio y no hay ley que pueda resarcir el daño, simplemente queda en el olvido y las víctimas de siempre continúan, como siempre, indefensas.

El caso del ex tesorero de Javier Duarte, Antonio Tarek Abdalá Saad, es un ejemplo de impunidad, porque a pesar de que confesó ante la PGR que a lo largo de esa administración se desviaron recursos públicos a compañías fantasma, y que en la mayoría de las ocasiones quien decidía el destino del dinero era la esposa del gobernador, Karime Macías, no hay acción penal ni revisión del estatus de la esposa de Duarte, como si tuviera una negociación de por medio, donde se garantiza la impunidad de una de sus cómplices más cercanas: su esposa.

La lista de los casos abiertos y olvidados es interminable, porque hasta ahora no se sabe, por ejemplo, que haya habido un castigo por lo menos administrativo contra quienes mataron estudiantes el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Al contrario, el sistema persiste hasta el último aliento en sus prácticas de desvirtuar los movimientos sociales y sigue infiltrando porros en las marchas conmemorativas, tratando de confundir a la opinión pública sobre la existencia artificial de conductas violentas, que insisten en hacer propias de quienes protestan contra el gobierno.

Este 2 de octubre se les pagó a unos hombres y mujeres para que con los rostros cubiertos saquearan tiendas y rompieran aparadores, haciendo creer que eran manifestantes que conmemoraban la matanza de estudiantes.

De esta manera, el gobierno divide a los comerciantes de los jóvenes, porque los primeros consideran que los estudiantes son un peligro para su ejercicio del comercio, y los estudiantes ven cómo ante la ingenuidad y falta de información, gremios enteros se declaran públicamente enemigos de las marchas, de los plantones y de la juventud, porque el poder mismo les hace creer que son violentos.

Esta es una manera de fortalecer la impunidad y de expandir la corrupción. La mentira y el miedo han sido dos constantes en la forma de ejercer el poder de un sistema que se debilita, pero no por ello le queda poco tiempo de vida, está tan arraigado que será muy difícil erradicarlo pronto. PEGA Y CORRE.- Cómo podrá castigarse a Javier Duarte por daños colaterales que produjo su administración, como es el caso de la sensible reducción del presupuesto destinado a la vivienda popular de la entidad. La necesidad de vivienda crece en la entidad y el presupuesto para este rubro se redujo 20 por ciento, dejando a muchos veracruzanos sin la oportunidad de tener una casa, que es derecho de todo habitante del país. Pero la impunidad sigue viva hasta el último suspiro de esta administración … Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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Lo que podría convertirse en un contrapeso en los diferentes espacios políticos pareciera que se deshace dentro de los partidos de oposición que no se han dado cuenta todavía de la dimensión de su derrota ni la problemática interna que esta condición les impone.

El PAN, el PRI y el PRD parecieran perderse entre sus intereses domésticos en lugar de cohesionarse con propósitos urgentes en los que puede estar la sobrevivencia como partido.

El PAN no podrá avanzar mientras esté secuestrado por la novatez de una dirigencia que gane Marko Cortés o el nieto de Gómez Morín, mostrarán la misma improvisación que caracterizó las presidencias de Ricardo Anaya, Damián Zepeda y Marcelo Torres.

En la contienda por la presidencia del PAN, Ricardo Anaya tiene en los dos candidatos a sus amigos incondicionales. A pesar de que Manuel Gómez Morín Martínez del Río, nieto del fundador del partido, haga denuncias públicas por los moches y las negociaciones que han caracterizado a Acción Nacional en los últimos años.

Sabemos que Gómez Morín le debe su permanencia en el PAN a Ricardo Anaya, la Comisión de Honor de dicho partido lo había expulsado, pero Ricardo Anaya, entonces presidente de ese instituto político, consideró que ya se había sacrificado demasiado el origen de ese partido, como para también sacar de sus filas al nieto del fundador, y ordenó dejarlo en su lugar.

Lo que sucedió es que Manuel Gómez Morín, el nieto, apoyó a un candidato del PRI, contendiente por la  presidencia municipal de Ecatepec, Estado de México, motivo por el cual su expulsión estuvo a punto de concretarse.

