***Mercedes Santoyo Domínguez pagó con dinero estatal a medios de comunicación como Versiones para realizar un linchamiento mediático en contra de la periodista.
***El gobernador de Veracruz mintió al asegurar ser “un problema entre particulares”, ocultando los evidentes actos de corrupción que dimos a conocer en el 2022.
***Asegura que nuestras publicaciones la han violentado, pero nunca negó haber adquirido tres propiedades en menos de un año.
***Utilizó recursos públicos de la CGE para interponer denuncia en el 2022 y hasta el 2023 contrató un abogado externo.
***La Fiscalía Anticorrupción deberá investigar las propiedades de Mercedes Santoyo Domínguez.
Después de ganar un segundo amparo y se nos entregara una copia de todo el expediente sobre la Carpeta de Investigación que abrió la Fiscalía General del Estado de Veracruz, misma, nos fue negada en un primer amparo, este pasado lunes acudimos con la fiscal encargada para cumplir el mandato de un juez federal obligando a la FGE a que nos entregara todo el expediente, así como la lectura de la famosa “denuncia” y sentimos decirlo, nos dio risa.
Y quien es la presunta “víctima” sin serlo, es la Contralora General del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, quien denunció a la autora de esta columna por “violencia a la intimidad”, delito tipificado como no grave y difícil de comprobar cuando está de por medio datos precisos que comprueban actos de corrupción, enriquecimiento inexplicable, abuso de autoridad, entre otros, la funcionaria y protegida de Cuitláhuac García no le gustó que se ventilaran sus recientes propiedades ante la opinión pública.
Es importante aclarar, que la FGE está en la postura de que toda denuncia se le debe dar seguimiento e investigar los hechos, pero algunos como en este caso, es una clara venganza personal de Mercedes Santoyo Domínguez en contra de Claudia Guerrero Martínez, por el simple hecho de que la periodista evidenció su declaración patrimonial con datos reveladores en la adquisición de tres propiedades en menos de un año. Y vamos a informar a Cuitláhuac García sobre este lamentable caso, pues tal parece lo están engañando.
Y aseguramos que Cuitláhuac García está siendo engañado, pues el gobernador de Veracruz no supo sobre la publicación que realizamos con la liga: https://periodicoveraz.com/contralora-general-de-veracruz-compro-en-nueve-meses-tres-propiedades-por-mas-de-4-mdp/ en la que dimos a conocer las tres propiedades adquiridas por la contralora general Mercedes Santoyo Domínguez, en menos de nueve meses y obligó a empleados a cambiar la fecha de la compra, cuando ella era una simple docente de una escuela privada, para simular la adquisición de tres inmuebles con valor de $4 millones de pesos y éstos se especifican en su declaración patrimonial interna. El interés que tuvimos en esta entrega era comprobar con un documento oficial posibles actos de corrupción, mostrando que la contralora es juez y parte, pues ella misma no se investiga.
Y lo peor, que los tres bienes inmuebles fueron adquiridos con pago en efectivo.
Muy eficiente, la exencargada de este caso, la fiscal Bianca Janet Reyes Cruz tuvo la orden de la titular de Investigaciones Ministeriales Marcela Aguilera Landeta de que se investigara a la periodista Claudia Guerrero Martínez y en el expediente se observan datos personales como nuestra licencia de manejo, domicilios donde he radicado, nuestras denuncias interpuestas que no han avanzado, hasta el modelo y datos del vehículo de nuestra propiedad, para justificar la búsqueda de debilidades de la periodista en Plataforma México, sin encontrarlas.
Tampoco está enterado el gobernador de Veracruz que quien remitió esta denuncia fue la secretaria de la fiscal general Erika Hernández Romero, con el número de oficio FGE/OF/11047/2022, quien recibió el escrito con la presunta fecha el 21 de octubre del 2022 y la mandó a Marcela Aguilera Landeta para que ella designara a una fiscal ministerial.
Tampoco está enterado el gobernador que los actos de corrupción que hemos advertido en dicha publicación titulada: “Contralora general de Veracruz compró en nueve meses tres propiedades por más de $4 MDP” y en ésta se asegura haber “divulgado información confidencial”, pero en las 250 hojas que comprende este expediente, Mercedes Santoyo Domínguez nunca negó los datos revelados por esta periodista.
Mucho menos está enterado Cuitláhuac García que su contralora general está tratando de minimizar posibles actos de corrupción y enriquecimiento ilícito, con dinero de dudosa procedencia, por eso la trascendencia de publicar estas capturas de pantalla de documentos oficiales y siendo periodista tenemos el deber de hacerlas públicas, dando contexto en nuestra investigación periodística el dar datos que son parte de posibles actos ilegales en la adquisición de inmuebles y lavado de dinero con recursos públicos, pues es información que se pueden conocer en dependencias oficiales, con carácter meramente periodístico y de denuncia ciudadana. La obligación de la FGE es investigar probables actos de corrupción perpetrados por Mercedes Santoyo Domínguez.
Nuestra fuente, quien nos pasó esta información, siempre estará resguardada y cuidada. Sabemos que la contralora general Mercedes Santoyo emprendió una cacería de brujas para conocer quién nos filtró esta información oficial, la misma, que comprueba actos de corrupción por ser recursos públicos, tipificados en la Ley de Servidores Públicos en el Estado de Veracruz.
Cabe mencionar que testimonios aseguran que la contralora general Mercedes Santoyo fue asesorada por la jurídico de esa misma dependencia Nilo Lucía Mena Aguilar, usando recursos públicos y considerado esto como corrupción, contratando a un abogado externo hasta el 2023, como lo especifica el mismo expediente.
Ante el escándalo mediático internacional y apoyo de muchos medios de comunicación, la FGE dio paso atrás ante esta investigación, sin querer citar nuevamente a la autora de esta columna. Por eso, el segundo amparo que nos fue otorgado y nos protege, para también tener acceso a la Carpeta de Investigación llena de inconsistencias y victimización de una funcionaria a quien se le comprueba haberse enriquecido en su cargo. Mañana la segunda parte de esta historia y sus consecuencias.
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