Si no fuera un signo crudo de una de las muchas emergencias que se viven en México, el episodio movería a la risa desternillante. Aunque sí es una prueba del nivel de desconexión de la realidad en el que vive quien tiene en sus manos las riendas del país.
En su edición de este lunes, el periódico Reforma publicó como su nota principal un informe de un organismo no gubernamental, Frontline Defenders, en el que se da cuenta de que en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador han sido asesinados 56 activistas en México.
Por esa razón, la ONG clasificó al país como unos de los más letales para la defensa de los derechos humanos, de acuerdo con lo expresado por Sandra Patargo, representante en México de Frontline Defenders.
El tema obligadamente se presentó en el transcurso de la conferencia matutina de este mismo lunes del presidente López Obrador, quien para no variar arremetió en denuestos contra el rotativo, al que acusó de que muchas de sus notas son “inventadas” y lo tachó de ser un “boletín del conservadurismo”.
Acto seguido, el mandatario pidió al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, que este mismo día presentara un informe sobre la situación y así dar “respuesta” a los cuestionamientos.
Por la tarde de este mismo lunes, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación entregó el informe que solicitó el Presidente de la República. Y vaya datos que arrojó.
Desde diciembre de 2018, cuando entró en funciones la administración de Andrés Manuel López Obrador, a la fecha, han sido asesinados en México no 56, sino 68 personas defensoras de derechos humanos. Frontline Defenders se quedó corto en sus cifras de agresiones.
Pero los números rojos fueron más allá. En el mismo periodo, fueron asesinados 43 periodistas en México, lo que es una prueba irrefutable de que las condiciones para ejercer el periodismo en el país no mejoraron un ápice con el nuevo régimen. Por el contrario, el asedio verbal que cotidianamente se manifiesta desde la misma investidura presidencial es un permiso tácito –y muchas veces totalmente explícito también- para agredir reporteros, analistas, columnistas y a cualquiera que se atreva a ejercer su libertad de criterio y a expresarla con libertad en los medios de comunicación y las redes sociales.
No es gratuito que hasta periodistas simpatizantes de la mal llamada “cuarta transformación” como Carmen Aristegui, hayan criticado ejercicios perniciosos como el tribunal mediático llamado “quién es quién de las mentiras de la semana”, en el que López Obrador se dedica no a replicar o refutar noticias falsas, sino a “ponerle el dedo” a medios, comunicadores, intelectuales e incluso a tuiteros que lo critican, arrogándose además la “facultad” de decidir lo que es falso y lo que es verdadero. Algo propio de regímenes autocráticos y antidemocráticos.
El informe aporta un dato adicional, aunque no menos significativo: del total de las 111 personas asesinadas reportadas por este órgano, nueve eran beneficiarias de las medidas de “protección” del propio Mecanismo: siete reporteros y dos defensores de derechos humanos.
Pero desde la burbuja de la adulación y la demagogia lo único que se ve son las incontables lenguas lamiendo desaforadamente las presidenciales suelas.
¡Ponchado!
La Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana hizo lo que le correspondía, mantuvo en la contienda por la rectoría a quienes por lo menos sí forman parte de la comunidad académica y se deshizo del advenedizo, quien en su berrinche todavía “exige” explicaciones. Que lea la legislación universitaria.
Aquí la duda es, ¿qué harán quienes empeñaron su prestigio profesional y académico para apoyar un proyecto político impresentable y quedaron más “quemados” que el mar del Golfo de México en tiempos de la “4t”?
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