Además, Manuel Gómez Morín, apoyó a candidatos de Morena en la pasada campaña, sobretodo a Andrés Manuel López Obrador, con quien aparece en varias fotografías luego de actos de proselitismo. Simpatizantes y militantes panistas denunciaron lo anterior como una manera de impedir que una persona con esas inconsistencias ideológicas pueda dirigir un partido político.

El PRI tiene problemas internos que difícilmente podrá solucionar pronto. Además de la crisis financiera que padece, el desprestigio que le persigue es interminable, ocasionado por los excesos que fueron un hábito en el caso de muchos militantes poco honestos y que daban a conocer conductas poco honorables, como es el caso del dirigente de ese partido en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

En el Congreso de la Ciudad de México, la renuncia definitiva de Leonor Gómez Otegui a la bancada del PRI dejó al descubierto el desgaste del tricolor. La ex priista reconoció que hay una ruptura personal con el grupo político que encabeza Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, personaje que ha dejado en claro que no va a criticar por el miedo que le provoca. Después de su salida, Gómez Otegui se incorporó a la bancada del Partido del Trabajo en el Primer Congreso de la Ciudad de México.

Pero la decadencia del PRI no queda en las renuncias, sino que después de la salida de Gómez Otegui a la bancada y a dos días de iniciado las funciones de los diputados en el Congreso, la priista Edna Mariana Gutiérrez Rodríguez, pidió licencia al cargo con el argumento de que “así convenía a sus intereses personales”. Con esta salida logró llegar Sandra Esther Vaca Cortés como diputada local del PRI por la vía plurinominal.

La historia con el PRI de Vaca Cortés es sombría, es acusada de reclutar mujeres jóvenes para la red de prostitución al interior del Partido Revolucionario Institucional capitalino cuando estaba al frente Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, en ese momento solo se desempeñaba como secretaria particular del “Rey Basura”, pero ya gozaba de privilegios al interior del partido, pues se encontraban en la nómina dos de sus hermanas, Luisa Stephany y Mónica Yanahuit, cobraban cinco mil pesos “desempeñándose” como auxiliares administrativas. Ambas renunciaron cuando se destapó la red de prostitución en el partido.

Ahora, Vaca Cortés fue designada a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez del Congreso, la cual ha sido criticada por organizaciones de la sociedad civil tras su pasado como tratante de mujeres, al igual la ex priista Gómez Otegui, consideró que su llegada se trató de una decisión cupular “autorizada por todas las autoridades del partido”, ya que la dirigencia del PRI nunca ha pedido la opinión de sus militantes para definir los nombres de sus legisladores plurinominales o de representación proporcional a nivel federal o estatal. Ante estas acusaciones, el PRI terminó por retirarla de la presidencia de dicha comisión.

Esto sin tomar en cuenta que el adelgazamiento de la nómina del tricolor será forzosa, el despido de otros y la suspensión de prerrogativas del CEN a los consejos estatales que serán letales para la intención de reactivar ese partido y volver a hacerlo competitivo. Los militantes ya no creen en su lideresa y la dispersión de las tareas los condena a  una larga jornada de reestructuración que ni con la reforma que planean podrán recuperarse.

Por lo pronto no se vislumbra triunfo electoral de ese partido en las próximas elecciones.

El PRD no está mejor, de hecho es el partido de oposición más pequeño en todos los sentidos. El partido del sol azteca está a punto de perder su representación en el Senado, porque al renunciar el perredista Israel Zamora Guzmán , y pasarse a las filas del Partido Verde, solo quedan cuatro senadores, prácticamente sin experiencia parlamentaria, con poco trabajo partidista, a las órdenes de un coordinador parlamentario que no es perredista, Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien nunca  ha pertenecido a partido político alguno y se caracteriza por su oportunismo partidista, trató de negociar con el PRI la posibilidad de convertirse en candidato de ese partido a la Presidencia de la República.

El Senado de la República solo acepta otorgar curules a cada partido político, siempre y cuando no sean menos de cinco, de no completar dicha cifra, la representación senatorial se le retira completamente a dicho instituto político, y se quedarían sin senadores. Si a esto sumamos el hecho de que el desprestigio de algunos militantes que tuvieron puestos se excedieron en sus funciones, el PRD pareciera estar destinado a la desaparición paulatina pero constante.

