A escasos días de que termine el cuestionado bienio del cambio, la violencia en Veracruz continúa cobrando víctimas. Foto Especial.
- Utilizó el aparato judicial que representa su compadre, socio periodístico y contemporáneo Edel Álvarez Peña, para pasar por encima de quienes fueron sus correligionarios en el pasado, en las glorias del PRI
- A uno días de que el gobernador del cambio panista concluya su accidentada gestión el 30 de noviembre de 2018, la única promesa que cumplió fue la persecución y negociación con el primer círculo o cofradía duartista para que no pisarán la cárcel
- El gobernador MAYL deja un estado minado, asolado por el crimen organizado y múltiples pandemias que podrán ser el fin de su cuestionada carrera política
El gobernador Miguel Ángel Yunes tramitó su pasaporte hace unas semanas en la delegación estatal de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Foto: Especial.
Gaudencio GARCÍA /
12HORAS / XALAPA, Ver.-Déspota, autoritario, simulador, populista, vengativo, revanchista y tanto más adjetivos ganados a pulso por la sociedad civil, el gobernador del cambio del PAN y tránsfuga del PRI, Miguel Ángel Yunes Linares concluirá su bienio con “ríos de sangre” e impunidad el próximo 30 de noviembre para felicidad de los veracruzanos.
Odiado hasta la exacerbación por los votantes que le dieron la vuelta a la hoja el 1 de julio de 2018 –le denegaron el entramado de la continuidad del poder público mediante la elección de su cachorro de su mismo nombre-, idealizado por sus partidarios y su estrecho círculo de amigos, Yunes Linares verá acabado su reinado con la demanda popular de llevarlo al banquillo de los acusados.
Su arribo triunfalista al Poder Ejecutivo del estado y campanas al vuelo cuando anuncio fallidamente que “cimbraría” al país, en la praxis no fue diferente al sojuzgamiento de los poderes Legislativo y Judicial de sus antecesores del PRI- al que tanto crítico hasta el delirio en campaña y como gobernador-, para consumar su venganza contra la clase política del tricolor, de los exgobernadores Javier Duarte y Fidel Herrera Beltrán.
Cualquier vínculo que hubiese de la clase priista con el excónsul en Barcelona o con su hijo putativo Javier Duarte –todos sin excepción, acusados por corrupción, enriquecimiento ilícito, abuso de poder, e incumplimiento de un deber legal-, despertó la ira del gobernador del cambio para que el aparato de procuración de justicia ipso facto les echara el guante, violando el principio de ipso iure.
La autonomía de los poderes Legislativo y Judicial y de los organismos independientes fue una auténtica parodia, una tomadura de pelo, porque desde el principio al fin de su bienio los sometió para perseguir, aplastar y cumplir con sus venganzas con sus enemigos priistas, para ganar adeptos temporales que después le dieron la espalda por sus desplantes despóticos y soberbios.
El exgobernador Javier Duarte sentenciado a 9 años de cárcel. Foto: Archivo / Ilustración
Utilizó el aparato judicial que representa su compadre, socio periodístico y contemporáneo Edel Álvarez Peña, para pasar por encima de quienes fueron sus correligionarios en el pasado, en las glorias del PRI, cuando él fue coordinador de la campaña del candidato y gobernador Patricio Chirinos Calero, secretario general de Gobierno y efímero dirigente estatal del tricolor con ansías sucesorás.
En carne propia sufrieron los embates de una “venganza anunciada”, el exsecretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib -a quien impulso como diputado federal por el distrito de Córdoba en su era priista que a la postre perdió-, el secretario de Gobierno y exgobernador interino por 45 días, Flavino Ríos Alvarado o el exprocurador de Justicia, Felipe Amadeo Flores Espinosa, líder moral de Vía Veracruzana, quien acabó doblegándose ante su cachorro. Se puso a los pies del tirano.
Su reducido equipo de trabajo –los generales del ajedrez político, el resto de la infantería de segunda, tercera y cuarta categoría, provenientes de las filas del PAN y su aliado del PRD-, labraron la imagen del gobernador de cambio como el ángel salvador para desterrar la corrupción, la grave inseguridad pública, el colapso de las instituciones públicas y fomentar el empleo, la salud, el tejido social y la concordia, cuando en realidad resultó ser un despiadado demonio, seducido por el síndrome de Hybris: la enfermedad del poder público.
El gobernador del cambio, que pesan sobre de él tres carpetas de investigación de la PGR por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, delincuencia organizada y abuso de poder –similares con los que sentenciaron a su enemigo y antecesor Javier Duarte a 9 años de cárcel-, superó en la lucha sórdida, encono, revanchismo y venganza al exgobernador Agustín Acosta Lagunes al ácido epílogo de 1980, de la cual él fue víctima por comisión.
En aquella confrontación entre el gobernador saliente Rafael Hernández Ochoa (1974/80) y Agustín Acosta Lagunes (1980/86) que estuvo a punto de llegar las sangre al río, cayeron en la cárcel el exdirector del IPE, el extinto José Luis Lobato Campos, el exdirector del DIF estatal, Carlos Padilla Becerra y el gerente de Nafinsa, José Luis Rosiñol.
Los fiscales anticorrupción y general, brazos del gobernador MAYL. Foto: Archivo / Ilustración
El desaseado capítulo negro que enfrentó la clase política priista saliente con la entrante, mereció la intervención urgente del entonces presidente de la república, José López Portillo, quien paró las ansias novilleras del exdirector de la Casa de la Moneda y gobernador entrante Agustín Acosta, con la inmediata liberación de los exfuncionarios hernandezochistas.
A uno días de que el gobernador del cambio panista concluya su accidentada gestión el 30 de noviembre de 2018-la única promesa que cumplió fue la persecución y negociación con el primer círculo o cofradía duartista para que una decena no pisarán la cárcel-, deja un estado minado, asolado por el crimen organizado y múltiples pandemias que podrán ser el fin de su cuestionada carrera política.
El futuro de Miguel Ángel Yunes Linares en Veracruz es sombrío porque dé inició le aguarda el “juicio político” para su brazo derecho y titular de la fiscalía general, Jorge Winckler Ortiz, en la LXV Legislatura local, donde la presidenta de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, Mónica Robles Barajas, integró el expediente de una denuncia para someter al Fiscal General ante la justicia por múltiples violaciones a los derechos humanos.
La PGR le tiene reservado tres carpetas de investigación cuando deje el cargo por diversos delitos que interpuso el exdirigente nacional del PAN, Manuel Espino en 2013, otra de la organización magisterial del SNTE, una más del propio exgobernador Javier Duarte, las dos en 2016 y, la penúltima en 2018, del hoy presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que podrían opacar su sonrisa sarcástica.
La cofradia duartista. Foto: e-consulta.mx