La oposición en México debe refundarse, reactivarse, volver a nacer si es necesario para poder sentar un equilibrio no sólo en las cámaras sino en la vida política del país. PEGA Y CORRE.- En 2011, en la administración de Javier Duarte, se aprobó una ley que castigaba la emisión de afirmaciones falsas a través de las redes sociales, pero fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en 2013, por considerarla violatoria de derechos humanos consagrados en la Constitución. Ahora los legisladores de Veracruz aprobaron una ley con la que se puede castigar hasta con dos años de prisión a quien difunda fotos (reales o fotomontajes) o “memes” que dañen la reputación de una persona. Si consideran que con estas expresiones se desgasta la figura pública de los funcionarios están muy equivocados, a veces se fortalece. Porque en esas bromas y chistes va una válvula de escape cuya indignación no sale de ahí, es decir, sirve para que el descontento tenga una salida y, al mismo tiempo, se impida cada acción contra lo que provoca la inconformidad… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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En un país donde a una persona que roba un bolillo se le tiene en la cárcel por más de 10 años, a veces sin juicio, y a un ladrón de cuello blanco que roba miles de millones de pesos sólo se le dan 9 años de prisión, acusa falta de derecho y de derechos.

Carencia total de derecho a la hora de aplicar la ley con justicia de derechos para los agraviados, que en este caso no sólo son los veracruzanos sino todos los mexicanos porque Javier Duarte tomó dinero del presupuesto federal.

La más profunda indignación invade a los veracruzanos al ver que sólo le faltan 7 años y medio a quien saqueó las arcas del estado de Veracruz, porque ya lleva un año y medio detenido y ese tiempo se integra a la condena.

Pero quien se indigna de dientes para afuera es el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, al hacer tareas que le corresponden al procurador. Porque desde el momento en que se dio a la tarea de localizar la casa de seguridad en Córdoba, donde se encontró el famoso diario de Karime Macías y otros objetos de valor, y dar cuenta de las pesquisas, dejó de ser gobernador para convertirse en detective, usurpando funciones y abandonando su tarea de gobernador.

Yunes quiere seguir por ese mismo camino y anunció en rueda de prensa que la próxima semana se ausentará dos o tres días porque el gobierno de la entidad tiene contratado un despacho de abogados en Houston, Texas, para recuperar bienes. Esta es una tarea que no corresponde al gobernador del estado sino que es propia del fiscal, pero como Yunes quiere ver de cerca las valuaciones de todo lo que se recupera, no le interesa descuidar las tareas para las que fue electo y prefiere ir de vacaciones sintiéndose policía.

Detrás de ese disfraz de justiciero que ocupó desde que estaba en campaña hace poco más de dos años, hay una voracidad insaciable, porque el papel de Yunes en la recuperación de bienes inmuebles y muebles, dentro y fuera de las fronteras del país, no es buscando justicia, sino justificando expropiaciones de las cuales no hay control.

Es precisamente en la espectacularidad del discurso, en el impacto mediático de las palabras de Yunes Linares, donde se resguarda a otro personaje que no ha actuado con apego a la ley durante su breve gestión.

Ricardo Sánchez, abogado de Javier Duarte, dijo que el ex gobernador de Veracruz es inocente, y que se declaró culpable por estrategia, así también actúa su sucesor, quien con el cuento de recuperar bienes, se advierten sospechas muy serias sobre la valuación imparcial y responsable de lo que se recupera.

Es por ello que tiene tanto interés, pero las pesquisas de Duarte y sus cómplices, ni la persecución extra fronteras de Karime Macías, pueden convencer a los veracruzanos que el gobernador actúe desinteresadamente. Tampoco se le cree cuando dice que hay que ir detrás de los cómplices de Duarte, cuyos nombres se saben mejor los periodistas que el propio gobernador, no se le cree cuando afirma que es necesario acelerar los trámites de extradición de Karime, cuando se desconoce la condición migratoria o de asilo que se le otorgó en el Reino Unido.

Lo cierto es que Yunes se montó en la indignación que causa la sentencia casi absolutoria de Duarte, para seguir rescatando bienes muebles e inmuebles, de ahí que la opinión pública veracruzana desea que esa tarea se la deje al nuevo gobierno, que seguramente realizará con mayor precisión y honestidad.

Según Yunes, se han recuperado 41 inmuebles con un valor de 800 millones de pesos, y le pide a la Fiscalía que todo lo rescatado del gran robo de Duarte, le sea reintegrado al gobierno del estado para que los veracruzanos rescaten su patrimonio.

Pero a los veracruzanos no les basta con conocer el monto de lo recuperado con una valuación cuyo valuador se desconoce, con una cotización de bienes que nadie sabe quién realizó. De ahí que se pide que deje de recuperar bienes. Esto se lo ha solicitado hasta el propio gobernador electo, Cuitláhuac García Jiménez, pero con el aparente objetivo de hacer justicia, se hace de bienes que a través de mecanismos que manejan él y sus incondicionales pudieran no llegar a los veracruzanos.

Yunes se dice indignado, pero en realidad lo que quiere es que el reo, una vez que haya recibido sentencia, llegue a Veracruz por los delitos de peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, y el más grave, desaparición forzada de personas, para lo cual le solicitó al gobierno de Guatemala que autorice dicha agravante.

Así, anuncia que la justicia veracruzana será implacable con Javier Duarte, quien tiene un fuero enorme todavía, a juzgar por el fallo del juez, que pareciera que tuviera a un menor de edad en el banquillo de los acusados y no a un delincuente que dejó sin pensión a los jubilados de su estado natal, por sólo nombrar algunas de sus fechorías.

La tergiversación de la justicia federal al dar una sentencia que indignó a todos los mexicanos, crea delitos paralelos que suelen asociarse a la condena y satanización de los delincuentes de cuello blanco, pero sólo como distractor. En el fondo lo que busca es beneficio propio.

A unos cuantos días de que deje el poder, todavía se da el lujo de salir de viaje al extranjero para rescatar una residencia en cuyo destino seguramente quiere influir, así como en su valor, y su precio de posible venta.

Las tareas detectivescas de Yunes no buscan justicia ni legalidad, buscan distraer por un lado, y, por el otro, ver con qué puede quedarse antes de que se registren los muchos millones de pesos que se convirtieron en obras de arte, casas, mansiones, aviones, joyas, etc.

En cuanto Yunes deje el cargo, se verá en qué condiciones dejó las finanzas del gobierno, porque es muy fácil para él poder decir que encontró las finanzas quebradas y que nada hay en las arcas. Las sospechas son muchas y las distorsiones de la realidad veracruzana son más, por lo pronto debe empezar la tarea del rescate de bienes a la próxima administración, porque eso provoca muchas dudas. PEGA Y CORRE.- La sentencia de 9 años, y el pago de una multa irrisible, provocó que el Senado de la República aprobara un punto de acuerdo en el que se pide a la PGR y a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se solicite al gobierno de la República de Guatemala, autorice a la Fiscalía General del Estado de Veracruz para que ejecute la orden de aprehensión contra Javier Duarte de Ochoa por el delito de desaparición forzada, para que pueda ser juzgado por crímenes de lesa humanidad… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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La humedad se parece a los oportunistas que cambian de partido según les convenga. Cuando llega es difícil sacarla. Y de estos mercenarios hay muchos a lo largo y ancho del país, lo difícil es detectarlos y extirparlos a tiempo, porque cuando se cobra conciencia de su presencia, ya están colocados en puestos clave y hasta nombrados por las nuevas autoridades como si se tratara de personas sin historial oscuro ni pasado de dudosa honestidad.

La humedad penetra sin que se advierta y para erradicarla se debe tumbar todo un muro y volver, en muchos casos, a construir otros, para poder olvidarse de esa incómoda presencia.

Hay personajes en la política de Veracruz que hacen un reto a la memoria de los veracruzanos y si fueran descubiertos para ellos no es importante, el objetivo es preservar los privilegios que les permite estar de ambos lados de la sociedad. Desde la administración pública y desde el lado del empresariado.

Aquí se presenta la historia de tres personajes de la política veracruzana que deberán ser juzgados por la población antes de continuar medrando del presupuesto saltando de un cargo a otro dentro de la administración pública, sin importar el partido que los cobija.

El caso del actual senador de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, es digno de una fantasía producto de la imaginación más perversa. Pero no es el único.

El actual senador por Morena, que no esconde sus propósitos de convertirse en gobernador de Veracruz dentro de seis años, se vio en la necesidad de incursionar en la política como una manera de fortalecer sus empresas. Acorde con las necesidades de expansión empresarial encontró en el Partido Acción Nacional las afinidades necesarias para incorporarse de una vez, y de forma contundente en la administración pública, a pesar de que no tiene una carrera terminada.

Pero en el PAN una persona de sus características no tuvo cabida. La afiliación en ese partido sigue siendo, hasta la fecha, un laberinto interminable que siempre lleva a la no aceptación.

Decepcionado del PAN, donde no obtuvo la candidatura esperada, llegó al PRI, que acepta de todo con tal de que haya aportación extra, y se convirtió en presidente municipal de Xalapa, a pesar de haber nacido en Pachuca, Hidalgo. Después fue Diputado Federal, luego Diputado Local, y ahora es Senador por Morena.

Compañero de mil batallas es Ernesto Pérez Astorga, a quien arrastra a su lado desde que intentó entrar al PAN, y han seguido juntos de partido en partido, hasta que ahora, luego de ser el suplente de Ahued en el senado, convenció a medio mundo de ser morenista químicamente puro y se colocó como el futuro secretario de Desarrollo Económico ..  en la administración de Cuitláhuac García Jiménez.

Pero Ernesto Pérez Astorga no sólo fue impulsado por su gran amigo, sino que en el peregrinar de partido en partido algo llevó a su mochila de viaje y en combinación con su cuñado, Luis Palacios Macedo Gutiérrez, supo colarse a esa posición desde donde seguramente apoyará a su familiar, porque Macedo Gutiérrez ha firmado contratos con la administración de Fidel Herrera, la de Javier Duarte, la de Miguel Ángel Yunes y, su logran convencer a Pérez Astorga, como Secretario de Desarrollo Económico, también habrá negocio con la nueva administración del cambio.

Grupo Corporativo Lupama S.A. de C.V. compañía de la que es propietario Luis Palacios, fue señalada por haberse favorecido con múltiples contratos en el gobierno de Javier Duarte, pero en lugar de que Yunes Linares lo investigara, porque a través de esa averiguación pudiera haber malos manejos, pues durante el gobierno de Fidel Herrera, Lupama realizó obra pública sin licitar, es decir por adjudicación directa de la Secretaría de Comunicaciones, por un monto superiora los 10 millones de pesos en cuatro contratos entre 2007 y 2008.

Palacios Macedo le renta inmuebles en los que despacha el gobierno de Yunes Linares. Así, y por si fuera poco, el gobernador lo invitó a formar parte del Comité Ciudadano de Vigilancia y Seguimiento del Proceso de Entrega y Recepción de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 2016 – 2018, que supervisará el estado que guarda el gobierno para transferirse al nuevo Ejecutivo.

Luis Palacios Macedo Gutiérrez fue favorecido con un contrato luego de haber aceptado formar parte de esta comisión. Es decir, hasta el ultimo minuto de la actual administración está expuesta la sociedad entre Yunes y Palacios.

Palacios, una vez que se sintió fuerte en la actual administración, ascendió en la parte empresarial hasta convertirse en el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Xalapa, desde ahí le hizo el gran favor a Yunes de convencer a los empresarios de que no presionaran al gobernador para que les pague los adeudos de la anterior administración, porque seguramente les explicó que se encontraba muy deprimido ante la derrota de su hijo en las urnas, donde siempre pensó que triunfaría.

Así, Luis Palacios, desde la presidencia del CCE de la capital del estado, le detuvo una bronca que todavía no se resuelve, engañando a los empresarios que pronto su deuda sería liquidada sin que haya ninguna señal de que así sucederá en los próximos años.

Palacios y Yunes dejarán esta deuda para la próxima administración, como si no tuviera ya suficiente con cargar con los mercenarios de la política que se colaron en Morena y en el próximo sexenio de Veracruz, como la humedad, habrá que extirparla para que en realidad haya cambios, de no ser así, las familias que se enriquecieron con Fidel Herrera, lo seguirán haciendo como lo hicieron siempre. PEGA Y CORRE.- Y hablando de deudas, Yunes hasta realizó un video donde se desentiende de la deuda que heredará a su sucesor, al afirmar que se trata de un pasivo adquirido por sus antecesores, los priistas Javier Duarte de Ochoa, Fidel Herrera Beltrán y Miguel Alemán Velasco… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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Para quien niegue que el cambio va en serio, la revocación de dos aparentes triunfos electorales se pondrá a juicio del Tribunal que podría hacer rectificar al INE.

De nuevo el INE aparece como un grupo de ingenuos colaboradores del poder que no han  podido ganarse la confianza de la población.

El simple hecho de que se le haya quitado el triunfo de la alcaldía de Coyoacán al ex futbolista Manuel Negrete, y se haya puesto a revisión el conteo de votos en Puebla, habla de que la legalidad debe imponerse sobre las transas electorales. en las que pareciera tener cierta experiencia el INE.

No bastó que se le descalificara cuando intentó sacar a un candidato independiente de la jugada. Tampoco el hecho de que la FEPADE haya echado atrás la multa de más de 197 millones de pesos, impuesta a Morena.

Y una serie de rectificaciones que deberían forzar a renunciar a más de un consejero electoral, empezando por su presidente Lorenzo Córdova.

En el caso de Coyoacán y Puebla, independientemente de que se le  haya impuesto una rectificación de sus acciones ilícitas en los comicios, hay un cacicazgo que raya en el delito. En Coyoacán está quien se consideró el dueño de la delegación, pero en realidad se trata de un verdadero delincuente peligroso.

Mauricio Toledo, quien fuera delegado hace seis años, se adueñó de los grupos de mayor presión en la circunscripción y armó grupos de choque que defendían sus intereses personales.

Cuando nombra como su sucesor a Valentín Maldonado, el poder en Coyoacán sigue siendo de Toledo, quien sale de la administración de la localidad con un grave deterioro de su imagen. Se le exhibió que había adquirido luminarias con un sobreprecio fuera de toda proporción; sin embargo, no tuvo problemas en imponer a Maldonado, con la complicidad de Miguel Ángel Mancera, porque el poderío ilícito de Toledo no se explica sin la participación del entonces jefe de gobierno que no desconocía toda una serie de delitos cometidos que, según notas periodísticas, llegó hasta el asesinato.

Mauricio Toledo organizó la violencia para impedir que Claudia Sheinbaum realizara mítines en Coyoacán, menos aún en las intermediaciones del edificio delegacional.

Lo impidió a sangre y fuego. Se comprobó que quienes habían incitado a la violencia contra los candidatos de Morena, estaban en la nómina de esa delegación, pero se justificó su acción como una simple falta administrativa.

Ahora, una vez sin fuero, a Mauricio Toledo se le responsabiliza de no realizar obras por las que cobró, como es el caso de un hospital para la mujer, cuyo primer pago desapareció como por arte de magia, eran más de 80 millones de pesos, que seguramente debió repartir entre sus cómplices con mayor y menor nivel que él.

Durante su gestión y la de Valentín Maldonado, Toledo hizo lo que quiso, alteró la arquitectura de uno de los mercados con mayor tradición en Coyoacán, como es el caso del mercado de La Bola, le colocó puestos con varilla y cementos adicionales para que una de sus comadres se adueñara de esos espacios.

Toledo incurrió en muchos delitos en Coyoacán con el proceso inmobiliario. Y para garantizar que los permisos estuvieran controlados por él, colocó a sus incondicionales en las instalaciones de la delegación, sin pertenecer a la nómina, pero contaba con oficinas, escritorios y hasta secretarias a su servicio, todo pagado por el presupuesto de la delegación.

En el caso de Rafael Moreno Valle, se trata de una persona que nunca vivió en México, toda su vida académica la pasó en el extranjero, y es por ello que la arquitectura de los fuertes de la ciudad de Puebla fue alterada como le vino en gana, pero lo más grave del gobernador bala es la violación a los derechos humanos.

Su combate a la disidencia llegó a grado tal que no permitía que nadie se manifestara en las calles, por ello autorizó, con complicidad de su Congreso local, la utilización de balas de goma para disuadir a los manifestantes.

El 9 de julio, pobladores de San Bernardino Chalchihuapan se manifestaron en la autopista Puebla-Atlixco, por las juntas auxiliares de por lo menos 190 poblados que exigían la restitución de las oficinas del Registro Civil.

Este tipo de proyectiles le costó la vida a un menor de 13 años que regresaba de la secundaria, sin que el gobernador haya siquiera ofrecido disculpas a la familia ni castigado severamente al policía que le ocasionó la muerte a José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, quien el 9 de julio de 2014 resultó herido en un enfrentamiento con la policía de Puebla, y por lo cual fue declarado con muerte cerebral y falleció once días después en el hospital.

En redes sociales comenzó a circular el video donde se ve que el niño de 13 años, ayudando a pobladores, intenta limpiarse la sangre que le brota de su cabeza. Días después, Moreno Valle negó que los elementos policíacos usaran balas de goma para dispersar la marcha, los familiares del menor acusaron que su herida fue ocasionada por una de estas pelotas de goma de la policía.

La diputada federal del PRD, Roxana Luna Porquillo, denunció a través de varias fotografías, que los proyectiles fueron utilizados por los granaderos.

El gobierno de Puebla, encabezado por Rafael Moreno Valle, del PAN, y el Congreso local aprobaron el 19 de mayo de 2014 la llamada Ley Bala, que regulaba el uso legitimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado y prácticamente permitía que los policías dispararan contra civiles.

Hubo muchas manifestaciones de inconformidad durante el periodo de Moreno Valle, y esta vez intentó colocar a su esposa como su sucesora, con un intermedio en el gobierno poblano, su gran amigo Antonio Gali, quien sólo trabajó para cubrirle las espaldas a Moreno Valle y allanarle el camino a Martha Erika Alonso, esposa del ex gobernador, cuyo triunfo electoral ahora está en entredicho ante un sinnúmero de anomalías que ocurrieron a lo largo de la jornada electoral.

Los caciques políticos deberán no sólo desaparecer sino ser castigados con sanciones ejemplares para que se erradique este tipo de delitos. PEGA Y CORRE.- De nuevo asesinan a un periodista, esta vez en Chiapas, y sus homicidas siguen impunes como si fuera un alivio para las autoridades que haya un periodista menos. El reportero y corresponsal de El Heraldo de Chiapas, Mario Gómez, fue asesinado cuando salía de su vivienda, informó el fiscal general del estado, Raciel López Salazar. Mario Gómez Sánchez había interpuesto demanda ante la Fiscalía Zona Norte, por amenazas de muerte que había recibido de grupos armados que operan en Yajalón y municipios cercanos, como Chilón y Tumbalá. ¿Hasta cuándo?… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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El Partido de la Revolución Democrática muestra su desesperación ante el peligro de desaparecer de la escena política. Todavía no han hecho un recuento de daños luego de la gran derrota del 1 de julio, pero buscan colgarse de todo lo que se pueda para encontrar nuevos aliados para las elecciones intermedias del 2021.

El PRD deja atrás la posibilidad ser un partido de izquierda. Esa geometría ideológica que en algún momento sirvió de guía a los electores para conocer las tendencias e ideas de un líder o partido, ha desaparecido en el PRD.

Cuando Los Chuchos se adueñaron del partido, el PRD se volvió un ente negociador de todo. No había tema que no fuera valorado y del que pudiera sacarse ventaja, por lo menos monetaria.

En el PRD de Los Chuchos hasta las candidaturas tenían precio y la idea que los identificaba se extravió entre la posibilidad de estar donde hubiera dinero aunque la deshonestidad los identificara.

Así, al adueñarse el PRD de la Ciudad de México, las comisiones en las delegaciones subieron del 10 por ciento, el famoso diezmo, hasta un 35 por ciento para conceder una construcción. No se diga en cuanto a premios o concesiones. Llegó el momento en el que el PRD, era sólo una cadena de delitos.

Ese partido engendró verdaderos ogros de la política en la capital. Ahí están Mauricio Toledo, en Coyoacán y Víctor Hugo Lobo, en Gustavo A. Madero. El primero seguirá teniendo a su alfil en la persona del ex futbolista Manuel Negrete, quien fue impulsado a la alcaldía por el propio Toledo, famoso por ser el verdadero propietario de dicha demarcación.

Los excesos de ambos causaron la pérdida de la ciudad y sólo se quedaron con cuatro delegaciones, debido a su sociedad electoral con el PAN, alianza que le acarreó grandes críticas al blanquiazul por el descrédito creciente del Partido del Sol Azteca.

Así, el PRD busca desesperadamente aliados con los que pueda unirse en las próximas elecciones para no perder el registro que estuvo en riesgo el pasado 1 de julio.

Por el momento el PRD apoya ahora a quienes atacó en el pasado. Ante este panorama los perredistas ahora crean una alianza con el Partido Verde, a través de la asociación civil Maestros Por México, estrechamente ligada a la maestra Elba Esther Gordillo, a quien acusaron de deshonesta y reclamaron públicamente que no debía quedar libre.

Pero también caminan coco a codo en el tema de la derogación de la Reforma Educativa con los militantes del Partido Verde, al que siempre llamó despectivamente el apéndice del PRI.

Pero lo mismo apoya condiciones de moda, como lo acostumbra a hacer el Partido Verde, que otros temas en los que, por absurdos que parezcan, los perredistas se montan para llamar la atención de los medios.

Un caso que llega al extremo es el apoyo de Manuel Granados Covarrubias, Presidente Nacional del PRD a Martha Érika Alonso Hidalgo, quien el pasado 1 de julio fue electa gobernadora del estado de Puebla, luego de serias dudas sobre su legitimidad, ya que se mostraron muchas trampas a lo largo y ancho del territorio poblano durante la jornada electoral.

Señaló, sin más pruebas que la intención de buscar socios en los comicios, que la abanderada de la coalición por “Puebla al Frente”, tuvo la preferencia del electorado. Confió públicamente en que el próximo 24 de septiembre, fecha en la que se realizará el recuento, el TEPJF ratificará el triunfo por más de 4 puntos de Martha Érika Alonso.

El PRD quiere reflectores aunque sea para mostrar que está mordiendo el polvo. Y llegó a los límites de tratar de sacar del país a una cantante porque asegura que es extranjera. Como si se tratara de un chisme de revista de espectáculos los perredistas acusaron a la cantante ante la Fepade por repartir cobertores en un acto de Morena, realizado hace tres meses, en un municipio de Morelos, donde ganó ese partido por amplio margen. Dejando muy abajo al PRD que todavía gobierna la entidad con Graco Luis Ramírez Garrido a la cabeza.

Lo que quiere ese partido son espacios en los medios y hace cualquier cosa por figurar, de tal suerte que para lograr estar presente ante la opinión pública sus declaraciones son cada vez más temerarias. De no ser tan extremas sus posiciones no alcanzarían un espacio en los medios, es por ello que parecieran tener la consigna de llegar al absurdo para que la población vea que todavía están vivos.

Existe un sinnúmero de amonestaciones contra el PRD por mentiras vertidas durante los debates, un claro ejemplo fue el de su candidata a la jefatura gobierno de la Ciudad de México, Alejandra Barrales, quien insultó a sus contrincantes hasta que se cansó con mentiras que jamás pudo comprobar.

Ahora la excandidata Barrales no aparece públicamente para no comparecer ante las demandas contra ella por difamación, falta de ética, insultos y una serie de conductas que la mantienen en la oscuridad de donde nunca debió salir.

Los perredistas mostraron una conducta poco profesional desde los días de la campaña, engañaron a los electores y descalificaron con mentiras a los contrincantes. Esta forma de hacer política los ha reducido a cenizas luego de ser el partido político más importante de la Ciudad de México.

El PRD sucumbe electoralmente a causa de sus excesos que no se detienen ni siquiera ante la evidencia de la agonía. En lugar de ver hacia adentro, de rectificar, de evaluar errores, continúa con una política que no les dio ningún resultado que de no transformarse profundamente, puede perder el registro en 2021. PEGA Y CORRE.- Las trampas que le coloca Miguel Ángel Yunes en el camino a Cuitláhuac García para que se tropiece a la hora de empezar a gobernar son tan evidentes que los diputados locales le solicitaron al gobernador dejar de sabotear al próximo gobierno. Le pidieron que se abstuviera de rematar los bienes muebles e inmuebles que pertenecen al gobierno y por lo tanto, a los veracruzanos… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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